A tres años del inicio de la Campaña contra la Tortura

Las instituciones policiacas en México padecen una crónica debilidad en sus sistemas de rendición de cuentas, acusó el Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Que el extendido conflicto con los derechos humanos, afirmaron, es una de las consecuencias.

“Según todas las fuentes de información disponibles, la policía en México utiliza la tortura como medio de investigación, Insyde confirma que la tortura llega incluso a funcionar como rutina de poder policial”, Ernesto López Portillo, Dir. Ejecutivo Insyde.

En conferencia, con motivo del tercer aniversario de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, lamentaron que en México haya personas torturadas, pero nunca torturadores.

“Encontramos lugares donde no se puede ni siquiera hablar de la tortura, y tenemos que decirlo de cara a la sociedad, encontramos lugares donde es posible trabajar y lugares donde no es posible trabajar, porque no se reconoce la existencia del problema”.

Entre 2006 y 2014, reportaron 8 mil 784 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se emitieron 80 recomendaciones de la Comisión Nacional, entre 2007 y 2014.

Registraron 140 casos abiertos de 2006 a 2013, 4 sentencias entre 2005 y 2013, y apenas una sanción por tortura, entre 2006 y 2013.

Como parte de la campaña, propusieron a las autoridades la creación de unidades especializadas de investigación, en las procuradurías o fiscalías de cada entidad.

Oscar González

@okogonzalez08

Inaugura Ministro Presidente Seminario “Vigencia del Código de Comercio de 1890”. 

El derecho mercantil constituye la piedra angular y la mano visible de las instituciones jurídicas del país que brindan seguridad y certidumbre en los intercambios comerciales que se dan desde los orígenes de la humanidad.

Así lo destacó el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, al inaugurar el seminario “Vigencia del Código de Comercio de 1890”.

Los individuos han recurrido a un conjunto de instituciones que justamente les proporciona las reglas necesarias para guiar cotidianamente su vida material y cultura así como para brindar seguridad y certidumbre al proceso de intercambio que llamamos comercio. Sin éstas reglas los individuos quedarían condenados a vivir en un Estado de naturaleza diríamos joveciano, dominado por la lucha de todos contra todos”.

El Ministro Presidente dijo que muchas de las disposiciones vigentes en materia mercantil, han sido interpretadas y enriquecidas por criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte y de tribunales especializados.

Así se va construyendo el derecho, así se van construyendo los criterios, así se van actualizando las normas y así se van haciendo posible la actualización de normas de hace 125 años”.

El seminario fue organizado por la Suprema Corte y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La adecuación cuando no se ha dado por la vía legislativa se ha dado por la interpretación jurisdiccional y creo que eso de nueva cuenta justifica que sea este recinto, este espacio, y este seminario en el que se haga una reflexión sobre la vigencia del Código de comercio de 1890”, Pedro Salazar Ugarte, Director del IIJ UNAM.

Este Código vivió y se actualizó con las experiencias de 2 Constituciones mexicanas, una Revolución, 2 Guerras Mundiales y está transitando por una nueva era, la era digital”, Elvia Arcelia Quintana, Investigadora IIJ UNAM.

Si nos vamos a 200 o 1824, encontraremos que las capacidades tributarias del Estado Mexicano eran mínimas y que las fuentes fiscales también eran muy reducidas, cuál era la más importante de todas, el comercio, las aduanas”, Diego Valadés, Investigador IIJ UNAM.

El Código de Comercio de 1890, tiene más de 50 reformas constitucionales que han derogado capítulos enteros, dando origen a nuevas adaptaciones, acordes con la economía nacional, como la inclusión del comercio electrónico, firma electrónica, arbitraje comercial, entre otros.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Foro internacional sobre el derecho de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia

A pesar de tener 20 años de legislación nacional e internacional de protección hacia las mujeres, 6 de cada 10 reportan ser víctima de violencia en México.

Especialistas en el tema advirtieron la necesidad de seguir incorporando la perspectiva de género en la procuración y acceso a la justicia.

“Esto es un enorme llamado de atención a todas las autoridades, a la ONU, así lo estamos tomando, realmente tenemos que sumar nuestra voz, tenemos que sumar nuestra acción para dar un mensaje muy claro a la sociedad, a los agresores y a las víctimas en el sentido de que no están solas y realmente ponerlo en el centro del debate público”, Ana Güezmes, Representante ONU MUJERES en México.

El reto de incorporar como decía Ana, la reparación del daño, la asistencia de vida, la progresividad, el principio pro persona y dentro de toda la operación de justicia la garantía de no repetición son los grandes retos para el sistema, para que lo incorporen en sus prácticas, en sus normas, en la proyección de las sentencias”, Teresa Incháustegui Romero, Directora Inmujeres DF.

En un foro internacional sobre el derecho de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y delitos cometidos por razones de género, se habló de la importancia de contar con mecanismos de protección y restricción.

Esa unidad tiene como premisa garantizar que las mujeres reciban asistencia jurídica adecuada, igualitaria, respetuosa sin preferencias ni discriminaciones de ningún tipo por parte de los defensores públicos”, Guillermo Aguilar, Consejería Jurídica y Servicios Legales, DF.

Esta perspectiva de género en el nuevo sistema de justicia penal es un mandato legal, sin embargo, para nada es sencillo, por un lado encontramos que las personas operadoras del sistema deben integrar una gran amplitud de conocimientos tanto teóricos como prácticos que implican el proceso acusatorio”, Ma. de los Ángeles López Peña, Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, PGJDF.

De 4.2 millones de casos en materia de cooperación internacional, en el 5 % de ellos es por cuestiones de violencia de género.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Retos en la aplicación del NSJP

La nueva generación de estudiantes de derecho serán los encargados de consolidar la aplicación del nuevo sistema de justicia penal consideró el magistrado Juan José Olvera López.

Al participar en el 7º Encuentro Universitario con el Poder Judicial, señaló que el reto para los nuevos operadores será la aplicación de los mecanismos alternativos al juicio.

“Para la sociedad en general es muy importante identificar al juicio como mecanismo de solución como el emblema del sistema, pero para los profesionistas del derecho, debemos tener claro que hay mucho más en que trabajar los mecanismos alternativos son el verdadero espacio de solución de todo el sistema.”

A las y los estudiantes de diversas facultades y escuelas de derecho les dijo que el nuevo sistema entrará en tiempo y forma a partir del próximo año.

“Ustedes que son la nueva generación, que son los destinatarios naturales para operar que el sistema le apuesten al 100 % al nuevo sistema, no hay otra opción, no hay paso atrás”.

Por eso los conminó a entrar más en el tema y revisar las tesis y jurisprudencias sobre el nuevo sistema que ya son públicas en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal.

Elsa González

Participa Director del IJF en 7° Encuentro Universitario con el PJF

Se acabaron los tiempos en los que los juzgadores federales se capacitaban solo con la experiencia que les daba su labor en la impartición de justicia, aseguró el director del Instituto de la Judicatura Federal, Julio César Vázquez-Mellado García.

“Hoy en día el escalón sólo se sube con esfuerzo, no hay manos que ayuden a subir los escalones, hay que subirlos con esfuerzo, con sudor, con trabajo, con constancia, con dedicación, con responsabilidad, con vocación”.

Ante estudiantes de 100 universidades del país, el magistrado Vázquez-Mellado García habló en el marco del Séptimo Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.

Destacó que la capacitación que otorga la Escuela Judicial no solo va encaminada a juzgadores, sino a todo el personal del Poder Judicial de la Federación.

“Se refiere a todas las áreas del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, tenemos un universo de más de 30 mil personas que deben ser capacitadas, deben ser formadas en todas las áreas”.

En el encuentro también participó el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Mario Alberto Torres López, quien detalló las atribuciones que ejerce este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal.

Es una realidad que en nuestro país son pocas las personas que pueden acceder a los servicios legales de manera particular, y es que se han creado precisamente las defensorías públicas, son instituciones encargadas de otorgar asistencia jurídica gratuita”.

Aseguró que en defensoría y asesoría jurídica, el nivel de efectividad del Instituto Federal de Defensoría Pública oscila en el 75%, es decir, que de cada 100 asuntos, en 75 se obtiene una sentencia absolutoria para quienes acuden al Instituto.

En el Séptimo Encuentro Universitario participan como conferencistas, jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal.

Miguel Nila Cedillo

Se reúnen padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente Peña Nieto

Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en el Museo Tecnológico.

Entregaron un documento de ocho puntos en el que exigen:

-El reconocimiento de su búsqueda de justicia y la ratificación pública de que el caso se encuentra abierto.

-La permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con prórroga a un año, aceptación plena de su informe y recomendaciones.

-Replanteamiento de la investigación y creación de una unidad especializada de investigación.

-Atención digna e inmediata a víctimas y heridos.

-Cese a la criminalización de los normalistas.

Mecanismos de comunicación con respeto a sus derechos y acciones frente a la crisis de violaciones a derechos humanos que vive México.

Después del encuentro el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, dio una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre la negativa del Ejército a ser interrogados por el Grupo de Expertos.

“Hay un documento que fue firmado por el gobierno de México y por el grupo de expertos, por la Comisión Interamericana que establece con puntualidad el marco a través del cual se lleva a cabo la actuación y asistencia de este, que no tiene más límite que ese documento y las leyes mexicanas”.

Ante la ausencia del presidente Enrique Peña respondió:

“La organización del Poder Ejecutivo contempla la utilización de una oficina que se encarga de la Vocería del Presidente de la República y por ello me encuentro aquí”.

Al terminar, los padres de los normalistas desaparecidos se dirigieron al Zócalo capitalino donde mantienen una huelga de hambre.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

La Primera Sala de la SCJN determinó que la discapacidad, no extingue el derecho de paternidad

La Primera Sala de la Corte determinó que la discapacidad, no extingue el derecho de paternidad. (Amparo directo en revisión 3859).

El anterior criterio se estableció al resolver un amparo en revisión, cuya resolución resulta relevante, pues protege los derechos de las personas con discapacidad.

Los ministros argumentaron que para iniciar un proceso de adopción, es imprescindible el consentimiento del padre del menor, aun cuando se trate de una persona con discapacidad declarada y tuviera suspendida la patria potestad por ese motivo.

Se aclara que el consentimiento del padre biológico tampoco puede erigirse como una barrera infranqueable en procesos de adopción, pues ello podría afectar la integridad y bienestar del menor.

Dicho consentimiento podría ser superado si se prueba de manera clara y convincente que de no otorgarse la adopción se ocasionaría un daño al menor.

José Luis Guerra García

Anuncia María Leoba Castañeda candidatura para la Rectoría de la UNAM

La directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba Castañeda anunció su candidatura para la Rectoría de la UNAM.

“He tomado la determinación de participar en tan honroso proceso en los términos dispuestos por nuestra legislación universitaria y en los tiempos que marca la respectiva convocatoria”.

En conferencia en la Facultad de Derecho, destacó que esta iniciativa respondió a inquietudes de académicos, profesores, estudiantes, administrativos, abogados y representantes de la sociedad civil, para que la doctora Castañeda participara en el proceso.

“La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido y es el Proyecto Cultural más importante de nuestra Nación”.

La Junta de Gobierno de la UNAM publicó este miércoles la convocatoria que establece el procedimiento, requisitos y términos en que se llevarán a cabo las entrevistas para quienes estén interesados en la Rectoría de la Universidad para el periodo 2015-2019.

La doctora María Leoba Castañeda, anunció que en breve presentará su proyecto de trabajo.

Llamó a la comunidad universitaria para que aporte con opiniones y necesidades para sumarlas a su proyecto de trabajo, cuya finalidad, dijo, es fortalecer a la Máxima Casa de Estudios.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Seminario internacional: Evaluación de las elecciones 2015

El Congreso de la Unión está incurriendo en violación constitucional al no legislar la Ley Reglamentaria del Artículo 134 que prohíbe el uso de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada.

Fue la denuncia durante el tercer día del seminario internacional: Evaluación de las elecciones 2015.

“Vimos los spots que sacó el presidente de la república alrededor de su informe, sus 13 días al año tenía el derecho de hacer promoción personalizada con el dinero público, y vimos también los de Miguel Ángel Mancera… Dice la constitución que en ningún caso esta propaganda incluirá voces, imágenes o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, Roberto Duque, Facultad de Derecho UNAM.

Señalaron que el retraso de casi 8 años por parte del Poder Legislativo está generando más carga de trabajo a las autoridades electorales, ante lo que propusieron una figura de acción por omisión legislativa.

“Que el Poder Judicial entra, digamos toma cartas en el asunto al grado que podría incluso establecer lineamientos en tanto el congreso incumpla con su obligación de legislar”.

Y es que a partir de la Reforma Electoral de 2014 y el establecimiento del procedimiento especial sancionador, es el tribunal electoral quien funge como árbitro para determinar posibles causas de nulidad en la elección, en algunas ocasiones, por el uso de propaganda electoral.

“Las resoluciones emitidas en el procedimiento especial sancionador no debe entenderse como la búsqueda, valga la redundancia de imponer una sanción, una sanción de amonestación… Su finalidad principal es la determinación de la existencia de infracciones derivadas de los hechos denunciados para que puedan constituir prueba para la actualización de alguna de las causas de nulidad establecidas en la Constitución”, Pedro Esteban Penagos, Magistrado TEPJF.

Como lo son exceder en 5 % el tope de gastos de campaña, la compra de cobertura informativa en medios fuera de los supuestos previstos en la ley y el uso de recursos de procedencia ilícita.

En la mesa también participó el investigador del CIDE Javier Aparicio y el ex consejero presidente del IFE Leonardo Valdés Zurita.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

El Pleno determinó que el Ejecutivo y Congreso de Oaxaca han incurrido en omisión legislativa 

  
El Pleno de la Suprema Corte determinó que el Ejecutivo y Congreso de Oaxaca han incurrido en omisión legislativa. (Controversia constitucional 38/2014).
Ello porque en marzo de 2014, venció el plazo que fijó el Congreso de la Unión, para que armonizaran su legislación, a la Reforma Educativa.

Disposiciones que buscan mejorar la calidad de la enseñanza, mediante la creación del Sistema Nacional de Evaluación y el Servicio Profesional Docente.

“Así es que tomando en consideración que no ha sido armonizada la legislación local a la reforma constitucional y las leyes generales que he mencionado, consideramos fundado el argumento que hace valer, desde luego existe la omisión legislativa que se impugna y desde luego, consideramos que se trata, he, una omisión legislativa absoluta de competencia obligatoria atribuible a los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Oaxaca”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

La decisión se adoptó a pesar de que el Gobernador del Estado ya envió una iniciativa sobre el tema.

Pues persiste el incumplimiento, pues no se ha armonizado la legislación local, a lo previsto en la Constitución y leyes generales en materia de educación.

“Decir que estaré de acuerdo con el sentido del proyecto, y me aparto de consideraciones, porque en mi opinión yo no lo manejo como omisión legislativa, sino como un incumplimiento a un mandato constitucional”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “A mi nada más me queda la duda de que el gobernador del estado, el titular del poder ejecutivo del estado, ya presentó una iniciativa y si bien es cierto que el proceso legislativo se complementa con la publicación que también corresponde al poder ejecutivo, creo que ese es un acto que no puede serle imputado como una omisión”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

 “Lo cierto es que mientras este proceso no esté completo, esté publicada o publicadas las normas correspondientes, que den lugar a la armonización de todo el sistema educativo del estado de Oaxaca de conformidad con los mandatos constitucionales y de las leyes generales correspondientes, sigue existiendo una omisión legislativa”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El Pleno estableció que el Congreso de Oaxaca, deberá subsanar la mencionada omisión, en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en noviembre.

“Lo que estamos imponiendo es un plazo de 6 meses, donde se tendrán que hacer las actualizaciones, las armonizaciones, en caso de que esto no se cumpliera, la falta de cumplimiento del plazo creo que si es revisable en la materia de ejecución, las adecuaciones materiales me parece que son materia de una segunda o posterior controversia”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Previamente el Pleno dejó pendiente determinar si la inconstitucionalidad que se determinó de algunos artículos de la Ley de Educación de Zacatecas, se hace extensiva a cerca de 40 artículos más, que se relacionan que el Servicio Profesional Docente, que no puede ser regulado por el legislador local.  

José Luis Guerra García