Presenta CIDH informe sobre DDHH en México

Pese a mostrar avances en materia legal, el gobierno de México y en especial las entidades, siguen fallando en resolver su grave crisis de derechos humanos.

Señaló la Comisión Interamericana al presentar el informe sobre la situación en nuestro país tras su visita in loco del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

“México enfrenta actualmente una grave crisis de derechos humanos en varias dimensiones que van desde las desapariciones forzadas las ejecuciones extrajudiciales con participación de autoridades del Estado. La tortura que caracterizamos como generalizada”, James L. Cavallaro, Presidente CIDH.

Al 30 de septiembre de 2015, se dio cuenta de 22 mil 322 personas no localizadas. La información recabada indica que el 98% de los delitos no llegan a tener sentencia condenatoria.

En abril de 2015 la PGR contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite por tortura de las cuales sólo hay 15 sentencias condenatorias.

Señalaron que desde que inició la actual administración en 2012 se han registrado más de 94 mil asesinatos.

“México está entre los países más peligrosos en el mundo para ejercer la función de periodista, solo se compara con países que están en estado de guerra”.

La Comisión mostró su impresión por los niveles de violencia e impunidad en todo el país, no solamente en el Estado de Guerrero, que tiene una de las tasas más altas de homicidios y donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

A nivel nacional la tasa es superior a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia según la OMS.

“Esa impunidad tiende a fortalecer la sensación de que los grupos violentos pueden hacer lo que quieran y que no habrá consecuencias”.

Sin embargo reconoció los avances de la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos, control de convencionalidad, la Ley de Amparo de 2013 y la restricción al fuero militar.

“Estamos muy preocupados con la forma en que se ha usado las fuerzas militares en la respuesta a la criminalidad en el país”.

Por su parte el gobierno de México señaló en un comunicado, que no comparte lo vertido en dicho informe pues afirmó, no refleja la situación general del país.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Ministra en retiro, Victoria Adato Green, recibirá Medalla María Cristina Salmorán de Tamayo 2016

Por su trayectoria y aportes al sistema de impartición de justicia, la ministra en retiro, Victoria Adato Green, recibirá la Medalla María Cristina Salmorán de Tamayo 2016.

La presea instituida a iniciativa del Ministro Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales y del Comité Interinstitucional de Equidad de Género, se entregará por primera ocasión, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“El 8 de marzo entregaremos por primera ocasión el premio María Cristina Salmorán de Tamayo, premiando justamente la trayectoria de las mujeres juzgadoras y sobre todo las mujeres juzgadoras que se han destacado”, Margarita Luna Ramos, Ministra, Presidenta Comité Interinstitucional de Equidad de Género PJF.

Adato Green, fue elegida por unanimidad, de entre más de 20 propuestas, al considerar la solidez de sus méritos.

La galardonada se desempeñó como Magistrada Numeraria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la capital y fue la sexta mujer designada como Ministra de la Suprema Corte.

Fue Subprocuradora y Procuradora del Distrito Federal; docente y autora de varios libros; actualmente, es Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

La presea, le será entregada en una ceremonia solemne, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en el edificio sede de la Suprema Corte.
José Luis Guerra García

Resuelve Primera Sala asuntos relacionados con el derecho a la identidad y el delito de flagrancia

La Primera Sala de la Suprema Corte determinó que es violatorio de diversos derechos que no se expida nueva acta de nacimiento ante el reconocimiento de una persona después del registro de su nacimiento. (Amparo en revisión 548/2015).

Al resolver un amparo en revisión, decidió que un artículo de la Ley del Registro Civil de Jalisco vigente a la fecha del reconocimiento de una menor no preveía la posibilidad de expedir una nueva acta de nacimiento que reflejara sus nuevos apellidos y los datos de su padre y sus abuelos paternos.

De acuerdo con la Sala, la disposición representó una violación a los derechos a la intimidad y vida privada, a la propia imagen, a la identidad e incluso al nombre de la niña.

En otro asunto, esta Sala resolvió que es inconstitucional el inciso B) del artículo 112 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, vigente en 2007. (Amparo directo 31/2015).

Dicho artículo establece que una persona puede ser detenida, sin una orden judicial dentro de las setenta y dos horas después de la comisión del delito, cuando aparezcan indicios suficientes que hagan presumirla intervención de una persona en la comisión del delito, o bien, que se encuentre en su poder el objeto, instrumentos o producto del ilícito.

La Primera Sala indicó que la porción normativa es contraria al artículo 16 constitucional, que establece que sólo está autorizada la detención de una persona posiblemente responsable de cometer un delito, por orden de aprehensión, orden del ministerio público en su supuesto de caso urgente, y la que puede realizarse por flagrancia, esto es, en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido.

En otro caso, la Sala declaró la constitucionalidad de la fracción I del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Explicó que el precepto no vulnera el principio de igualdad, a pesar que indica que el procedimiento conciliatorio sólo se llevará a cabo en reclamaciones por cantidades menores a tres millones de UDIS y si son reclamaciones contra aseguradoras, la cuantía deberá ser inferior a seis millones de UDIS. (Amparo en revisión 1126/2015).

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Inauguran Programa de Difusión del Sistema Penal Acusatorio en la Cámara de Diputados

El Nuevo Sistema Penal Acusatorio no dará resultados si no se combate la corrupción que afecta a la impartición de justicia.

Así lo señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, al inaugurar el Programa de Difusión del Sistema Penal Acusatorio.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, aseguró sólo con el combate a la corrupción se lograrán disminuir los altos índices de impunidad que son una vergüenza para México.

 “Debemos de dejar en claro que esto no dará los resultados deseables y contravendrá el espíritu de la ley si no combatimos lo que yo le he dado en llamar esa caja negra que es la corrupción en quienes jueces, magistrados y aquellos que se presten a cualquier arreglo o componenda fuera de la ley”.

Dijo que entre los desafíos del Nuevo Sistema de Justicia Penal están también la capacitación de 330 mil policías de todo el país y la formación de intérpretes y traductores indígenas.

 “De no hacerlo dejaríamos en total indefensión a miles de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza por no hablar español en una cantidad significativa, puesto que existen hoy solamente 650 traductores e intérpretes y 198 bogados bilingües a nivel nacional”.

En el primer módulo del programa de difusión, el magistrado Fernando Córdova del Valle, habló de la Reforma Penal y su vinculación con la nueva Ley de Amparo.

 “Hemos destacado el hecho de que a veces la ley de amparo no está realmente acorde con el propio código en esta idea de que ha sido criticada de que podría incluso poner un poquito lento el sistema acusatorio cuando lo que se busca es la inmediatez”.

Dijo que para entender el Nuevo Sistema de Justicia Penal se debe hablar también de la protección de los derechos humanos.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Presentan diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México

El vacío por la falta de una legislación federal en materia de justicia para adolescentes, provocó que los estados regularan las penas en delitos graves, que van de un año hasta más de 20, en los casos más extremos como Aguascalientes cuya pena máxima es de 21 años de prisión.

Es por esto que expertos reunidos en la Secretaría de Gobernación, presentaron un diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México y urgieron que la nueva Ley Nacional en la materia que se discute en el Senado, parta de una visión preventiva, cuyo eje sean los derechos humanos y el interés superior del menor.

“El Sistema Penal como todo mundo lo sabemos, es un mal, no es un bien para los niños… El encierro no va a tener ningún efecto positivo de tal manera que hay que establecer mecanismos precisamente para hacer como quiere la Constitución al encierro un último recurso”, Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, Dir. Asesoría Jurídica Federal Comisión Atención a Víctimas.

La nueva legislación debe ir acompañada de un cambio institucional en la justicia para adolescentes.

“La principal garantía de los sistemas de justicia juvenil es la especialización de sus operadores. Se puede tener la mejor ley pero operadores no capacitados y el sistema no va a funcionar”.

El diagnóstico presenta la situación del 78% de adolescentes en reclusión en 4 estados, de los cuales un gran porcentaje se determinó con muerte social, pues dijeron no tener sueños.

“50% están aburridos, 49% tristes, 42% desanimados, 40% solos, 35 desesperados y 25 enojados… Solo 27% piensa que va a salir bien”, Dra. Elena Azaola Garrido, Investigadora CIESAS y Coordinadora Diagnóstico.

Los delitos en los que más reflejaron sentir culpa son secuestro y homicidio. En México cada año son privados de la libertad en promedio 4 mil 500 adolescentes acusados por delitos graves. En 2014 hubo un total de 16 mil 885 internos, el 27% por delitos graves, del total de adolescentes 93% fueron hombres.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Invitan a Jornada Nacional contra la Corrupción

Organizaciones civiles a través de Acción Ciudadana frente a la Pobreza hicieron un llamado a la sociedad para participar el domingo 13 de marzo en la Jornada Nacional contra la Corrupción con el objetivo de impulsar la iniciativa de Ley 3 de 3.

“La iniciativa de Ley 3 de 3 es mucho más que eso, es tratar de dar un marco normativo que nos permita combatir la corrupción y nosotros estamos encantados de que todas estas organizaciones participen en esto y a ustedes los invitamos a que se sumen a esta acción y pasemos de la queja a la acción y que firmemos esta iniciativa”, María Zimbrón, Directora de Comunicación IMCO.

La jornada consistirá en la instalación de 200 mesas en espacios públicos como plazas, parques y centros comerciales en las principales ciudades del país, en las que las personas podrán firmar la propuesta.

Las organizaciones esperan reunir 120 mil firmas para presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión a finales de abril.

Además de reforzar la participación ciudadana en los asuntos políticos.

“La única manera de poner fin a esta crisis que vive México en lo económico, en lo político y en lo social es las y los ciudadanos nos involucremos más en los asuntos de gobierno y que las organizaciones y nuestras actividades en nuestra agenda podamos hacer frentes amplios para terminar con la impunidad y la corrupción”, Ximena Andión, Directora del Instituto Simón Beauvoir.

Hasta el momento se han descargado más de 40 mil formatos y se espera que se puedan repartir hasta 10 mil formatos más para las personas que tienen poco acceso a redes sociales.

Acción Ciudadana contra la Pobreza dará a conocer a través de su página web, http://www.frentealapobreza.mx la ubicación de las mesas y los puntos de entrega que funcionan actualmente.

Según datos del INEGI, la corrupción representa 9 % del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 347 mil millones de pesos.

Laura Murillo

@27_fergie

 

Ordena INAI a SEGOB entregar información sobre acuerdos con autodefensas de Michoacán

La Secretaría de Gobernación debe buscar y dar a conocer los acuerdos suscritos en 2014 entre la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y los grupos de autodefensas.

Así lo ordenó en la sesión de este miércoles el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Al presentar el asunto, la comisionada Patricia Kurczyn aseguró que es necesario que se proporcionen dichos acuerdos, para que la sociedad conozca cómo se dio el proceso de desmovilización, registro y desarme de dichos grupos.

En otro asunto, el pleno del INAI ordenó a la Secretaría de Educación Pública dar a conocer el número de días de sueldo descontados a los maestros que realizaron paro de labores durante el Ciclo Escolar 2014-2015.

La SEP había respondido al particular que no tenía la información porque eso correspondía a los gobiernos de los estados.

 “Revocar la incompetencia invocada por el sujeto obligado e instruirle hacer una búsqueda exhaustiva de la información relativa al número de días de sueldos descontados al personal docente de educación básica, cuyos sueldos se pagan con cargo al FONAE”, Joel Salas, Comisionado INAI.

Los comisionados llamaron a hacer un esfuerzo para transparentar la información sobre todo cuando hay una política nueva en materia de educación.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

 

Jacqueline L’Hoist en entrevista en Acceso Directo

Jacqueline L’Hoist, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en entrevista con Oscar González.

@Jacquie_LHoist

@COPRED_CDMX

@okogonzalez08

Niegan amparo a empresa minera

El Juzgado Séptimo de Distrito en Sinaloa, con sede en Los Mochis, negó un amparo a una empresa minera dedicada a la extracción de oro que pretendía pagar el kilo de este mineral a precio de carbón.

Se le ordenó pagar los derechos que corresponden por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, ya que los ordenamientos en la materia son constitucionales, no violan los principios de proporcionalidad y equidad alegados, ni tampoco vulneran derecho humano alguno.

La empresa minera debe cubrir el pago de derechos por el uso y aprovechamiento de los minerales extraídos en suelo propiedad nacional, atendiendo a la naturaleza del oro como mineral no renovable.

El titular de dicho juzgado señaló que el pago de derechos a que están obligadas las empresas dedicadas a la extracción de oro, por regla general se realiza en minas a cielo abierto, lo que ocasiona un grave deterioro del medio ambiente, así como la destrucción y desaparición de montañas, al igual que de la flora y la fauna que habita en ellas.

Miguel Nila Cedillo