En el NSJP, el juez de ejecución de sentencias jugará un papel relevante

La nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales, deberá poner fin a la simulación al interior de los penales.

Sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de los internos, afirmaron especialistas en el tema.

En el nuevo esquema, el juez de ejecución de sanciones penales, jugará un papel primordial, pues se encargará de vigilar que la pena se cumpla en sus términos y verificar que a los internos se les respeten sus derechos humanos.

“Uno fiscalizar que está haciendo la administración penitenciaria en favor de los derechos humanos de los reclusos y segundo ver la posibilidad de cómo estos internos pueden cumplir la pena en términos de dignidad humana”, José Zaragoza Huerta, Catedrático Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Nuevo León.

Puntualizó que el sistema deberá fincarse en principios humanitarios y será el juez y ya no la autoridad administrativa, la que definirá si un preso puede gozar de los beneficios de la pre liberación por buen comportamiento.

“Porque acorde al mandato constitucional 21, la duración y modificación de las sanciones competen al Poder Judicial, pues todas estas acciones tendrán que realizarse a través de un procedimiento oral”.

Incluso, se afirmó que partiendo del respeto a los derechos humanos y del principio de reinserción, se debe prever en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, diversas formas de cumplir con la pena que se imponga.

“Las normas secundarias estatales, prevén instituciones, principios, fines penitenciarios que se acercan más a la reinserción social y otras que lo distancian, instituciones como la cárcel abierta o prisión abierta están ausentes en algunos estados mexicanos”.

El principio pro persona podrá ser exigido y el interno, reclamar que se respete su derecho humano de acceso a la educación, recreación y capacitación para el trabajo, con el fin de que se haga efectivo el principio de reinserción social.

Hecho que no depende de que haya voluntad política, sino de que se respete el principio de legalidad.

José Luis Guerra García