El robo en la calle y en el transporte público son los delitos que más se cometen en México, revelo el INEGI.
En el foro “Violencia y paz, presentación de índices”, su presidente, Eduardo Sojo, informo de un total de 28 mil víctimas por cada 100 mil habitantes.
En El Colegio de México, comento que le sigue la extorsión mediante el cobro de piso a las empresas.
En este sentido, detalló que 3 de cada 10 unidades económicas en nuestro país lo ha padecido.
“Y aquí son estas llamadas que todos recibimos en nuestras casas diciendo que tienen a nuestros hijos, que nos quieren extorsionar no… Y cayeron, o sea fueron víctima de estas extorsión el 6.4 %”.
En cuanto a la cifra de homicidios, destacó que en 2014, se presentaron 16 asesinatos por cada 100 mil habitantes, con 19 mil muertes accidentales y violentas en ese periodo.
“Que es todavía el doble de lo que teníamos en el 2007, vamos para abajo pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer”.
El estudio alertó que los jóvenes entre 12 y 29 años de edad, se han convertido en los factores de mayor riesgo.
La encuesta se realizó a un total de 95 mil 516 hogares.
Patricia Obeso, del Instituto para la Economía y la Paz de México, cifró el costo de la violencia en 17 % del Producto Interno Bruto.
Este monto equivale a 30 mil millones de dólares, o 510 mil millones de pesos.
Para darnos una idea, con este dinero se podrían comprar alrededor de 510 mil casas, de a un millón de pesos cada una.
La labor de los jueces tiene que estar sustentada en una actitud transparente que refleje su independencia e imparcialidad frente a la sociedad.
“El juez no debe dejarse presionar por ninguna de las partes, ni por elementos externos del juicio, ni por las partes que participan en el juicio y una que es quizá una de las más complejas y difíciles de evaluar, la objetividad”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.
Así lo señaló el Ministro Presidente de la Suprema Corte en la presentación del libro “El sistema para la designación de magistrados de circuito y jueces de distrito”.
Dijo, que el Consejo de la Judicatura debe acercarse a la sociedad a la hora de seleccionar jueces y magistrados.
“Y buscar que participen como miembros de transparencia que legitimen también el procedimiento de selección”.
La obra de Rafael Coello Cetina y Raúl Alfaro Telpalo aborda el tema de la legitimación de los juzgadores.
De acuerdo con el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la legitimidad de los juzgadores no se encuentra en el origen del voto público, pero sí en otras dos vertientes.
“Primera, la capacitación y actualización a la que estamos sometidos todos los juzgadores en nuestro país y que es una garantía para la sociedad a la que servimos… Y la otra vertiente es un sistema adecuado de designación de aquellas personas que van a ocupar el muy alto y delicado cargo de juzgar a sus semejantes”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.
El libro es una monografía que pretende brindar elementos para generar una propuesta de modificación a las bases que rigen el sistema para la designación de jueces y magistrados.
Es urgente armonizar el derecho administrativo en México con el nuevo esquema de derechos humanos.
Fue la postura de representantes de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo.
“Estos grandes retos exigen de los administrativistas la búsqueda de nuevas formas de relación con el poder público, el impulso a los valores públicos y la inclusión social, cultural y ética”, Teresita Rendón, Pdta. Asociación Mexicana Derecho Administrativo.
El presidente saliente de esa asociación, José René Olivos, indicó que hay cinco patrones que han configurado a la administración estatal.
Y los que, dijo, deben tenerse en cuenta en la armonización con una perspectiva de derechos:
La administración centralizada, la expansión de las administraciones, la reforma administrativa, la redimensión de la administración pública y la reforma del estado.
De esa forma, explicó, se enfrentarán de forma más efectiva problemas como la inseguridad pública, el desempleo o la corrupción.
“Cuya magnitud supera la capacidad de administrativa del Estado para dar soluciones integrales en el corto y mediano plazo en los ámbitos nacionales y locales, lo que genera situaciones inciertas y turbulentas para lograr el desarrollo, el crecimiento y el bienestar social”.
El enfoque de derechos, recalcó, fomentaría una administración socialmente responsable.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado pasos fundamentales para proteger los derechos de las personas con discapacidad.
De acuerdo con especialistas, uno de esos pasos lo dio con el amparo en revisión 410/2012.
Fue resuelto por la Primera Sala de la Corte derivado de la negación de una aseguradora para brindar sus servicios a una persona con discapacidad.
Resolvió que es obligación de ese tipo de compañías adoptar políticas que permitan a las personas con discapacidad la contratación de seguros y que diseñen planes que incluyan a las personas con y sin discapacidad.
Entre los criterios destacados está la disposición de ajustes razonables.
“Los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas”, María Dolores Igareda, Sria. Estudio y Cuenta SCJN.
Otro aporte de la Corte con enfoque de derechos, dijeron, fue subrayar que la discapacidad no es una enfermedad.
“Hay un nuevo modelo social para interpretar la discapacidad, este modelo no sólo es teórico, sino que es normativo”, Juan Antonio Cruz Parcero, Investigador UNAM.
Coincidieron en que hubo una lectura del principio pro persona a propósito del derecho a la igualdad y a la no discriminación.
El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al estado mexicano para garantizar la integridad física de periodistas y defensores de derechos humanos.
El organismo considera de la mayor importancia proteger el trabajo que periodistas y defensores realizan en beneficio de la democracia del país.
“Es indignante, es una agresión hacia todas y todos nosotros, sociedad en general, se ha repetido muchas veces, lamentablemente muchas veces que una agresión, un asesinato a las y a los periodistas, es una agresión a la posibilidad de construir ese horizonte, la democracia en un país como en México”, Pablo Reyna Esteves, Director del Programa de Incidencia, UIA.
Reprobó enérgicamente los acontecimientos recientes en los que han sido agredidos y asesinados periodistas y defensores.
Subrayó que no pasa inadvertida la obligación del estado mexicano de investigar esas agresiones a profundidad, para que la autoridad judicial imponga a los responsables las sanciones que las leyes prevén y las víctimas y sus familiares conozcan la verdad.
El Consejo enfatizó que estas acciones repercuten de manera negativa contra los derechos de la sociedad a estar informada.
El Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal autorizó el procedimiento especial de enajenación de bienes y su ejecución en primera etapa de la compañía Mexicana de Aviación.
La subasta se realizará el jueves 13 de agosto y las bases se pueden consultar en el sitio de internet: subastasmexicana.com
Este procedimiento especial de venta se realiza dentro de la fase de quiebra de la empresa, según establece la Ley de Concursos Mercantiles.
El síndico encargado del proceso y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acordaron realizar la venta en dos etapas:
La primera sobre bienes sin restricción como derechos de uso del edificio de servicio y de la terminal de carga, mobiliario, equipamiento e instalaciones localizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México así como derechos de uso de salones ejecutivos, además del acervo y derechos de autor sobre la marca.
La segunda etapa de venta especial será sobre bienes con restricción a favor de aeropuertos y servicios auxiliares.
Esto comprende subasta pública de partes, componentes, consumibles y refacciones.
Pero también, el inmueble del centro de adiestramiento técnico con todo el equipo, simuladores, mobiliario, cesión de permisos y certificaciones ante la autoridad correspondiente.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades de Convivencia de Campeche. (Acción de inconstitucionalidad 8/2014).
Disposición que prohibía a los integrantes de este tipo de uniones, sin importar si están integradas por parejas del mismo sexo o heterosexuales, adoptar, asumir la patria potestad, guarda y custodia de un menor.
Medida que violaba el principio de igualdad, al solo permitir adoptar y ejercer la patria potestad, a las parejas unidas en matrimonio o en concubinato.
Además de violar el concepto ampliado de familia y el interés superior del menor.
“No desconozco que está sí, implícita un tema también discriminatorio para parejas del mismo sexo, pero creo que aquí, el trato discriminatorio rebasa el tema de las parejas del mismo sexo, es para cualquier pareja, incluso heterosexual que pueda integrar o constituir una sociedad civil de convivencia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.
“Resultaba violatoria precisamente del principio de igualdad y no discriminación, en tanto que había también una afectación al interés superior del menor”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN
“En el sentido de que efectivamente se presenta un problema de desigualdad, que generalmente como lo ha sostenido este Pleno y las Salas lleva también o puede conllevar un problema de discriminación”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.
Si bien se coincidió en la invalidez de la norma, se aclaró, que llegaban a esa conclusión, por caminos diferentes.
“La discriminación y la violación constitucional, desde mi punto de vista se da desde la óptica y desde la lógica que los únicos que no pueden acudir al matrimonio y al concubinato, son las parejas homosexuales, aquí se da la discriminación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.
“Porque tengo muy claro que el tema que estoy resolviendo, que debemos resolver en este caso, es el que se refiere a las sociedades de convivencia, en general, para todas las personas en genera que puedan participar en eso”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
“Encontré mayoría en el interés superior del niño, encontré mayoría en la familia, difiero en el tratamiento por lo de los precedentes que mencioné que amablemente se incorporarían al proyecto, en cuanto al punto de discriminación, no logré encontrar claramente una mayoría”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.
Se coincidió en que lo fundamental, en los casos de adopción, es proteger el interés superior del menor
“Solo nos dan el margen necesario para anular el Artículo 19, por las razones expuestas en esta propuesta”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.
“Se les limita este derecho a tener un núcleo familiar a muchos niños y por lo tanto yo también estaría porque se incluyera sobre todo el tema, como ya lo hace el guion el del interés superior del menor”. Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.
“Lo estoy porque esta disposición afecta, desde luego al interés superior del menor en el que se debe siempre procurar la mayor protección de los niños y una de esas formas de protección, para mí la puedan encontrar en este tipo de sociedades de convivencia”, Luis María Aguilar, Ministro Presidente SCJN.
En contra del proyecto, se pronunció el Ministro, Eduardo Medina Mora.
Cuando una persona se queda sin empleo vive una situación de depresión y vulnerabilidad ante la falta de un ingreso para cubrir sus necesidades básicas.
En el Distrito Federal se calcula que casi 245 mil personas no tienen trabajo.
Hay factores que dificultan el acceso a un empleo digno y bien remunerado, como ser una persona con discapacidad, ser mujer y estar embarazada o tener antecedentes penales.
El Gobierno del Distrito Federal cuenta con un programa único en el país para apoyar a las personas que se quedaron sin trabajo.
“El objetivo es en primer lugar reconocer que aquí en hay en la Ciudad una población con una gran capacidad y gran calidad, individualmente, persona por persona reconocemos que aquí hay mucho conocimiento acumulado”, Amalia García, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de Distrito Federal.
Hombres y mujeres de cualquier edad que hayan trabajado en el sector formal pueden obtener un apoyo de 2 mil 98 pesos mensuales durante medio año.
De enero a julio de 2015 el gobierno capitalino ha destinado 260 millones de pesos a este programa.
La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera, que establece las bases para su organización y funcionamiento. Incluye la formación de personal de auditorías especiales y de certificación en fiscalización superior profesional.
La Secretaría de Hacienda publicó la lista de 25 personas morales que aparentemente emitieron factura, sin contar con los activos, personal y capacidad para prestar los servicios y productos que amparan. Estas empresas podrán aportar elementos, para desvirtuar las acusaciones en su contra.
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