El Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México amparó a un adulto mayor de 60 años, para usar gratuitamente el Metrobús frente al acuerdo que establece que ese beneficio sólo se obtiene a partir de los 70 años.
El juez federal consideró que es inconstitucional que en el acuerdo para acceder de forma gratuita a este medio de transporte, se establezca como requisito tener 70 años ó más.
El punto quinto de este acuerdo viola el principio de reserva de ley; el principio de progresividad en materia de derechos humanos, y viola el principio de igualdad y no discriminación.
Al otorgar el amparo, el juez exige al Director del Metrobús y al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, respetar y aplicar directamente la Ley de Derecho de las Personas Adultas Mayores, permitiendo al quejoso hacer uso de este medio de transporte de manera gratuita.
Organizaciones sociales y empresariales recabaron un total de 634 mil 143 firmas ciudadanas en apoyo a la iniciativa 3 de 3, mismas que fueron entregadas al senado.
Una vez que el Instituto Nacional Electoral las avale, se enviará a comisiones la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidad Administrativa, que forma parte del proyecto 3 de 3.
“Porque el grave problema de la corrupción que lacera todos los ámbitos de la vida política, económica y social se resuelva de una vez por todas, la sociedad ha dicho con fuerza y claridad que la corrupción es intolerable, que no se trata de un tema cultural sino de instituciones que no han funcionado”, Enrique Cárdenas, Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Los representantes sociales advirtieron que esta ley no basta por sí sola sino que se requiere consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción.
El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, dijo que hay avances en los acuerdos en torno a la legislación.
“Hemos hecho el compromiso en el Senado de la República de avanzar en este periodo en el Sistema Nacional Anticorrupción, lo hemos hecho con total decisión sobre la importancia que este tema tiene para nosotros y sobre todo para la sociedad, hay tiempo suficiente para avanzar en la construcción de este sistema”.
La iniciativa ciudadana 3 de 3 recaudó en un inicio 324 mil 667 firmas que fueron entregadas al Senado el pasado 17 de marzo.
En los últimos días se sumaron otras 309 mil 476 firmas.
3 de 3 contempla también que los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimoniales, conflicto de intereses, entre otros.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pueden ser analizadas a través del juicio de amparo. (Amparo en revisión 1066/2015).
Por unanimidad de votos, los ministros indicaron que esto representaría un obstáculo para que la CNDH ejerza su labor de llamado al cumplimiento de las recomendaciones que emite, pues incluso, destacaron se podría generar un escenario no deseable para la protección de las víctimas de violaciones de derechos.
En la sesión de este miércoles la Primera Sala de la Corte resolvió que las normas que exigen la demostración de una causa para la disolución del matrimonio restringen de forma indebida el derecho de libre autodeterminación. (Amparo directo en revisión 5339/2015).
Esta Sala explicó que no es razonable forzar a la otra persona cuando hay conflictos que muestran que ya no se cumple con el objetivo del vínculo matrimonial.
En otro tema, atrajo un amparo directo que le permitirá analizar la constitucionalidad del artículo 178 del Código Penal del Estado de México y, en su caso, reiterar doctrina sobre la competencia constitucional de los congresos locales para legislar en materia de delincuencia organizada. (Facultad de atracción 483/2015).
Esta Sala determinó que el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no es discriminatorio. (Amparo directo en revisión 83/2015).
Esto, porque reconocieron la discrecionalidad de cada órgano legislativo para emitir legislación procesal, incluidas las referentes a las leyes u ordenamientos de aplicación supletoria.
Por tanto, el que una ley de aplicación local prevea un régimen de supletoriedad diverso al previsto por una ley federal, no da lugar a un tratamiento discriminatorio.
En otro fallo, explicó las diferencias que existen entre la acción difusa en materia ambiental que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles y la acción para demandar la responsabilidad ambiental establecida en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. (Amparo directo 1/2015).
Resolvió que las dos acciones son independientes y que no se puede exigir el cumplimiento de los requisitos de procedencia impuestos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental cuando lo que se promovió fue una acción difusa que está contemplada en el código federal de procedimientos civiles.
Por otra parte, la Sala se pronunció por la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 497 del Código Civil de Guanajuato, que prevé la pérdida de la patria potestad por “malos tratamientos” hacia el menor por parte de quien la ejerce y que comprometen su salud, seguridad o moralidad. (Amparo directo en revisión 4698/2014).
Lo decidió así porque la norma implícitamente tolera la violencia, con lo que transgrede el principio del interés superior del menor.
Hacer visible la existencia de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México.
Así lo exigieron los participantes del Foro Internacional sobre Derechos Humanos de sector social.
“La población callejera tiene que ser reconocida en el marco de ese gran conglomerado de los derechos humanos que deben gozar irrestrictamente más allá de la condición en la que se encuentren”, Angélica de la Peña, Comisión de Derechos Humanos del Senado.
En el evento, denunciaron que no existen datos nacionales, ni precisos, ni recientes, sobre el número o la situación en la que se encuentran.
En 2012 se contabilizaron 4 mil 14 personas que vivían en las calles, tan sólo en la Ciudad de México.
86 % eran hombres, y el resto mujeres.
“Frecuentemente las políticas públicas, cuando las hay, sean deficientes, asistencialistas y no con un enfoque de derechos y eso preocupa porque perpetua simplemente los estereotipos y la falta de acceso a derechos en lugar de ayudar”, Alexandra Haas, Presidenta CONAPRED.
En 2015 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, únicamente recibió tres quejas contra particulares, por tratos discriminatorios a personas en situación de calle.
En ellas, se encontró evidencia de un trato indigno y de claras vulneraciones a la integridad personal, ambos fenómenos motivados por la apariencia física, condición económica y condición social.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investiga el caso Ayotzinapa, anunció que no colaborará más con la Procuraduría General de la República, en torno al último peritaje que realizó un grupo de expertos en fuego en el basurero de Cocula.
En conferencia de prensa, los cinco integrantes del GIEI calificaron como irresponsable que la PGR haya propiciado la difusión de los resultados preliminares del peritaje, a pesar del acuerdo establecido.
Este peritaje señala que sí hay evidencia de que existió un evento de fuego de grandes dimensiones en el basurero y que por lo menos 17 personas fueron incineradas en ese lugar.
“Nosotros no seguiremos colaborando en este caso, en un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que solamente contribuirá a la confusión y al descredito”, Claudia Paz, Integrante del GIEI.
“Hay que señalar que el reporte presentado, no es definitivo sino preliminar… El informe no recoge las respuestas que se pidieron a los peritos debido a que señalan la necesidad de nuevos estudios, lo cual invalidad todavía dicho planteamiento”, Ángela Buitrago, Integrante del GIEI.
Señalaron que la utilización política de este caso muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero.
En el Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, informaron que luego de manifestar su inconformidad a la procuradora General de la República, Arely Gómez, le solicitaron una reunión con los expertos en fuego.
“La señora Procuradora nos informó que el día viernes tendríamos esta reunión las personas que integraron el estudio de fuego, nosotros estamos esperando esta reunión porque como ustedes comprenderán tenemos muchas dudas”, Claudia Paz, Integrante del GIEI.
Los expertos internacionales señalaron que pese a las presiones, descalificaciones, amenazas y bloqueos que han sufrido, continuarán trabajando para entregar su informe final, el próximo 30 de abril.
La protección a la primera infancia, menores migrantes no acompañados y situación de niños indígenas, son algunos de los pendientes que atender en México.
Tan sólo la migración de menores se triplicó de 2013 a 2015.
“Un nuevo rumbo para que las diferencias sociales que existen en México no determinen más las oportunidades que los niños van a tener en sus vidas”, Isabel Crowley, Representante UNICEF México.
Sobre educación, revelaron que el 96.2 % de los niños y niñas de entre 6 y 14 años asistieron a la escuela, sin embargo, en las zonas rurales 11.82 % no saben leer ni escribir.
“En edad escolar México ha sido en situación de niños y niñas indígenas que tienen los indicadores más bajos en el país”, Alison Sutton, Representante Adjunta UNICEF México.
“De cada cien niños indígenas logra tener resultados suficientes en compresión y manejo del lenguaje”, Silvia Ojeda, Oficial Nacional de Educación UNICEF.
En la mitad de las escuelas del todo el país al menos asiste un niño o una niña indígena.
21.4 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. 62.6 % carece de seguridad social, seguida por la falta de acceso a la alimentación.
Es por esto que urgieron garantizar la protección de la primera infancia pues es el sector en el que menos se invierte.
“Es el grupo etario que más pobreza tiene dentro de los niños, niñas y adolescentes en todo el país”, Erika Strand, Jefa de Política Social UNICEF México.
En materia de lactancia materna. Sólo 14.4 % de los niños y niñas recibieron leche materna como único alimento durante sus primeros 6 meses de vida.
Sobre el derecho a la identidad, Chiapas Oaxaca y Guerrero registraron la cifra más baja de expediciones de actas de nacimiento. Paradójicamente estas entidades son las que tienen el mayor porcentaje de matrimonio infantil.
Sobre trabajo infantil, 2.5 millones de niños y niñas trabajaban en México, el 70 %son mujeres.
La discusión sobre la regulación de la marihuana debe darse por acuerdo, inclusión y apegándose a la evidencia científica, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al clausurar el quinto y último foro que organizó el Gobierno Federal sobre el tema.
Dijo que hablar sobre el uso de esta droga tiene múltiples aristas, pero se tiene que definir el problema y la alternativa de solución.
“Porque los problemas de la demanda, la producción y el tráfico no son los mismos y por lo tanto tampoco son las herramientas para hacerle frente sólo las que se ven de manera aislada”.
Osorio Chong destacó que en breve, el propio Presidente de la República dará a conocer la postura oficial sobre la regulación de la marihuana, basado en las conclusiones que se entregaron, derivadas de los foros.
Sobre éstas, el secretario de Salud, José Narro explicó que se identificaron 3 temas, la investigación clínica de medicamentos con cannabinoides, el acceso a estos productos y el fortalecimiento de la estrategia de comunicación y prevención sobre el uso lúdico y médico de la marihuana.
Los presidentes de las cámaras del Congreso fueron más allá, al establecer la necesidad de regular la producción, siembra, venta y consumo para fines lúdicos, eliminar los umbrales de portación.
Así como el excarcelamiento de las personas que por consumo y portación están en prisión.
“Mientras no arreglemos el problema del suministro de la oferta, los consumidores seguirán siendo criminalizados en la modalidad de portadores, mientras no exista una forma lícita y controlada de abastecimiento, el mercado negro se mantendrá intocado”, Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado.
“Tanto la regulación de la marihuana como la posible regulación en el futuro de la siembra de amapola, llevarían a crear una opción legal de vida de miles de campesinos y de familias que hoy son víctimas de la violencia institucional y de la violencia del crimen organizado”, Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Destacaron que construir alternativas de regulación no significa la legalización indiscriminada de las drogas.
Con el Convenio de Cooperación Jurídica entre el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la justicia federal se moderniza al abatir tiempos y costos en el desahogo de trámites en el extranjero.
Con ello se contempla que el desahogo de diligencias judiciales en el extranjero y en territorio nacional, principalmente en materias penal y civil, se realice mediante el método de videoconferencias, utilizando a las misiones consulares.
Las diligencias judiciales que se lleven a cabo en el extranjero podrán ser por tres vías: tratados internacionales suscritos por México en las materias correspondientes; por la vía consular, y el principio de reciprocidad internacional.
La intención es compartir algunas de las plataformas tecnológicas con que cuenta el Poder Judicial de la Federación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para facilitar la comunicación, aminorar costos y agilizar los procesos mediante el uso de la firma electrónica.
Se presentó el Mapa Interactivo sobre Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos en la Ciudad de México.
Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la capital del país, dio a conocer los tres más violentados.
“El derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y garantías judiciales, y el derecho a las personas privadas de su libertad”.
Las delegaciones que más violaciones registran fueron: Iztapalapa, por el número de población; Cuauhtémoc, por tener concentrados los Poderes de la Unión; así como Gustavo A. Madero, Xochimilco y Benito Juárez.
Dicha herramienta, que puede ser consultada en la página electrónica de la Comisión, fue diseñada a partir de la información que recaba a través de sus servicios de defensa.
Contempla la generación de mapas para 43 derechos humanos específicos, como: derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, sexuales y reproductivos, por mencionar algunos.
En cuanto al tema del programa Hoy no circula, Gómez Gallardo, exigió al Gobierno de la Ciudad de México, brindar mayor información a la ciudadanía sobre las medidas que se lleven a cabo.
Consideró que no es suficiente con impedir la circulación de los vehículos, además de implementar una mayor cantidad de políticas públicas en este sentido.
“El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para garantizar de manera oportuna el aviso de todas las medidas que se tengan que tomar, finalmente son actos de molestia, finalmente son situaciones que tienen que avisarse para que las personas tomen sus previsiones”.
Informó que hasta el, momento no hay quejas en la Comisión por el Hoy no circula, sino una solicitud de información sobre el tema de la movilidad, por parte de un peticionario.
Organizaciones defensoras de las radios comunitarias se manifestaron en contra de la campaña que inició el Instituto Nacional de Telecomunicaciones para denunciar a las estaciones que operan sin concesión.
“Declaramos que esta campaña contiene información falsa que alienta gravemente a la violación de derechos humanos”, Geraldina Lázaro, Red de Comunicadores Boca de Polen.
En conferencia de prensa afirmaron que ocupar el espectro no es un delito y por el contrario, limitar su uso viola el derecho a la libre expresión.
“Le pedimos que retire de manera inmediata la campaña, y no solamente eso, lo que tiene ahorita que ocurrir es una reparación del daño, el IFT requiere hacer una campaña afirmativa donde reconozca que esto no es delito ni es un robo”, Blanca Cruz, Redes por la diversidad.
Reconocieron que desde agosto de 2015 no se ha aprobado ni una sola concesión para las radios comunitarias que iniciaron los trámites, además de que estos son complicados y muy alejados a la realidad de las comunidades.
“No hemos conseguido que salgan aprobadas estas concesiones, estos permisos en tránsito ni estos expedientes que están ahí, ni en las radios indígenas echando otra vez abajo el artículo segundo constitucional y su apartado b correspondiente a la fracción sexta que habla de facilitar las condiciones para la incorporación de los medios indígenas a la radiodifusión”, Héctor Camero, AMARC México.
Entre otra de las exigencias, pidieron AL ift reconocer el trabajo de las emisoras comunitarias y precisar cuáles son los trámites necesarios para obtener la concesión.
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