Avalan reformas que eximen a empresarios de presentar declaraciones patrimonial y de conflictos de intereses

En sesión extraordinaria, el Senado aprobó las 10 observaciones que hizo el Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Se trata del artículo 32, referente a la obligación de los empresarios a presentar declaración patrimonial y de conflicto de intereses cuando obtuvieran contratos públicos.

No obstante, ello no los exime de posibles sanciones por actos de colisión, cohecho, tráfico de influencias, entre otros, con el sector público.

“Quedaron los tipos específicos para la iniciativa privada, uso ilícito de atribuciones y facultades que será castigado de 3 meses a 9 años con prisión, tráfico de influencias que será castigado de 2 a 6 años con prisión y cohecho que será también castigado hasta con 14 años de prisión”, Pablo Escudero, Presidente Comisión Anticorrupción, Senado.

Entre las observaciones del Ejecutivo Federal está el hecho de que el Poder Legislativo tiene que revisar los amparos 23/2013, 173/2012, tesis jurisprudenciales de la Corte y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre este tema.

Los legisladores reconocieron que la redacción al artículo 32 no fue la correcta y es inconstitucional, por lo que sí aplica veto presidencial.

“Conscientes en las comisiones unidas de que la redacción del artículo 32 en los términos en que fue aprobado por el Congreso tiene aspectos riesgosos en materia de legalidad de la reforma nacional anticorrupción, por lo que reconocemos la necesidad de hacer las adecuaciones planteadas por el Ejecutivo Federal”, María del Pilar Ortega, Comisión de Justicia, Senado.

“Traía un conjunto, una redacción que permitía una interpretación muy amplia y discrecional en donde efectivamente podrían generarse asuntos de interpretación y controversia constitucional y que pudiera excederse en sus funciones las autoridades responsables del Sistema Nacional Anticorrupción”, Alejandro Encinas, Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Senado.

Legisladores de oposición propusieron una reserva en la que se obligue sólo a los empresarios que obtengan contratos públicos, a presentar la declaración patrimonial y no a todas las personas físicas y morales que reciban cualquier tipo de recurso público.

Martha Rodríguez

@marthaarod