Avanza en la Cámara de Diputados el Sistema Nacional Anticorrupción

Tras varias horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados avanzó en la legislación en materia de anticorrupción.

Primero aprobó con 451 votos a favor, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública.

“De su éxito, depende un cambio de fondo a favor de la integridad en el servicio público y en el establecimiento de una relación más cercana, confiable y directa entre autoridades y ciudadanía”, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Diputada Federal PRI.

Con 459 votos a favor, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

“La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar la fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente y podrá solicitar información del ejercicio en curso”, Rogerio Castro Vázquez, Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Diputados.

Ambas legislaciones fueron enviadas al Senado para su discusión.

Posteriormente, primero en comisiones y luego en el pleno, se discutieron los dictámenes con reservas, que se recibieron de la Cámara alta.

Entre ellos, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fortalece a la Auditoría Superior de la Federación para sancionar a funcionarios y empresas que estén coludidos en actos corruptos.

“Es un solo dictamen con 3 artículos, el artículo 1 es el de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el artículo 2 es el de la Ley de Responsabilidades y el artículo 3 es el de la Ley del Tribunal, me parece que siendo un solo dictamen, es un solo voto en general”, Cecilia Romero, Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, donde se precisa que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad afecte la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que contará con autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena, conocerá las responsabilidades administrativas graves y podrá sancionar a personas morales involucradas en actos de corrupción.

Se discutieron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la PGR, en la que se crea la Fiscalía Anticorrupción.

Y reformas al Código Penal en combate a este flagelo.

Martha Rodríguez

@marthaarod

 

Dicta magistrado Michael Eichberger conferencia en XXII Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina

Es fundamental que los estados garanticen la protección de la esfera privada de los ciudadanos en todas sus actuaciones.

De esa manera, subrayó Michael Eichberger, magistrado del Tribunal Constitucional alemán, se legitiman sus estrategias de seguridad.

“La arquitectura de seguridad estatal tiene que medirse a partir de esas garantías, aún con las condiciones de un mundo de comunicación sometido a un cambio radical, en razón de la difusión generalizada de internet y estoy convencido de que ni la libertad individual, ni la garantía de protección estatal se oponen a esos intereses”.

En conferencia magistral dentro del XXII Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, subrayó que la defensa de la esfera privada ha sido un pilar para el desarrollo democrático en Alemania.

“El derecho a la privacidad garantizado en el derecho general a la personalidad, el derecho a no ser afectado por seguimiento y vigilancia estatal y el derecho a protección de datos como consecuencia, constituyen la piedra angular de la construcción de una sociedad libre en Alemania, instrumentada con la ley fundamental”.

El magistrado Eichberger, integrante de uno de los tribunales constitucionales más destacados a nivel internacional por sus resoluciones protectoras, subrayó que es necesaria la revisión crítica de las decisiones de tribunales de otros países, pues se deben privilegiar los procesos locales para lograr el equilibrio entre seguridad y justicia.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Analiza SCJN si se debe pagar total o parcialmente el salario a los servidores públicos suspendidos y bajo proceso de investigación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si se debe pagar total o parcialmente el salario a los servidores públicos suspendidos por ser sometidos a investigación por probable responsabilidad administrativa.

Por votación de 6 a 5, el Pleno desechó el proyecto que proponía que había que pagar el salario íntegro a los servidores en ese supuesto.

El debate partió de una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas de la Corte en la interpretación del artículo 21 fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

La mayoría se decantó por la interpretación de la Segunda Sala referente al pago de un mínimo para la supervivencia del servidor sujeto a investigación.

“¿Estas suspensiones van a ser licencias con goces de sueldo y no suspensiones como medidas cautelares, vamos a otorgar para que se vayan de vacaciones mientras los investigan, con todos sus sueldos y sus prestaciones adicionales, y los funcionarios que sí están trabajando?”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“La Segunda Sala determinó interpretar el artículo, interpretarlo porque la idea es que si el trabajador o el servidor público está suspendido, no puede dedicarse a otra cosa, está sujeto a un procedimiento en el que todavía no se sabe si va o no a ser sancionado, bueno, pues la idea fundamental es que se le proporcione la posibilidad de una manera de subsistir”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Si hay una afectación a la presunción de inocencia, encuentra justificación y razonabilidad en función del servicio público que se está privilegiando”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

La minoría apelaba a la presunción de inocencia para el pago total del salario al servidor en ese supuesto.

“A esta persona no se le ha acreditado la comisión de esta falta, precisamente va al proceso para que se le acredite y ahí es donde tiene la condición de presunción de inocencia”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“El artículo en cuestión, transgrede el principio de presunción de inocencia y que no admite una lectura o interpretación conforme, de la que se desprenda que el servidor público tiene derecho a percibir, por lo menos, una cantidad mínima necesaria, para procurar su supervivencia mientras dure el procedimiento administrativo sancionador”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN, Ponente.

“Y se va a ir de vacaciones y va a hacer lo que tenga que hacer, eso es presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario hace su vida y va a tener todos los derechos”, Javier Laynez, Ministro SCJN.

El proyecto será returnado para ser presentado en el sentido en el que se pronunció la mayoría de los ministros.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Inauguración del XXII Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de AL

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Comenzó, en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el XXII Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina.

“Desde sus orígenes ha sido un espacio muy valioso para compartir experiencias y promover políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la impartición de justicia constitucional y al ejercicio de los derechos humanos”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

El Ministro Presidente dijo que el Tribunal Constitucional de México siempre ha refrendado su vocación por el diálogo y el intercambio de experiencias, como herramientas fundamentales para la promoción y desarrollo de los derechos humanos en la región.

Explicó que la reunión se centrará en cuatro temáticas de gran relevancia, principalmente el debido proceso en el Sistema Penal Acusatorio.

“El debido proceso legal no es un obstáculo ni un pretexto, es una garantía para todos y cada uno de los habitantes de este país. El debido proceso hace que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se cree que alguien es culpable».

Por tanto, mientras no existan pruebas ilícitas que sí lo demuestren, los jueces no pueden seguir por el camino fácil de condenar a alguien por apariencia”.

Luego de resaltar que el Poder Judicial de la Federación cumplió con anticipación la tarea de implementar el Nuevo Sistema Penal a nivel federal, aseguró que los jueces tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos.

El control de convencionalidad, la inejecución de las sentencias y en lenguaje constitucional y la comunicación de las sentencias, son las otras temáticas que abordarán los presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina.

 “La realización de este evento en este gran país no es casualidad, es expresión del compromiso reiterado de México en los valores que sustentan el concepto de Estado de Derecho y su vocación internacionalista”, Humberto Sierra Porto, Integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la ceremonia se destacaron también los desafíos que tienen los tribunales constitucionales.

 “La independencia de los Tribunales Constitucionales se encuentra bajo un constante acoso, resistir a estas presiones por el bien del funcionamiento del Estado de derecho y por tanto por el bien de los ciudadanos y de las personas que quieren desenvolverse en libertad y en igualdad de oportunidades, es una de las tareas más complejas para cualquier Tribunal Constitucional”, Christian Steiner, Dir. Programa Estado de Derecho para América Latina Fundación Konrad Adenauer.

En la ceremonia estuvieron presentes nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Pleno del Senado presenta dictamen para uso de la marihuana con fines medicinales

El pleno del Senado de la República presentó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para el uso de la marihuana solo con fines medicinales y terapéuticos.

La bancada del PRD insistió en incluir en la discusión el aumento de 5 a 28 gramos la dosis como lo planteaba de origen la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, que de aprobarse, implicaría la excarcelación de todas aquellas personas que se encuentren en prisión por posesión de más de 5 gramos de marihuana, situación que obligó a decretar un receso.

“Dar un cauce distinto sobre todo a quienes se encuentran ante una situación de adicción y configurarlos como enfermos y no como delincuentes y en todo caso al tener ese nuevo estatus nosotros estaríamos entonces frente a un problema de salud, no un problema de tipo criminal”, Angélica de la Peña, Presidenta Comisión DDHH Senado.

En entrevista para Canal Judicial, la Senadora lamentó que persistan las restricciones para analizar el tema y señaló que aún está pendiente el establecimiento de mecanismos con los cuales la población que lo requiera podrá acceder a la marihuana.

“Seguirán avanzando seguramente los amparos en el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a seguir enmendando la plana al Congreso de la Unión y el no atender lo que la misma SCJN determinó en el amparo a estas 4 personas emblemático, en donde otras cosas señala, es un asunto que tienen que corregir el Congreso de la Unión”.

El llamado ahora es que la autoridad Ejecutiva, a través de sus órganos y sobre todo a través de sus propios reglamentos determine cómo va a cumplirse dicha reforma.

“Esta ley así como se quedó vuelve a poner en riesgo al ciudadano porque al no tener porque al no tener la forma de adquirir el medicamento pues va a acabar en el mercado negro y otra vez en contacto directo con la delincuencia organizada”, Layda Sansores, Senadora PT.

Los senadores retomarán la discusión del dictamen este viernes a partir de las 11 horas.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

La SCJN firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Constitucional de Perú

Los tribunales de América Latina tienen como tarea común garantizar la supremacía constitucional y hacer realidad, el Estado de derecho.

Lo anterior lo manifestó el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, al firmar un convenio de colaboración con el Tribunal Constitucional de Perú.

Contempla el intercambio de experiencias judiciales para resolver problemáticas comunes y mejorar la capacitación de los impartidores de justicia.

“Hoy en día favorecer el respeto y la divulgación de los derechos humanos, promover la consolidación de nuestras instituciones y mejorar nuestro acercamiento con la ciudadanía constituye verdaderos objetivos neurálgicos de nuestros tribunales constitucionales, en ellos descansa la confianza de la sociedad, más exigente y aprensiva, como son las nuestras”.

Postura en la que coincidió el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Manuel Jesús Miranda Canales.

“Como órgano constitucional, jurisdiccional y político, cumple su misión de garantizar la supremacía de la constitución y garantizar la vigencia de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

Afirmó que ambos tribunales comparten el compromiso de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

“Igualmente, garantizar la vigencia de los derechos constitucionales de todas las personas, como son el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la educación, etcétera y además, en el Perú, por lo menos, existe la solución de los conflictos de competencia entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos”.

A la fecha la Suprema Corte ha firmado 60 convenios de colaboración a nivel nacional e internacional.

27 de ellos con poderes judiciales y tribunales constitucionales de distintos países, con el fin de mantener un diálogo jurisprudencial permanente.

Al término de la firma ambos presidentes intercambiaron distinciones y presentes.

José Luis Guerra García

La justicia electoral desde el mirador de los órganos administrativos electorales

El abuso de los medios de impugnación ha mermado la certeza jurídica de los actores y desgastado la relación entre el INE y el Tribunal Electoral.

Así lo señaló Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

“Cada año se presentan más quejas de procedimientos especiales con su inseparable pareja, las solicitudes de medidas cautelares… El constante ir y venir de asuntos ha hecho que el derecho electoral se vuelva subjetivo, poco claro y hasta cierta medida incierto”.

En el Seminario La Reforma de la Justicia Electoral, detallaron que el proceso de judicialización de los comicios, ha llevado a que de 2008 a 2015 se presentaran casi 2 mil procedimientos sancionadores.

“Ese principio virtuoso ha tenido una derivación defectuosa, que es que nos hemos vuelto los campeones mundiales de litigio electoral y de la baja credibilidad en los procesos electorales”, Ciro Murayama Rendón, Consejero del INE.

Afirmaron que de acuerdo a Latinobarómetro, México, el país de Latinoamérica con menor credibilidad en sus procesos electorales, es el que más ha invertido, el que más regulación tiene en materia electoral y el que más enredada hace la vida electoral.

“Y de 2012 para acá bueno pues hay una explosión de impugnaciones y litigios, tal parece que sí hay cada vez más una apuesta a que pase por el litigio… El tema del litigo, el incremento de los litigios tiene que ver por un lado con la ausencia de criterios muy claros por parte de la autoridad jurisdiccional”, Jacqueline Peschard Mariscal, Ex Presidenta del IFAI.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, informaron que tan sólo en lo que va de 2016, la cifra de impugnaciones electorales ya alcanza las 151 quejas.

Oscar González

@okogonzalez08

Presentan Protocolo Interinstitucional de Atención a Integrantes de las Poblaciones Callejeras

A partir de ahora las personas en situación de calle podrán tener acceso a servicios de salud y otros derechos sociales.

Dependencias del gobierno capitalino y organizaciones civiles realizaron un protocolo en el que se reconocen por escrito y por primera vez los derechos de las personas que viven en esa situación.

El protocolo establece un esquema de atención integral que incluye actividades preventivas, de intervención e integración social.

 “A través de una metodología de prevención diseñada para actuar de manera integral, atendiendo la complejidad comunitaria desde distintos enfoques como el médico, el psicológico, el legal, tratamiento de adicciones, seguimiento de trabajo social entre otros que podrán irse agregando conforme a la ponderación de los factores de riesgo detectados”, Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, Director DIF CDMX.

En el documento el gobierno capitalino se compromete a erradicar la esterilización forzada de las mujeres que viven en la calle y a privilegiar la vida en familia, sin embargo hace falta la implementación de medidas que mejoren su calidad de vida.

“Aún está pendiente adecuar en clave de derechos, los programas vigentes en materia de vivienda digna, generar las condiciones para que el derecho a la educación se ejerza de manera efectiva y establecer una política de empleo que permita que las personas que viven y sobreviven en la calle cuenten con oportunidades para acceder a empleos no precarios capacitación laboral y generación de conocimientos para mejorar sus condiciones de vida”, Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF.

Destacaron que el protocolo es un paso adelante hacia la creación de una ley que responda a los estándares internacionales y hacia la visibilización y el empoderamiento de las personas que forman parte de las poblaciones callejeras.

Reconocieron que en los próximos 6 meses el programa preventivo brindará apoyo a más de 6 mil 500 personas en situación de calle y ofrecerá 17 mil 156 atenciones institucionales.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

Destinan recursos para apoyar a comunidades indígenas

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los gobiernos de Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí destinarán 700 millones de pesos para la construcción de caminos, sistemas de agua potable y drenaje, en diversas comunidades indígenas de dichos estados.

TEPJF aprueba acuerdo del INE

El Tribunal Electoral aprobó el acuerdo del INE para el acceso y verificación del padrón electoral y lista nominal in situ, omitiendo el domicilio y clave de elector, medidas que no afectan el derecho de acceso a la información de los partidos. Disposiciones que se asegura, se adoptaron por razones de seguridad y protección de datos personales.