La SCJN inició el estudio de un amparo relacionado con el uso de la marihuana con fines médicos

El Pleno de la Suprema Corte inició el estudio de un amparo en revisión promovido por la empresa comercializadora Rubicón, contra artículos de la Ley General de Salud que prohíben a las personas una autorización de la Secretaría de Salud para realizar actividades, con fines médicos, con marihuana.

El debate partió en las causales de improcedencia… Algunos ministros cuestionaron que la empresa dependa del amparo para que pueda operar.

Pues, explicaron, no se acreditó que la empresa funcione como laboratorio.

“Si se considera que la quejosa solicitó autorización sanitaria para colocar en el mercado un medicamento a base de cannabis o Tetrahidrocannabinol, respecto del cual no se ha desarrollado ninguna investigación por esta quejosa para cumplir con los requisitos del registro sanitario correspondiente… Por tanto el amparo que llegara a concederse respecto de las normas reclamadas, no redundaría en ningún beneficio de la esfera jurídica a la parte quejosa”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“No se trata ─al menos no todavía─ de una empresa y menos de una empresa farmacéutica que se dedique a la investigación y desarrollo y a la producción de medicamentos para la salud humana. Es una sociedad mercantil constituida ante notario público, entre dos socios, con un capital de diez mil pesos”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

El Ministro Eduardo Medina Mora explicó que se trata de una sociedad sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Y, por tanto, dijo, se trata de una sociedad irregular en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles… De acuerdo con esta ley las sociedades deben celebrar algún acto jurídico con terceros para considerar que tiene personalidad jurídica.

“Me surge la duda de si el objeto de la sociedad podría ser irregular o incluso, ─en un extremo─ ilícito”.

Se expusieron los argumentos para llegar al estudio de fondo del amparo.

“Estamos ante un amparo contra ley, no contra acto, el primer acto de aplicación y la negativa de la autoridad está acreditada, no recuerdo un amparo indirecto contra leyes donde entremos a cuestionar, ya olvidémonos del acto reclamado, sino si la sociedad estuvo buen o mal constituida”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN, Ponente.

“Decía el señor Ministro Presidente que aquí tampoco hay evidencia de que esta persona moral estuviera desarrollando las actividades que conforman su objeto social… Sin embargo, me parece que ninguna de estas razones las invocó ni la autoridad responsable al momento de emitir su determinación, ni el juez de distrito al momento de hacer el análisis de la procedencia del recurso”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El estudio de este amparo continuará la sesión pública de este martes.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Se celebró el Convenio de Cooperación Jurídica entre el Poder Judicial de la Federación y la SRE

Para consolidar el Estado de derecho no basta que los gobernantes cumplan con sus obligaciones y respeten todos los derechos, sino que de manera recíproca los miembros de la sociedad hagan lo mismo.

Así lo señaló el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Reconozco que un primer paso fundamental es que los gobernantes, las autoridades, cumplan, sin excepción ni corrupción, la norma y desde luego, respeten los derechos, pero insisto, eso no sería suficiente para consolidar el Estado de Derecho si los gobernados no ponemos también de nuestra parte cumpliendo con nuestras obligaciones legales”.

En el edificio sede de la Corte, explicó que el convenio con la Cancillería tiene como objetivo garantizar para todos los mexicanos, tanto en el país como en el extranjero, una justicia pronta, completa e imparcial.

“Mediante el convenio que hoy se suscribe se abreviarán muchos y tardados trámites relacionados con cartas rogatorias o exhortos internacionales que actualmente causan una inapropiada dilación en su desahogo y con ello en la tramitación de los juicios, en detrimento de la pronta impartición de justicia”.

Se agilizará la entrega y recepción de pruebas, declaraciones y testimonios.

Así como el desahogo de diligencias a través de videoconferencias y el apoyo en la localización e identificación de personas y objetos.

Desde 2012 a la fecha, la Secretaría de Relaciones exteriores ha realizado 21 mil 120 acciones de cooperación procesal civil y mercantil.

En materia penal, se ha solicitado la cooperación en mil 200 casos, de los cuales el 60 % corresponde al Poder Judicial de la Federación.

 “Estas cifras nos permiten visualizar la urgente necesidad de evaluar los mecanismos de auxilio jurídico a fin de aminorar los tiempos de su trámite y racionalizar los recursos con que cuentan tanto el Poder Judicial como la Cancillería”, Claudia Ruíz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores.

Con este convenio se espera reducir hasta 50 % el tiempo de desahogo de dichas diligencias, que antes tardaban hasta cuatro meses.

A la ceremonia, asistieron los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, así como las consejeras Rosa Elena González Tirado y Martha María del Carmen Hernández y el consejero Manuel Ernesto Saloma Vera.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Analizan en la UNAM viabilidad del SIDH ante la crisis de DDHH en México

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no deben concebirse como órganos jurisdiccionales de avanzada, pues su creación responde a la existencia de un órgano de protección subsidiario en la región, que sólo debería atender aquellas causas en las cuales el sistema de protección de derechos humanos local no esté funcionando.

“Lamentablemente no es así… No tiene el dinero, no tiene la infraestructura, ni tiene los jueces, no tiene tampoco los investigadores para que se lleven todos los casos de violaciones a derechos humanos de toda América Latina lo cual sería un desafío”, Dr. Daniel Vázquez, Investigador FLACSO.

Según participantes de una mesa redonda en la Facultad de Derecho de la UNAM, el presupuesto anual de la Corte Interamericana es de 1 millón de dólares.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene bastante más, no me voy a animar a decir la cifra pero tiene muy sobrado de lo que tiene la CoIDH para dar protección”.
“México y los procesos de integración no han logrado responder a la temática de los derechos humanos”, Dr. Luis T. Díaz, Investigador IIJ-UNAM.

Esto influye directamente en el tratamiento que se da a los casos en México y a su priorización, dejando de lado además, violaciones a derechos civiles, económicos y sociales.

“El principal lío que tenemos no es únicamente que tenemos violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos sino que además tenemos que éstas se cometen en un marco de impunidad, esas personas no van a mirar la justicia por lo menos no en las instituciones mexicanas”, Dr. Daniel Vázquez, Investigador FLACSO.

Según el índice de impunidad de la ONU México se ubicó en el 2015 en el lugar 58 de 59 países y datos del INEGI revelan que el 93 % de los delitos no se denuncian.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Presentan obra “Iusnaturalismo y neo constitucionalismo, Coincidencias y diferencias”, de Rodolfo Luis Vigo

Las facultades de derecho no están a la altura de las exigencias de la realidad, acusó Rodolfo Luis Vigo, autor del libro: “Iusnaturalismo y neo constitucionalismo, Coincidencias y diferencias”.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con motivo de la presentación de la obra, señaló.

“Yo no estoy muy optimista con las facultades de derecho, porque me temo que siguen, no hablo de la UNAM, sino en general, siguen muy atadas con esa inercia de los códigos, de las ramas tradicionales, del tema de memorización de los artículos, en fin eso la verdad que no sirve para mucho”.

En este sentido, explicó que las facultades de derecho siguen ancladas en una metodología de la enseñanza, que remite al estado de derecho legal, y no a un estado de derecho constitucional.

Abundó que en las facultades en general, más bien hay una promoción de la ciencia jurídica, no de la filosofía jurídica.

“Para poder hoy entender y operar en el estado de derecho constitucional hay que manejar filosofía jurídica, pensemos en algo consolidado, para operar derechos humanos hay que ponderar teoría de la argumentación”.

Eduardo Ferrer Mac Gregor, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificó la obra como una investigación de enorme actualidad.

“Donde los valores y principios para utilizar la resolución de problemas prácticos adquieren cierta generalización que nos ocupa en el derecho constitucional de nuestros días”.

El libro está conformado por 26 capítulos y 500 páginas, los cuales advierten de las diferentes facetas del neo constitucionalismo, y sus similitudes y diferencias con el iusnaturalismo.

Oscar González

@okogonzalez08

Gustavo Castro, analiza demandar al Gobierno de Honduras por detención arbitraria

El ambientalista mexicano Gustavo Castro, analiza junto con su grupo de abogados la posibilidad de demandar al Gobierno de Honduras por su detención ilegal y arbitraria durante 28 días.

Esto como parte de la investigación en el caso del asesinato de la defensora de derechos de pueblos indígenas hondureña, Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo. Ataque en el cual castro resultó herido y es además de sobreviviente, el único testigo.

“De una manera ilegal, inconstitucional me prohíben la salida sin determinar tampoco las razones, ni cuántas diligencias ni qué más habría que hacer después de varios días de muchas diligencias más de 10 que hice en unos cuantos días”, Gustavo Castro, Ambientalista mexicano.

La investigación no ha concluido en Honduras, y se espera que el Gobierno de un informe oficial de los hechos.

Mientras, los abogados de Gustavo Castro informaron que se encuentra bajo el estatus de testigo protegido y comparecerá desde México cuando sea requerido, además permanece bajo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El activista lamentó el retraso en la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo cual dijo, prolongó su estancia en Honduras.

“En un momento en donde el Gobierno de Honduras no me garantizaba seguridad en un país en donde el 90% o más de los delitos quedan impunes o sin investigar”.

El ambientalista señaló la urgencia de un protocolo que vincule a las empresas y derechos humanos que se violan en megaproyectos en la región, que contemplen mecanismos de protección a las personas defensoras de pueblos y comunidades indígenas.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

La armonización de la NOM 046 con la Ley General de Víctimas beneficia en gran medida a las mujeres víctimas de violación

La armonización de la Norma Oficial Mexicana 046 con la Ley General de Víctimas beneficia en gran medida a las mujeres víctimas de violación, ya que podrán acceder a la interrupción legal del embarazo sin una orden judicial.

Así lo reconoció la representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Rebeca Ramos.

“Queremos felicitar y reconocer que por fin la Secretaria de Salud Federal haya publicado esta modificación a la NOM 046 que básicamente va en armonía con lo que establece la Ley General de Víctimas”.

Señaló que en 2013 la Ley General de Victimas estableció como un derecho acceder a la interrupción legal del embarazo sin presentar denuncia previa sin embargo la NOM 046 si previa como requisito la orden judicial.

“Esta disconformidad entre ambas normas la NOM 046 y la Ley General de Víctimas provocaba pues que las mujeres no pudieran acceder a este derecho de manera mucho más sencilla y sin la necesidad de presentar antes una denuncia”.

Organizaciones de la sociedad civil entre ellas GIRE y Católicas por el derecho a decidir, solicitaron que se armonizara la norma y ahora exigen que se aplique en todos los centros de salud.

“Lo que pedimos ahora es que no se quede en el papel, sino que justo el personal de salud de las instituciones públicas de todo el país conozcan el contenido y cuando una mujer o una niña que ha sido víctima de violencia sexual llegue y solicite una interrupción del embarazo que se produjo con motivo de la violación pues se le den inmediatamente los servicios y de esta manera pues garantizar estos derechos”.

La NOM 046 es de aplicación obligatoria para todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud en el país y constituye el principal eje de actuación para los prestadores de atención médica a mujeres víctimas de violencia sexual.

Laura Murillo

@27_fergie

Reportaje: De la calle a la ley, el sexoservicio lícito.

Trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, obtienen amparo que reconoce como lícita su actividad.

 

 

Martha Rodríguez

@marthaarod

En Coahuila se dio a conocer el manifiesto de conflicto de intereses que deben firmar los servidores públicos

 

En Coahuila se dio a conocer el manifiesto de conflicto de intereses que deben firmar los servidores públicos, teniendo en cuenta las responsabilidades civiles y penales que pueden derivar del otorgamiento de contratos y obras, a personas con las que han tenido relaciones personales, familiares, profesionales, laborales o de negocios.

En Aguascalientes se modificó la Ley de Cultura Física y Deporte

En Aguascalientes se modificó la Ley de Cultura Física y Deporte con el fin de crear la Comisión Especial Estatal contra la Violencia en el Deporte, su función será la de impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte, fomentar campañas de divulgación en contra de la violencia, y prestar asesoría en esta materia a quien lo solicite.

En Colima entraron en vigor las reformas a su Código Civil

En Colima entraron en vigor las reformas a su Código Civil, destacando las relacionadas con el artículo 268, que establece que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio, sin que requiera señalar la causa por la cual se pide. Además, se crea un capítulo único del divorcio sin causa, mismo que debe solicitarse por escrito, además de ir acompañada de la solicitud de convenio, en caso que haya hijos, incapaces o bienes de la sociedad conyugal.