Constitucional evaluación para el ingreso y permanencia en el Servicio Profesional Docente: SCJN

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte determinó que son constitucionales las normas que crean la evaluación para el ingreso y permanencia en el Servicio Profesional Docente.  (Amparo en revisión 295/2014).

Consideraron, aunque con argumentos diferentes, que dicha medida no atenta contra la estabilidad laboral, pues se trata solo de un requisito previsto en la ley suprema, para este fin.

El agravio esgrimido por el quejoso, fue declarado infundado, argumentando 4 de los 11 ministros, que la evaluación, es una restricción establecida por el legislador para lograr la permanencia en el empleo.

Lo general, es el régimen laboral y lo excepcional es la aplicación de esta ley, en lo que establece en concepto de algunos, modalidades, excepciones, limitaciones, en mí concepto una restricción a un derecho establecido, claramente en la fracción IX”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“Y que está regulada por el artículo tercero constitucional y que este establece esta restricciones cómo requisito de permanencia en la función, el pasar las evaluaciones correspondientes, pues si se considera eso, una restricción constitucional que se establece de manera específica”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

La mayoría estimó que no se trataba de una restricción, sino de una medida que se justifica, es necesaria y proporcional, para alcanzar un fin mayor, que es la calidad de la educación.

“Se prevé que será su propia ley reglamentaria la que fijará los criterios, los términos y condiciones, para la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de dicho servicio profesional, es por ello que el hecho de que estas condiciones y causas se encuentren en la ley impugnada y no en una de índole laboral, tal como lo pretenden los quejosos, no transgrede de ninguna manera el artículo 123”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Adicionalmente, el artículo cuarto establece el deber del estado de velar por el interés superior del niño, garantizando de manera plena sus derechos, entre los cuales se encuentra de manera destacada el derecho a la educación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Lo que existe en el artículo tercero constitucional, es la regulación de una de las justas causas de remoción que debe regular la ley, mediante un mecanismos elegido por el propio constituyente, consistente en el establecimiento de procesos de evaluación, como condición de su permanencia”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

“Por ende, las causas justificadas como señala y pide la constitución de separación del cargo o empleo, no restringen el derecho a la estabilidad, sino que lo configura, por lo que su validez solo depende de que tengan una finalidad constitucional y no permitan, insisto, la arbitrariedad de las autoridades”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Con ello se ratificó la validez de las normas impugnadas y se negó la protección de la justicia al quejoso.

José Luis Guerra García

Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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