José Antonio Guevara, reflexionó sobre la impunidad en homicidios cometidos por policías y militares

Es necesario que el Senado busque alternativas de cooperación internacional para evitar que los homicidios cometidos por policías y militares queden impunes.

Así lo señaló el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara.

“No creemos que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia tengan la capacidad ni la voluntad para poder llevar a juicio el enorme número de casos de ejecuciones extradiciones, privaciones arbitrarias de la vida, homicidios, asesinatos o como se les quiera llamar, por servidores públicos en el uso indebido de sus funciones”.

Aclaró que en los últimos años las fuerzas armadas han participado en más de 3 mil 600 enfrentamientos con organizaciones criminales, en los que han perdido la vida más de 4 mil civiles.

Muertes que en la gran mayoría de los casos no son esclarecidas.

Dijo que es importante que se busquen alternativas de cooperación internacional, por ejemplo con la Corte Penal Internacional.

“Alternativas como pensar en lo que ha hecho Guatemala en una comisión para combatir la impunidad, pensar en alternativas que en otras latitudes han tenido resultados medianamente aceptables como por ejemplo cámaras especiales con participación de jueces y fiscales internacionales para poder ayudar a las instituciones mexicanas a llevar a juicio”.

Lamentó que en México no hay militares o policías encarcelados por este tipo de delitos.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Presentan estudio Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión

Las familias de personas en reclusión sufren un impacto alarmante psicológico, económico y social, situación que en su mayoría repercute en las mujeres.
El estudio “Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión”, realizado por la investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa, destacó que para las familias de los internos, el encarcelamiento implica importantes pérdidas económicas, incluida la pérdida del ingreso familiar.

Aunque una cuarta parte de las personas dependen de las defensorías de oficio, 36% de las personas encuestadas afirmó haber gastado entre 10 mil y 100 mil pesos en cuestiones legales.

Además de los gastos que implica cada visita al centro de reclusión.

“11.4% de las y los encuestados recibe menos de un salario mínimo al día y casi 50% tienen 800 pesos o menos a la semana equivalente a un año de 3 mil 200 pesos al mes, este es el estado económico de las personas que visitan los reclusorios”.

De 3 millones 290 mil visitas a reclusorios del DF o del estado de Morelos, el 75% las realizan mujeres.

En el 88% de los casos visitan a hijos, parejas, hermanos u otro familiar.

“Dicen que les tengo que llevar cobijas, le tengo que llevar sábanas, jabón, cloro, escobas, lo que le tenga que llevar, si ustedes van a un centro van a ver a estas mujeres que están formadas afuera de los centros con grandes bolsas, con cubetas de agua, cobijas, con todo lo que el interno necesita y esto tiene que ver fundamentalmente con las condiciones en las que están las cárceles”.

En el estudio se recomienda que el estado, a través de sus instituciones penales, tome en cuenta la situación familiar de las personas a quienes detiene así como a las familias.

Que éstas formen parte de la política penitenciaria, ya que la afectación y los costos negativos recaen en ellas, que van desde el empobrecimiento económico hasta las afectaciones a la salud.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Segunda Sala fija jurisprudencia sobre la cuota para cubrir prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad

La Segunda Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia que establece que el cumplimiento de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 25 de la Ley del Seguro Social, no está condicionado a la existencia de un contrato colectivo de trabajo.
Dicha disposición establece que los patrones, trabajadores y el estado, aportarán una cuota de 1.5%, sobre el salario base de cotización, para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios.

Ello en relación con los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

El criterio publicado en el Semanario Judicial, explica que de la interpretación de dicha porción normativa se desprende que tal cuota es de aplicación general a todos los sujetos del régimen obligatorio.

Esto a pesar de que el primer párrafo del mencionado artículo, contiene una disposición dirigida a especificar la forma de calcular las aportaciones en los supuestos en que se hayan pactado en los contratos colectivos, prestaciones de seguridad social.

Sin embargo esto no limita, ni condiciona a este último supuesto, la aplicación de la cuota prevista en el segundo párrafo.

Pues la intención del legislador, es darle viabilidad y sostenibilidad, al plan de seguridad social previsto en la Ley del IMSS. 

José Luis Guerra García

 

Primera Sala determina que los derechos humanos de fuente internacional o constitucional forman un solo catálogo que debe ser consultado por el juzgador

La Primera Sala de la Corte estableció como jurisprudencia que las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución, no se relación entre sí, en términos jerárquicos.
El criterio publicado en el Semanario Judicial, parte de la jurisprudencia establecida por el pleno en 2014 en esta materia.

Este tipo de normas, explica, integran un catálogo único de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional.

Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance.

Favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia, en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, deberá atenderse lo indicado en la ley suprema.

Este criterio se fijó por reiteración, al confirmarse en 5 amparos diferentes.

José Luis Guerra García

El gobierno mexicano debe enfocar desde la salud pública su política contra el consumo de drogas, asegura María Elena Medina Mora

Legalizar el consumo de drogas no es el remedio para acabar con la criminalidad, aseguró la Directora del Instituto Nacional de Psiquiatría.

“Tampoco podemos pensar en situaciones de todo o nada, porque a veces se dice que hay que legalizar para acabar con la violencia, esto no es real”.

Precisó que el gobierno mexicano debe enfocar desde la salud pública su política contra el consumo de drogas.

El indicador del éxito de esta perspectiva en la política, advirtió, sería el nivel de bienestar de las comunidades.

“El éxito de la política no va a ser cuántas personas están en la cárcel, o cuánta droga decomiso… En Reino Unido tienen muchas más personas con adicción que nosotros, tiene muchos más usuarios, sin embargo, su problema, que lo definen desde la perspectiva de salud, tiene un problema bajo de narcotráfico, de crimen”.

Dentro del ciclo Los problemas nacionales y el derecho, explicó, que esa política se debe enfocar en la salud, pues hay evidencia científica que confirma que la adicción es una enfermedad del cerebro.

Por lo tanto, se descarta, dijo, que la adicción sea una conducta delictiva.

Cabe destacar que no todos los que consumen drogas están enfermos.

Por ejemplo, en los casos de los consumidores de marihuana, sólo entre el siete y el nueve por ciento desarrollan dependencia.

Destacó que la adolescencia sí es la etapa más vulnerable para desarrollar adicción a sustancias por las condiciones cerebrales en las que los efectos de las drogas son más dañinos.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

El magistrado José Nieves Luna Castro se refirió a la prevención y el combate del fraude fiscal

La Reforma Penal de 2008 y la de Derechos Humanos de 2011 trajo nuevas maneras de analizar al sistema jurídico mexicano frente a delitos como operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.
Así lo aseguró el magistrado José Nieves Luna Castro, del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del segundo circuito con sede en Toluca, Estado de México.

Al participar en la mesa “La prevención y el combate del fraude fiscal”, dijo que la discrepancia entre egresos e ingresos generan en sectores públicos la posibilidad de vincular delitos fiscales con el debido proceso en delitos ordinarios.

El magistrado José Nieves Luna dijo que la normativa en otros países en materia de defraudación fiscal es diferente.

“Esto en el caso mexicano a mí me ha llevado a reflexionar desde hace muchos años el caso del Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación que nos establece requisitos de procedibilidad para el inicio y continuación de los delitos fiscales, a su vez, en la parte final del propio precepto establece que todos aquellos delitos que no requieran de algún requisito de procedibilidad serán perseguibles de oficio”.

Jueces de España y Chile se pronunciaron por la creación de un modelo diferente de investigación judicial en materia fiscal.

“Muchas veces hay otro tipo de delitos que podrían perseguirse pero que son de mucha mayor dificultad en su probanza, derechamente en nuestro país el financiamiento irregular de la política no está sancionado como una conducta delictiva”, Carlos Gajardo Pinto, Fiscal en Chile.

“Tenemos un sistema en el que la corrupción que hay, que la hay en España se limita en el plano político, esa es la gran fortaleza en España tener una administración que vertebra al país y que va a permitir sacar adelante de esta grave crisis, gracias a los jueces”, Joaquín González –Herrero, Fiscal en España.

En la actualidad, los procesos judiciales tributarios en España tardan en resolverse entre 6 y 7 años.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas representa un riesgo para la salud, denuncian organizaciones

El nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas representa un riesgo para la salud, denunciaron organizaciones ciudadanas.
El pasado 1 de julio entró en vigor la llamada guía diaria alimentaria.

“Prácticamente conserva la misma estructura que el etiquetado actual e incluso se hace más complicado todavía porque la información viene en calorías y no en gramos”, Fiorella Espinosa, El Poder del Consumidor.

A decir de la Alianza por la Salud Alimentaria, el etiquetado no es comprensible y tampoco atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La OMS indica que no deben ingerirse más de 50 gramos de azúcar al día, sin embargo este etiquetado promueve el consumo de 90 gramos.

“Yo les pregunto a ustedes qué entienden cuando ven 70 por ciento de los nutrimentos, salimos a la calle y le preguntamos a la gente y obviamente lo que entienden es que se recomienda que llegues al 100 por ciento de los nutrimentos diarios”, Alejandro Calvillo, El Poder del Consumidor.

“De acuerdo a la OCDE el tener realmente un etiquetado claro, útil y comprensible podría reducir en 831 millones de pesos el gasto en salud”, Luis Manuel Encarnación, Contrapeso.

Informaron que interpusieron un amparo contra el etiquetado de alimentos y bebidas, por atentar contra el derecho a la salud, el cual se encuentra pendiente de resolución.

Oscar González

@okogonzalez08

Presentan libro en el INACIPE de Larissa Madeiros

En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la estudiante brasileña de medicina Larissa Madeiros dio a conocer su primera novela titulada “Erica”.
En la obra plantea la amenaza de una tercera guerra mundial.
Una serie de hechos fatalmente relacionados son el comienzo de una gran conspiración de un grupo extremista contra los países que atacaron a su pueblo en el pasado.

“En una guerra, escribe Larissa, nadie gana, todos pierden, y efectivamente, todos y cada una de las personas que están inmersas en estos temas, pierden, además algo que es muy grato encontrar en esta novela, que dice, que la humanidad pierde”, Ruth Villanueva, Tercera Visitadora CNDH.

La joven autora plantea una gran pregunta al relatar la historia: ¿Dónde está la cultura de la paz?

“La educación es un proceso de mejora permanente del ser humano y sobre de eso creo que debemos de transitar, nos está poniendo la muestra Larissa, nos está marcando un camino dice ella de paz”.

Según Larissa Madeiros Barros, para lograr la paz es necesario tener presente la historia de la humanidad.

“Empecé a escribir Érica en 2011, tenía 15 años, era mi sexta tentativa en cinco años de producir algo que pudiese ser un libro, confieso que al redactar el primer capítulo no creía que iba a lograrlo, a lo largo de los dos años siguientes, sin embargo, pasé a confiar más en mi misma”.

Actualmente Larissa Madeiros tiene 19 años, estudia medicina y toma acciones para romper con el estereotipo de la juventud indiferente al proponer desde su escritura cambios sociales.

Emmanuel Saldaña

‏@emanuelcomunica

Corte fija jurisprudencia para que jueces garanticen acceso a información confidencial en un juicio

Por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte, estableció como jurisprudencia que es obligación de los jueces, garantizar a las partes involucradas en un juicio, el acceso a la información del expediente.

Incluso, a aquella que ha sido clasificada como reservada o confidencial por la autoridad que la aporta.

“El juez de distrito bajo su responsabilidad puede excepcionalmente permitir el acceso a la información esencial contenida en esos documentos a fin de que tenga conocimiento y haga valer lo que a su derecho convenga, para lo cual debe en cada caso, realizar la prueba del daño e interés público, para tomar su decisión y que la información reservada o confidencial que se decida puede ser conocida por las partes se considerará para todos los efectos como información reservada en posición de particulares, que solo podrá ser usada para su defensa y deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 Lo anterior se determinó al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados.

Precisaron que con ello se busca garantizar los derechos de las partes involucradas en un litigio.

“Podrá a su juicio, permitir a las partes y bajo su responsabilidad el acceso a dicha información, para así, de esta manera, garantizar el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y a la adecuada defensa entre otros, con independencia de su clasificación”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

“Debe haber acceso a esa información, desde el momento que esa información está en un juicio de amparo por orden judicial”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN 

“Yo por supuesto vengo en favor del proyecto, con esos ajustes y lo único de mi intervención Señor Presidente, Señor Ministro Ponente es precisamente para esta situación de requerir a la autoridad en caso de que la información sea incompleta”, Olga María Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“Sin que esto implique que saque copias de ella, pero puedan tener tanto tiempo como sea necesario para tener acceso y familiaridad con la misma para poder tener el mejor acceso a su defensa”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

Los ministros precisaron que en estos casos el juez no va a determinar si reclasifica la información.

“Porque no se trata de que el juez la desclasifique, se trate de que el juez la dé a conocer como prueba en un juicio que es el de amparo para los efectos de la defensa y garantía de audiencia en el amparo, no que la desclasifique”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“La excepción se circunscribe a que el caso en que el acto reclamado no sea la clasificación misma, pues si es esta como bien lo apuntó la señora ministra luna, difícilmente podríamos llegar a un juicio lógico de poner a la vista aquello que está siendo motivo de discusión”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Indicaron que de entrada corresponde al órgano garante definir si es posible reclasificar información que en principio ha sido considerada como reservada o confidencial.  

José Luis Guerra García
 

México ocupa el 5° lugar mundial en trata de personas

La trata de personas es la forma de esclavitud moderna.
La explotación sexual, comercial o laboral mueve más de 32 MMDD por año en el mundo.

Según la ONU, más de 2.4 millones de personas están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas.

El 80% son mujeres y en 2014, a nivel global aumentó el número de niños y niñas víctimas de este delito, actualmente 1 de cada 3 víctimas de trata son menores de edad.

En América Latina, 2 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas.

México ocupa el quinto lugar mundial en trata de personas con al menos 250 mil niños y adolescentes dentro del comercio sexual y en América Latina se ubica en el 3er sitio.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, en México hay más de 3 mil víctimas de trata de personas.

El 70% de ellas, vinculadas al comercio sexual.

En 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.

Datos oficiales de la Procuraduría General de la Republica revelan las denuncias por trata de personas incrementaron 600% en México en 6 años.

5 estados concentran la mitad de los casos denunciados.

El Distrito Federal ocupa el primer lugar, seguido de Puebla, Chiapas, Tlaxcala y el Estado de México.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12