Constitucional, pena de 25 a 45 años para castigar secuestro exprés agravado: Primera Sala

La Primera Sala determinó que es constitucional la fracción I del Artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro. (Amparo directo en revisión 4340/2014).

Que castiga con pena de 25 a 45 años de prisión el secuestro exprés agravado, ya que no transgrede el principio de proporcionalidad y el bien que tutela es la libertad personal.

Indicaron que la sanción es similar a las que se imponen por delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o esclavitud, que se castigan con penas que van de los 5 a los 50 años.

La Sala ejercicio su facultad de atracción para conocer de un amparo relacionado con los hechos registrados en la Discoteca New´s Divine. (Facultad de atracción 91/2015).

El quejoso es el administrador del local, a quien se le imputa el delito de corrupción de menores, pues según dictámenes periciales, bajo sus órdenes se proporcionaban bebidas alcohólicas a menores.

Este asunto, permitirá definir el alcance jurídico de la denuncia anónima, si el operativo policiaco tenía el propósito de proteger a menores, acreditar si la evidencia recabada permitía determinar la flagrancia de algún delito y la responsabilidad del administrador.

También decidieron reasumir su competencia para conocer de un amparo en el que se cuestiona la constitucionalidad del Artículo 219 Bis del Código Civil de Nuevo León, que limita el concubinato a la unión de un hombre con una mujer. (Reasunción de competencia 2372015).

Disposición que según el quejoso, viola los principios de igualdad y no discriminación, en razón de las preferencias sexuales, además de que afecta el libre desarrollo de la persona y la protección de la familia.

Asunto que permitirá definir si el quejoso tiene interés legítimo para promover el recurso, si el Congreso local incurrió en omisión legislativa o si puede crear figuras para cada tipo de parejas, y definir, la constitucionalidad de la norma impugnada.

Los ministros determinaron que los párrafos segundo, tercero y sexto del Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, trasgrede el derecho humano de acceso a la información, al no especificar cuáles son las razones específicas de interés público que autoricen a reservar toda la información contenida en las averiguaciones previas. (Amparo en revisión 650/2014).

Además, se consideró que se trata de una medida desproporcionada, al no existir una ponderación entre el derecho de acceso a la información y el fin que se busca con la restricción.

Al resolver una contradicción de tesis, fijaron como criterio que la suplencia de la queja deficiente en materia penal, es improcedente tratándose de personas morales oficiales, cuando ocurren al juicio de amparo en su calidad de parte ofendida del delito. (Contradicción de tesis 310).

Figura que se creó para proteger a sectores vulnerables que estuvieran en riesgo de perder su libertad o bienes, por desconocer los tecnicismos del derecho, lo que no acontece en el caso de personas morales oficiales.

José Luis Guerra García

Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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