La Secretaría de Gobernación dio a conocer el decreto, por el que el Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
El Tribunal Superior Agrario dio a conocer el acuerdo que establece, que al haber sido reconocido como municipio de nueva creación, Puerto Morelos, se integra a la competencia territorial al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió durante 2015 más de 20 mil juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovidos contra decisiones que afectaban el derecho a votar y ser votado. Más de 13 mil se relacionaron con asuntos internos de partidos políticos, seguido de cuestiones sobre geografía electoral, resultados electorales, integración de autoridades electorales y registro de candidatos.
El Consejo de la Judicatura Federal modificó el Artículo 170, fracción XXIV del acuerdo que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo, para precisar las funciones del director de recursos humanos, entre ellas, elaborar las propuestas para el otorgamiento de base, al personal de apoyo adscrito a las diversas áreas del consejo, previa solicitud del titular.
En Argentina se cuenta con una cifra de al menos 30 mil personas desaparecidas.
Ello, durante la dictadura cívico militar llevada a cabo del 24 de marzo de 1976, hasta diciembre de 1983.
“Lógicamente ya está todo comprobado, escrito y probado de lo que han hecho estos depredadores, ya se ha calificado que hubo un genocidio, y que no prescribe, y por supuesto, las leyes que impulsan situaciones de esclarecimiento y juzgamiento en los tribunales”.
Esta es la historia de Estela de Carlotto, fundadora del movimiento Madres de la Plaza de Mayo.
Asociación argentina formada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, con el fin de recuperar con vida a detenidos desaparecidos.
Enriqueta Estela Barnés de Carlotto, su nombre completo, narró su tragedia a los micrófonos del Canal Judicial.
“El tema que en Argentina se agravió más a la sociedad con el robo de bebes, ahí nosotros registramos como abuelas de plaza de mayo alrededor de 500 niños, algunos ya nacidos cuando secuestraron a sus padres, pero en su mayoría, nacimiento en clandestinidad en los campos de concentración, centenares que se crearon en todo el país, durante la permanencia en cautiverio de nuestra hijas, embarazadas, a las que dejaron vivir para robarles luego el niño y a ellas asesinarlas a corto plazo”.
En agosto de 1977, las fuerzas armadas secuestraron y torturaron a su esposo, que fue liberado luego del pago de 30 mil dólares de aquella época, alrededor de 540 mil pesos actuales.
A finales de noviembre de 1977, Laura, su hija, embarazada de tres meses, fue secuestrada y conducida al centro clandestino de detención La Cacha, en La Plata, hasta agosto de 1978.
Estela de Carlotto hizo gestiones para la liberación de su hija, y llegó a entrevistarse con el general Reynaldo Bignone, que le dijo que Laura no iba a permanecer con vida.
Cuando su hija fue madre de un niño, este fue robado y su identidad cambiada.
En la siguiente parte de este trabajo, conoceremos cómo transcurrió esta historia, y cuál fue su desenlace.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la validez de cinco artículos del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, relativos a sorteos de números a través de máquinas y boletos.
Resolvieron de esta forma con base en un precedente de 2007.
“Resultan constitucionales, pues su inclusión en la norma subsidiaria no excede el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República ni a los principios de reserva de ley y de división de poderes, ya que se limitan a desarrollar aspectos prácticos de ellos”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN, Ponente.
Parte de la decisión se fundó en entender la definición de sorteo para saber si había violaciones a la prohibición de la Ley Federal en la materia.
La Cámara de Diputados alegaba que el reglamento al contemplar el uso de máquinas autorizaba un juego de azar.
“La Ley Federal de Juegos y Sorteos únicamente establece en el Artículo 1º: “Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”; y como excepción, permite los sorteos, La ley no nos dice qué es un sorteo”, Norma Piña, Ministra SCJN.
“A mi parecer es un sorteo, creo que aquí no interviene ninguna condición de habilidad personal, por una parte; y, por otro lado, me parece que lo que se hace es, en el sistema aleatorio de las máquinas que están autorizadas ––con independencia de la posición que a cada uno de nosotros nos merezca el juego–– poner una ficha y presionar botones, jalar una palanca; es decir, dependiendo de las características que tengan las máquinas, para que corra el sistema aleatorio que tiene, y en razón estrictamente de ello se produzca un resultado de ganancia o pérdida”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.
“La distinción está precisamente en que el sorteo no hay ningún componente de habilidad de jugador, y en el azar aunque el componente, de casualidad, es muy alto, si hay algún componente de habilidad”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.
El Pleno también validó que sea el Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación quien autorice los establecimientos donde se realicen estos sorteos.
“Ni siquiera lo definiría yo como una cuestión de delegación, sino como una distribución de competencias que la propia ley permite dentro de la Secretaría, asignándole competencias específicas a los directores”, Luis María Aguilar, Ministro Presidente SCJN.
En otro tema, la Corte determinó que quedaron sin materia dos contradicciones de tesis: una, porque las Salas de la Corte llegaron a la misma conclusión en el sentido de que las actuaciones de la Comisión Federal de Electricidad son impugnables por la vía mercantil ordinaria.
La otra, por haber jurisprudencia sobre la inexistencia de antinomias entre la Ley del IETU vigente al 31 de diciembre de 2013 y la Ley de Ingresos de 2010.
Para reconocer la trayectoria de juzgadoras mexicanas, la Suprema Corte de Justicia entregará por primera vez el premio “Cristina Salmorán de Tamayo” en honor a quien fuera la primera mujer en ocupar un asiento como Ministra del Alto Tribunal.
Es el Comité Interinstitucional de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, el organizador del galardón que será entregado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Así lo dio a conocer la presidenta del Comité, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
“En reconocimiento a ese gran mérito que tuvo de ser la pionera dentro de las mujeres Ministras del país, el Presidente de la Corte acordó con el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género que este año, el 8 de marzo, entregaremos por primera ocasión, el Premio María Cristina Salmorán de Tamayo, premiando justamente la trayectoria de las mujeres juzgadoras y sobretodo las mujeres juzgadoras que se han destacado”.
Una vez emitida la convocatoria para el premio, el Comité Interinstitucional de Equidad de Género recibirá todas las propuestas.
«La idea es solicitar a los órganos que se dedican a la impartición de justicia, a las asociaciones de abogados, a todas las personas que de alguna manera tienen una relación directa con los juzgadores, que nos presenten sugerencias y ya el Comité, que tiene la responsabilidad de determinar a quién se le va a otorgar ese premio, puede evaluar las trayectorias de las diferentes personas que se vayan presentando”.
El Comité que preside la Ministra Luna Ramos, también realiza otro tipo de actividades en favor de las mujeres que laboran en el Poder Judicial de la Federación.
Como la impartición de talleres, cursos, diplomados y maestrías en sus propios espacios de trabajo.
“Por ejemplo, especialidades, maestrías, doctorados, para que ellas en horas inhábiles puedan ocuparse de elevar su nivel intelectual y su nivel sobretodo académico, sin descuidar su trabajo, no tener que perder tiempo en desplazarse a otros lugares para que puedan igual, tratar de correr a su casa y a cumplir con las labores de su casa”.
Además la tarea de inculcar la perspectiva de género en las sentencias de los juzgadores.
La aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar la debe ir acompañada de un verdadero cambio institucional para combatir este delito.
Así lo señalaron especialistas que participaron en la inauguración del Foro Internacional sobre Investigación, Procesamiento y Sanción de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
“La reforma legal por supuesto que es relevante pero asociemos a la reforma legal una reforma institucional profunda que sea coherente con esa reforma legal, de lo contrario nos vamos a ver en un año, en este mismo lugar en un foro en donde vamos a decir ya tenemos la ley pero tenemos los mismos comportamientos institucionales”, Ernesto López Portillo, Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Comentaron que la Procuraduría General de la República tiene abiertas más de mil denuncias por tortura, un fenómeno, que señalaron, apenas comienza a mostrar su verdadera dimensión.
En este foro, defensores de derechos humanos lamentaron que en México no se ha tenido la voluntad de investigar a fondo los casos de tortura.
“Nosotros estamos convencidos que la ausencia de investigación de la tortura no es un problema de la ley, es un problema de falta de voluntad de que este delito se sancione porque creemos que existe un incentivo por parte de las propias instituciones de procuración de justicia y del propio sistema de seguridad para torturar”, José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
En conferencia magistral, Fernando Mariño, de la Organización Mundial contra la Tortura, destacó la importancia que tienen los jueces para que se investiguen estos delitos.
“El juez de oficio, el procurador si aprecian que hay tortura deben ponerlo de manifiesto e iniciar la investigación, sobre eso no hay duda”.
Lamentó que en varios países han surgido embates contra la prohibición de la tortura para investigar, por ejemplo, casos de terrorismo.
La penalización del aborto en diversas legislaciones locales demuestra la debilidad del Estado laico en México.
Esto, advirtió Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, obliga a que el Poder Legislativo Federal actúe para frenar la violación de derechos de millones de mexicanas.
“Es indispensable que el constituyente ordinario se pronuncie sobre este tema y que se establezca una regla general para todo el país… Sigue prevaleciendo el criterio del estado confesional, y esto significa que muchos de los instrumentos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres y en particular con los derechos sexuales y reproductivos, siguen estando dominados por criterios religiosos”.
De acuerdo con organizaciones civiles, en los últimos seis años alrededor de 700 mujeres han sido denunciadas penalmente por casos de aborto en todo el país.
Son 18 estados cuyas normas penalizan el aborto.
“El delito de aborto ha sido equiparado al de homicidio calificado, esto es algo que no tiene paralelo en nuestro hemisferio… Esas condiciones de inequidad, además de ser inconstitucionales, constituyen una vergüenza porque hacen que muchas mujeres vivan en condiciones de opresión”.
En 30 estados, las normas contemplan el aborto imprudencial o culposo, es decir, cuando la mujer no ha tenido la voluntad de interrumpir el embarazo.
Guanajuato y Querétaro tienen el menor número de causales de despenalización, es decir, donde hay más restricciones para realizar la interrupción del embarazo conforme a la ley.
Por la igualdad de oportunidades desde el comienzo de la vida, la UNICEF lanzó la campaña: “Empieza temprano, cada momento cuenta”.
Iniciativa que busca promover el cumplimiento integral de los derechos de los más de 12.6 millones de niños y niñas, de entre cero y 5 años de edad que viven en México, así como de los más de 2 millones que nacen cada año.
“Estudios de UNICEF demuestran que de cero a 6 años es la etapa más determinante para el desarrollo de todas las personas, es la etapa en la que los niños y niñas aprenden a relacionarse con el mundo y a conocerse a sí mismos”, Isabel Crowley, UNICEF México.
Difundirán información sobre el desarrollo infantil temprano, a través de medios de comunicación, redes sociales, impresos y mensajes de texto.
Las primeras acciones se concentran en cuatro áreas: movimiento, pensamiento, convivencia y afecto, lenguaje y expresión.
“Todo niño, todo ser humano tiene el derecho de empezar de la mejor manera, solamente un 12 % de la población hoy en día en México, la población de cero a 3 años, tienen una institución o ayuda para estimular a los niños”, Yordi Rosado, Conductor.
“Somos parte de una sociedad que necesita de unos y otros para seguir creciendo, como mexicanos necesitamos unos de los otros, pero como individuos necesitamos voltear hacia adentro, y como madres necesitamos volver a ese interior, a ese instituto maternal”, Claudia Lizaldi, Actriz.
La etapa más determinante para el desarrollo de cada persona, ocurre durante los primeros 6 años de vida, y es en esta, en la cual el cerebro experimenta transformaciones que consolidan la inteligencia.
En la etapa que abarca de cero a 3 años, la velocidad de formación del cerebro es la máxima que se alcanza a lo largo de la vida, por lo que la atención a la infancia durante esta es crucial.