El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar, recibió la visita del Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Ministro Luis María Benítez.
El motivo de la visita, explicó el ministro paraguayo, es conocer a fondo el trabajo del Poder Judicial Federal mexicano y fortalecer el diálogo regional.
Sobre todo, dijo, porque la corte mexicana se ha convertido en un referente continental para la protección de derechos.
“Para conocer el sistema judicial, estrechar las relaciones con la Suprema Corte, también con los señores magistrados, el Consejo de la Judicatura… Hemos venido a aprender de ello, tener el conocimiento el diálogo con los señores magistrados, ministros de Corte, jueces”, Luis María Benítez, Vicepresidente Corte Suprema Justicia Paraguay.
Tras la reunión con el Ministro Presidente, señaló que otro de los motivos del encuentro es afinar detalles sobre la participación de México en la Cumbre Judicial Iberoamericana que se llevará a cabo en Paraguay en 2016.
“El Poder Judicial mexicano se convierte en un referente para los poderes judiciales de Iberoamérica… Lo estudiamos, lo profundizamos y esto lo llevamos también dentro de nuestro país”.
El Vicepresidente de la Corte paraguaya conoció los murales del edificio sede de la Corte y presenció la sesión del Pleno de ministros.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, presentará su informe final el próximo 6 de septiembre.
Entre los hallazgos encontrados están la destrucción de videos con escenas de la intervención de la policía de Iguala que dio lugar a la desaparición de los estudiantes.
Así como el ocultamiento por parte de la Procuraduría de Guerrero, de 19 objetos, la mayoría ropa, presuntamente de los normalistas, que no había sido utilizada como evidencia.
“Esos elementos se encontraron en dos buses, esos autobuses es el bus que quedó en el Palacio de Justicia, Estrella W1531, el escenario del Palacio de Justicia y el bus de estrella de oro 1568 en Juan N. Álvarez, el escenario de los 3 buses en Juan N. Álvarez, las evidencias fueron encontradas en esos dos buses, esos dos buses son dos escenarios en los cuales se detuvieron y se desaparecieron a los 43 normalistas”, Carlos Beristáin, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, CIDH.
En conferencia de prensa, los expertos informaron sobre el rechazo de la PGR a su solicitud de entrevista informal a militares del batallón 27 que estuvieron el día de los hechos en que desaparecieron los 43 jóvenes.
La autoridad la concederá sólo como declaración ministerial.
“La respuesta del gobierno en orden a quien no podemos estar presentes, ni tampoco de realizar las preguntas y contra preguntas es que nosotros hemos decidido que no vamos a entregarles el cuestionario, eso significa que no tenemos control de cómo se responde, qué se responde ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración”, Francisco Cox, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, CIDH.
Solicitaron a la PGR nuevos peritajes, incluidas las autopsias de estudiantes asesinados.
Y aseguraron que con los elementos que tienen hasta ahora no hay evidencias de que estén con vida o el destino final que tuvieron.
El grupo de expertos concluirá su mandato de 6 meses, pero ante el poco avance de la investigación solicitará una prórroga por el mismo lapso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el Centro Nacional de Comunicación Social, periodistas informaron de una carta conformada por más de 500 firmas, y enviada al Presidente de la República, en la que le exigen garantías para el ejercicio de su profesión.
“Es una señal de que hay una preocupación internacional por lo que está pasando en México”, Guillermo Osorno, Periodista.
El 31 de julio pasado fue asesinado en la capital del país el foto reportero Rubén Espinosa, junto con una activista de derechos humanos, dos de sus compañeras y una empleada doméstica.
“La ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico, pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México”, Marcela Turati, Periodista.
A la fecha, 37 colegas de Rubén Espinosa han abandonado su trabajo, su hogar y a su familia, tras recibir amenazas.
Los firmantes demandaron la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas, y el compromiso para garantizar la libertad de expresión.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 9 de cada 10 asesinatos contra periodistas se mantienen impunes.
Rosa María Álvarez, experta en temas de género de la UNAM y la ex procuradora de Chihuahua, Patricia González, aseguraron que las alertas de violencia de género en México son inútiles.
Coincidieron, en que son declaraciones que evidencian la incapacidad de los gobiernos por garantizar los derechos de las mexicanas.
“Cómo podemos exigirle a quien está obligado por ley a emitir una alerta de género”, Rosa María Álvarez, Investigadora IIJ UNAM.
“Si son meras declaraciones, no sirven absolutamente para nada”, Patricia González, Ex Procuradora Chihuahua.
Se pronunciaron a propósito de la emisión de alertas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en municipios del Estado de México, en julio pasado, y en Morelos hace una semana.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la alerta de violencia de género busca garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades legislativas.
En entrevista, recalcaron que una alerta a nivel nacional sería más perjudicial para reducir la violencia, por ejemplo, para enfrentar el feminicidio.
“Las implicaciones más fuertes es invisibilizar el fenómeno del feminicidio”.
Advirtieron que el estado mexicano debe cumplir a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Campo Algodonero.
Entre los resolutivos incumplidos están: la homologación normativa para investigar los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.
Ni ha creado una base de datos con la información de mujeres y niñas desaparecidas en el país; ni de la información genética de los familiares de las desaparecidas, para hacer más efectiva la investigación.
“Si vamos a cazar un oso tenemos que saber de qué tamaño es para poder llevar el arma adecuada para abatirlo”, Rosa María Álvarez, Investigadora IIJ UNAM.
“El Estado mexicano tiene que basarse en el fondo de esa sentencia, porque es orientadora para poder cumplir con los derechos de las mujeres y sobre todo prevenir cualquier tipo de feminicidio en el país”, Patricia González, Ex Procuradora Chihuahua.
En 2009, la Corte Interamericana sentenció al estado mexicano por incumplir con su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal.
Para apoyar los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores sexuales en el mundo y reducir el riesgo de abuso, Amnistía Internacional decidió apoyar la despenalización de la prostitución.
Fue posible tras la realización de consultas y debates en los que participaron grupos de trabajadores sexuales.
Las conclusiones arrojaron que la penalización del trabajo sexual coloca a las personas que lo ejercen en una mayor situación de vulnerabilidad.
“Porque no solamente son sujetos o sujetas de digamos de la discriminación… Sino que también esto se constituye como una barrera para acceder a la justicia en momentos en que se llevan a cabo violaciones a derechos humanos o agresiones en contra de su persona”, Perseo Quiroz, Dir. Ejecutivo Amnistía Internacional México.
La medida busca generar presión sobre los gobiernos para establecer un marco jurídico en el que todas las actividades del comercio sexual se despenalicen.
“Tendríamos que hacer un diagnóstico del marco legal para ver qué es exactamente lo que se está pidiendo en estos casos concretos. Entonces ese es un trabajo que se tiene que hacer, que no está previsto en el corto plazo”.
Según Amnistía Internacional, los trabajadores sexuales deben tener derecho a la seguridad, la sanidad y a no estar sometidos al tráfico o la explotación.
“Al nosotros pronunciarnos por la despenalización del ejercicio del trabajo sexual no estamos favoreciendo la trata de personas, Amnistía Internacional sigue manteniendo una posición muy firme en contra de la trata de personas y sigue pidiendo castigos y sanciones severas”.
Tras su resolución, Amnistía Internacional se enfrentó a duras críticas por activistas de los derechos de las mujeres en todo el mundo, ante lo que respondió:
“Tenemos que pasar de un enfoque paternalista de la protección de los derechos humanos a un enfoque de participación activa, en donde justamente la gente que está sufriendo estas violaciones tiene que tener una voz y Amnistía Internacional tiene que escuchar esa voz por sobre otras voces y esto es importante aclararlo”.
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el acuerdo para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México.
Brindará servicios especializados de protección y acceso a la procuración de justicia en las materias familiar, civil y penal.
Los servicios se ofrecerán desde una perspectiva de género y con respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas.
Además, se dará atención psicológica, psiquiátrica, orientación y asesoría jurídica y servicios médicos.
Se podrán tramitar medidas de protección, apoyos sociales y servicios de acceso a la impartición de justicia.
También se instituirá, dentro de las instalaciones, una agencia de investigación del ministerio público.
Atenderá las 24 horas del día y conocerá sólo de hechos que canalice personal del nuevo centro de justicia para las mujeres.
Los protocolos de actuación de la institución deberán expedirse dentro de los 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del acuerdo publicado este lunes.
El Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de algunas porciones del Artículo 16 y la totalidad del 19 y tercero transitorio de la Ley de Pensiones del estado de Veracruz. (Acción de inconstitucionalidad 101/2014).
Disposiciones que establecían la obligación de los jubilados, a aportar el 12 % de su pensión, para el fondo de pensiones.
Los ministros consideraron que la medida violaba el principio de igualdad, pues los jubilados, ya habían aportado para gozar de una pensión al momento de su retiro.
Indicaron que solo los trabajadores en activo, deben de contribuir al fondo de pensiones.
“No existe ninguna justificación constitucional, que permita que a estos individuos, que se encuentran en situaciones distintas, se les trate de la misma manera, cobrando aportaciones a los jubilados, para el pago de sus propias pensiones y/o de pensiones de los trabajadores de los aún no están jubilados”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
Si bien se reconoce la precariedad financiera de los órganos encargados del pago de pensiones, no se justifica que se pretenda darles viabilidad, violando derechos ya adquiridos.
“Justificado constitucionalmente, la posibilidad de hacer distinciones sobre las pensiones, puesto que… puesto que la actualización del estatutos de pensionista debiera o debe ser suficiente para darle acceso al producto integro de pensión que se fijara en forma previa”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.
“En ese sentido, yo pienso que independientemente de la equidad, del porcentaje, del 12 o que el porcentaje que fuera, no creo que deba ser lo correcto que a los pensionados también se les pida una cuota de aportación, porque ellos ya generaron un derecho cuando estaban en activo”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.
“Efectivamente la determinación del legislador local de imponer la misma obligación de aportación a pensionados y trabajadores en activo resulta totalmente inequitativa y vulnera los principios de seguridad social del 123 constitucional”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.
En contra del proyecto se pronunciaron los ministros Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, consideraron que no debe descartarse de manera absoluta, que los pensionados aporten una cuota para el pago de servicios administrativos que reciben.
“Y yo entiendo que los pensionistas bien pueden participar en los gastos de administración, pues todos son usuarios, creo entonces que el 1.68 %, total de la pensión, por lo menos a manera de ver no es gravoso”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.
“Tanto pensionados, como trabajadores en activo, como patrones están obligados por el principio de solidaridad que es el que rige las nuevas pensiones, a aportar”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.
Sin embargo, reconocen que no se les puede dar el mismo trato.
El Pleno también declaró la invalidez del Artículo 32, que obliga a los pensionados a estar al corriente en el pago de cuotas, para poder realizar cualquier trámite ante las instituciones de seguridad social.
Solo quedó pendiente resolver lo relacionado con el Artículo 59, que permite a los trabajadores que no se pensionan, retirar las cuotas aportadas, pero sin el pago de intereses.
El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el acuerdo que crea el Programa Cunas, con el que se busca garantizar el derecho de acceso a la salud de los recién nacidos, mediante el otorgamiento de un paquete de maternidad para las madres que vivan en zonas de alta vulnerabilidad y cuyos hijos nazcan en el Sistema de Salud Pública.
La Secretaría de Hacienda firmó acuerdos de colaboración con los estados de Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, para el cobro de diversos impuestos federales y de multas impuestas a los contribuyentes por violaciones al Código Fiscal de la Federación.
La Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para que los diputados electos, que integrarán la Sexagésima Tercera Legislatura, tramiten a partir del 20 de agosto, su credencial para el acceso al salón de plenos, el trámite, deberán realizarlo en el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro.
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