La jueza Paula María García Villegas, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó al Consejo de la Judicatura y demás autoridades del Poder Judicial capitalino, que modifique el pago en la plataforma integral de cobro.
Pues solo acepta billetes para la obtención de copias certificadas, lo cual no le garantiza su derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia pronta, completa e imparcial, al restringirle el pago con monedas metálicas.
La autoridad jurisdiccional concluyó que es inconstitucional impedirle la recarga con moneda fraccionaria.
Con base en ello, determinó que se violentaron los derechos consagrados en los artículos 16 y 17 constitucionales, por lo que ordenó a las autoridades responsables realizar las gestiones necesarias para permitir a la quejosa efectuar el pago de derechos, productos y aprovechamientos de que se duele, a través de monedas metálicas de circulación nacional, debiendo expedirle el comprobante correspondiente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación fortalece lazos con las cortes regionales y con los órganos continentales de protección de derechos humanos.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo asistió a la apertura del Año Judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con la representación del Ministro Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar, el Ministro Pardo participó en un seminario en el que expuso el trabajo del Poder Judicial Federal mexicano para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos.
En este espacio se expusieron sentencias relevantes emitidas por las cortes nacionales de los países de la región, con lo que se fomentó el diálogo entre los representantes de los máximos tribunales en el continente americano.
Por otra parte, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, participó los pasados 11 y 12 de febrero en el encuentro del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con los representantes de los poderes judiciales de las Américas.
En este foro, el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, también con la representación del Ministro Presidente Aguilar Morales, reflexionó con el secretario Almagro, sobre los desafíos para la justicia ambiental y el compromiso de los jueces constitucionales para asegurar un medio ambiente sano.
Con un llamado a los estados miembros de la OEA para fortalecer al Sistema Interamericano con mayor financiamiento, fue inaugurado este lunes el Año Judicial 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Los integrantes del Tribunal quienes se reúnen en promedio entre periodos ordinarios y extraordinarios de sesión, 11 semanas al año, un tiempo muy limitado que genera diversas restricciones logísticas y materiales para cumplir a cabalidad las labores que nos fueron encomendadas”, Juez Roberto F. Caldas, Presidente CoIDH.
El acto inició con la toma de posesión simbólica del presidente de la Corte Interamericana, juez Roberto F. Caldas y del vicepresidente, juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
Desde su creación hace 36 años la Corte Interamericana ha resuelto más de 300 casos, emitido más de 20 opiniones consultivas así como brindado inmediata protección a grupos de personas a través de su función cautelar.
Sin embargo, dijeron, el Sistema Interamericano no se resume a la Corte y a la Comisión, pues son los estados en quienes recae la mayor responsabilidad
“Ninguna instancia interna sea el gobierno, sea la administración pública central o autónoma, sea la justicia interna o sean los particulares, pueden negarse a acatar de forma inmediata e incondicional las reparaciones establecidas en los fallos de este tribunal”, Dr. Luis Guillermo Solís, Presidente Costa Rica.
El próximo miércoles 17 de febrero darán inicio las sesiones públicas con tres casos: el primero sobre supuesta discriminación por orientación sexual a un miembro del ejército ecuatoriano, otro se relaciona con la presunta omisión y para investigar prácticas de trabajo forzoso, servidumbre y desaparición en Brasil y un caso más sobre supuesta violación a las garantías judiciales por delitos de corrupción en Perú.
En el acto inaugural participó el secretario general de la OEA, Dr. Luis Almagro, jueces interamericanos, jefes de estado, ministros de poderes judiciales de países miembros, representantes de organismos civiles e instituciones nacionales.
El Pleno de la Suprema Corte continuó el estudio sobre la constitucionalidad de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista.
Esto, luego que se propusiera declarar la invalidez total de la norma, con el argumento que el proceso legislativo no atendió la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en lo referente a la consulta y participación de organizaciones que representan a quienes padecen este transtorno.
El proyecto que se votará propone invalidar sólo preceptos específicos de la ley.
Los ministros debatieron si la suplencia debe proceder contra toda la norma, así como sobre la definición de consulta y si se atendió a lo establecido en esa definición en el proceso legislativo de esta disposición.
“Se estima innecesario establecer en el proyecto lo relativo al alcance de la suplencia de la deficiencia de la queja, ya que la práctica jurisdiccional en forma abrumadora, no realiza un ejercicio de esa naturaleza, si no produce un resultado favorable al interesado… Existió una participación significativa de las organizaciones representativa de las personas con la condición”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN, Ponente.
“Anular todo en perjuicio de las personas con discapacidad, como yo decía, viene a resultar violatorio del 4.4 de la Convención, porque esta Convención, previendo que pudieran impugnarse algunas normas está estableciendo que no deben afectarse otras normas que no hayan sido expresamente combatidas”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.
Quienes están por la invalidez total de la ley plantearon la definición y explicaron por qué no se cumplió con ella en la expedición de la norma.
“Las declaraciones generales de estas organizaciones de ninguna manera privan de la exigibilidad de esta obligación, cuyo cumplimiento puede representar una diferencia trascendental en la forma en que este sensible problema se aborda desde el derecho”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.
“Varios principios que se deben cumplir para que la consulta, para que se cumplan con los parámetros del clausulado del 4.3, primero debe ser previa, debe ser accesible, debe reunir los elementos de accesibilidad y debe ser pública y transparente, con plazos razonables y objetivos específicos, yo no encuentro en este proceso legislativo una consulta accesible o que tuviera como objeto específico la legislación que se emitió”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.
La votación sobre este asunto se llevará a cabo en la sesión pública de este martes.
Condición de Espectro Autista. Determinar si la Ley General para la Atención y Protección a Personas con dicha condición ha cumplimentado el mandato consagrado en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de implicar de manera efectiva y real a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones gubernamentales sobre cuestiones que les afecten.
Condición de Espectro Autista. Determinar si los artículos 3, fracción III, 10, fracción IV, 16, fracción VI, y 17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con dicha condición, al establecer un certificado de habilitación para hacer constar las aptitudes laborales de aquéllas, siendo que tal gravamen no le es requerido a ninguna otra persona, con independencia de que tengan algún tipo de discapacidad, transgrede el derecho humano de igualdad y libertad de trabajo.
Condición de Espectro Autista. Determinar si los artículos 6, fracción VII y 10, fracción XIX, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con dicha condición, al prever que éstas cuentan con la libertad de tomar decisiones por sí o “a través de sus familiares en orden ascendente o tutores”, implican un modelo de “sustitución en la toma de decisiones”, en lugar del modelo de “asistencia de toma de decisiones”, que obstaculiza o deja sin efecto la voluntad de dichas personas, así como el reconocimiento, goce o ejercicio de su derecho de personalidad y capacidad jurídica.
Condición de Espectro Autista. Determinar si los artículos 3, fracción IX, y 16, fracción IV, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con dicha condición, al establecer, respectivamente, que la habilitación terapéutica «es un proceso de duración limitada», y que, con relación a los servicios de salud que deben proporcionarse a aquéllas «se exceptúa el servicio de hospitalización”, viola el derecho humano a la salud.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la CONDUSEF buscar y dar a conocer el documento que contenga el análisis o estudio sobre procedimientos de protección a usuarios de servicios financieros en otros países.
En respuesta a un particular que solicitó dicho documento, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros manifestó que no tiene la información requerida.
Inconforme con la repuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, que fue turnado al comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien aseguró que el sujeto obligado no siguió en forma exhaustiva el procedimiento de búsqueda que prevé la ley.
Explicó que la CONDUSEF tiene dentro de sus facultades procurar el establecimiento de programas educativos y de otra índole, en materia de cultura financiera.
Además de estar facultada para elaborar estudios de derecho comparado, relacionados con las materias de su competencia y publicarlas para apoyar a los usuarios y a las instituciones financieras.
Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la CONDUSEF y le instruyó a realzar una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, para que entregue los documentos sobre procedimientos de protección a usuarios de servicios financieros que se han realizado en otros países.
Con motivo de la visita del Papa Francisco a México, organizaciones eclesiásticas urgieron un cambio en el mecanismo institucional de la Iglesia Católica que mantiene viva la pederastia en el mundo.
Esperan que el Sumo Pontífice se pronuncie sobre el incumplimiento a las obligaciones impuestas por la ONU al Vaticano en 2014, para castigar a sacerdotes implicados y encubrimientos a través de la supuesta creación de un tribunal, pero que hasta el momento no ha emitido ninguna sentencia.
“El Papa a través de su vocero el señor Tomassi, descalificó el informe de tendencioso… En el caso de México habiendo por lo menos 5 arzobispos implicados en temas de encubrimiento están la arquidiócesis de SLP con 3 arzobispos, la de México con el Cardenal Rivera y algunos de sus obispos auxiliares”, Alberto Athié, Ex Sacerdote y Activista de DDHH.
Ante medios de comunicación, una víctima que padeció durante 4 años este delito dio su testimonio.
“Yo fui víctima de abuso sexual por parte del padre José Carlos López Valdés a la edad de 11 años y estuve preparado para denunciar cuando yo tenía 24 años y ha tardado 9 años mi denuncia ante la Procuraduría general de delitos sexuales y desgraciadamente por toda esta complicidad y por todos estos tratos que tiene la Iglesia o amistades que tiene con los aparatos judiciales pues no se ha llegado a una solución a mi favor”, Jesús Romero, Víctima de pederastia.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación debido a que el delito prescribió por la tardanza en la entrega de la investigación que el Vaticano abrió contra el sacerdote.
“En la carta que yo le envié a Francisco si le comentaba todas las situaciones que había acontecido con aquel abuso, también le comentaba que el Cardenal Norberto Rivera no me había escuchado, nunca me quiso dar una cita el solo me pidió perdón a nombre de la Iglesia, al hacer pública la carta Norberto me recibe, me pide perdón también”, Jesús Romero, Víctima de pederastia.
Denunciaron que en Oaxaca, 10 sacerdotes fueron suspendidos por haber denunciado ante el Vaticano a un padre que abusó sexualmente de más de 45 niños en la sierra, caso en el que el inculpado fue exonerado por la Santa Sede.
La directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba Castañeda Rivas rindió su cuarto y último informe de labores en este cargo.
Destacó la constante actualización de los catedráticos de esta facultad, así como sus aportes para contribuir a la mejor formación de miles de abogados mexicanos.
Subrayó el compromiso de la facultad con la cultura de la legalidad.
“Me voy con la certeza de que dejamos una facultad caminando, trabajando, que no tuvo paros… La gratitud también va para nuestros distinguidos catedráticos quienes conforman el sólido armazón que soporta a nuestra Universidad, a nuestra Facultad de derecho”.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, reconoció la labor de la doctora Castañeda durante su cuatro años como directora, y recalcó que contribuyó a que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional sea un referente para la educación jurídica y para la implementación de diversas reformas.
“La Facultad de Derecho, esta facultad, encara con efectividad, eficiencia, y persistencia sus retos, sus fines y sus objetivos”.
El cargo como directora de María Leoba Castañeda culmina en marzo entrante.
Fue la primera Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 459 años de historia.
Diputados del Parlamento Europeo revisarán que en la próxima negociación de un tratado de libre comercio con México, se incluya una cláusula de respeto a los derechos humanos.
En conferencia de prensa al término de una visita por nuestro país, destacaron que el acuerdo comercial con la Eurozona debe tener aspectos vinculantes de cumplimiento con los derechos de la población.
“A mí me resultaría absolutamente imposible aprobar un Tratado de Comercio con México que no contuviera en su mismo corazón no sólo la expresión de defensa de los derechos humanos sino también alguna cláusula de seguimiento”, Josep Maria Terricabras, Diputado Parlamento Europeo.
Los legisladores europeos aseguraron que la crisis de inseguridad, violencia y vulneración a los derechos sucede en todo el mundo.
No obstante, en México tiene un tinte especial principalmente por los sucesos recientes de Iguala, Guerrero.
En ese sentido, respaldaron la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sigue el caso.
“Justamente el 3 de marzo próximo, es decir, dentro de 15 días o 3 semanas, o lo que sea, vendrán algunos miembros del GIEI, de este grupo a Bruselas, han sido invitados para hacer ahí una exposición pública de su trabajo de cómo lo han realizado, porque lo bonito de este grupo es que no explican los resultados sino también el procedimiento, es decir, es de una gran claridad, gran apertura”.
El diputado Josep Maria Terricabras hizo un llamado a erradicar la impunidad en Mèxico, pues ello ha propiciado el incremento en amenazas y homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos.
El Senado prepara una reforma constitucional en materia de ordenamiento territorial y urbano, a fin de garantizar entre otras cosas, el acceso a la vivienda para población vulnerable.
Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara Alta, María Elena Barrera Tapia, quien destacó que se pretende ordenar el crecimiento urbano, principalmente en zonas de mayor afluencia como el Estado de México.
“Queremos que nazca una ley donde le dé la posibilidad ya desde sus líneas a las personas de vivir de manera ordenada, adecuada, con acceso a la escuela, con acceso a los centros deportivos, a los centros recreativos, a los centros comerciales, a su propio lugar de trabajo y que sea de manera accesible”.
Durante el Taller en materia de Vivienda y Ordenamiento Territorial impartido a las autoridades municipales del Estado de México, se destacó que se dotará a las familias de mejor calidad de vida con programas federales que llegarán hasta las alcaldías que más lo requieran.
Y es que, hay zonas en la entidad como en el caso de Tecámac, donde en tan sólo un año llegan a vivir hasta 70 mil familias, por lo que se requiere no sólo de infraestructura nueva, sino adecuar y reordenar las que ya existen.
“Hacer desarrollos urbanos integrales, sustentables, las familias tienen que vivir cerca de sus equipamientos educativos, cerca de sus equipamientos de salud, cerca de sus fuentes de empleo, tienen que tener transporte público para poder llegar a sus empleos, a sus centros de salud, a sus centros educativos”, Paloma Silva de Anzorena, Directora General de CONAVI.
La Comisión Nacional de Vivienda cuenta con un presupuesto para este año de 9 mil 600 millones de pesos.
Destinará 100 millones para el otorgamiento de un subsidio al suelo intraurbano como parte del programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales.
Lo que permitirá a las familias de bajos recursos acceder a viviendas ubicadas cerca de los centros de trabajo.
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