El Pleno culminó el estudio de 3 amparos en los que se impugnaba la validez de distintos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente

El Pleno de la Suprema Corte culminó el estudio de 3 amparos en los que se impugnaba la validez de distintos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. (Amparo en revisión 295/2014).

Disposiciones que condicionan la permanencia de los maestros en sus plazas a la aprobación de una evaluación periódica.

Los ministros negaron la protección de la justicia a los quejosos, y confirmaron la constitucionalidad de las normas que regulan el proceso de evaluación docente.

En los últimos considerandos del proyecto, se descartó que dichos artículos violaran el derecho humano a la libertad de trabajo.

“Esa condicionante no representa violación a la libertad de trabajo, ni renuncia temporal al trabajo, ya que su finalidad no es la de coartar ese derecho constitucional, más bien tiende a protegerlo en la medida que constituye el mecanismo a través del cual, el Instituto Nacional para la evaluación de la educación, garantizará a la sociedad que el trabajo que desempeñen los docentes cumplan con las condiciones de calidad previstas en el artículo tercero constitucional”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Indicaron que el hecho de que puedan ser removidos, tratándose de maestros con nombramiento provisional o cambiados, cuando tienen nombramiento definitivo, tampoco transgrede lo previsto en el artículo quinto constitucional.

Propuesta que fue aprobada por unanimidad, aunque con argumentos diferentes.

“Creo que cuando los maestros dejan de ser aptos para prestar su servicio, es la razón por la cual se les cesa en términos laborales y no administrativos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Descartaron que la evaluación se aplique de manera unilateral, que no se permita la intervención del sindicato cuando son separados y que no se levante acta administrativa, previamente.

Inclusive la primera parte cuando se refiere a los artículos 52 y 53 de la ley, parece confrontarlos contra la ley misma, en cuanto al sistema que es unilateral,  de tal modo que hasta parecería que no hay un verdadero concepto de inconstitucionalidad planteado”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“Si son normas, desde mi punto de vista y entiendo que no es el criterio mayoritario de carácter administrativo, no tiene por qué existir y son requisitos de permanencia no tiene porqué existir la intervención del sindicato”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno ya había descartado que las disposiciones violaran los derechos a la estabilidad laboral, a la dignidad y al acceso a una vida decorosa.

El Pleno resolvió 2 amparos más, aplicando los criterios aprobados previamente. (Amparos en revisión 311/2014 y 317/2014).

José Luis Guerra García

Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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