Orden de «abatir», en Tlatlaya, incentivo para violación de derechos humanos, afirma Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, recalcó que con la orden de abatir delincuentes en la base de operaciones en Tlatlaya, la SEDENA dio pie para la violación grave de derechos humanos, sustentada en la cadena de mando.

“Es un incentivo para cometer violaciones graves a los derechos humanos… Consideramos que esta es una orden contraria al estado democrático de derecho, la orden debería ser detener personas delinquiendo en hechos de flagrancia y ponerlos ante autoridad competente”.

En entrevista luego de la presentación del informe Tlatlaya a un año, respondió a las declaraciones  del subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB, Roberto Campa, quien aseguró que abatir, no significa privar de la vida.

“Nosotros no hemos afirmado que abatir es matar, sino que es una orden que genera incentivos para generar o tener como materialización ejecuciones extrajudiciales… Entrar a la significación meramente gramatical y en base al diccionario, de lo que significa abatir, sin duda es una discusión bizantina”.

Dijo que tras la investigación de ocho años de la política de comunicación social de la Secretaría de la Defensa, el uso de la palabra abatir se refiere a las personas privadas de la vida.

Por otro lado, exigió que se haga valer el acotamiento a la aplicación expansiva del fuero militar, es decir, que para efectos de violaciones graves de derechos humanos sea competente el fuero ordinario.

“En casos como el de Tlatlaya tengamos una violación al principio de continencia y de concentración de la causa, porque tenemos un proceso seguido ante un juzgado de distrito en el fuero ordinario, pero tenemos otro proceso seguido ante el juzgado sexto militar, esto significa que podríamos tener dos juicios con resultados distintos”.

La restricción al fuero militar también es urgente, añadió,  debido a que en ese fuero no se tutela ni se da personalidad a las víctimas.

Explicó que ha habido revictimización por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Hicieron de manera irresponsable, públicos el monto de un fondo que sería para la indemnización vía compensación para las víctimas del caso Tlatlaya, eso ha generado un contexto de riesgo para las personas que están viviendo en la región”.

Reveló, que con la presentación del informe, se hizo la solicitud de emisión de medidas cautelares a la CNDH, para que la SEDENA deje de emitir órdenes que reproduzcan instrucciones para abatir delincuentes.

Mario López Peña

@elogiodeljabon