La penalización del aborto en varias legislaciones locales, vulnera los derechos de la mujer, asegura Diego Valadés

La penalización del aborto en diversas legislaciones locales demuestra la debilidad del Estado laico en México.

Esto, advirtió Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, obliga a que el Poder Legislativo Federal actúe para frenar la violación de derechos de millones de mexicanas.

“Es indispensable que el constituyente ordinario se pronuncie sobre este tema y que se establezca una regla general para todo el país… Sigue prevaleciendo el criterio del estado confesional, y esto significa que muchos de los instrumentos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres y en particular con los derechos sexuales y reproductivos, siguen estando dominados por criterios religiosos”.

De acuerdo con organizaciones civiles, en los últimos seis años alrededor de 700 mujeres han sido denunciadas penalmente por casos de aborto en todo el país.

Son 18 estados cuyas normas penalizan el aborto.

“El delito de aborto ha sido equiparado al de homicidio calificado, esto es algo que no tiene paralelo en nuestro hemisferio… Esas condiciones de inequidad, además de ser inconstitucionales, constituyen una vergüenza porque hacen que muchas mujeres vivan en condiciones de opresión”.

En 30 estados, las normas contemplan el aborto imprudencial o culposo, es decir, cuando la mujer no ha tenido la voluntad de interrumpir el embarazo.

Guanajuato y Querétaro tienen el menor número de causales de despenalización, es decir, donde hay más restricciones para realizar la interrupción del embarazo conforme a la ley.

Mario López Peña

@elogiodeljabon