Establece Primera Sala parámetros en una detención con uso de fuerza pública acordes al régimen constitucional

La Primera Sala de la Suprema Corte estableció en una tesis aislada, los parámetros esenciales que las autoridades deben observar, durante una detención mediante el uso de la fuerza pública, para estimar que son acordes al régimen constitucional.

Debe respetar el principio de legitimidad, es decir debe realizarse por persona facultada y tener una finalidad, como garantizar el orden y la seguridad.

Puede ser utilizada en casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces.

Debe ser necesaria, pero previamente deben agotarse los medios no violentos, además debe verificarse si la persona que se pretende detener representa una amenaza o un peligro inminente para terceros.

Tiene que ser idónea, es decir, que es el medio adecuado para lograr la detención.

Y proporcional, el nivel de fuerza que se utiliza debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido.

Se explica que el Artículo 19 de la Constitución garantiza no recibir malos tratos durante la detención o aprehensión.

En tanto el Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personal, mismos que no pueden ser cancelados de manera ilegal o arbitraria.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

Este martes, el Pleno de Ministros decidirá si por extensión, invalida artículos de las Leyes Educativas de Chiapas y Morelos.

Esto, tras determinar la inconstitucionalidad de diversos artículos de dichas normas al resolver dos controversias constitucionales en la Sesión Pública previa.

En esa sesión se prevé que las ministras y los ministros inicien el análisis de diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos Nueva Alianza, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y un partido político estatal, en las que demandan la invalidez de disposiciones de la Ley Electoral de Sinaloa. (Acciones inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015)

Entre las disposiciones impugnadas están:

El Sistema de Conteo de Votos para Candidaturas Comunes; financiamiento público; propaganda; proporcionalidad en el número de ediles de mayoría relativa y de representación proporcional; procedimiento de escrutinio y cómputo en sede distrital; recuento de votos, y el diseño y extensión de los distritos electorales uninominales.

Cabe destacar que el próximo año se llevará a cabo la elección de gobernador y de otros cargos públicos para ese estado.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Segunda Sala emitió una jurisprudencia relacionada con las administradoras de fondos para el retiro

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia relacionada con las administradoras de fondos para el retiro.
La misma establece que al retener el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, dichas administradoras no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Pues se considera que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas.

Sino como auxiliares del fisco federal y responsable solidario del cumplimiento de la obligación a cargo del contribuyente.

Recordaron que conforme a la nueva Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos del artículo quinto fracción segunda y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Supuesto que no se cumple en este caso.

José Luis Guerra García 

La SCJN publicó en el Semanario Judicial 8 jurisprudencias relacionadas con la Reforma Educativa

La Suprema Corte publicó en el Semanario Judicial 8 jurisprudencias relacionadas con la reforma educativa.

Una de ellas establece que el servicio profesional docente no viola el principio de irretroactividad.

Se explica que los artículos 52, 53 y octavo transitorio de la Ley General, no violan los derechos de los docentes con nombramiento definitivo a permanecer en el empleo.

Ya que respetan su permanencia en el servicio docente de los aludidos, pues a pesar de no aprobar la tercera evaluación, la consecuencia es que solo serán reubicados en otra área.

Tampoco afectan los derechos de los maestros con nombramiento provisional al momento de su entrada en vigor.

Pues este personal, solo tenía una expectativa de derecho, de obtener su base y permanencia, misma que se mantiene cumpliendo con ciertos requisitos.

Tampoco vulneran el principio de progresividad en relación con el derecho humano a la estabilidad, mismo que no es absoluto y que puede limitarse por causa justificada.

Como lo es en este caso, cuando se busca mejorar la calidad de la educación de los menores.

Las disposiciones tampoco afectan el derecho a la libertad de trabajo, el cual tampoco es absoluto y puede limitarse, con el fin de no afectar derechos del resto de la sociedad.

En este caso este derecho se condiciona a obtener buenos resultados en las evaluaciones, con el propósito de mejorar la enseñanza.

Se añade que la separación de los docentes cuando no aprueban las evaluaciones se encuentra plenamente justificada, pues se pretende contar con servicios educativos de calidad.

Además, se les ofrece la posibilidad de ser reasignados a otras áreas o de sumarse a los programas de retiro voluntario.

Asimismo, se precisa que no se vulnera el derecho de audiencia, pues si algún docente estima que no se le aplicó adecuadamente el proceso de evaluación, tiene a su alcance el recurso de revisión o el juicio contencioso.

Finalmente se establece que el personal docente al servicio del estado, rigen sus relaciones laborales tanto por el Artículo 123 apartado B como por el tercero constitucional.

José Luis Guerra García

En México no existe un registro de víctimas de trata de personas

En México no hay protocolos de actuación para atender a las víctimas de trata de personas, principalmente cuando se trata de mujeres migrantes, coincidieron senadoras.

En una reunión de trabajo para revisar la legislación al respecto se destacó el incremento de sentencias ligadas al delito de trata en Chiapas, Estado de México y Distrito Federal.

“Lo que se genera son muchas áreas de impunidad y víctimas alternas justamente porque no hay un concepto definido, hemos insistido en los últimos meses de poder hacer las modificaciones necesarias en la ley que nos permitan tener claro el contexto de saber qué es exactamente la trata de personas”, Adriana Dávila, Presidenta Comisión contra la Trata de Personas del Senado.

Senadoras y colectivos contra la trata de personas coincidieron en que la falta de protocolos en el combate y persecución del delito, impide una justicia restaurativa y castigo a los tratantes.

“Las autoridades que se encuentran en el sur del país pareciera que en lugar de ver los problemas derivados de que entran personas a partir de nuestra frontera y empiezan a ser víctimas de las bandas delincuenciales de todo tipo y en vez de resolver y resguardar los derechos de éstas personas lo que hacen pareciera con su omisión estar trabajando para que estos delincuentes hagan de las suyas”, Angélica de la Peña, Presidenta Comisión de Derechos Humanos, Senado.

“De 2007 a 2012 se habían identificado aproximadamente más de 300 víctimas de trata, en 5 años, más del 75 % de estas personas identificadas eran extranjeras”, Mónica Salazar, Colectivo contra la Trata de Personas.

En México no existe un registro de víctimas de trata de personas lo que dificulta su atención.

La frontera sur es en donde más se cometen violaciones a los derechos humanos de migrantes, explotados con fines de trata, principalmente mujeres y niños.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Llevan a cabo foro sobre justicia para adolescentes

En el sistema de justicia penal para adolescentes, que analizará el Congreso, se tiene que garantizar el principio de mínima intervención, para lograr la reinserción de los menores en conflicto con la ley.

Así lo señalaron especialistas que participaron en el Foro Nacional de Justicia para Adolescentes, que se realizó en la antigua sede del Senado.

“Creo que a la hora de interpretar también hay que privilegiar la mínima intervención, yo creo que el Artículo 18 debe prevalecer sobre el 19 y no debe haber prisión preventiva oficiosa para adolescentes”, Alicia Azzolini, Profesora Investigadora UAM.

“La mínima intervención y la subsidiaridad como uno de los principios transversales de la ley y esto esperemos que no solamente se quede en un principio sino que ahora se aplique de una manera muy efectiva”, Javier Carrasco, Dir. Instituto de Justicia Procesal Penal.

Explicaron que se debe elegir la prisión preventiva como última opción y en caso de ser necesaria debe ser por el tiempo más corto posible.

Destacaron los efectos negativos de sacar a un adolescente de su entorno familiar para ingresarlo a un centro de tratamiento.

 “Aprenden a vivir en una cultura carcelaria con todo lo que eso significa, con unas jerarquías durísimas donde el más violento, el más fuerte, el que llegó antes es quien tiene el poder”, Jimena Cándano, Directora Fundación Reintegra.

Aseguraron que bajo esas condiciones es difícil lograr la reinserción de los adolescentes en conflictos con la ley.
Por lo que señalaron que se deben privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ