Representantes de 33 organizaciones civiles entregaron al Senado su propuesta para el dictamen sobre la legalización de la marihuana.
Lamentaron que la discusión excluyera descriminalizar su consumo y producción, pues la aprobación está orientada sólo para fines medicinales.
“Son 25 derechos humanos que se están violando, de estos 25 derechos solamente tienen materia en este momento regular, o tienen la intención de regular uno, el derecho a la salud. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no está separado del derecho a la salud”, Pepe Rivera, Activista Instituto Mexicano del Cannabis.
Urgieron al Senado enmarcar la discusión desde una perspectiva de derechos humanos, pues de lo contrario, afirmaron, sería un retroceso a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La medicina cannabica, la marihuana una de las cosas más importantes que me ha devuelto es la claridad y la serenidad para ver yo que quiero hacer, para poder seguir trabajando, para no tener dolor”, María Teresa Ortiz, Paciente cáncer de mama.
“Yo soy paciente medicinal tengo epilepsia y llevo un año y medio controlándola con cannabis medicinal y a la fecha no he tenido ni una sola crisis”, Manuel García Vallejo, Paciente epilepsia.
Senadores revelaron que hay una fuerte resistencia para lograr un consenso en el aumento de 5 a 28 gramos la portación legal de dicha droga a pesar de que la medida es el estándar internacional.
“Yo entiendo de algunos el temor que implica asumir una posición en este tema, el temor a pagar los costos políticos, también el temor de que una decisión equivocada pudiera provocar efectos o daños sociales mayores, lo que me queda muy claro es que nada puede estar peor”, Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado.
Mientras, en la Comisión Permanente del Senado inició el análisis para la aprobación de las leyes secundarias del Sistema de Anticorrupción, donde se hizo un llamado a incorporar la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 en el dictamen.
Puntualizaron que dicha propuesta no se limita a la publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal sino que contempla más de 90 artículos, entre ellos consecuencias legales para los funcionarios que mientan en ellas.
El Pleno de Ministros fijó como criterio jurisprudencial que procede el recurso de inconformidad contra la declaración de improcedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado.
Así resolvió una contradicción de tesis suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia en la interpretación de la tercera fracción del artículo 201 de la Ley de Amparo, para favorecer el derecho de acceso a la justicia.
“En los casos en que se declara sin materia el incidente de repetición del acto reclamado, la decisión puede derivar en cuestiones ajenas al tema de fondo, por ejemplo cuando la autoridad responsable deja sin efectos el acto acusado de repetitivo… Favorece la impartición de justicia en cuanto a que la interpretación, más allá de su textualidad, puede ser suficiente para darle seguridad a las partes”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.
De acuerdo con la mayoría, esta interpretación permitirá que el promovente tenga defensa ante ese tipo de actos.
“Los efectos jurídicos de una resolución que declara sin materia la denuncia de la repetición del acto reclamado son similares a aquella que la declara improcedente, es decir, en ambas no hay un pronunciamiento de fondo sobre la materia de la denuncia… Aun cuando no esté expresamente dentro de los supuestos a que se refiere la fracción III del artículo 201 de la Ley de Amparo”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN, Ponente.
En esta sesión pública se presentó para análisis una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, por la que demanda la invalidez del artículo 52, segundo párrafo, de la Constitución de Jalisco.
En ella, la PGR alega que resulta contrario al control difuso y al principio pro persona, que esa norma establezca que los tribunales deban ejercer control de convencionalidad favoreciéndolo respecto de leyes federales y estatales.
El estudio de esta acción continuará en la sesión pública de este martes.
Los estados de la República no han llevado a sus constituciones, de forma plena, la Reforma de Derechos Humanos de 2011.
De acuerdo con los resultados de una plataforma de seguimiento del proceso de implementación de esta reforma presentada por la CNDH, no hay una norma estatal que atienda a todos los principios de los derechos humanos. “Esta armonización representa el instrumento para colmar la aspiración legítima de hacer que toda persona en nuestro país pueda gozar de los derechos humanos, conforme a lo que prescribe el texto constitucional y los tratados internacionales”, Laura Gurza, Directora General Planeación CNDH.
En las constituciones de Campeche, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Veracruz no se menciona de forma alguna el principio pro persona.
En las constituciones de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Sonora y Veracruz no está contemplado el principio de universalidad.
En la Constitución de Nuevo León no está considerado el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales.
Este estudio contempla el avance en el cumplimiento de 11 preceptos cuyos contenidos dan lugar a reformas que son competencia de los poderes legislativos locales relativas a derechos humanos.
“La armonización constitucional en las entidades federativas, sólo respecto del conjunto de las 11 disposiciones jurídicas citadas, y que pueden dar lugar a reformas jurídicas dentro del ámbito de competencia de los órganos legislativos locales, ha registrado dentro de la plataforma que ahora presentamos un avance global del 83.1 % a nivel nacional”.
“Todas esas normas que no se han armonizado en estos cinco años han dado pie a controversias constitucionales o muchos amparos, al Poder Judicial le interesa que esa armonización se dé”, Leticia Bonifaz, Dira. Gral. de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos SCJN.
De acuerdo con la CNDH, con esta plataforma se dará seguimiento a los procesos de reforma de otras normas en la federación, en los estados y la Ciudad de México.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos atraviesa por la peor crisis desde su creación en 1959, que podría obligar a suspender las próximas audiencias y a prescindir de casi la mitad de su personal, a partir del próximo 31 de julio.
Esto debido a la falta de aportaciones económicas de los mismos países que la crearon.
De acuerdo con la distribución del presupuesto de la OEA en 2015, a la CIDH se le destinó solamente el 6% de los fondos, es decir, 5 millones 427 mil dólares, mientras que a los otros tres pilares de la organización: democracia y gobernabilidad, seguridad multidimensional y desarrollo integral, se les asignó cerca de una quinta parte de la distribución total a cada uno.
El rubro de derechos humanos es el último lugar en las prioridades de la OEA.
“El Fondo regular, que es el dinero que le asigna la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, y ese cubre menos del 50% de las operaciones. Es un fondo en realidad muy pequeño, comparativamente con los demás organismos internacionales, la OEA tampoco le está dando el peso a la Comisión Interamericana, ni siquiera hay ese compromiso por la propia institución”, Mtra. Ximena Medellín, Profesora Asociada, Estudios Jurídicos CIDE
El resto de su financiamiento proviene de contribuciones tanto de países miembros de la OEA, como de naciones observadoras, tales como Dinamarca, España, Finlandia, Francia; aportaciones que han sido fundamentales para la sobrevivencia de la CIDH. “En los hechos, tanto la Corte Interamericana como la Comisión funcionan, en buena medida con recursos extraordinarios, ¿qué son estos recursos? Son recursos resultado de donaciones”, Mtra. Magdalena Cervantes Alcayde, Coordinadora, Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sin embargo, los países europeos que solían realizar estas aportaciones voluntarias, han decidido reorientar sus prioridades hacia la crisis de refugiados que se vive en el continente.
De no solventarse las aportaciones que se están perdiendo, la CIDH estaría en riesgo de perder sus áreas más importantes: la adopción de medidas cautelares y la admisión de peticiones individuales.
“El personal que se perdería es de la secretaría ejecutiva, que es en realidad la que opera, la que hace el trabajo, digamos, los que arrastran la pluma… Entonces se cortarían todos los viajes a los países para hacer informes, muy probablemente se cortarían los informes temáticos de los que ya hablaba, muy probablemente se tendrían que suspender las propias audiencias públicas en Washington”. Mtra. Ximena Medellín, Profesora Asociada, Estudios Jurídicos CIDE.
Según revela el Informe 2015 de la CIDH, de su presupuesto de 5 millones 427 mil dólares, el 82% fue utilizado para el pago de nómina, es decir 4 millones 455 mil dólares fueron destinados a 75 personas por concepto de salario durante el año.
El resto, 972 mil 800 dólares, se destinó al gasto operativo.
En el caso particular de México, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza precisa que el Gobierno mexicano es en parte responsable por la falta de recursos, pues dejó de pagar sus cuotas para cubrir la asistencia del GIEI cuando este investigó el Caso Iguala.
Paradójicamente, México es el país con el mayor número de denuncias presentadas ante la Comisión; de las 2 mil 164 peticiones recibidas en 2015, 849 fueron de México, es decir, el 40 %.
Esto a pesar de que México cuenta con un importante sistema de instituciones públicas en materia de derechos humanos.
“Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo en el Gobierno Federal hay 2 subsecretarías destinadas a DDHH, una subprocuraduría, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 32 comisiones locales. Si a eso le sumamos áreas de DDHH en el sistema, por ejemplo, de información en el INAI, los organismos locales de transparencia, si le sumamos el tema de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, el presupuesto que tiene”, Dr. José Luis Caballero Ochoa, Dir. Departamento Derecho, Universidad Iberoamericana.
Por otra parte, la misma comisión precisa que debido a sus señalamientos de violaciones a los derechos humanos de las que algunos estados son directamente responsables, estos han dejado de financiar a la organización.
“Por ejemplo el caso de Venezuela, etc. Y este eje de países que han mirado con suspicacia al sistema, y ahora otro bloque de países, digamos, que también se sienten incómodos. Ya estaba el caso de Brasil con la Corte Interamericana… Pero parece entonces que se nos está olvidando que el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, fue una de las aliadas más importantes en las transiciones democráticas de América Latina”.
Si bien numerosos países de Latinoamérica están pasando por situaciones económicas complicadas, el aporte a instancias internacionales como la CIDH es en función de sus posibilidades y sus prioridades.
“La OEA determina las cuotas a pagar con estos dos criterios: capacidad del Estado para pagarla, y además que no sean arbitrarias, que sean, digamos, razonables”, Mtra. Magdalena Cervantes Alcayde, Coordinadora, Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Tendría que ver ahí un replanteamiento de los intereses, de qué causas son las importantes, de a quiénes les está sirviendo el Sistema Interamericano y la Comisión Interamericana, del beneficio que tienen las víctimas con el Sistema”, Dr. José Luis Caballero Ochoa, Dir. Departamento Derecho, Universidad Iberoamericana.
Debido al momento crítico que vive la región en materia de derechos humanos, expertos coinciden en que se necesita reforzar el sistema, por parte de la OEA, de los estados y de la sociedad.
“En cualquier momento sería grave que pasara algo con la Comisión; en este momento, es impensable, es absolutamente impensable. Y por eso sí creo que debe haber un compromiso tanto de los Estados, como de la sociedad civil, en la que se siga presionando para que los estados regresen e incluso incrementen y garanticen una sostenibilidad financiera mínima para la Comisión”, Mtra. Ximena Medellín, Profesora Asociada, Estudios Jurídicos CIDE.
Es una oportunidad para que los países de las américas logren atender y mejorar su protección de los derechos humanos.
Más del 90 % de la población nacional no conoce la Constitución, no obstante el 45.6 de los mexicanos dijo considerarla adecuada.
Estos son parte de los resultados y las contradicciones que revelaron las Encuestas sobre Cultura Constitucional en México en el 2003 y el 2011.
Hasta la fecha dicho desconocimiento sigue presente.
“Se le preguntaba a la gente si era adecuada la constitución el 45.6 decía que era adecuada, cómo si 92 dijo que no la conoce”, Hugo Alejandro Concha, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Durante una conferencia sobre los resultados de las consultas sobre cultura constitucional, el investigador de la UNAM, Hugo Alejandro Concha reveló datos sobre la percepción de la población de la Constitución y sus derechos.
Entre los datos arrojados, más del 50 % se manifestó a favor de la tortura y de la pena de muerte, además 21.4 % justificó la violencia contra la mujer.
En cuanto a la impartición de justicita más del 70 % de los encuestados no sabía que era un juicio de amparo.
“Si vivimos en un sistema que está estructurado en donde la manera de proteger nuestras libertades y nuestros derechos es un juicio y el juicio se llama juicio de amparo, llama la atención que el 70% de los mexicanos que se les preguntó no tenían realmente idea de que es un juicio de amparo”.
En el evento el investigador reconoció que las encuestas en torno a la cultura constitucional del 2003 y 2011 revelaron el problema actual de simulación de la ley.
“Tenemos un fenómeno de inflación constitucional y de tristemente simulación constitucional, mientras la gente no haga suya, no la ejerza, no la siga, no busque protegerse cuando alguna de esas normas se rompa, la verdad es que vivimos una simulación”.
Subrayó que la participación ciudadana cada vez es más frecuente y puede llegar a ser un importante agente de cambio.
Tras la sesión de Congreso General para la realización de un periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados se erigió como jurado de procedencia para desaforar a la diputada local por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López.
El Ministerio Público Federal hizo la solicitud tras acreditar el uso de documentos falsos, por parte de la Diputada Local del PAN, el 4 de septiembre de 2014, al ingresar al Penal del Altiplano a una audiencia de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.
Al recinto legislativo de San Lázaro acudieron los agentes del Ministerio Público y la defensa de Lucero Guadalupe Sánchez López e hicieron uso de la tribuna.
“Se solicita a este honorable jurado de procedencia declare que ha lugar a proceder penalmente en contra de la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López para que ésta representación social esté en aptitud de ejercer acción penal en su contra”, Arturo Ruiz Toribio, Agente del MP.
“El perito que nosotros ofrecimos por parte de la defensa en esta sección instructora determinó que puede existir semejanza pero no pueden realizar una identificación plena, no hay la identidad plena, no pueden asegurar que la persona que acudió haya sido Lucero Guadalupe Sánchez López, no lo pueden asegurar y así es”, Rubén Antonio Tamayo, Abogado defensor.
Para la sección instructora de la Cámara de Diputados, la PGR aportó los elementos suficientes contra la legisladora sinaloense.
“Esta sección instructora advierte que existen diversos medios de convicción que ponen de manifiesto la existencia del delito de uso de documento falso”, Antonio Ramírez Nieto, Presidente de la Sección Instructora.
Con 414 votos a favor y 37 abstenciones, se aprobó el desafuero.
“Ha lugar a proceder penalmente en contra de la diputada del Congreso del estado libre y soberano de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia… Queda expedita la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento que lo determine pertinente”, Jesús Zambrano, Presidente de la Cámara de Diputados.
El MP no pudo acreditar la acusación por delincuencia organizada, no obstante, ya sin el fuero constitucional, Sánchez López tendrá que enfrentar la acusación penal en su contra.
Durante la sesión también se dieron a conocer los dictámenes que serán discutidos este martes, sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
México no está cumpliendo con su responsabilidad como país receptor de migrantes centroamericanos, como lo hizo en los años 70 y 80 durante las guerras civiles en El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Así lo señalaron académicos de diversas instituciones, que participaron en la presentación del diagnóstico: “Impactos y retos de la migración centroamericana en México”, que se documentó en nueve boletines de política pública.
Indicaron que a pesar de las condiciones económicas y políticas adversas, el flujo de migrantes centroamericanos hacia México y Estados Unidos sigue creciendo.
“Una de las cuestiones muy interesantes que queremos resaltar es este papel que jugó México en los 80 y que ahora no está jugando en la acogida de los centroamericanos, a pesar de que ha habido cambios en la legislación mexicana”, Agustín Escobar, Dir. Gral. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS.
“Las autoras se preguntan por qué México no ejerce ese papel preponderante ante la crisis humanitaria que estamos viviendo principalmente en Honduras pero también en El Salvador y Guatemala, donde se envuelven situaciones de violencia, de narcotráfico y de expulsión por motivos socioeconómicos pero que están muy vinculados a la violencia”, Pablo Mateos, Investigador CIESAS-Occidente.
En cada uno de los boletines de política pública se ofrecen recomendaciones para mejorar las condiciones de la población migrante centroamericana. “Que México facilite a los centroamericanos que huyen de la violencia la posibilidad de solicitar el estatus de asilo y refugiados en México, como sí lo hizo en los años 80. Detener las deportaciones de niños en situación de vulnerabilidad y de adultos a lugares donde sus vidas están amenazadas”.
Los académicos solicitaron de igual forma más apoyos para trabajadores migrantes centroamericanos que viven en México en una situación precaria.
Una población que creció 55 % del año 2000 a 2010, al pasar de 33 mil a 55 mil personas.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lanzó la convocatoria para la venta de dos unidades industriales que funcionan como ingenios denominado El Potrero y San Miguelito, cuyo precio base de venta es de mil 390 millones de pesos. Las bases del concurso, para quien quiera participar ascienden a 25 mil pesos.
La Secretaría de Gobernación dio a conocer que se incorpora al Sistema Federal Penitenciario, el Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en el Municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán. Por lo que se tomarán las acciones necesarias para garantizar su operación y equipamiento.
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