CoIDH emite sentencia contra Perú por privación arbitraria de la libertad de un abogado

La Corte Interamericana emitió una sentencia en la que acusó a Perú de violar el derecho a acceder a la justicia y de la privación arbitraria e ilegal de la libertad en contra del Señor Luis Antonio Galindo Cárdenas, un abogado que fue recluido sin ninguna orden judicial, en un cuartel militar por 30 días en 1994.

Esto luego de que acudió a las autoridades para aclarar su situación como defensor público, pues fue involucrado como miembro de una organización terrorista tras haber sido coaccionado bajo amenaza para defender a una persona procesada por terrorismo.

“De manera paralela a la detención, se difundió públicamente por parte del entonces presidente Alberto Fujimori que el señor Galindo Cárdenas tenía nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso y que se había acogido a la ley de arrepentimiento”, Silvia Serrano Guzmán, Representante CIDH.

La Comisión Interamericana concluyó que el Estado incurrió en múltiples violaciones al debido proceso así como al principio de legalidad como consecuencia en que le fue aplicada dicha ley.

“Aun encontrándose todavía privado de la libertad y en cuanto fue liberado el señor Galindo Cárdenas ha negado sistemáticamente su intención de acogerse a la ley de arrepentimiento y ha denunciado en múltiples oportunidades que fue víctima de actos contrarios a su integridad personal con el objetivo de ablandar su voluntad”.

La Corte consideró que la víctima no fue puesta a disposición de una autoridad competente, no le fueron informadas las razones de su detención ni se respetó su derecho de defensa, pues fue hasta el 14 de septiembre de 2012 que el estado inició acciones para investigar la tortura psicológica denunciada por la víctima.

“Después de una investigación que hace el Poder Judicial le exige al Ministerio Público, le exige al Ministro de Defensa y al Ministro del Interior que investigue y sancione a los responsables hecho que nunca se cumplió”, Luis Antonio Galindo Cárdenas, Víctima.

En razón de las violaciones declaradas, la Corte ordenó a Perú la adopción de diversas medidas de reparación.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12