La discriminación estructural es el principal reto para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aseguró Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“No sólo hay un fenómeno de discriminación, sino que hay un fenómeno de conectividad, de interconexión de discriminación… Este fenómeno es lo que agrava aún más la negación de los derechos”.
En foro en la Universidad Iberoamericana, subrayó que la Comisión Interamericana ha observado que en las circunstancias de discriminación es creciente la violencia contra quienes son víctimas.
Uno de los grupos contra los que ha incrementado la discriminación, dijo, es el de defensoras y defensores de derechos humanos.
“Aquellas personas que juegan una condición de protección de derechos de grupos en riesgo, están viviendo condiciones de amenaza, no sólo por ser ellas parte de estos grupos, sino por defender a esos grupos”.
Lamentó que ante estas circunstancias en las que se necesita del impulso de los países parte del Sistema Interamericano, sean países europeos los que más apoyen su labor.
“Hay una narrativa muy activa, yo diría agresiva, pero una chequera muy pasiva… Es vergonzoso que países como México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile o cualquier otro no se hagan cargo de su Sistema”.
Casi el 30 % del financiamiento del Sistema Interamericano es por cooperación europea.
En el derecho de acceso a la información pública bajo el principio de máxima publicidad, conviven los derechos a la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, aseguró el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales.
Al inaugurar la Sexta Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales, dijo que éstos constituyen la fuente principal para dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales en materia de acceso a la información.
“Seamos ejemplares en la tutela e impulso del derecho de acceso a la información, de esta forma la fiscalización del ejercicio del servicio público que lleven a cabo las instituciones de gobierno, se fortalece con la obligación de las propias instituciones y de los servidores públicos para ofrecer los medios necesarios para que los ciudadanos puedan acceder sin mayores trámites a la información que generen, obtengan, transformen y en general tengan los archivos bajo su resguardo”.
El Ministro Presidente destacó que se trabaja para que los archivos se consoliden como fuente primaria de investigación histórica e instrumento de transparencia y rendición de cuentas de los órganos impartidores de justicia en todo el país.
“Los servidores públicos tenemos una doble responsabilidad, por una parte la obligación de informar en relación con el cumplimiento de las funciones que tenemos encomendadas y del ejercicio de los recursos públicos y por otra, nos corresponde generar las condiciones más adecuadas a fin de que los ciudadanos todos, cuenten con los elementos para emitir juicio de valor tanto al evaluar la toma de decisiones de los entes públicos como para avanzar hacia el establecimiento de un esquema de colaboración y de corresponsabilidad en un ambiente en que se fomente la cultura de la legalidad”.
Por su parte, el magistrado Armando Maitret Hernández, habló de la importancia de la digitalización de archivos en el ámbito judicial.
“Los archivos que en algún momento lleguen a juicio de amparo se van a ir digitalizando o de plano desde su origen sean electrónicos, por supuesto creemos que esto agilizaría considerablemente la impartición de justicia y daría pauta en un futuro no lejano a crear auténticos juicios en línea”.
A la inauguración asistieron el magistrado del Tribunal Electoral, Flavio Galván Rivera y el consejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera.
La reducción en el número de delitos obedece a un menor registro de los datos y no a una baja en la comisión de los mismos, acusó el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.
“Y cuando yo escucho hablar que estamos mejorando en seguridad y yo soy víctima de un delito, me siento faltado al respeto”.
Al presentar los resultados de la incidencia de delitos de alto impacto 2014, informó que Tamaulipas es el foco rojo en materia de secuestros de todo el país.
“De nuevo un llamado a la urgencia que deben de tener las autoridades, Tamaulipas tiene una tasa de secuestro desmedida, desafortunadamente no vemos en lo local un liderazgo que explique qué está sucediendo”.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que Nayarit es un estado que está negado a contestar las solicitudes de información delictiva.
Puntualizó que los estados con más altas tasas delictivas en homicidio doloso son: Guerrero, Sinaloa y Chihuahua.
En cuanto a homicidio culposo mencionó a Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala.
Y en extorsión, a Morelos, Quintana Roo y Baja California.
Recomendó rediseñar los programas de combate al delito, mejorar la coordinación entre sociedad y autoridad, y redoblar los esfuerzos para impedir que México siga sumido en la inseguridad.
Desde 1921, la Constitución mexicana ha tenido 639 modificaciones a través de 223 decretos de reforma.
De esas reformas, cerca de las dos terceras partes se hicieron después de 1982, así lo señaló el investigador Héctor Fix Fierro.
“Yo creo que nuestro texto se ha deformado, se ha desfigurado con tantas reformas”.
Al impartir una conferencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dijo que llama mucho la atención la extensión del texto constitucional actual.
“La Constitución original de 1917 tenía 22 mil palabras de extensión, ahorita estamos arriba de 65 mil… Tenemos un texto que es tres veces, que tiene tres veces la extensión de la Constitución de 1917”.
Los presidentes que más modificaciones han realizado son Felipe Calderón y el actual, Enrique Peña Nieto.
A dos años del Centenario de la Constitución de 1917, Fix Fierro analizó algunas inconsistencias de la Ley Suprema.
Una de ellas, detalló, es la falta de sistematización.
“Se han incluido cosas en la Constitución en lugares que no van, la errónea ubicación de muchas disposiciones creo que es evidente, empezando porque en el capítulo del Poder judicial tenemos al procurador al fiscal general de la república en las comisiones de derechos humanos”.
Otro problema es la vigencia temporal y territorial, expuso que el nuevo sistema de justicia penal no está vigente en todo el territorio, sin embargo ya está en el texto constitucional.
El Consejo de la Judicatura Federal está preparado para superar con éxito los retos que enfrenta la Judicatura con una legión de magistrados y jueces altamente preparados e independientes, afirmó el consejero Felipe Borrego Estrada.
“Existe una institución vital, trascendente e importante del Estado mexicano, que debemos cuidar y acompañar; de verdad, el Consejo de la Judicatura Federal, con su ejército de jueces y magistrados, es un pilar de la estabilidad social”.
Al participar en la conferencia Estado de derecho expectativas en México, organizado por la American Chamber México, Borrego Estrada señaló que el reconocimiento que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a 20 años de su creación, es el resultado de su trabajo permanente.
Ha ejercido a plenitud sus atribuciones y ha asumido el compromiso de garantizar el derecho constitucional a una impartición de justicia pronta e imparcial al alcance de todos, estableció.
“Puedo ser muy gráfico en decir que sí ha sido útil, y ha sido una de sus fortalezas, el acceso a la justicia por parte del Consejo de la Judicatura”.
Aseguró que el juez federal es un personaje importante que tiene una elevada función dentro de la sociedad.
“Tiene una responsabilidad pública que debe estar a la altura de su misión, debe ser prestigiado, debe ser reconocido, debe ser confiable; los particulares, cada uno de los miembros de la sociedad ponen en sus manos valores como el honor, su libertad, su patrimonio, su trabajo”.
El consejero Felipe Borrego estrada dijo que un juez no puede ser frívolo, puede errar pero también rectificar.
“Para ello, el Consejo debe iniciar desde una cuidadosa selección quienes integran el Poder Judicial, quien ingrese al Poder Judicial no sólo debe ser el erudito, el gran conocedor del derecho, el sabio; debe tener otro tipo de cualidades, debe seleccionarse al honesto, al recto, al que tenga valor y que tenga valores, que posea principios, convicción y que esté orgulloso de ser juez”.
Puntualizó que el juez es alguien que otorga, rescata y entrega valores al individuo y a la sociedad.
Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte rechazó que la evaluación educativa vulnerara la dignidad humana, el nivel de vida adecuado de los profesores y el principio de progresividad, protegidos por el Artículo 1 constitucional. (Amparo en revisión 295/2014).
Argumento que calificaron de infundado, pues estimaron que el hecho de que se prevea el cese del nombramiento en caso de no obtener un resultado positivo, en la tercera oportunidad, no lesiona los derechos aludidos, ni la estabilidad en el empleo.
“No escapa a lo anterior, que la quejosa pretenda se aplique a su favor el principio Pro persona, sin embargo, lo cierto es que los tratados internacionales que invoca, no reconocen un derecho absoluto a la estabilidad, sino que expresamente prevén la posibilidad del cese en casos justificados, como pudiera ser el no contar con la preparación suficiente para realizar labores docentes con la calidad y suficiente para cumplir, particularmente, vuelvo a subrayar, con lo que la Constitución dispone de que los menores deben tener ese tipo de educación en función de su interés superior”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.
Puntualizaron que las normas impugnadas, no atentaban contra el principio de no regresividad.
“Al quitar esta condición de restricción, me parece que ya no opera un derecho terminado, como lo veían los quejosos, respecto del cual se dio una condición de regresividad, sino que lo que tenemos en términos de la fracción novena, del apartado B del Artículo 123 una causal establecida, mediante la cual se puede llevar una suspensión o un cese que pasó al Artículo tercero”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
“A mí me parece que tendríamos que hacer un test en este sentido y creo que hay razones suficientes y de peso, que además derivan de las propias finalidades exigidas por la Constitución para la validez de estos preceptos”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.
Los ministros también descartaron que la evaluación, afectara el principio de irretroactividad.
“Desde mi perspectiva los artículos que se reclaman no son retroactivos, ya que por un lado regulan el concepto constitucional de permanencia del personal de la educación en sus cargos y por el otro, no se trata de normas que afecten derechos adquiridos”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.
“O restricción de la propia Constitución, entonces, sobre esa base, no existe también en ese caso violación a los derechos, si a los derechos adquiridos con anterioridad este a la ley”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.
Por otra parte se descartó que se violara el derecho de audiencia, pues la ley prevé los mecanismos necesarios para impugnar la resolución de cese de funciones.
“Simplemente es el resultado de la permanencia, en donde resulto no satisfactorio, se ha de comunicar y este tiene a través de esta posibilidad de ser escuchado, un recurso o medio de defensa que en término del Artículo 81 llegará a un resultado”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.
“Me parece que la garantía de audiencia queda colmada con el Artículo 80, el recurso de revisión”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.
“Yo comparto su posición de que no estamos en presencia de una sanción, sino de un acto condición, con requisitos de ingreso y de permanencia diferenciados”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.
“En tanto que participo sí del resultado no hay violación a la garantía de audiencia como se alega por los recurrentes”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.
“Me parece que se da respuesta satisfactoria al planteamiento en la medida que se les argumenta y se demuestra que existe posibilidad de impugnar esta circunstancia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.
La sesión fue interrumpida de manera momentánea por algunas manifestaciones de protesta que se registraron al interior del salón de plenos.
“Señores de seguridad, atiéndanme, dejen a las personas que manifiesten si lo hacen respetuosamente y sin interferir con la sesión”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.
Los ministros continuarán con el estudio del presente amparo en su próxima sesión.
En Coahuila entró en vigor la reforma a los artículos 259 y 260 de la Ley de Salud que señalan que los certificados de defunción y muerte fetal no podrán ser retenidos por hospitales, a cambio de asegurar el pago por la prestación de un servicio, quienes violen dicha disposición serán sancionados con una multa de hasta mil veces de salario mínimo vigente.
En Aguascalientes se dio a conocer la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de la investigación y persecución del delito, con pleno respeto a los derechos humanos del imputado. La Fiscalía estará integrada por su titular, un vice fiscal, agentes del ministerio público y agentes de policía ministerial, entre otros.
Se publicó el Manual de organización de la Secretaría de Gobernación, dependencia que cuenta con 6 subsecretarías, entre ellas la de Derechos Humanos, Normatividad de Medios y Prevención. Además de la Comisión Nacional de Seguridad, el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad y la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal.
Se modificó el acuerdo que regula el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Daños a Víctimas del Delito. En todos los casos, las víctimas de delitos federales y de violación a derechos humanos, deberán presentar solicitud por escrito, los recursos de compensación se entregarán preferentemente por vía electrónica.
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