El Consejo de la Judicatura Federal y expertos de Italia, Suiza y Luxemburgo capacitan a juzgadores federales en materia de lavado de dinero.
Ello con el fin de que conozcan las nuevas formas en que la delincuencia organizada internacional realiza dicho ilícito.
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, dijo que el Poder Judicial de la Federación no puede permanecer estático ante los nuevos desafíos criminales.
“Una estrategia adecuada de combate al crimen debe prever distintos frentes y todas sus facetas, de tal manera que los esfuerzos se concentren en aquéllas que tendrían un mayor impacto en su organización y financiamiento”.
El también Presidente de la Comisión de Disciplina enfatizó que sólo de esa forma podrá acabarse con las organizaciones delictivas.
“Por ello, es de vital importancia enfocarnos en sus recursos financieros. Es importante detectar la forma cómo las organizaciones criminales captan, producen, lavan y transfieren sus recursos. Ello permitiría detener su flujo, y asentar un golpe importante a las organizaciones y, su caso, pueda ser definitivo para su desmantelamiento”.
Este curso es producto de los acuerdos asumidos por el Consejo de la Judicatura Federal en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en inglés), en Australia, y en la Sexta Reunión del Grupo de Prevención de la Corrupción, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), llevada a cabo en Austria.
Por más reformas que se hagan al sistema de impartición de justicia, si no se reforma el funcionamiento de la abogacía no habrá verdaderos avances.
Y México lleva más de 150 años sin colegiación obligatoria, afirmó el investigador de la UNAM, Oscar Cruz Barney.
“De manera que existen una serie de distorsiones inclusive en la forma en que nos expresamos respecto de la práctica del ejercicio profesional, estudiamos la licenciatura en derecho pero ejercemos diversas profesiones jurídicas”.
En nuestro país no se cuenta con un código de ética profesional de carácter obligatoria para los abogados.
En cambio, la judicatura, el notariado, la correduría pública y la academia requieren de requisitos especiales para su ejercicio.
“Todas salvo la abogacía, la que se encarga justamente de la defensa de los derechos individuales y colectivos, la que se encarga justamente de proteger los mecanismos de protección patrimonial, de acceso a la justicia, defensa, esa no importa, basta con haber obtenido ese título profesional”.
En un foro en el ITAM, señaló que el papel del abogado en el estado de derecho es fundamental.
Se trata de la defensa de los derechos de una persona en juicio, lo que implica una obligación de respuesta frente a las necesidades sociales.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por el Presidente, Luis María Aguilar Morales recibieron al secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes.
Es la primera visita de cortesía que realiza a la sede del Alto Tribunal, luego de asumir el cargo el pasado mes de marzo.
El encuentro tuvo el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas instancias.
“Nosotros tenemos formado con la Corte un memorándum de cooperación y esto nos abre unas posibilidades de trabajo conjunto que son muy importantes, apoyarnos en el sistema judicial mexicano para la aplicación del derecho internacional y el derecho interamericano para la formación en materia de derechos humanos y para los trabajos que nosotros hacemos en las américas de facilitadores judiciales”, Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA.
En entrevista, tras la reunión en la que participaron todos los ministros de la Corte, el Secretario General de la OEA dijo que se ha instrumentado la colaboración en materia académica.
“Estos esquemas de formación es muy importante que tengamos un nivel de colaboración fluido y esto es lo que hemos venido instrumentando además de apoyos en materia de conocimiento del derecho, de nivel académico y de funcionamiento práctico de los sistemas judiciales porque forma parte de los esquemas de trabajo que estamos haciendo en las Américas”.
Almagro Lemes aprovechó el encuentro para invitar al ministro presidente, Luis María Aguilar Morales a la sede de la OEA en Washington, Estados Unidos el próximo 22 de septiembre.
A una reunión a la que asistirán 5 presidentes de cortes supremas del continente, para abordar temas de derecho ambiental.
“Los temas de derecho ambiental forman parte de la sustancia de los conflictos sociales en las américas, por los proyectos extractivos, los proyectos mineros, por aquellos proyectos industriales que afectan la calidad del agua o del aire, entonces una reunión que para nosotros es muy importante para determinar criterios, para conocer mejor criterios y para establecer parámetros que nos puedan ayudar a trabajar esos niveles de conflictividad social en las Américas”.
Al término de la reunión, el Ministro Presidente, Aguilar Morales regaló al Secretario General de la OEA un libro sobre los murales que hay en la Suprema Corte y le mostró el realizado por el maestro Rafael Cauduro.
El control de convencionalidad está en riesgo en América Latina, aseguraron jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y académicos.
Por ello, subrayaron que la Corte Interamericana debe definirlo con mayor precisión.
“Para mí el derecho internacional prevalecía sobre el derecho nacional, era una etapa superada, pero empiezan a aparecer escollos”, Manuel Ventura, Juez CoIDH.
“Para que establezca la diferencia entre estar obligado al cumplimiento de una convención internacional, ser sujeto obligado, como de la constitución, y establecer un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad”, Sergio García Ramírez, Ex Presidente CoIDH.
Esto es fundamental, explicó Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la interpretación en el sentido que cualquier agente del poder público puede ser contralor de instrumentos internacionales de derechos humanos.
“Esto incluye al presidente de una república, pero también a los gendarmes, a los carteros, a los directores de los sistemas de educación, a la directora de la escuela de la esquina… Habría que cuidar ese punto para dar mejor orientación a los estados que están ávidos de saber en qué consiste el control de convencionalidad antes de revelarse contra él”.
Debe entenderse al control de convencionalidad, dijo, como el medio para construir un derecho común de los derechos humanos en la región, que parte de la interpretación de la Convención Americana.
El recurso equivocado de este mecanismo de interpretación, advirtió, es consecuencia de fragmentación de criterios de protección en el continente americano.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se presentó la obra “La SCJN: Sus Ministros, La Política y El Agravio Social” de Angélica Cuéllar Vázquez.
Se trata de una investigación sobre cómo los ministros de la Suprema Corte ejerciendo la facultad de investigación procesaron los casos de Aguas Blancas y Atenco.
“Su autora nos presenta una radiografía bidimensional del Máximo Tribunal en estos dos casos, una radiografía que captura por un lado las relaciones al interior de la Corte y por otro, las relaciones de los ministros con agentes externos tanto políticos como sociales”, Andrea Pozas, Investigadora IIJ-UNAM.
Realiza un estudio de cada ministro, de sus resoluciones y su trayectoria para revelar cómo esto condiciona sus posturas y argumentos sobre los casos.
“Que no se nos olvide que los ministros son políticos, déjenme insistir porque, son un poder político, Poder Judicial de la Federación, y los ministros de la Suprema Corte de Justicia es la cabeza de ese poder, sobre todo el ministro presidente que tendrá la capacidad de diálogo con los otros poderes”, Imer Flores, Investigador IIJ-UNAM.
“A los ministros en algún momento esta facultad les era incómoda, incómoda porque todos los casos que llegaban eran tremendamente políticos, no solamente en este caso porque habían dos gobernadores, sino porque eran violaciones terribles derechos humanos y que inmediatamente crecían en la arena política y que se volvían asuntos más allá de la Corte”, Angélica Cuéllar, Autora del libro.
La autora eligió estos dos casos por dos similitudes, habían sido violaciones graves a derechos humanos y en ambos un gobernador estuvo involucrado.
La labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue reconocida por las decisiones que han marcado el rumbo de México.
Esto durante la décima edición de los 300 líderes más influyentes de México, que galardona cada año a mujeres y hombres en 14 categorías.
En el ámbito de justicia, se reconoció el trabajo del Ministro Presidente de la Suprema Corte Luis María Aguilar Morales.
“Y yo creo que eso es lo que hace valioso para mí este reconocimiento como Ministro de la Suprema Corte, más allá de mi persona en particular… Yo hablo en representación de todos mis compañeros ministros, magistrados y jueces que se dedican precisamente a la defensa de los derechos humanos”.
La publicación destacó el interés del ministro presidente por contar con un órgano colegiado más abierto que verdaderamente pueda proteger los derechos humanos.
Más de mil líderes mexicanos, reconocidos en ediciones anteriores y en ésta, 2015, se dieron cita aquí en el auditorio nacional. Cada año se renueva la lista con 80 nuevos nombres.
Algunos de ellos son la Ministra Olga Sánchez Cordero, el Ministro Fernando Franco González Salas y el Ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, quien recordó su participación como uno de los 300 líderes cuando fue Ministro Presidente del Máximo Tribunal del 2003 al 2007.
“Hay minorías que tienen un exceso y hay mayorías que llegan incluso a carecer de lo indispensable, y ellos nunca van a aparecer entre los 300 líderes. Pero también tiene el aspecto positivo de que en esas reflexiones a las que me refería pues lo lleven a uno por que todos los problemas que se dan en la comunidad puedan resolverse”.
Sobre la importancia de las instituciones de justicia en México habló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, quien destacó el avance en la implementación del nuevo sistema penal, el cual dijo, lleva un 70 % en la capital del país.
“Todos los que salieron en la revista en una forma u otra pues participamos en el proceso de México. Pero habemos unos como los encargados de los tribunales que yo creo y siento y así lo digo tendremos un mayor protagonismo para la evolución del país para el próximo año con la nueva entrada al país de todos los nuevos sistemas orales en materia penal y en materia familiar”.
En representación del Ejecutivo Federal asistió el titular de la SEDESOL José Antonio Meade.
Que los jóvenes mexicanos migren en busca de mejores condiciones de vida es un desperdicio para nuestra sociedad, afirmó el rector de la UNAM, José Narro Robles.
Pidió hacer un alto en el camino y valorar el modelo de desarrollo actual, para que sean los valores laicos los que guíen el progreso.
En el Foro Internacional “Metrópolis”, y cuestionado sobre las declaraciones xenófobas de Donald Trump en Estados Unidos, llamó a rechazarlas y a denunciarlas como hasta ahora se ha hecho.
“Hay que decir, hay que hacer que se escuchen las voces para rechazar actitudes de esa naturaleza que por cierto no son únicas, preocuparía un sólo caso, pero lo que preocupa es que son desafortunadamente muy frecuentes”.
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, consideró urgente reconocer la aportación de los migrantes al mundo, y lamentó el incremento en las acciones de odio contra ellos.
Consideró que el problema fundamental de la migración tiene que ver con la dignidad humana, y que los migrantes jamás deben ser vistos como ilegales, sino como personas con sueños de una vida mejor.
“El síndrome de cáncer humano que es el racismo, muchos premios Nobel han dicho que el racismo es una enfermedad psicológica, espiritual y social”.
Al final del evento, el rector de la UNAM fue cuestionado sobre el caso Ayotzinapa, y dijo que México debe conocer la verdad, y que el expediente debe ser revisado.
“El tema de Ayotzinapa es un asunto que nos debe de doler a todos los mexicanos, que nos debe preocupar a todos los mexicanos, que nos debe generar pena colectiva que debemos compartir”.
El evento se llevó a cabo en el patio central del Palacio de Minería.
México no debe seguir el modelo estadounidense de privatización y de control total en las cárceles.
De acuerdo con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Personas Privadas de la Libertad, James Cavallaro, es demasiado caro y no protege los derechos de los presos.
“Un caso como el Chapo es excelente si uno quiere vender ese modelo, porque va a decir, evidentemente no hay control suficiente… La parte del control no tiene que ver con el edificio, no tiene que ver con los agentes, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el autogobierno”.
En Diplomado en la UNAM, puso el ejemplo del alto costo del modelo privatizado.
Ir a la Universidad de Berkeley, en California, una de las universidades públicas mejor evaluadas a nivel mundial, cuesta casi 46 mil dólares al año.
Cada preso en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos le cuesta a ese país 47 mil dólares anuales.
“En el Plan Mérida hay cierto fondo que tiene conexión con la certificación por las normas del American Correctional Association, que produce estándares… Adicionalmente hay otras formas a través de las cuales este modelo está llegando al sur del Río Bravo, está llegando esta tendencia, yo diría preocupante”.
Lamentó que la política carcelaria en México se base en casos de gran impacto mediático como asesinatos o fugas, pues representan un porcentaje mínimo del total de internos, que, en buena medida, están privados de la libertad por delitos menores.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, manifestó su preocupación por la violencia que se vive en México en contra de periodistas y comunicadores.
Recordó que en los últimos diez años, han documentado 67 asesinados contra periodistas y centenares de ataques contra comunicadores y medios de comunicación.
“Estamos solidarizados con todos ustedes las mexicanas y los mexicanos pero también preocupados por la situación de violencia contra comunicadores y periodistas y realmente en ese sentido nuestra prioridad es trabajar desde nuestro rol para ayudar a superar esta situación”.
Durante la inauguración del seminario: “Retos hacia la creación de tipos penales en favor de la libertad de expresión”, el Relator Especial manifestó su preocupación por el alto índice de impunidad en los crímenes contra periodistas.
“Nosotros creemos que bajo el derecho internacional el Estado tiene la obligación de investigar, de juzgar y sancionar penalmente estos crímenes”.
En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, reiteró el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar con hechos a nuestro país a fin de superar esta problemática.
Por esa razón, dijo, la comisión está preparando una visita de oficio, que se realizará del 28 de septiembre al 3 de octubre, para conocer la situación y emitir recomendaciones.
Funcionarios de la PGR manifestaron su compromiso con la libertad de expresión y solidaridad con las víctimas que han sufrido algún tipo de agresión.
“Y sobre todo la responsabilidad de la institución para que todas las personas que hayan participado en algún delito vinculado con los tipos penales que persigue la FEADLE sean puesto a disposición de las autoridades judiciales para su sanción”, Eber Omar Betanzos, Subprocurador de Derechos Humanos PGR.
Se reiteró el compromiso de la PGR para que los tipos penales se encuentren siempre actualizados para la defensa integral de la libertad de expresión.
El Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de la fracción II del Artículo 27 de la Constitución y el 190 de la Ley Electoral de Tamaulipas. (Acción de inconstitucionalidad 45/2015 y acumuladas 46 y 47/2015).
Disposiciones que regulaban la distribución de los 14 diputados de representación proporcional.
Los ministros declararon su nulidad, al considerar que violaba los principios de certeza, seguridad jurídica y equidad.
Pues las disposiciones permitían que un partido que obtuviera el 1.5 % de la votación estatal, pudiera contar con un diputado de representación proporcional, a pesar de no alcanzar el 3 % de la votación que se requiere para conservar el registro.
“Es decir, se le va a, pues casi, casi a obsequiar un diputado aquellos partidos que ya no tienen registro, cuando la idea fundamental de la representación proporcional, es darle precisamente esa representación a los partidos políticos pues que si están vigentes”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.
“Sin embargo me parece que esto distorsiona el sistema y será por esta razón por la que yo vote por la invalidez”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
El Pleno también declaró la invalidez del Artículo 45 de la Ley Electoral, que impedía a los candidatos independientes, recibir aportaciones de particulares, que no respaldaron su registro.
“Yo creo que sí existe una limitación constitucional a la libertad configurativa en este punto, yo lo encuentro en la libertad de expresión, a mí me parece que una manera de externar la libertad de expresión es apoyando con donaciones a un candidato”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.
“Sobre todo porque me parece que es una medida desproporcionada, como vote en otras ocasiones, sin embargo, yo también me uniría al aspecto que acaba de señalar el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en realidad me llama la atención el argumento de la libertad de expresión”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.
“Bastaría con las razones que se han expresado, respecto de violar el principio de equidad y de la posibilidad de tener el mayor número de recursos, desde luego legítimos”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.
Desestimaron la impugnación a los artículos 202, 89 fracción IV inciso, A, y 290, que regulan la distribución de las regidurías de representación, el registro de las candidaturas comunes y el recuento de votos en la elección de gobernador, al no alcanzarse la mayoría calificada, para declarar su invalidez.
“Yo también estoy en contra del proyecto, por lo que hace al primer tema, simplemente, analógicamente por lo que ya votamos sobre el 1.5 en el tema anterior”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.
“Pero creo que aquí es clarísimo que el legislador local siguió la misma regla que utilizó para los diputados para efecto municipal”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.
El Pleno declaró la validez de los artículos 197 y 201 que definen la manera como se integrarán los ayuntamientos y el número de regidores de representación proporcional.
Así como de los artículos 10 y 18 que establecen que para poder registrarse como candidato independiente, se requiere contar con un respaldo del 3 % de los electores registrados en el padrón.
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