A través de las Casas de la Cultura Jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha contribuido al fortalecimiento de la justicia en los estados del país.
Así lo señaló su director Héctor Arturo Hermoso, al participar en el Séptimo Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
“Lo que buscaba la Suprema Corte era lograr apoyar todos los esfuerzos de las universidades locales, de los tribunales locales, de las barras, de los colegios de abogados locales, precisamente por mejorar el propio sistema dentro de los estados, de una forma coadyuvante, sin atropellar”.
En la Expo Reforma, explicó que actualmente hay 45 Casas de la Cultura Jurídica en todo el país, que han facilitado el acercamiento de la ciudadanía al sistema de justicia.
“Con el objetivo de lograr materializar el acceso efectivo a la justicia a la población y de esta forma continuar en el camino en la consolidación de un Estado de Derecho”.
Explicó que otro objetivo fundamental es brindar a estudiantes de derecho servicios documentales que los ayuden en su formación académica, a través de la red de bibliotecas.
El Centro Libanés, la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al Muhami y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito rindieron homenaje a la Ministra Olga Sánchez Cordero y al Ministro Juan Silva Meza.
Fue por su destaca labor por 20 años como jueces constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargo que concluirá en noviembre próximo.
En la ceremonia participó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
“Hoy estamos rindiendo un muy justo homenaje a dos impartidores de justicia, a dos jueces constitucionales, a dos juristas notables y principalmente a dos mexicanos excepcionales”.
Destacó el hecho de que ambos ministros forman parte del inicio de la Novena Época, que transformó a la Suprema Corte en el órgano constitucional protector de los derechos humanos, del orden constitucional y del balance de los poderes del estado.
Se desatacó la trayectoria de los dos ministros, como ejemplo para otros impartidores de justicia.
“Es tener que dar una despedida y más bien un hasta luego a quienes han dejado una enorme huella dentro del seno de los organismos de impartición de justicia y que han sido un ejemplo para todos y cada uno de nosotros”, Guillermo Campos Osorio, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito PJF.
“Ustedes Ministra Olga Y Ministro Juan en todo momento nos recuerdan día a día que los jueces son seres humanos y así lo han reflejado en cada una de sus resoluciones durante toda su vida jurisdiccional”, Gerardo Gozaín, Presidente de la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa “Al Muhami”.
En el Centro Libanés, los ministros agradecieron el homenaje.
“En estos años he sido muy afortunado en vivir y participar desde la más alta responsabilidad judicial los cambios más trascendentes que han marcado al Poder Judicial de la Federación en los últimos años”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.
“Pocas veces me he sentido tan honrada por la oportunidad que me concede esta comunidad al permitirme disfrutar al lado de tan buenos amigos el magnífico homenaje con el que nos distinguen”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.
Entre los invitados a la ceremonia, estuvieron el ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
También participaron el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth.
La Corte ha fortalecido la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales.
De acuerdo con Julieta Rojas, asesora en la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la Suprema Corte, esto lo ha permitido el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en la materia.
“La participación de ellos es sumamente importante, se les da una eficacia al derecho de ser oído, el derecho a ser oído en una audiencia ya sea en materia familiar o penal, por ejemplo”.
En foro sobre la niñez y los retos presupuestales para respetar sus derechos, informó que es un referente no sólo para impartidores de justicia, sino para servidores públicos y académicos.
La Corte, dijo, también ha dado pasos fundamentales en lo jurisdiccional, en específico sobre el interés superior de la niñez.
“Por ejemplo en la tesis de la Primera Sala 25/2012, se define a partir de cómo lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se dice que para el desarrollo integral de los derechos de los niños se tiene que aplicar normas que den primacía a sus principios de desarrollo integral”.
Destacó que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia concentra sus esfuerzos para que la protección de los derechos de la niñez crezca en las políticas judiciales.
Un total de 40 organizaciones sociales e instituciones académicas, exigieron a los Poderes de la Unión, un marco jurídico integral anticorrupción.
En conferencia, destacaron la importancia de que la discusión pública sobre este tema, se haga en el marco de un parlamento abierto.
“Me parece que en particular este grupo tiene interés de que el sistema nacional anticorrupción, en particular el régimen de responsabilidades, investigue no solo a individuos, al funcionario público que lleva el nombre del escándalo, sino a redes de corrupción”, Eduardo Bohórquez, Dir. Transparencia Mexicana.
Al solicitar la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, advirtieron que la corrupción se ha convertido en una grave enfermedad.
“Nos preocupa mucho lo que ya en este momento es un riesgo inminente, de que la legislación secundaria en materia anticorrupción resulte fragmentaria, incoherente y produzca contradicciones”, Mauricio Merino, Coord. de la Red por la Rendición de Cuentas.
Alertaron que la corrupción es ya un costoso problema nacional, que el tiempo constitucional corre aceleradamente, mientras que los procesos legislativos avanzan lentamente.
“Y en este avance, principalmente hablando de temas de transparencia, ha sido tan grande, que hoy sabemos, estamos enojados porque tenemos un grave problema de corrupción que es conocido por todos”, María Elena Morera, Causa en Común.
Al final, exhortaron a las autoridades implementar acciones que permitan depurar el funcionamiento de las instituciones, de forma que contribuyan a prevenir, pero sobre todo a castigar la corrupción.
Por representar un cambio trascendente en la impartición de justicia en México, el Senado de la República destacó las reformas de justicia penal, de derechos humanos y de amparo.
En el foro: “Reformas estructurales, avances y desafíos”, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Roberto Gil Zuarth, dijo.
“Pero si ustedes revisan la enorme profundidad que estas reformas han tenido, la enorme importancia, y si revisan además la forma en la que estas reformas están cambiando nuestra dinámica cotidiana, verán que tienen una enorme importancia”.
La representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Mercedes Aráoz, demandó a México reestructurar el modelo económico, para que satisfaga las necesidades y el bienestar de la población.
“Que es un país que tiene todas las posibilidades de ser más allá de lo que esté pasando en las crisis potenciales y eventuales que tengamos en este ciclo económico global, que ha sido de caída, que también lo ha afectado a México pero en menor proporción digamos”.
Informaron que en los 10 últimos años, el crecimiento económico de México se ha estancado.
Y que en 30 años la productividad ha sido negativa, de menos 0.4 %, por lo que la desigualdad económica se ha hecho tan marcada.
Para muestra, añadieron, más de la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza.
La Primera Sala de la Corte declaró constitucional, la fracción I del Artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece que el acusado de un delito debe garantizar la reparación del daño. (Amparo en revisión 41/2015).
En el caso, se consideró que la garantía que se fijó a un implicado en la construcción de la Estela de luz, para obtener su libertad provisional, superior a los mil 35 millones de peso, no viola los derechos de equidad, igualdad y no discriminación, pues no suprime su condición de inocencia.
Al implicado se le acusa del uso indebido de atribuciones y funciones, al formar parte del comité que autorizó convenios modificatorios de obra por 893 millones de pesos.
Los ministros también ejercieron su facultad de atracción para conocer de dos amparos que involucran a una institución educativa acusada de negligencia y a un menor de preescolar que sufrió lesiones físicas en sus instalaciones. (Facultades de atracción 5 y 6/2015).
El asunto permitirá analizar el alcance del interés superior del niño en el ámbito de proporcionar las condiciones necesarias para el cuidado de la integridad física de los niños en el grado de preescolar.
Además reasumieron su competencia para conocer de un amparo en el que se denuncia la omisión del Código Penal Federal de interrumpir el embarazo por motivos de salud. (Reasunción de competencia 35/2014).
A la promovente, el ISSSTE le negó esa posibilidad, a pesar de que su embarazo fue catalogado de alto riesgo.
Recurso que permitirá estudiar una legislación que regula el aborto no punible, si dichas normas, son autoaplicativas o heteroaplicativas; si la decisión del juez que sobreseyó su demanda le impidió ejercer sus derechos a la justicia, la salud, la igualdad y no discriminación y cuáles serían los mecanismos de reparación a los derechos violados.
Los ministros reiteraron que la defensa adecuada en el caso de personas indígenas, debe incluir al intérprete y al defensor. (Amparo directo en revisión 5760/2014).
En el caso un indígena chiapaneco acusado del delito de homicidio no contó con un traductor profesional, ni con un licenciado en derecho, por ese motivo se revocó la sentencia reclamada.
Al resolver una contradicción de tesis determinó que la suplencia de la queja deficiente en materia penal, opera en favor de las personas morales de carácter privado, cuando ostentan la calidad de víctima u ofendido del delito. (Contradicción de tesis 76/2015).
Se argumentó que todos los gobernados, incluidas las personas morales de índole privado, cuentan con derechos fundamentales, en consecuencia en su carácter de víctimas u ofendidos, tienen a su alcance los medios legales para defender sus intereses.
En un asunto más, determinaron que el plazo de 2 años que prevé el Artículo 7.178 del Código Civil del Estado de México, para reclamar la indemnización de daños y perjuicios causados por un accidente automovilístico, solo opera cuando se trata de daños materiales. (Amparo directo en revisión 4227/2014).
Pero cuando se argumentan daños que afectan la vida, la salud o la integridad personal, el plazo genérico que aplica para reclamar responsabilidad civil, es de 5 años.
La regulación de actos anticipados y campañas negativas en la legislación electoral mexicana, fueron pensados para fomentar la competencia basada en las propuestas y no en la desacreditación del rival.
En el Seminario Internacional: Evaluación de las Elecciones 2015, se habló sobre el reto de cómo estas reglas se van a enfrentar en la reelección, figura que aplicará para los legisladores que sean electos en los comicios del 2018.
“Quien esté sujeto a reelección esa persona anticipando el posible castigo que recibirá de sus electores, intentará gobernar de forma tal que sus electores lo aprueben en el momento de la siguiente elección”, Dr. Rodrigo Salazar, Investigador FLACSO.
Los participantes llamaron a realizar un diagnóstico base cero desde la perspectiva ciudadana y no desde las cúpulas partidistas.
“El artículo 51 constitucional determina que serán los partidos políticos quienes de manera única y exclusiva sean los que decidan si su militancia o su no militancia puede transitar hacia la reelección consecutiva”, María del pilar Hernández, Investigadora IIJ-UNAM.
Afirmaron que la reforma electoral se materializó en medio de una mala negociación.
Entre otras cosas, porque aún quedan diversas interrogantes por atender, relacionadas con las campañas y la manera en que se regulará este periodo para los funcionarios, la separación del cargo de candidatos para el periodo de precampañas y cómo se definirán los tiempos de campaña.
“Si no ocurre esta reforma que toque estos temas que ponga orden o claridad o certeza a la reelección pues lo va a hacer el Tribunal Electoral”, Dr. Javier Aparicio, Investigador CIDE.
Según los especialistas uno de los temas que no quedó claro en la Reforma Electoral es la definición de lo que constituye un acto anticipado de campaña, específicamente si los informes de actividades durante la gestión de un futuro candidato a reelección podrían ser objeto de sanción.
En otra mesa del seminario los participantes señalaron que las consecuencias sobre la democracia, a partir de la prohibición de la calumnia y difamación, han convertido a la Ley Electoral en un catálogo de restricciones más que en una legislación que conduzca el proceso.
El Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales inauguró el Séptimo Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Espacio en el que estudiantes de derecho de instituciones públicas y privadas conocen el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
“¿Por qué es importante este tipo de encuentros, este séptimo encuentro ahora? porque hace que los jóvenes se acerquen a los juzgadores y los juzgadores a los jóvenes, que haya un verdadero diálogo”.
El Ministro Presidente se mostró entusiasmado por el interés que tienen los jóvenes en el trabajo de los juzgadores federales.
“El Poder Judicial de la Federación tiene como objetivo principal precisamente la defensa de los derechos humanos, esa es la razón fundamental”.
Se refirió en particular al trabajo que realiza el Poder Judicial de la Federación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
“Y este es un reto que además se nos viene encima por el tiempo, porque apenas el año pasado el Congreso de la Unión emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se había podido empezar realmente a establecer el sistema penal federal porque no teníamos los parámetros legales para construir el sistema”.
Informó que en cada una de las entidades de la República se instalará por lo menos una sala federal de justicia penal oral.
El Séptimo Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación se realiza en la Expo Reforma y concluirá el próximo viernes.
En Morelos entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, delito que se considera de extrema gravedad, la norma obliga al estado a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada ni aun en estado de emergencia o suspensión de garantías; a sancionar a los responsables de este delito y a garantizar la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas y a sus familias.
La PGR publicó el Protocolo para la Investigación del Delito de Tortura, que fija los principios y procedimientos generales de actuación homologada para agentes del ministerio público, peritos y policías responsables de la indagación de este tipo de delitos, con apego a estándares internacionales de derechos humanos.
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