Reflexionan sobre la articulación entre la administración tributaria y la jurisdicción penal en el XII Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica

Con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que se aprobaron el mes pasado, se reposicionó a la administración tributaria frente a la persecución de los delitos fiscales.

Así lo señaló el magistrado Juan José Olvera López, al participar en el Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica, donde explicó que la autoridad fiscal tiene ahora el carácter de víctima en la persecución de este tipo de delitos.

“La procuraduría fiscal va a litigar junto con hacienda de manera activa y de manera independiente incluso respecto del Ministerio Público, tienen una participación directa, ya no tiene que estar esperando el visto bueno del Ministerio Público para poder actuar en la persecución de los delitos fiscales”.

Explicó que esta modificación podría propiciar un incremento de las causas penales por delitos fiscales, que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal representan únicamente el 3% de los 3 mil 800 procesos iniciados hasta el momento.

 “Como parecería inevitable concluirá en una primera aproximación que venga un endurecimiento de la persecución sobre la premisa de que el fisco se ha convertido en víctima”.

En la mesa de discusión sobre la articulación entre la administración tributaria y la jurisdicción penal, también participó el catedrático español Gabriel Casado, quien aseguró que los delitos fiscales son los de mayor complejidad para su persecución.

 “Pues requiere de una parte conciliar la aplicación de las normas tributarias, tanto sustantivas como formales, con las normas penales y las normas procesales penales pero también civiles”.

Dijo que esta complicación deriva también por la intervención de diversas autoridades administrativas y judiciales.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

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Fija SCJN criterio en materia de notificaciones en juicio de amparo indirecto

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó como criterio jurisprudencial que debe notificarse personalmente de la sentencia emitida en un juicio de amparo indirecto que se dicte en la misma fecha de la audiencia constitucional, pero una vez que se cierran las etapas de pruebas y alegatos.

Esto ante la interpretación de los artículos 26 y 124 de la Ley de Amparo.

“Si pasan días o a veces por la complejidad del asunto o la carga de trabajo, tal vez, hasta meses después de la audiencia y se dicta la sentencia con posterioridad, no es razonable tener a las partes con la obligación permanente de estar checando la lista de acuerdos cotidianamente para ver si se dicta la sentencia o no, aquí ya es carga del tribunal correspondiente o del juzgado correspondiente”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Las sentencias dictadas en la misma fecha de la audiencia, aunque posterior al cierre de las dos primeras etapas, deben hacerlo por lista… De lo contrario, cualquier dictado de sentencia, en fecha posterior, será personalmente”, Javier Laynez Potisek, Ministro SCJN.

De acuerdo con algunos ministros el inciso E del artículo 26 no atendía el trámite normal, regular y cotidiano de un juicio de amparo.

Dicha disposición señala que debe notificarse en forma personal las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional.

En otro tema, el Pleno resolvió un incidente de inejecución de sentencia sobre la expropiación de un predio urbano ubicado en la Ciudad de México en 1977.

Ordenó devolver los autos al juez de distrito para que deje insubsistente una resolución incidental y dicte una nueva, en la que atienda la valoración de la prueba pericial oficial y ordene a las autoridades competentes el cumplimiento de la ejecutoria de amparo e indemnice a la quejosa.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Llevan a cabo Foro: Avances y retos de la transparencia en los sindicatos

La Ley General de Transparencia que entró en vigor en mayo pasado aumentó de 246 a casi 900 el número de sujetos obligados, entre ellos los sindicatos.

Durante un foro en el INAI, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, señaló que prueba de ello, es que se han hecho accesibles para cualquier persona 19 mil 600 contratos colectivos de trabajo, además de que en la página de internet de la dependencia está disponible información de mil 808 sindicatos que representan a más de un millón 640 mil trabajadores.

“Y con la objetividad que se pueda evaluar de los sindicatos y que se sepa ésta es la verdad de lo que está publicando un sindicato de lo que está obligado de lo que un patrón dice, de lo que un instituto controla, vigila, supervisa y evalúa y de lo que la autoridad tiene que hacer”.

A dicha norma se añade la iniciativa de Reforma a la Justicia Laboral, que contempla su impartición desde el Poder Judicial, pues actualmente depende de un organismo del Poder Ejecutivo. El fin, aseguró, es que la correcta implementación de ambas normas permita reducir los niveles de corrupción en el sector laboral.

“Nos convoca no solo a trabajar de manera colectiva, colaborativa, sino también a hacer posible que cada persona física o moral en nuestro país que reciba o ejerza recurso público tenga el deber de rendir cuentas, no solamente el poder ejecutivo, legislativo y judicial”, Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta INAI.

Tras la inauguración fue impartida una conferencia magistral sobre el acceso a la información como derecho humano consagrado en tratados internacionales.

“Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho al acceso a la información lo ha circunscrito dentro del aparatado de pensamiento y expresión… Un aspecto fundamental para la consolidación del derecho a la libertad de expresión”, Luis Díaz Mirón, Rector de la Escuela Libre de Derecho.

Este derecho, señaló, está consagrado en la Convención Americana en el apartado sobre Libertad de expresión, también en el artículo 19 de la Declaración de Libertad de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Confirma Sala Superior del TEPJF sanciones al PVEM

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa que impuso el INE al Partido Verde, por la omisión de rechazar aportaciones de personas prohibidas.

La sanción asciende a 214 millones 970 mil pesos, pues la falta se calificó de grave especial.

Pues dicho partido se benefició con la difusión de 293 mil 321 promocionales en radio y televisión, de aparentes informes de sus legisladores, durante el pasado proceso electoral federal.

“Que fueron parte de una difusión reiterada, permanente y continua de los informes de labores de sus legisladores, los cuales pretendieron posicionar al Partido Verde en el proceso electoral federal 2014-2015”, Carlos Vargas Vaca, Srio. de Estudio y Cuenta Sala Superior TEPJF.

Se estimó que con esta conducta, se violaron los principios de equidad y legalidad que deben regir en toda contienda política.

“En el juicio de revisión constitucional 269, del cual se asume competencia, así como en el recurso de apelación 236, ambos de este año, en cada caso se resuelve: único, se confirman las resoluciones impugnadas”, Constancio Carrasco Daza, Magdo, Presidente Sala Superior TEPJF.

La Sala Superior también confirmó una multa más a dicho partido, por la distribución de propaganda utilitaria en Quintana Roo, durante la elección federal de 2015.

En este caso, la multa equivale al 5 % de las prerrogativas mensuales de dicho partido, lo que equivale aproximadamente a un millón 373 mil pesos.

“Se confirman las determinaciones impugnadas en los términos que se indican en las respectivas ejecutorias”.

La Sala Superior, también determinó que el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, sí violó la legislación al asistir a actos de campaña y difundir mensajes de apoyo a través de redes sociales, con el fin de posicionar al candidato del PRI a la gubernatura de ese Estado.

Por ese motivo, se ordenó a la autoridad electoral competente, imponer la sanción que en derecho proceda.

José Luis Guerra García

Incrementa el índice de mortalidad en los hombres

El derecho a la salud en la población masculina, se ve afectado por los actos de violencia que ejercen en contra de sí mismos.

Esto debido a la adquisición de aprendizajes de género que los orilla a buscar situaciones de riesgo para legitimarse como hombres.

“Ciertos aprendizajes de género me entrenan para no cuidarme, me entreno para buscar situaciones límite, me entreno para buscar situaciones de riesgo ¿cuál sentido podría tener el derecho a la salud en una población con ese tipo de aprendizajes cuando el derecho a la salud supone, entre otras cosas, cierto ejercicio de cuidado de sí mismo?”

En una conferencia sobre este tema impartida en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el profesor Juan Guillermo Figueroa reconoció la importancia de que el hombre cuide de sí de manera consciente en el contexto social.

“Si yo asumo que como sujeto titular del derecho tengo ciertas responsabilidad por generar las condiciones de posibilidad para poder ejercer mi derecho, confirmo que estoy siendo diligente conmigo mismo”

Señaló que el gran problema en términos de salud pública es que cada vez se mueren más hombres por enfrentarse a situaciones violentas.

“No basta con aumentar el servicio de salud para los hombres, habría que replantear el modelo de aprendizaje de género construido asociado a la masculinidad”

Destacó que al hablar de violencia de género solo se hace referencia a la violencia contra las mujeres, incluso en los organismos internacionales.

“Si el objetivo instrumental es la violencia contra las mujeres. Por qué se llama violencia de género, o acaso no es posible la violencia de género contra los hombres, muchos colegas y colegos me han dicho que no es posible”

Lo que se asume que existe, uno lo interpreta desde cómo es nombrado, por ello, aunque diversos estudios demuestran que los homicidios son más frecuentes en hombres que en mujeres, acabamos asumiendo que la situación no es así.

Laura K. Murillo Ramírez

Aumenta el índice de criminalidad en mujeres: ONU

Cifras de la ONU revelan que en todo el mundo la participación de las mujeres en la criminalidad aumentó 156% frente a un 20%  de hombres.

“Qué ganan las sociedades prisionalizando mujeres que cometen delitos de aborto, de drogas y de prostitución cuando sabemos que el origen principal y único aunque se oiga panfleto es el mismo, es el económico”, Ana Cecilia Morún, Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En el INACIPE, expertas de varios países como República Dominicana, Italia, España  y México expusieron la situación de mujeres en prisión y la necesidad de aplicar en los sistemas penales de todo el mundo un enfoque de género.

“Ya vemos que las mujeres no nos hemos vuelto locas ni se pasan cometiendo delitos a diestra y siniestra, sino esas sociedades patriarcales nos están empujando a cometer actos que son inherentes a nosotros. Las mujeres que van a prisión no son las reinas del sur, son infelices mulas y de poca monta, el dinero se usa exclusivamente para comer”.

En América Latina, las mujeres en prisión por esos delitos representan el 60%.

 Sobre el aborto, en el mundo hay solo 9 países que no lo permiten bajo ninguna excepción, de ellos 7 son de América Latina.

“Falta de políticas públicas que de  verdad logren que la mujer tenga un mecanismo de insertarse en el mercado laboral de manera decente y seria bajo protección”.

Puntualizaron en la necesidad de incluir la dimensión de violencia institucional.

“En la que se incluye también la omisión de la diligencia debida de los estados, cómo la ausencia, como el hecho de que el Estado no pueda intermediar la diligencia debida para la erradicación de la violencia machista constituye in situ un acto de violencia institucional”. Encarna Bodelón, Profesora de Filosofía del Derecho, Universidad de Barcelona.

Esta mesa de análisis se llevó a cabo dentro del marco del 40 aniversario del INACIPE.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

 

Urge lesgilación en materia de archivos para el SNT

Es urgente la legislación secundaria en materia de archivos para que funcione a plenitud el Sistema Nacional de Transparencia, aseguró Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

“Que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, Estatal, en la Ciudad de México y Municipal que determinen la base y el funcionamiento de un nuevo Sistema Nacional de Archivos, que obliga a que se integren, organicen, clasifiquen, resguarden y preserven bajo iguales criterios y lineamientos, independientemente de quién sea el sujeto obligado”.

En foro en el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos, destacó que el adecuado trato y resguardo de archivos derivará en mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones del país.

“Para generar un manejo confiable y responsable de la información que favorezca la gobernanza y abone a la transparencia”

Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, subrayó la importancia de vincular las normas sobre archivos y protección de datos, con la Ley General de Víctimas.

“Se requiere entender de qué manera pueden comunicarse las urgencias para que haya congruencia entre los plazos y términos así como las medidas de acoplar el Sistema Nacional de Archivos con el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción”

La coordinación de sistemas de información en el país, dijo, es la forma más eficaz para garantizar el derecho de acceso a la información en México.

Mario López Peña

@elogiodeljabon