Piden invalidar artículos del Código Penal del DF que tipifican delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad

Abogados y organizaciones civiles esperan que la Primera Sala de la Corte declare inconstitucional el Artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. (Amparo directo en revisión 4384/2015).

Disposición que sanciona con pena de prisión de 5 a 7 años, y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, al que atente contra la paz pública.

Artículo que se le aplicó al joven Bryan Reyes Rodríguez, quien participó en las manifestaciones de protesta del 1 de diciembre de 2012.

Con las que diversos grupos intentaron evitar la toma de protesta como presidente de la República de Enrique Peña Nieto.

Consideran que dicho Artículo atenta contra los derechos de libertad de expresión y manifestación; además de criminalizar la protesta.

“En el caso del compañero Bryan Reyes es 2 años 6 meses 15 días por ataques a la paz pública, sin embargo, con el paso de los años, las penalidades han aumentado, al grado tal de que unos compañeros que defendemos del 2 de octubre de 2013, les han impuesto 4 años 6 mes y en algunas otras ocasiones penas que por su gravedad que rebasan los 5 años ya no alcanzan la libertad”, Jorge Miranda, Liga de Abogados 1DMX.

“Ataques a la paz pública, como sustituto para ir criminalizando la protesta social, pero cualquier derecho, cualquier garantía de derechos humanos o cualquier libertad de derechos humanos está siendo criminalizada”, Andrés Auliet, Liga de Abogados 1DMX.

Otro asunto que será resuelto por la Corte, es el de Gabriela Hernández, quien fue condenada a un año de prisión por cometer el delito de ultrajes a la autoridad.

“El de Gabriela Hernández Arreola por la trascendencia del caso se sometió al pleno de la Suprema Corte, es decir, los 11 ministros va a conocer del asunto, se tiene un estimado que para dentro de 15 días ya se haya señalado con exactitud la fecha de la sesión”, Jorge Miranda, Liga de Abogados 1DMX.

Además piden a las autoridades que se repare el daño ocasionado a los detenidos, pues se argumenta que no son responsables de los delitos que se les imputan y además, fueron torturados.

José Luis Guerra García