El Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo a una asociación civil cuyo objeto social se centra en la protección y defensa del derecho humano a la educación.
Así como a una estudiante de secundaria de San Pablo Etla, Oaxaca, por la omisión de las autoridades educativas federales y estatales para garantizar el derecho humano a la educación y por no separar del servicio a todos y cada uno de los maestros de esta escuela que hayan incumplido con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos, sin causa justificada, dado que se sumaron al paro magisterial nacional y estatal realizado por la Sección 22 de la CNTE del primero al 15 de junio de 2015.
Dicho juzgado ordena a autoridades federales y estatales demostrar que separaron del cargo a maestros de dicha secundaria, por faltar de manera injustificada a clases por tres días consecutivos.
Se concluyó que la omisión reclamada resulta violatoria del derecho a la educación establecidos en la Constitución federal y en diversos instrumentos internacionales, en relación con el principio del interés superior del menor.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró el sobreseimiento de cuatro controversias constitucionales promovidas por los municipios de Bejucal, Chiapas; Cuauhtémoc, Colima; así como Ciudad Ixtepec y Juchitán, Oaxaca.
Por mayoría de 8 a 3 los ministros consideraron que los municipios carecían de legitimación para solicitar la invalidez de diversas disposiciones de las leyes federales de telecomunicaciones; de metrología y normalización; y de derecho de autor.
Sobre todo del artículo 237 fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones que prevé que para concesionarias de uso social indígenas y comunitarias, el tiempo de publicidad para entes municipales no excederá del 6 % del tiempo total de transmisión en televisión, y del 14 % del tiempo total de transmisión para estaciones de radio.
“Habíamos acordado que no había legitimación por parte del municipio en el sentido de que la controversia no aduce ningún argumento en relación con la competencia de municipios”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Minsitra SCJN, Ponente.
En esta sesión pública, el Pleno de Ministros inició el estudio de una acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría legislativa del Congreso de Jalisco contra artículos de la Ley para los Servidores Públicos de ese Estado y sus municipios.
El principal punto de discusión es la inconstitucionalidad del artículo 23 párrafo II de esa norma que establece un máximo de doce meses desde la fecha del cese, para la cuantificación de salarios vencidos en caso de despido injustificado.
En el proyecto, la propuesta es por invalidar la porción normativa relativa a los doce meses.
“La limitación al pago de salarios caídos no es una medida legislativa necesaria para reducir la duración de los juicios y evitar los daños al erario público, y en esa medida viola el principio de no regresividad”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN, Ponente.
“Sí supera el requisito de necesidad en tanto porque en las circunstancias como las que se presentan en la condena de salarios caídos el equilibrio y balance de los factores permite un resultado como el que aquí se aprecia”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.
“Resulta razonable que se establezca un límite a la responsabilidad resarcitoria del patrón, sin dejar de garantizar que el trabajador sea reparado por el daño provocado por el despido injustificado”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.
El debate sobre este asunto continuará la sesión pública de este jueves.
Esfera municipal. Determinar si el artículo 237, fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión viola la autonomía del Municipio en la determinación de su propio presupuesto y la libre administración de su hacienda, al establecer que para los concesionarios de uso social indígenas y comunitarias de radiodifusión, tratándose de estaciones de televisión y de radio, el tiempo destinado a venta de publicidad para los entes públicos federales y, en su caso, los de las Entidades Federativas y Municipios, no excederá del seis y del 14 %, respecto de cada medio, del tiempo total de transmisión por cada canal de programación.
Acción de inconstitucionalidad 32/2013
Vicios en el proceso legislativo. Determinar si el artículo Primero transitorio del Decreto 24462/LX/13, publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 19 de septiembre de 2013, al establecer la vigencia de éste al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial local y no prever el plazo de treinta días para solicitar el inicio del referéndum derogatorio previsto en el artículo 34 de la Constitución local, impide indebidamente la actuación de los ciudadanos a participar en el procedimiento legislativo.
Estabilidad en el empleo. Determinar si el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, al limitar el pago de salarios caídos al máximo de doce meses computados desde la fecha del cese, es una medida regresiva que restringe de manera injustificada dicho principio.
Audiencia. Determinar si los párrafos quinto y sexto del artículo 23 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, violan esta garantía en cuanto prevén respectivamente la imposición de multas a los abogados, litigantes o representantes que promuevan actuaciones notoriamente improcedentes con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, y la sanción de suspensión o destitución para los funcionarios o servidores públicos cuando la dilación sea producto de sus omisiones o conductas, sin prever que deba llevarse a cabo un procedimiento en el que se dé a los afectados la oportunidad de defenderse de forma previa.
La iniciativa para reformar el Código Civil Federal representaría una ampliación de derechos para la comunidad LGBT y parejas que vivan bajo otro tipo de uniones como el concubinato. Sin embargo no va a ser la panacea ni lo que resuelva los problemas en materia de igualdad y discriminación.
“El caso de los matrimonios del mismo sexo es ideal para reflexionar sobre el sistema de impugnaciones que actualmente tenemos. No es posible que con 16 casos de la Suprema Corte todavía se les siga negando el matrimonio a las personas”, Estefanía Vela Barba, Investigadora CIDE.
Actualmente los registros civiles se escudan en el hecho de que una jurisprudencia no obliga a realizar uniones de parejas homosexuales, por lo que es urgente que los congresos locales contemplen en su agenda la modificación de sus códigos civiles.
“Si algo nos enseñó los múltiples casos de rechazos en los que están las parejas del mismo sexo al IMSS al ISSSTE es que el Congreso federal tiene muchísimo qué hacer porque el congreso federal es el que establece muchos de los derechos que las personas obtienen al casarse”.
En una orientación progresiva, el INEGI inició en 2010 a contabilizar familias homoparentales, pero las cifras no fueron reveladas.
“Lo que sucede es que también lo que no se visibiliza no se cuenta y lo que no se cuenta no existe y si no existe entonces cómo vamos a exigir políticas públicas para esas familias homoparentales que no están siendo contabilizadas y que no existen”, Nadia Sierra Campos, Asesora Estudios, Promoción y Desarrollo de los DDHH SCJN.
Actualmente en sólo 4 entidades se pueden celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo: Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila y Nayarit y desde el 2008 se tienen contabilizados 6 mil 919 uniones.
En Jalisco se encuentra en discusión la reforma al Código Civil tras el fallo de la SCJN en enero de este año que declaró inconstitucional la figura del matrimonio en ese Estado que lo definía como la unión de un hombre y una mujer.
El Ministro Presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales anunció que el Poder Judicial de la Federación impulsará un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad.
Participó en el Encuentro “Diferentes pero iguales”, realizado en el Senado, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down que se conmemora el 21 de marzo.
Dijo que la Suprema Corte cumple no sólo con sus resoluciones jurisdiccionales de proteger al que sufre discriminación por discapacidad; pues además impulsa una política laboral incluyente.
“Y es mi propósito invitar jóvenes que puedan participar, cualquier persona, pero jóvenes que puedan participar desde las actividades de la Suprema Corte, los que estén interesados en el derecho para poderlos invitar a que nos ayuden, a que nos auxilien en nuestras labores cotidianas”.
Entre las metas a favor de las personas con discapacidad están la de garantizar el acceso pleno a la justicia, restituirles sus derechos cuando les han sido violentados.
E impulsar resoluciones que contribuyan a eliminar prejuicios y exclusión.
El Ministro Presidente, Luis María Aguilar Morales expresó su apoyo hacia las personas con discapacidad, pues recordó que una de sus hijas padece una enfermedad que le ha afectado progresivamente el movimiento, por lo que destacó que la atención no sólo debe recaer en la familia.
“Creo que no es solo obligación de la familia sino obligación de la sociedad a través de las instituciones públicas y privadas, a través de las normas, de las sentencias inclusive, en que se debe ir creando todo este espectro de facilidades que palien, que reduzcan las dificultades de las personas que tienen cualquier discapacidad”.
En México hay uno de cada 650 nacimientos con Síndrome de Down.
“Y esa es la misión que muchos de nuestros niños, de quienes padecen síndrome de Down u otra forma o expresión de discapacidad, esa es la misión que tienen en nuestra sociedad. La misión no solamente de provocar empatía, sino de hacernos un llamado y un recordatorio a la acción y a la responsabilidad. A la acción para cambiar las cosas, y a la responsabilidad para hacer valer sus derechos”, Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva, Senado.
El 31 % de las personas con discapacidad no cuenta con seguridad social.
“Hay que seguir todos trabajando y por la inclusión hay que seguir trabajando”, Juan José, Joven con síndrome de Down.
Además del encuentro se inauguró una exposición pictórica, realizada por niños Down.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública en donde podría pronunciarse sobre la inconvencionalidad de disposiciones previstas en códigos militares que sancionan la homosexualidad, consideradas discriminatorias.
En el caso se trata de un ex teniente del Ejército de Ecuador que en noviembre del año 2000 fue puesto bajo proceso sumario acusándolo de mantener relaciones sexuales con otro compañero de armas, lo que se considera indebido.
“Es importante señalar que en todo momento el señor Flor ha negado la veracidad de la existencia de estas relaciones sexuales de tipo homosexual y ha negado y se ha definido también como una persona que no es homosexual”, Francisco Eguiguren Praeli, Comisionado y Relator Personas LGBTI CIDH.
Sin embargo en enero de 2001 el juzgado militar lo encontró responsable de mala conducta profesional y se le impuso como sanción la baja del Ejército.
“La norma que se la aplicó al señor Flor, el artículo 117 de la disciplina militar establecía un trato diferenciado y una sanción diferenciada porque equiparaba tipificando la homosexualidad con el delito de narcotráfico o el de la tenencia o el consumo de drogas”.
Mientras que a las relaciones heterosexuales, en caso de presentarse durante el servicio militar, solo se sancionan con una suspensión.
“Falta de imparcialidad durante el juzgamiento ante la justicia militar toda vez que el juez que conoció del asunto era a su vez el superior que había intervenido en este caso”.
La Corte Suprema de Ecuador conoció el caso pero no se pronunció sobre el trato discriminatorio y las violaciones al debido proceso.
“¿Considera que la reintegración al Ejército sería una medida para hacer justicia y qué otras medidas considera usted eventualmente en este caso”, Juez Eduardo Ferrer Mac Gregor, Vicepresidente CoIDH.
“Se haría justicia y esto sería un respaldo para que no se vuelvan a cometer estos hechos con personas que pueden estar atrás mío”, Homero Flor Freire, Víctima.
El Estado fue notificado sobre el caso en 2013 y como respuesta, un año después sólo efectuó un acto de disculpas.
Es necesario implementar mecanismos de justicia alternativa para promover la reinserción social de los delincuentes en la sociedad.
Así lo señaló la doctora María de los Ángeles Fromow durante el Foro sobre Justicia Terapéutica que se realizó en el Senado.
“Encontrar fórmulas que despresuricen los penales pero a través también de apoyos sociales integrales que faciliten la reinserción social y que procuren ese esquema de un bienestar social comunitario con influencia de todos los sectores de la población y en especial de los órganos de gobierno”.
Destacó que es importante comprender las razones que lleva a una persona a cometer un acto delictivo y evitar que lo repita.
Es por ello que los legisladores debaten propuestas que vinculen la justicia con el sector salud en la Ley Nacional de Ejecución Penal para atender aquellos casos, en que el delito se comete bajo el influjo de alguna droga.
“Propiciar canales de comunicación para generar mayores experiencias de justicia terapéutica en base al Código Nacional a efecto de poder tener ese sistema acusatorio en donde queremos humanizar la justicia”.
Se estima que el 56 % de los internos consumió sustancias ilegales durante las horas previas al delito, mientras que el 79 % de los detenidos no cuentan con antecedentes penales.
A través de capacitaciones interdisciplinarias, y acompañamiento en el tratamiento de adicciones, se pretende ayudar a la persona que comete el delito y no solo castigar.
Existen estados como Morelos que ya cuentan con tribunales que tratan las adicciones de los detenidos por delitos menores.
Las deficiencias en el sistema electoral de Estados Unidos han dado paso al éxito de la campaña extremista de Trump.
Así lo señalaron especialistas durante el foro sobre la Relación México -Estados Unidos: Diagnóstico Electoral y Prospectiva realizado en el Senado.
“La incapacidad del sistema electoral para adaptarse y la interpretación que se ha dado del free speech claramente facilita un fenómeno como el de Trump se arraigue y el día de hoy sea exitoso”, Luis Carlos Ugalde, Ex presidente del IFE.
Otro de los factores de éxito, es su discurso antimexicanos que ha sido bien recibido en algunos sectores de ese país.
“Si México combatiera la impunidad, si México combatiera la corrupción, toda esta retórica anti mexicanos en Estados Unidos tendría mucho menos impacto del que tiene, claramente está exagerada pero claramente está fundamentada parcialmente en la realidad”.
Los hispanos que viven en Estados Unidos, indicaron puede influir con su voto en los resultados electorales.
“En la medida en que los mexicanos que puedan volverse ciudadanos estadounidenses lo hagan y se inscriban para votar y vayan a las urnas entonces sí, esa es la manera en que funciona el sistema político estadounidense, si hago una declaración diciendo que Donald Trump es un ignorante no tiene ningún efecto, si lo castigo en las urnas eso si tiene un efecto”, Carlos Heredia, Investigador CIDE.
Durante el evento señalaron que la radicalización de Trump puede acelerar la crisis dentro del partido lo que favorecería a la demócrata Hillary Clinton.
El INE dio a conocer el acuerdo que establece mecanismos que eviten presión al electorado y el uso de programas sociales durante la elección de 60 diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, lo cual implica establecer las medidas necesarias para garantizar el voto libre e informado de los ciudadanos.
La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación de oficio, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la prestación de servicios de seguimiento y monitoreo tematizado de información difundida en medios de comunicación, contratados por autoridades públicas. El periodo de investigación no será inferior a 30 días y en él, se escuchará a los acusados.
Se modificó el Estatuto Orgánico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario para incluir a la Dirección General Adjunta de Análisis e Inspección “C”; además de precisar que el instituto cuenta con un órgano de control interno.
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