Realizan mesa de discusión sobre Equidad de Género y DDHH

El derecho de acceso a la información es fundamental para lograr la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Así lo señaló la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Patricia Kurczyn, al participar en una mesa redonda sobre equidad de género y derechos humanos.

Lamentó que muy pocas mujeres presentan solicitudes de información relacionadas con sus derechos.

 “En el papel de la mujer la transparencia es fundamental como una expresión democrática de participación social, de ese sector relegado históricamente en el ejercicio de sus derechos por tantos años… Es urgente seguir divulgando entre las mujeres el derecho que tienen a acceder a la información en todo”.

Se hizo referencia al caso de Francia donde 17 mujeres que han ocupado altos cargos se unieron para luchar contra el acoso sexual y el abuso del poder.

 “Si las mujeres de poder o no nos sumáramos en defensa de nuestros derechos a un ambiente de trabajo digno a la exigencia de una ética necesaria pero no presente por lo regular en el cumplimiento de ciertos puestos de autoridad, esta cultura del menosprecio por la presencia de las mujeres en los ámbitos políticos, empresariales y universitarios, desaparecería”, Lucía Raphael de la Madrid, Investigadora IIJ-UNAM.

Se resaltó, de igual forma, la intervención de los tribunales para impulsar la perspectiva de género.

 “Con todo y el avance que hemos tenido no solo en México sino en muchas partes del mundo buscando la igualdad entre el hombre y la mujer, tenemos todavía rezagos ostensibles, situaciones injustas, aquí ya se ha hecho referencia a algunas, que han necesitado, que han requerido la intervención de órganos jurisdiccionales”, Elva Leonor Cárdenas, Integrante Sistema Nacional de Investigadores.

La mesa redonda se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

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Inaugura Ministro Presidente Curso de actualización en el NSJP en el IJF

El Nuevo Sistema de Justicia Penal debe evitar contagiarse de los defectos del método anterior, y eso dependerá del desempeño de las y los juzgadores federales.

Así lo aseveró el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al inaugurar el “Curso de actualización en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, dirigido a magistrados de circuito habilitados como tribunales de alzada”, en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Tengan siempre presente que de los frutos de nuestro desempeño dependerá que, en la realidad y en la percepción social, erradiquemos los estigmas del sistema de justicia, y que debemos evitar que el nuevo sistema se contagie de los defectos que tuvo el anterior. La confianza ciudadana en sus instituciones de justicia será plenamente restaurada cuando los resultados hablen por sí mismos, lo demuestren, se hagan sentir a la gente”.

Agregó que en la Reforma Penal, la excelencia es el camino a seguir por los juzgadores federales, porque México no merece ni espera menos de sus impartidores de justicia.

“Debemos ser conscientes que, hasta ahora, mediante una gran transformación de fondo, sólo hemos comenzado a revertir esa inercia, por lo que mal haríamos en llamarnos a engaño y caer en falsos triunfalismos”.

El Ministro Presidente hizo un recuento de lo realizado por el Consejo de la Judicatura Federal para aprovechar al máximo el tiempo fijado por el constituyente permanente para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Acompañaron al Ministro Presidente, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el consejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera.

Heriberto Ochoa

@heribertochoa

Invalida SCJN disposición de la ley que protege a defensores de DDHH y periodistas de Quintana Roo

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Por mayoría, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió que las legislaturas de los estados no tienen competencia para definir derechos humanos.

“Es una facultad completamente del constituyente federal que es el único que puede definir cuáles son los derechos humanos reconocidos en su texto… Estaríamos cayendo en el riesgo de que cada estado de la república tenga un derecho humano distinto del otro”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“No son definibles por los legisladores, porque esto me parece que desnaturaliza completamente su función de precepto, de jerarquía y contenido superior, respecto del resto de las normas de un orden jurídico, y esto también me parece que es un presupuesto, a mi parecer, no sólo inadecuado, sino también riesgoso por la forma en que se puede desconstitucionalizar este tipo de derechos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Al iniciar el estudio de una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra disposiciones de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, la mayoría de los ministros subrayaron el carácter constitucional de la definición de derechos.
 
“Las bases y los principios que rigen estos derechos humanos son los que están establecidos en la Constitución y que de alguna manera se va estableciendo a través de su interpretación, pues muchas cuestiones que van haciendo operativa la aplicación de estos derechos humanos y es de lo que nos encargamos los tribunales correspondientes”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

Quienes integraron la minoría argumentaron que los congresos locales sí pueden definir derechos.

“En ningún momento incluye en su definición la dimensión colectiva que acompaña este derecho, la cual se reconoce en la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, marco normativo que el legislador local debió considerar al momento de definir el contenido de este derecho”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN, Ponente.

“El problema, más bien, es, que las leyes que emiten las entidades federativas están sujetos al control de regularidad constitucional, pero igual que están las leyes federales, no es una cuestión de competencia o de niveles de gobierno”, Javier Laynez, Ministro SCJN.

Destacaron que en este caso no se aprobó el criterio de regularidad constitucional, y por unanimidad el Pleno declaró la invalidez del artículo 3 fracción VI de la ley impugnada, que definía la libertad de expresión.

En otro aspecto de estudio, hubo una mayoría que se pronunció porque las legislaturas estatales sí tienen competencia para desarrollar o ampliar derechos.
 
“Veo una considerable mayoría que reconozca la competencia de los estados por ampliar los derechos, no entiendo cómo podría ser una interpretación que mayor beneficio o pro homine aquella que proteja las restricciones; es decir, si estamos en una lógica de conforme al artículo 1° de derechos progresivos en una expansión de derechos, decir que corremos un riesgo por acotar restricciones en la Constitución a libertades, no veo cómo se presente un riesgo cuando se otorga una mayor libertad”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

El estudio de esta acción continuará la sesión pública de este martes.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Participa Ministro Pardo Rebolledo en curso sobre NSJP

La Primera Sala de la Suprema Corte está emitiendo algunos criterios para brindarle a los juzgadores más y mejores herramientas para enfrentar los retos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, aseguró el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Durante un curso que sobre el tema se imparte a magistrados de circuito, habilitados en el sistema como tribunales de alzada, destacó que la mayoría está formada en un sistema diferente, por lo que se tiene que ir cimentando los caminos hacia el Sistema Acusatorio.

“Nuestro gran reto es hacer que este sistema funcione con juzgadores que estamos formados con un sistema diferente y para ello no hay otra que, como lo están haciendo ustedes ahora, capacitarse, preparase, conocer estos nuevas características o elementos del sistema que imperará a partir del 18 pasado y ajustar los criterios a la lógica y a los principios de este nuevo sistema, que no es una tarea fácil”.

El Ministro Pardo reconoció como un problema a enfrentar, la convivencia transitoria entre ambos sistemas de justicia penal.

Recordó la discusión en la Primera Sala del Alto Tribunal sobre la declaración de incompetencia de un juez de juicio oral, cuyo caso fue remitido a un juez federal.
 
“Y ahí tenemos un problema serio pues para empezar con las actuaciones, porque qué valor tendrán las actuaciones que están en una carpeta de investigación de un juicio oral, llevadas ya a un proceso penal propiamente dicho conforme al sistema anterior, conforme al sistema mixto y viceversa si la incompetencia fuera del sistema mixto hacia un juez de un sistema oral, tenemos exactamente la misma problemática porque ahí no tenemos datos de prueba sino medios de convicción recabados por la autoridad ministerial y que tienen un peso específico en el proceso respectivo”.

Serán los propios magistrados de alzada, dijo, quienes tendrán que determinar no sólo las competencias entre los jueces sino la validez de las actuaciones en cada uno de los supuestos.

Y explicó que un mismo proceso penal puede pasar del Sistema Mixto al Acusatorio, pero al revés no.
 
“Los datos de prueba en un sistema oral no pueden constituir elementos de convicción en el sistema mixto para justificar el dictado de un auto de formal prisión porque constituye solamente datos de prueba bajo la lógica del sistema acusatorio”.

Cuando hay un detenido y se declara la incompetencia de un sistema a otro, a su consideración, se tendría que decretar la libertad para reiniciar el proceso.

Martha Rodríguez

@marthaarod

La CEAV y CDHDF firman convenio

Con el fin de que las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan acceder a una justa reparación del daño, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, firmaron un convenio de colaboración.

Contempla la capacitación de personal en la Ley General de Víctimas, el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, mejor conocido como Protocolo de Estambúl, y en materia de Derechos Humanos.

“Además el convenio permite la comunicación efectiva y directa entre ambas instituciones para canalizar a personas que hayan sido víctimas de violaciones a derechos humanos de este modo se derriban barreras burocráticas que impiden y entorpecen la atención a las personas más importantes: las víctimas”, Jaime Rochín, Comisionado Presidente CEAV.

Destacaron la importancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues dada la máxima publicidad de los procesos, dicha práctica podrá empezar a erradicarse.
 
“Insisto, sí está cambiando esta modalidad, porque ahora la forma de la persecución de los delitos no es sacando la confesión, es con una cuestión de presunción de inocencia, una acusación de policía de investigación, peritos y ministerio público, eso va a garantizar ahora que no se quiera ir con la frivolidad de las confesiones”, Perla Gómez, Presidenta CDHDF.

Señalaron que la tarea más urgente está en el Congreso, pues hace falta una reforma a la Ley General de Víctimas, ya que la ausencia de convenios a nivel estatal dificulta el acceso a la reparación.

“Es urgente tener una comisión ejecutiva de atención a víctimas en la entidad, en la Ciudad de México que atienda a sus víctimas y así como en la CDMX en todos los estados del país, hoy tenemos la mitad de las entidades funcionando con la CEAV, de las cuales muchas de ellas ni si quiera tienen los recursos básicos no tienen fondos para la atención”, Jaime Rochín, Comisionado Presidente CEAV.

Para que intervenga la CEAV, se requiere la previa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la sentencia de un juez, y sólo conoce de casos sobre violaciones a derechos humanos, creando un pendiente en la reparación del daño a víctimas de delitos.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Demandan al Congreso emitir ley general para erradicar la tortura en México

Organizaciones, instituciones y académicos hicieron un llamado a los legisladores para que aprueben lo antes posible, la ley general anti- tortura.

Señalaron que dicha ley supone una oportunidad histórica para erradicar esta práctica y proteger los derechos humanos en el país.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insistió en la necesidad de que México cumpla las recomendaciones de los organismos internacionales en esa materia.

Reconoció como un avance importante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Y aseguró además que México debe crear una institución nacional autónoma de servicios periciales y forenses.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, defensores de derechos humanos se unieron para invitar a la sociedad mexicana a sensibilizarse ante el sufrimiento humano que implica la tortura y apoyar a quienes trabajan para su eliminación.

“La declaración universal de derechos humanos en su artículo 5° establece que nadie será, nadie, nadie es nadie, nadie será sometido a torturas ni a penas ni a tratos crueles inhumanos a degradantes”, Sergio Jaime Rochín del Rincón, Presidente CEAV.

A pesar de su prohibición absoluta, las denuncias por casos de tortura se han vuelto una práctica generalizada y gran parte de la población mexicana la acepta y la justifica.
 
“Se preguntó, ¿usted cree que el uso de la tortura es una forma de que la gente diga la verdad? Sorprendentemente un 43.3% dice que sí que es un método altamente eficaz para obtener la verdad”, Verónica Cervera Torres, Comisionada CEAV.

La CNDH afirmó que continuará con el fortalecimiento del mecanismo nacional de prevención de la tortura para mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad mientras se aprueba la ley general anti-tortura por el Congreso.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

El TEPJF emitió una tesis de rubro informes de precampaña

El Tribunal Electoral emitió una tesis de rubro informes de precampaña: La autoridad administrativa debe notificar personalmente al precandidatos, cuando exista una situación excepcional que amerite la imposición de una sanción grave. Con el fin de maximizar los derechos de acceso a la justicia, defensa adecuada, de audiencia y debido proceso.