Presentan Reporte sobre Delitos de Alto Impacto 2015

En los últimos 11 años en México se ha llegado a la especialización delictiva según el Estado de la República del que se trate.

Un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano alertó que Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca presentaron especialización en delitos como secuestro y homicidio doloso.

En el caso de Tamaulipas, el Estado presentó un incremento significativo en el delito de secuestro, 600 % mayor a las estadísticas registradas a nivel nacional.
 
“Tamaulipas como sabemos pues también es una entidad que tiene una problemática muy significativa, primer lugar en materia de secuestro y las condiciones de secuestro pues son como vemos 645.21% mayor a lo nacional”, Francisco Rivas, Observatorio Nacional Ciudadano.

Mientras que Sinaloa es la única entidad especializada en todos los delitos de alto impacto.
 
“Sinaloa es la única entidad que se especializó en todos los delitos de alto impacto desde el 2005 y desde 2005 el homicidio doloso se ha reportado con la mayor proporción respecto a otras entidades de la región noreste”.

Entre los delitos más comunes en todas las zonas del país se encuentran, el homicidio culposo, el homicidio doloso y la extorsión.
 
“Los delitos más comunes nosotros encontramos que en el noroeste los delitos más comunes son homicidio doloso, homicidio culposo, extorsión y secuestro, en el noreste el homicidio doloso y el homicidio culposo, en el centro el homicidio culposo, la extorsión, el secuestro y robo con violencia y en el sureste el homicidio doloso, el homicidio culposo y la extorsión”, Alejandro Vera Salas, Investigador Observatorio Nacional Ciudadano.

El estudio subrayó que la Ciudad de Acapulco persiste como una de las zonas más violentas del mundo.

Durante la presentación del estudio, especialistas lamentaron que el Estado no cuente con indicadores precisos que garanticen el registro de los delitos en las entidades a nivel municipal.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

El CJF pondrá en operación seis nuevos Centros de Justicia Penal Federal

El Consejo de la Judicatura Federal publicó diversos acuerdos, con los que se crean 6 nuevos Centros de Justicia Penal Federal.

Los nuevos centros que se ubicarán en los estados de Tamaulipas, Guerrero, Baja California y Jalisco, iniciarán funciones a las cero horas del 14 de junio.

Cada uno de los centros contará con tres jueces de Distrito especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Oral y un Tribunal de Alzada.

En Tamaulipas, los Centros de Justicia Penal Federal se ubicarán en Reynosa y Ciudad Victoria; en Guerrero, se ubicará en Acapulco.

En Baja California los centros tendrán su sede en Mexicali y Tijuana; mientras que en Jalisco, el nuevo centro se ubicará en el Centro Penitenciario de Puente Grande.

Los nuevos centros conocerán de todos aquellos casos que se tramiten bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con la entrada en vigor de estos nuevos centros, el Poder Judicial de la Federación, cuenta con por lo menos un centro de justicia penal federal, en cada una de las 32 entidades del país.

El Consejo también modificó el acuerdo que crea el Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, que tendrá competencia en todo el Estado, con excepción del Municipio de San Luis Río Colorado.

También modificó el acuerdo que crea el Centro de Justicia Penal Federal en Nayarit, para precisar que tendrá competencia en todo el Estado y en el Archipiélago de las Islas Marías.

José Luis Guerra García

900 servidores públicos, tendrán a su cargo la operación del NSJP a nivel federal

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El Poder Judicial de la Federación se encuentra listo para cumplir en tiempo y forma con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, aseguró el Ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán.

Durante la ceremonia de cierre de actividades del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el país, destacó que para el 14 de este mes, se tendrán 18 centros de justicia federales, y 20 centros más de naturaleza provisional.

900 servidores públicos tendrán entre su más alta prioridad este sistema, de los cuales, hasta hoy, 118 son jueces de distrito adscritos y certificados para el enjuiciamiento oral.

“En lo que concierne al poder judicial de la federación, no se han escatimado horas y horas de planeación, diseño y ejecución articulada que culminaron con arduos trabajos necesarios para dotar, antes que nada, de la infraestructura mínima para su funcionamiento; éstos iniciaron con la localización y selección de los predios más adecuados y convenientes para edificar, desde sus propios cimientos, los centros de justicia penal federal destinados en cada entidad federativa”.

En la sede de la Secretaría de Gobernación, el Ministro Pérez Dayán informó que gradualmente otros 102 jueces federales, ya designados, se adscribirán a sus labores cotidianas, conforme lo demande el volumen de asuntos en la materia.
 
“Todo lo hecho hasta ahora ha permitido que bajo el nuevo t se hayan judicializado más de 4 mil 200 asuntos, materializando así los principales objetivos de la reforma, entre otros, la reducción de la prisión preventiva, situada ahora en aproximadamente 20 % de los casos o que nueve de cada 10 causas resueltas, lo hayan sido a través del procedimiento abreviado”.

Una vez culminada la etapa de implementación del Nuevo Sistema, dijo el Ministro Pérez Dayán, es indispensable que todos los operadores jurídicos involucrados contribuyan a consolidar el trabajo realizado a lo largo de estos años, a fin de entregar los mejores resultados, pues así lo demanda la ciudadanía.

Destacó el mérito en las directrices trazadas, del Ministro Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, así como los titulares de Gobernación, PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad.

A la reunión, de carácter privada, asistieron el Secretario de Gobernación, la Procuradora General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad, el Consejero Jurídico de la Presidencia y el ciudadano, Alejandro Martí.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Reto principal de NSJP cambiar la manera en la que se aproximan juristas y operadores a la procuración de justicia

El reto más grande al que se enfrenta el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es al cambio cultural en la forma en que los juristas y operadores van a encarar los fenómenos jurídicos y sociales.

Coincidieron expertos, durante las Jornadas sobre Juicios Orales en su cuarta edición, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Si no estamos dispuestos a abrirle la puerta al pensamiento complejo no vamos a entender absolutamente nada ni del proceso penal, ni de las garantías constitucionales, ni de la convencionalidad, ni del pro persona, ni del pro dignitate, ni de prácticamente nada”, Rafael Estrada Michel, Director del INACIPE.

La próxima semana ya deberá estar operando el nuevo esquema en todo el país y se hizo un llamado a continuar con los esfuerzos de capacitación, tomando en cuenta además los cambios estructurales que trajo la Reforma Constitucional del 2011 y los principios que modelan al Nuevo Sistema.

“Y de manera muy sencilla ¿cuándo habrá violaciones a derechos humanos? cuando un acto o una omisión de la autoridad vulnere esos principios, Cuando el juez no esté en la audiencia, cuando al integrar la carpeta de investigación yo no sé lo que están integrando en esta carpeta de investigación y yo no puedo impugnar el contenido de esta carpeta”, Mario Ignacio Álvarez Ledesma, Especialista en derechos humanos.

Uno de los pendientes relativos al cambio de paradigma en el pensamiento, es que la obligación de buscar la solución pro persona en los procesos, no se está realizando desde las etapas de la indagación y la formación de la carpeta de investigación.

“Lo cierto es que las y los servidores públicos tenemos una obligación clarísima de hacer preservar los derechos humanos y ante el principio pro persona pero también evitando toda discriminación negativa, principio pro dignitate en cada una de nuestras actuaciones y a mí me da la impresión que todavía no llegamos a ponderar todo lo que representa y todo lo que va a cambiar este hecho tan relevante”, Rafael Estrada Michel, Director del INACIPE.

Afirmaron que este principio debe respetarse por mandato constitucional en todas las etapas del proceso penal.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Determina SCJN que municipios pueden ceder ciertas atribuciones al Estado en materia de asentamientos humanos

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez de los convenios que pueden celebrar los municipios de Tequisquiapan, El Marqués y de Colón con el Poder Ejecutivo de Querétaro para ceder algunas facultades en materia de asentamientos humanos. (Controversias constitucionales 65/2012 , 66/2012 y 67/2012).

Con esto, al resolver tres controversias constitucionales, la corte validó diversos artículos del Código Urbano de Querétaro que habían sido impugnados por esos municipios.

El Pleno de Ministros también declaró la constitucionalidad de los artículos de este Código, relativos a la subrogación de facultades de los ayuntamientos sobre uso de suelo.

Resolvió así con base en precedentes sobre la concurrencia de competencias en temas de asentamientos humanos.
 
“Impugnaciones relacionadas con la posibilidad de celebrar convenios, destacando que la votación fue a favor del proyecto modificado por unanimidad de diez votos; en el considerando II. Impugnaciones relacionadas con las facultades concurrentes, que analizó cinco subtemas; aquí las señoras y señores Ministros votaron en vía económica por unanimidad de diez votos; la III. Impugnaciones relacionadas con criterios de congruencia, coordinación y ajuste, en el apartado se contienen siete subtemas y —de igual— la votación fue por unanimidad de diez votos”, Javier Laynez Potisek, Ministro SCJN.

Por otra parte, declaró la inconstitucionalidad de una porción normativa del artículo 64 de la norma impugnada, pues consideró que corresponde al municipio la creación de centros de población y no al Ejecutivo del Estado.

“En el que se declare la invalidez del artículo 64 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en la porción normativa que dice: “del titular del Ejecutivo del Estado o”, de conformidad con el apartado 9 de esta resolución”.

Cabe subrayar que los efectos de esta sentencia son relativos, exclusivamente, a los municipios actores.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Dicta Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero conferencia La usura en los intereses

Los juzgadores deben ser firmes en su postura al emitir sus sentencias, porque eso dará certeza a los justiciables de que tendrá un fallo justo.

Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de Circuito, señaló lo anterior al impartir la conferencia: “La usura en los intereses”, en el auditorio del edificio sede Las Flores.

“Lo importante de un juez, y que ustedes lo sepan como abogados, es que –o cuando menos así lo creo– es que el juzgador no dé bandazos, que ustedes sepan: este es un juez garantista o este es un juez muy conservador, pero lo que no se vale con los abogados, es que el juzgador dé bandazos, porque entonces no saben a qué atenerse y ahí es donde viene el problema con ustedes”.

García Villegas Sánchez Cordero, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, explicó en qué momento el cobro excesivo de intereses pasa a ser usurario.

“Se tiene que ver por las instituciones de crédito de esta manera, y por los prestamistas también. Ellos saben que va haber un guardián, y ese guardián es el Poder Judicial y si la tasa es usuraria; entonces el guardia entra, incluso de oficio”.

Durante su ponencia, la Magistrada de Circuito insistió en recomendar a los juzgadores emitir sentencias que sirvan a la gente.

“Que sus sentencias tengan un efecto útil y que se comprometan con la impartición de justicia y que se comprometan con el justiciable”.

García Villegas Sánchez Cordero también pidió a sus pares así como quienes trabajan en los órganos jurisdiccionales, que a pesar del cansancio por sus largas jornadas laborales, traten bien a los litigantes y a los justiciables para recobrar la confianza que ha caracterizado al Poder Judicial de la Federación.

Heriberto Ochoa Tirado

@heribertochoa

En el 95 % de los casos de personas criminalizadas, la pobreza es el factor común

Las políticas públicas de conservación de archivos deben cambiar, exigieron expertos en este tema.

Consideraron que en el 95 % de los casos de personas criminalizadas, la pobreza es el factor común, por lo que es momento de hacer adecuaciones.

Lo anterior, como parte de las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos.

“Debemos pasar del derecho penal de las clases bajas al derecho penal de las clases altas, mientras en este país no suceda eso, este país nunca va a cambiar, aunque tengamos Código Nacional, aunque tengamos Ley de Víctimas, aunque tengamos a Wallace y a Martí”, Juan Antonio Araujo, Pdte. Instituto Mexicano para la Justicia.

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, consideraron que los archivos históricos demandan acceso público irrestricto.

“Pero si no tienes procesos de justicia, si no hay rendición de cuentas, lo único que les queda a los familiares es saber que la sociedad los recuerda, y como los recuerda si están tachados, como los recuerda si están en negro”, Ana Cristina Ruelas, Dir. para México y Centroamérica Artículo 19.

En representación del INAI, el comisionado Francisco Javier Acuña, afirmó que la Ley General de Archivos está obligada a eliminar cortapisas frente al derecho a la información, así como para evitar violaciones a derechos humanos.

“Por eso digo que el ciudadano ordinario, el ciudadano medianamente informado sí tiene el deber de enterarse qué pasó en el 68, qué pasó antes, y cómo lo que está sucediendo ahora tiene que quedar rescatado para prevenir sobre todo la repetición de esos episodios”.
 
Patricia Funes, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, destacó la importancia que poseen los documentos, pero aclaró que los papeles no hablan por sí solos, y que el estado tiene la obligación de legitimar los testimonios de testigos.

Este 9 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Archivos.

Oscar González

@okogonzalez08

Dictan auto de formal prisión a 11 vinculados con la fuga de Joaquín Guzmán Loera

El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dictó nuevos autos de formal prisión contra 11 ex servidores públicos vinculados con la fuga de Joaquín Guzmán Loera.

Entre los involucrados se encuentra el ex director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Se les dictó, en reposición, el auto de formal prisión por su probable responsabilidad en evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado por la comisión del delito o delitos contra la salud.

El 30 de mayo de este año, el Quinto Tribunal Unitario en el Estado de México, ordenó la reposición del procedimiento para 11 procesados.

Miguel Nila Cedillo

Se modificó el Estatuto Orgánico del INFONAVIT

Se modificó el Estatuto Orgánico del INFONAVIT, documento que precisa las atribuciones del director general, de las secretarías, la contraloría, las subdirecciones de planeación y de crédito, esta última encargada de definir los planes de financiamiento para la adquisición de vivienda, para los derechohabientes.

Destinan recursos para seguridad pública y prevenir el delito

El Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades de Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, canalizarán mil 290 millones de pesos para impulsar acciones que permitan mejorar la seguridad pública y prevenir el delito. Recursos que pueden destinarse a la adquisición de equipo, programas de vigilancia o creación de centros de información criminal.