El Instituto Electoral del Distrito Federal publicó el acuerdo en el que establece que el Partido del Trabajo no tendrá derecho al financiamiento público, durante 2016, 2017 y 2018, al haber perdido su registro como partido local. Además dio a conocer que distribuirá 345 millones 940 mil pesos como financiamiento a los 8 partidos que mantuvieron su registro; morena será el partido que mayores recursos reciba con 77 millones, seguido del PRD con 68 y el PAN con 50 millones.
Se expidió el Código de Conducta para los Servidores Públicos de la SEP, que precisa que deben desempeñarse con honradez y lealtad, anteponiendo en su desempeño el interés público, respeto a los derechos humanos, al principio de igualdad y no discriminación y rindiendo cuentas, todo ello con el fin de ofrecer una educación de calidad.
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dio a conocer el acuerdo que establece una multiplataforma de atención ciudadana para la orientación y difusión de la Reforma; además de instrumentar las acciones necesarias para dar a conocer el nuevo Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Suprema Corte modificó el acuerdo que crea la Comisión Interna de Simplificación y Seguimiento Programático Presupuestal, para incluir entre sus integrantes a los secretarios general y jurídico de la Presidencia, así como a los titulares de derechos humanos, transparencia y relaciones institucionales. La Comisión sesionará una vez cada tres meses.
Abogados y organizaciones civiles esperan que la Primera Sala de la Corte declare inconstitucional el Artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. (Amparo directo en revisión 4384/2015).
Disposición que sanciona con pena de prisión de 5 a 7 años, y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, al que atente contra la paz pública.
Artículo que se le aplicó al joven Bryan Reyes Rodríguez, quien participó en las manifestaciones de protesta del 1 de diciembre de 2012.
Con las que diversos grupos intentaron evitar la toma de protesta como presidente de la República de Enrique Peña Nieto.
Consideran que dicho Artículo atenta contra los derechos de libertad de expresión y manifestación; además de criminalizar la protesta.
“En el caso del compañero Bryan Reyes es 2 años 6 meses 15 días por ataques a la paz pública, sin embargo, con el paso de los años, las penalidades han aumentado, al grado tal de que unos compañeros que defendemos del 2 de octubre de 2013, les han impuesto 4 años 6 mes y en algunas otras ocasiones penas que por su gravedad que rebasan los 5 años ya no alcanzan la libertad”, Jorge Miranda, Liga de Abogados 1DMX.
“Ataques a la paz pública, como sustituto para ir criminalizando la protesta social, pero cualquier derecho, cualquier garantía de derechos humanos o cualquier libertad de derechos humanos está siendo criminalizada”, Andrés Auliet, Liga de Abogados 1DMX.
Otro asunto que será resuelto por la Corte, es el de Gabriela Hernández, quien fue condenada a un año de prisión por cometer el delito de ultrajes a la autoridad.
“El de Gabriela Hernández Arreola por la trascendencia del caso se sometió al pleno de la Suprema Corte, es decir, los 11 ministros va a conocer del asunto, se tiene un estimado que para dentro de 15 días ya se haya señalado con exactitud la fecha de la sesión”, Jorge Miranda, Liga de Abogados 1DMX.
Además piden a las autoridades que se repare el daño ocasionado a los detenidos, pues se argumenta que no son responsables de los delitos que se les imputan y además, fueron torturados.
Un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entregaron un documento en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual pidieron una reunión con el Ministro Presidente de la Corte, Luis María Aguilar.
“Para informarle cuál es la situación de los padres de familia y la exigencia y lucha por la verdad y la justicia que hemos sostenido por un año y cuatro meses”, Felipe de la Cruz, Vocero Padres Normalistas Ayotzinapa.
A través de este escrito también solicitaron una reunión con los jueces federales que conocen del caso.
“Que por su conducto y gestión se programen reuniones con los jueces de distrito de Iguala que llevan los procesos de amparo contra autos de formal prisión interpuestos por policías preventivos de Iguala y Cocula… Con pleno respeto a la independencia exhorte a los jueces de distrito de Iguala para que las resoluciones que emitan partan de una interpretación amplia”.
Previo al inicio de una marcha a un año cuatro meses de la desaparición de los normalistas, manifestaron inquietudes sobre la información de los procesos judiciales.
“Nos preocupa la falta de acceso a la justicia, en razón de que no hemos tenido información directa del Poder Judicial de cuál es el avance del proceso, por lo que ignoramos cuál es la situación jurídica de los detenidos y probables responsables”.
Para entregar el documento ingresaron al edificio sede 14 padres y madres de los normalistas y sus representantes jurídicos.
Las parejas de personas del mismo sexo podrán contraer matrimonio en Jalisco, sin necesidad de acudir al amparo.
Esto, como consecuencia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el Artículo 260 del Código Civil de ese estado, así como las porciones normativas relativas al hombre y la mujer de los artículos 258 y 267 Bis del mismo ordenamiento.
“Si bien el Artículo impugnado no define la institución del matrimonio, esa definición se encuentra en el diverso 258 del mismo ordenamiento legal, sí contempla que este se contraiga entre el hombre y la mujer… Sin lugar a dudas se advierte que la concepción de esta institución en el estado de Jalisco está orientada a que se celebre entre un hombre y una mujer, de este modo la porción impugnada del Artículo 260 es inconstitucional ya que atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN, Ponente.
De acuerdo con los ministros la norma impugnada era discriminatoria y violaba derechos de las personas homosexuales.
“Si nuestra Constitución, si nuestra norma suprema no impone un modelo específico, esas definiciones o estas costumbres resultan irrelevantes y por lo tanto no son ningún parámetro que nos comprometa a entender la figura del matrimonio como se hizo durante mucho tiempo”, Luis María Aguilar, Ministro Presidente SCJN.
“Históricamente, es preciso decirlo, las personas homosexuales han sido víctimas de una feroz discriminación social… Excluir a las parejas del mismo sexo del acceso a la institución del matrimonio como herramienta legal implica hacer una distinción injustificada, prohibida, expresamente por Artículo 1° de nuestra Constitución”, Norma Piña, Ministra SCJN.
“El derecho a constituir una familia mediante el matrimonio no pasa forzosamente por la procreación o creación de relaciones paterno filiales”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.
La decisión unánime del Pleno también apeló a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La Corte Interamericana en su opinión consultiva 18/2013 ha señalado que el derecho a la no discriminación es una norma imperativa del derecho internacional aceptado por la comunidad internacional en su conjunto”, Javier Laynez, Ministro SCJN.
Destacaron que la disposición limitaba el disfrute de otros derechos producto del matrimonio.
“Si el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos, negarles el derecho a las parejas del mismo sexo los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a esas parejas como ciudadanos de segunda clase, no existe justificación racional para no darles todos los derechos fundamentales que les corresponden”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.
Jalisco y el Distrito Federal son las entidades donde es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de tramitar un amparo.
Cabe destacar que esta resolución surtirá efectos una vez que se notifique la sentencia a las autoridades de ese estado.
En otro asunto, el Pleno decidió sobreseer la acción de inconstitucionalidad 15/2011, que impugnaba la validez de diversos artículos de la Constitución de Baja California, debido a que no fueron reformados en el decreto respectivo, ni existió la intención del legislador local para hacerlo.
61 nuevos jueces federales rindieron protesta ante el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar.
Son 58 jueces especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y tres de competencia mixta.
El Ministro Arturo Zaldívar los llamó a comprometerse con la defensa de los derechos humanos de los mexicanos.
“Vivimos el tiempo de los derechos humanos, estos permean a todas y cada una de las áreas del derecho y a la función que desempeñan todos y cada uno de los operadores jurídicos, con independencia de que se trate de jueces de control constitucional o jueces de proceso, la labor de todos nosotros debe estar orientada por los postulados de la constitución que colocan a la dignidad de la persona como finalidad última del estado… Abatir la impunidad, gozar de mayor seguridad, alcanzar mayor justicia, desarrollo y bienestar son necesidades imperantes y urgentes”.
Subrayó que tienen que contribuir a superar el principal reto del Poder Judicial Federal, que es recuperar legitimidad.
“La situación que enfrenta nuestro país es compleja, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones no ha podido consolidarse y el mayor reto que enfrenta el estado mexicano y el PJF como integrante de este es reivindicar su legitimidad”.
Indicó que se deben apegar a la independencia, la imparcialidad, la consistencia, la eficiencia y los criterios de vanguardia.
José Guadalupe Tafoya, consejero de la Judicatura Federal, destacó que deben mantenerse firmes ante las descalificaciones y las amenazas.
“Habrá voces que busquen deteriorar la imagen de todos los juzgadores esforzados en cumplir con su responsabilidad, con argumentos falaces, evidenciando el incumplimiento de unos cuantos, muy pocos… tampoco debemos perder de vista los intentos de penetrar y vulnerar a la justicia por grupos que acechan y pretenden influir en las decisiones judiciales y acaso, peor aún, corromper, no permanezcamos ni impasibles, ni ajenos a esta realidad”.
Tanto el Ministro Zaldívar como el consejero Tafoya, coincidieron en que tienen el peso de ser la primera generación que debe llevar a buen puerto el pleno funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Es necesario que México asuma, como lo dice la Constitución, que la legislación en torno a los derechos humanos tiene prioridad sobre la política de drogas.
Misma que ha puesto la seguridad en manos de las Fuerzas Armadas y ha provocado que los derechos humanos en nuestro país sean sistemáticamente violados.
Esto, según especialistas durante las audiencias públicas para la regulación de la marihuana en la Cámara de Diputados, pone en entre dicho ¿Cuáles son las obligaciones internacionales que México está respetando?, ¿Las del sistema internacional de control de drogas o las convenciones internacionales de derechos humanos?
“Pero es importante ver cómo ha sido mucho más celoso en supuestamente cumplir con las convenciones en torno a la política de drogas, que cumplir con la Convención de Derechos Humanos de las cuales es igualmente signatario”, Dr. Jorge Javier Romero, Politólogo CIDE.
Señalaron la importancia de ver el panorama internacional, pues esto contribuyó a formular la resolución de la Suprema Corte de justicia que otorgó un amparo a 4 jóvenes para el uso de la marihuana con fines lúdicos.
“Una de las primeras cosas que nos pidió la ponencia del Ministro Zaldívar en el caso de SMART, fue conocer qué había sucedido en el mundo”, Mtra. Lisa Sánchez, México Unido contra la Delincuencia.
Presentaron como ejemplo el caso de Uruguay, donde es legal el consumo, distribución y producción de la marihuana, regulado por el gobierno.
Especialistas señalaron que actualmente hay más de 30 países en el mundo con experiencias positivas en la regulación de la marihuana a través de políticas de control efectivo. Insistieron que la actual prohibición en México no ha resuelto el problema de salud y provoca un desbalance en presupuesto y prioridades gubernamentales.
“De veras vamos a seguir decomisando marihuana, mandando a los soldados a buscarla a los túneles, pidiéndole asesoría técnica al Chapo de dónde están los túneles, de cómo se descubren”, Dr. Jorge Castañeda Gutman, Miembro Junta de Gobierno HRW.
La saturación en las cárceles del país se debe en gran medida por el régimen actual que penaliza y criminaliza el consumo de drogas.
En la última década, incrementó en 100 % el número de mujeres en prisión por delitos relacionados con las drogas, mientras que la proporción de hombres fue del 40 %.
Especialistas coincidieron en la necesidad de revisar las penas por delitos contra la salud, eliminar la prisión preventiva de carácter oficioso y buscar medidas alternativas al encarcelamiento.
“Puesto que suelen involucrarse en estos actos a partir de sus relaciones familiares, sentimentales ya sea como novias, como pareja, madres, hijas y en el cumplimiento de los roles designados por razones de género, lo que es importante resaltar que ellas ocupan casi siempre los eslabones de la cadena productiva, se involucran como cultivadoras, recolectoras, vendedoras, introductoras de drogas a centros penitenciarios o mulas”, Ana Pecova, Fundación X Justicia para las Mujeres.
El 80 % de las mujeres sentenciadas en centros federales son por delitos contra la salud, principalmente por posesión simple y transporte de droga.
Es la marihuana la sustancia por la que más se encarcela en el país, seguida de cocaína, heroína y metanfetaminas.
De 24 mil 884 internos en centros federales, 10 mil 524, es decir, el 42.1 % están por delitos contra la salud.
“Las cárceles representan un riesgo para la salud, uno de los principales problemas que existen en el sistema penitenciario mexicano es la sobrepoblación”, Tania Ramírez, CIDE.
Se destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales utiliza el criterio de oportunidad para delitos contra la salud en el que se deja de criminalizar al pequeño consumidor.
“Hay que priorizar el combate a este tráfico en grandes volúmenes y el criterio de oportunidad nos permite priorizar y focalizar los objetivos combatir la delincuencia organizada, combatir el tráfico a gran escala porque con el criterio de oportunidad lo que estamos dejando de hacer es criminalizar al pequeño consumidor”, Rafael Estrada Michel, Director del INACIPE.
Los especialistas participaron en las audiencias públicas que organizó el Congreso de la Unión para las alternativas de regulación de la marihuana.
Canal Judicial 