El Pleno declaró la invalidez de 2 artículos de la Ley de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados de Hidalgo

El Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de los artículos 12 y 13 de la Ley de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del estado de Hidalgo. (Acción de inconstitucionalidad 107/2014).

Los ministros expresaron que los congresos locales no tienen facultades para regular cuestiones propias del proceso penal, pues se encuentran reservadas al legislador federal.

Al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer mediante una ley única, el proceso penal y demás supuestos, los estados dejaron de tener dicha atribución.

Pues la citada reforma constitucional, tiene como finalidad, la unificación de las normas aplicables en todos los procesos penales, a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional según se advierte de lo expuesto durante el proceso legislativo”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Las disposiciones declaradas inválidas regulaban el proceso de notificación del aseguramiento de bienes al interesado, que incluía apercibimiento, temas ya previstos en el código nacional de procedimientos penales.

La resolución surtirá efectos retroactivos a partir del 10 de noviembre de 2014.

“Se hace la precisión que los procedimientos iniciados con fundamento en las normas invalidadas se encuentran viciados de origen, por lo que, previa reposición del mismo, se deberá aplicar la ley vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Me apartaría de la forma en que se están expresando los efectos para nada más determinar que tienen efectos retroactivos en los términos que establece la ley correspondiente”, Margarita Luna Ramos, Ministro SCJN.

El Pleno, también declaró procedente pero infundada, una controversia promovida por el ayuntamiento de Xochitepec, Morelos.

Pedía invalidar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal, en la que el Congreso local, estableció las bases generales para el pago de pensiones, lo que obliga a los ayuntamientos a homologar las disposiciones en la materia.

Indicaron que ello no implica que se haya invadido atribuciones propias de los municipios.

No se trata de normas encaminadas a establecer las reglas indispensables para el funcionamiento regular del municipio, sino que su finalidad es cumplir con el mandato constitucional de regular las prestaciones de seguridad social, específicamente las pensiones”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Precisaron que la legislación impugnada no violenta la autonomía municipal.

José Luis Guerra García

Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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