La organización Open Society Justice Initiative presentó un informe sobre crímenes de lesa humanidad en México

“No hay justicia, no hay una búsqueda de verdad exhaustiva por parte de las autoridades, la búsqueda la han hecho las mismas familias, la hemos hecho nosotros, hemos hecho todo el registro”, Brenda Rangel Ortíz, Familiar de desaparecido.

Brenda es familiar de una de las 580 mil víctimas de secuestro y desaparición forzada registradas en México entre 2007 y 2014.

Pertenece a una organización en Querétaro formada por 33 familias que han dedicado su vida a buscar a sus desaparecidos. Hasta el momento han hallado a 13 personas, 8 con vida y 5 en fosas comunes.

Su historia se enmarca en la presentación del nuevo informe de la organización Open Society Justice Initiative, donde se afirma que existen fundamentos razonables para considerar que los crímenes que se han cometido en México alcanzan ya la categoría de lesa humanidad.

“El Gobierno de México por supuesto tiene una meta legítima en someter al crimen organizado, sin embargo lo ha hecho a través del despliegue de las fuerzas armadas y la policía militar para el uso indiscriminado y extrajudicial contra los miembros de cárteles… El cartel de los zetas califica como organización para los propósitos de crímenes de lesa humanidad”, James Goldston, Director de Open Society Justice Initiative.

Según informes de la SEDENA entre 2007 y 2013, únicamente se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, de las cuáles, ninguna resultó en condena.

“Los crímenes de lesa humanidad son delitos que no prescriben, son delitos que no son amnistiables son delitos que no son susceptibles de ser indultados, no pueden estar sujetos a las inmunidades ´parlamentarias o de cualquier otro tipo y se puede aplicar la figura de la cosa juzgada fraudulenta”, José Antonio Guevara, Director Ejecutivo CMDPDH.

El informe señala que dichos crímenes cometidos por el Estado y grupos delictivos satisfacen el criterio legal del término generalizado y su intensidad sugiere que han sido también sistemáticos.

Por lo que exhortaron a la creación de un organismo internacional de investigación con sede en México con facultades autónomas para conocer de crímenes atroces y casos de corrupción para someterlos ante tribunales, aprobar una legislación que regule el uso de la fuerza y principalmente retirar al ejército de las operaciones de seguridad pública.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

La SCJN declara constitucionales disposiciones que permiten ceder atribuciones de municipio al Gobierno Estatal en Querétaro

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad de los convenios que pueden celebrar los municipios con los gobiernos estatales para ceder algunas facultades en materia de asentamientos humanos.

Con ello, validó diversos artículos del Código Urbano de Querétaro, que, mediante una controversia constitucional, había impugnado el Municipio de Tequisquiapan, Estado de Querétaro. (Controversia constitucional 65/2012).

“Es no solamente porque sea un acto voluntario sino porque el artículo 115 de alguna manera lo está estableciendo en la fracción II, inciso c), del artículo 115 constitucional, en este inciso, lo que se establecen son las normas precisamente para llevar a cabo los convenios que se reflejan en tres fracciones diferentes: una es la fracción IV, que está referida a la facultad hacendaria; la fracción III, que está referida a los servicios públicos y el artículo 116, fracción VII, que dice que puede convenirse el ejercicio de las funciones”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

“En la fracción II del inciso d) del 115 que establece, el procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, y dice: al no existir el convenio correspondiente es decir, está reconociendo que puede existir el convenio correspondiente, porque es potestad del municipio convenir respecto de sus atribuciones exclusivas dentro de esta materia que es concurrente por naturaleza”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

El debate central fue sobre las facultades que cederían por convenio los municipios y la respuesta que se daría al municipio demandante.

“No estoy de acuerdo en que necesariamente tengamos que pronunciarnos si son la totalidad o no de esas funciones o servicios, por una razón: y creo que hay que tenerla presente, en nuestro sistema municipal tenemos diferencias abismales entre las capacidades de unos municipios y de otros”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“No creo que se pueda establecer como regla general que el municipio en principio, puede delegar todas sus facultades o funciones constitucionales mediante un convenio, porque es precisamente lo que el orden constitucional trata de salvaguardar y, en ese sentido, fue muy específico en cuáles funciones y servicios públicos podía celebrar este tipo de convenios”, Norma Lucía Piña, Ministra SCJN.

Al avanzar en el estudio de esta controversia, el Pleno también declaró la validez de diversos artículos de la norma impugnada relativos a la subrogación de facultades de los ayuntamientos sobre uso de suelo.

Esto, con base en precedentes sobre concurrencia de competencias en temas de asentamientos humanos.

Quedó pendiente de votación para la próxima sesión pública, la propuesta de invalidez de una porción del artículo 64 del Código Urbano de Querétaro.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Asiste Ministro Presidente a inauguración de 8° Foro Nacional de Seguridad y Justicia

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El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales aseguró que México exige y merece una justicia penal madura, protectora, pero no solapadora.

Al asistir a la inauguración del Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia a escasos 11 días para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, destacó que es y ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que emiten sus sentencias.

“Por supuesto que los jueces no son infalibles, cuando se ha demostrado que han fallado, se les ha sancionado con todo rigor porque no aceptamos jueces corruptos o torpes que indebidamente aplican mal la ley o que lo hacen con un sentido doloso”.

Indicó que en nada contribuirá a la legitimidad del Nuevo Sistema, si el camino se pavimenta de acusaciones de corrupción, sólo por disentir de sus decisiones pero sin razones ni pruebas fundadas.

En ese sentido destacó que el debido proceso legal no es obstáculo ni pretexto, es una garantía para todos.

“El debido proceso hace que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se cree que alguien es culpable, mientras no existan pruebas licitas que así lo demuestren, los jueces no podrán seguir un camino fácil de condenar a alguien por su propia apariencia”.

Anunció que ya se cuenta con centros de justicia penal federal en todas las entidades y se designó a 118 jueces de distrito para atenderlos, quienes pasaron por 14 rigurosos procesos de selección y capacitación.

“Hemos evitado e impedido porque así lo creemos, cualquier influencia en la designación de los jueces que no sea su preparación, su capacidad y desde luego haciendo a un lado cualquier posibilidad de nepotismo o designación indebida”.

Los jueces están preparados, dijo, para conocer de los delitos federales incluso delincuencia organizada que hasta ahora no se han judicializado ya que sólo hay 3 causas por delitos de este tipo en Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México.

El 60 % de las causas judicializadas son de delitos relacionados con armas de fuego, el 30 % por narcomenudeo federal, narcotráfico y robo de hidrocarburos.

Durante el foro, se exigió que haya voluntad política para que se de certeza y efectividad al Nuevo Sistema.

“Hoy tenemos ejemplos espantosos de abusos de autoridad, desde el policía que tortura, el MP que integra mal la investigación hasta el juez que interpreta a modo la ley”, Alejandro Martí, Organización México S.O.S.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que se requiere de un cambio cultural de cara al Nuevo Sistema de Corte Acusatorio.

“Hay que aceptarlo, cuando las cosas funcionan mal, cuando algunos modelos están agotados y tenemos que prestar oídos muy grandes, abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros oídos a lo que la sociedad civil nos está demandando”.

Al Congreso de la Unión se le exigió celeridad para aprobar las leyes pendientes en materia penal.

El Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia concluye este miércoles.

Martha Rodríguez

@marthaarod

PGR realiza adecuaciones necesarias para NSJP, asegura su titular, Arely Gómez

La Procuraduría General de la República realiza las adecuaciones necesarias a su estructura interna para hacer frente a los retos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, anunció su titular, Arely Gómez.

Al participar en el Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia, explicó que la Oficina de Implementación de la Reforma Penal depende ahora directamente de la Procuradora.

Y se han tenido algunos avances.

“Lo tenemos con muy buenos resultados tanto en medidas que se han adoptado. De 11 juicios que hemos llevado, tenemos 9 sentencias condenatorias lo cual quiere decir que estamos trabajando sobre este tema y viendo cuáles son las necesidades”.

La titular de la PGR destacó que cuentan con un plan maestro de operación del sistema que contempla la armonización jurídica, administración del cambio, difusión y modelo de gestión.

Por su parte, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, dijo que la miscelánea penal que está pendiente para la operación del Nuevo Sistema, probablemente quedará aprobada durante el periodo extraordinario de sesiones que inicia este lunes.

“Es un ejercicio político altamente técnico en este caso que nos exige ir equilibrando figuras, instituciones, garantías, derechos, potestades públicas, estamos diseñando la arena, el cuadrilátero en el que se va a desenvolver el debate, en el debate penal no solo hay una autoridad que recibe una denuncia y que va a analizar la responsabilidad o no de una persona sino hay un conjunto de derechos en tensión, el de las víctimas, de los acusados”.

El legislador destacó que se ha trabajado desde el Congreso a marchas forzadas y la tarea no termina pues se tendrá que revisar a fondo cómo funciona cada una de las piezas legislativas.

Martha Rodríguez

@marthaarod

El caso del halconazo en espera para ser admitido en la CIDH

El caso del halconazo el 10 de junio de 1971 donde fueron asesinados más de 120 estudiantes en la Ciudad de México sigue impune y en etapa de espera de ser admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hace diez años la Comisión demandó al Gobierno de México entregar los expedientes del proceso del 10 de junio, plazo que venció y el Estado no los ha entregado.

A 45 años de los hechos, sobrevivientes de aquel jueves de corpus anunciaron movilizaciones este viernes para recordar los trágicos hechos.

“Es un crimen de estado, porque es organizado desde el estado dirigido desde el Estado y protegido por fuerzas del Estado… Entre los autores intelectuales quedan pocos con vida pero queda con vida el que era la cabeza del estado mexicano que es Luis Echeverría Álvarez”, Félix Hernández Gamudi, Comité del 68.

Aquella tarde alrededor de las 17:00 horas una marcha pacífica de estudiantes de la UNAM y el Politécnico salió del Casco de Santo Tomás en apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, su destino era el Zócalo capitalino.

Fueron sorprendidos por un grupo paramilitar que tras simular una disputa atacaron a los estudiantes.

“Es un caso extremadamente grave porque hace escuela, garantiza impunidad a la gente en el poder y esa impunidad es una semilla que permite que la represión se siga reproduciendo de la misma manera”.

La marcha partirá el próximo 10 de junio a las 4 de la tarde de la explanada de Ciencias Médico Biológicas del IPN en el Casco de Santo Tomas con destino al Zócalo.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Reflexiona Diego Valadés sobre la crisis humanitaria en México #DDHH

México enfrenta una grave crisis humanitaria pese a que la Constitución es una de las legislaciones más completas en materia de derechos humanos.

Así lo reconoció el doctor Diego Valadés del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el marco del simposio por los 20 años de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

“En el estado constitucional que tiene uno de los mejores contenidos en materia de derechos humanos estamos viviendo una crisis humanitaria hoy 27 mil desaparecidos, número indeterminado de personas que pierden la vida todos los días”.

Durante el evento destacó que la Constitución se convirtió en el centro de un sin número de exigencias para dar al país respuestas normativas que no se dan en la práctica.

Además dijo, que la falta de claridad en la estructura de la legislación por las reformas constitucionales dificulta que los ciudadanos conozcan sus derechos.

“Desde el punto de vista del estado de bienestar esto nos presenta un enorme desafío, desde el punto de vista de derechos humanos y lo mismo sucede, nos presenta un enorme desafío porque lo esencial en un estado constitucional es que los ciudadanos estemos informados del contenido de nuestra norma”.

Afirmó que para lograr el bienestar social es indispensable la democracia y la creación de nuevas instituciones.

“El estado de bienestar reclama como condición indispensable que haya un estado democrático paralelo que evite las distorsiones que generan la democracia y el paternalismo”.

Sugirió la implementación de un consejo mexicano de desarrollo social para establecer la relación entre las normas y la realidad que enfrenta la sociedad.

Dicho consejo debe trabajar con el Estado, miembros de la sociedad civil académicos y empresarios y utilizar herramientas de medición del bienestar social, como la felicidad, contemplada en legislaciones como la de Estados Unidos.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

Investigan posibles prácticas monopólicas en Jalisco

La Comisión Federal de Competencia Económica, dio a conocer el inicio de una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas, en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortilla de maíz en el Estado de Jalisco. Una vez concluida la investigación, se procederá conforme a derecho.