Protección a los derechos de pueblos afrodescendientes
07/12/2015 Deja un comentario
Los cerca de un millón de afro mexicanos que viven en alrededor de 400 comunidades en 7 estados del país, no se encuentran reconocidos legalmente.
A pesar de sus aportes en una de las principales luchas sociales, como lo fue la independencia, siguen sin ser reconocidos por la ley, lo que impida que puedan exigir sus derechos.
Es un sector de la población que se concentra en estados como Guerrero y Oaxaca, que en su mayoría viven en condiciones de precariedad y sin acceso a servicios básicos.
“Es un mucho preocupante el rezago educativo, en servicios que tienen las comunidades, sobre todo de las costas desde Michoacán hasta Chiapas, de las comunidades de los pueblos afro descendientes, son, están invisibilizados a veces en nuestras leyes, eso es muy preocupante”, Alejandro Robledo Flores, Oficina para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la SEGOB.
Su no reconocimiento les impide ser sujetos de derechos y tener acceso a programas sociales y proyectos de desarrollo.
“Y no podemos hablar de un cambio del estado o de un cambio de relación del estado con sus pueblos originarios y sus pueblos afro descendientes si no empezamos por reconocer los derechos que tienen, hacerlos efectivos, garantizárselos, protegérselos, promoverlos para la sobrevivencia de su cultura y de sus unidades como pueblo”.
A la fecha los estados de Oaxaca y Guerrero, cuentan con iniciativas de reformas a sus marcos legales para reconocer los derechos de este sector de la población.
“Las personas y comunidades afro mexicanas han comenzado ya a tener reconocimiento y visibilidad en las constituciones políticas de los estados de Guerrero y Oaxaca, el gobierno federal lo ha incluido en algunos programas sectoriales y especiales”, Luis Sánchez Jiménez, Senador, Vicepresidente Mesa Directiva Senado.
Se anticipó que se llevará a cabo un censo, que permitirá conocer el número exacto de la población afro mexicana, su ubicación y necesidades, con el fin de reconocerles sus derechos e impulsar su desarrollo.
José Luis Guerra García