Retos de la transparencia en los sindicatos

Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, los sindicatos están obligados a revelar el destino que dan a los recursos públicos sin que esto implique violar sus estatutos.

Así lo reconocieron representantes de organizaciones sindicales durante el segundo día del Foro “Avances y retos de la transparencia en los sindicatos”, realizado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

 “Aquí básicamente hay que tener mucha relación, La Ley General de Transparencia con lo que marcan nuestros estatutos ¿Por qué? Porque no vamos a ir más allá de lo que nos marcan los estatutos como facultades de funcionario o en general del mismo sindicato”, Teófilo Carlos Román Cabañas, Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana.

Destacaron que el carácter de los sindicatos como sujetos obligados abre la oportunidad para que dejen de ser vistos como corruptos.

 “Consideramos un área de oportunidad para demostrarle a los ciudadanos que los sindicatos no somos como lo que creen, que no somos gente corrupta, que no escondemos nada, al contrario, el sindicato pues se ha preocupado por realizar las funciones por los cuales vive que es los derechos de los trabajadores”, Wendy Blanca Herrera, Titular de la Unidad de Transparencia del SUTERM.

Los sindicatos tienen la obligación de contar con un Comité de Transparencia.

Asimismo el artículo 132 de la Ley les otorga 20 días para dar respuesta a las solicitudes, salvo algunas excepciones en lo que se puede ampliar hasta 10 días más por causas aprobadas por el Comité de Transparencia.

En caso de no contar con la información requerida, el área correspondiente tendrá que notificarlo al solicitante.

Aseguraron que los sindicatos continuarán trabajando con el INAI para garantizar la transparencia y el acceso a la información.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

Anuncios

Llevan a cabo Seminario “Aplicación de la doctrina de inmediatez procesal”.

Las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes persisten en México, acusó el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional.

“Por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó entre el año 2006 al 2014, 11 mil 608 quejas por actos de tortura… El Consejo de la Judicatura Federal reportó entre los años 2005 y 2013 que había recibido, 3 mil 739 juicios de amparo directo vinculados con actos de tortura”, Marcia Aguiluz, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevó a cabo el Seminario: “Aplicación de la doctrina de la inmediatez procesal, caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra los Estados Unidos Mexicanos”.

Informaron que entre los años 2005 y 2013, sólo hubo seis condenas por actos vinculados a tortura.

“De nada sirve que se haya hecho una gran Reforma en el 2011, que se esté discutiendo una ley general de tortura, si no cambia en cada uno de nosotros esta idea de que el compromiso debe ser real para hacer las cosas diferentes”, Leticia Bonifaz Alfonzo, Dir. Gral. Estudios, Promoción y Desarrollo Derechos Humanos SCJN.

Advirtió que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la oralidad, y lo que instrumente el Poder Legislativo no funcionará, sin el convencimiento de que las cosas se deben hacer de otra manera, y que no se puede seguir con viejas prácticas negativas en perjuicio de las personas.

“El debido proceso y los derechos humanos de una persona sujeta a proceso penal sólo pueden garantizarse si todos los operadores del sistema de justicia conocen a cabalidad sus obligaciones, los alcances de las mismas y por supuesto los medios para ponerlos en práctica”, Erasmo Lara Cabrera, Derechos Humanos y Democracia SRE.

Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre son los casos del título del seminario.
En 1997 dormían plácidamente en sus hogares cuando de pronto, agentes de la Policía Judicial irrumpieron en su vivienda sin ninguna orden de allanamiento.

Detenidos, golpeados y bajo tortura obligados a reconocer una supuesta comisión de delitos, que eran guerrilleros y hasta homicidas… Fueron condenados a 40 años de prisión.

Luego de 17 años encarcelados obtuvieron su libertad, debido a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Oscar González

@okogonzalez08

Asiste Ministra Margarita Luna Ramos a clausura del XII Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica

Todas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en materia fiscal tienen la finalidad de brindar certeza a la ciudadanía, aseguró la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

“Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación trata fundamentalmente después de una discusión seria, responsable en la que cada quien expresa abiertamente su convicción y que podamos o no compartirla, lo más importante es la seguridad jurídica que provoca en la uniformidad de aplicación de criterios en el resto del país”.

En conferencia en el último día del XII Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica, explicó una resolución de la Corte sobre una contradicción de tesis entre sus Salas, sobre la validez del cobro a SOFOMES por la supervisión de actividades que les realice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cobro que por mayoría de votos, el Pleno consideró inconstitucional, pues consideraron que esa supervisión de apego al marco legal es una obligación del Estado.

“Una cosa es que se realicen dentro del marco legal y otra es que haya que pagar una contraprestación al Estado para efectos de que se lleve a cabo una supervisión, en lo personal, creo que la supervisión es una facultad del estado y una obligación del Estado”.

La cuota de 30 mil pesos declarada inconstitucional era para cubrir los gastos generados por la fiscalización de los sistemas y equipos de las entidades financieras, realizada para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Conversatorio “La protección de los derechos de las personas en las campañas electorales”.

Las personas con discapacidad enfrentan una barrera fáctica y formal en el ejercicio de sus derechos políticos en México, aseguró Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“En estos casos tratándose de la discapacidad estamos frente una doble vertiente de discriminación, la posible discriminación directa por su condición de discapacidad por una parte, ya la discriminación contextual que ésta es mucho más importante, relevante, para el ejercicio de los derechos políticos, por la falta de medios idóneos para que se pueda ejercer de manera plena e informada los derechos de votar y ser votados”.

Durante el Conversatorio “La protección de los derechos de las personas en las campañas electorales”, realizado en la sede de la Suprema Corte, destacó que los grupos vulnerables son altamente marginados en los comicios.

Pues no hay materiales que estén adaptados para que por ejemplo, las personas con discapacidad puedan votar, tales como casillas especiales, boletas electorales, entre otros.

“Las personas con alguna discapacidad encuentran una serie de barreras para poder allegarse de esta información respecto a los formatos accesibles y para poder comparar las propuestas y las alternativas políticas durante el proceso electoral a efecto de poder decidir en relación a su voto”.

El Magistrado recordó la sentencia 27/2016 de la Sala Regional Especializada que tiene como origen, un procedimiento especial sancionador contra un partido político.

Éste, no incluyó en sus spots de campaña, el subtitulado que el INE establece como obligación, en apoyo a las personas con discapacidad.

“Los jueces de la jurisdicción electoral deben propiciar las mejores condiciones para el ejercicio eficaz de los derechos políticos de las minorías y grupos vulnerables, a través de resoluciones que maximicen la participación política de estos sectores de la población que se encuentran históricamente en desventaja”.

Dijo que los partidos son de interés público y están obligados a promover y respetar los derechos humanos de todas las personas por igual.

Finalmente, destacó que en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se toman en consideración instrumentos internacionales, en este caso, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Martha Rodríguez

@marthaarod

 

El programa “Háblame Derecho” cumplió 10 años

El Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebro el décimo aniversario del el programa “Háblame Derecho” que es producido y transmitido desde julio de 2006.

Este programa realizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, tiene como objetivo discutir y difundir cuestiones jurídicas de manera accesible a un público amplio, incluyendo a operadores jurídicos, especialistas, funcionarios, académicos e investigadores.

“Programas como Háblame Derecho, cobran una función aún más importante, si cabe, para difundir estos cambios entre la sociedad en general y entre los juristas en particular y así a contribuir a consolidar una cultura jurídica y adecuada para el estado constitucional y democrático de derecho”, Norma Lucia Piña Hernández, Ministra de la SCJN.

En este espacio se tratan temas de interés general basados en diversos aspectos de la vida cotidiana, como son las relaciones familiares y sociales, trabajo, la inseguridad, el conocimiento de nuestros derechos y la manera de hacerlos válidos.

“Háblame Derecho, tiene como finalidad precisamente contribuir al desarrollo de nuestra cultura jurídica, una condición necesaria para cualquier progreso civilizatorio”.

Desde sus inicios, el Canal ha hecho promoción de la cultura de la legalidad entre la población no especializada, además de la actualización profesional de quienes forman parte de la comunidad judicial.

“Parte de nuestra tarea como canal de televisión es crear conciencia de que el respeto a las normas es indispensable en todos los aspectos de nuestra convivencia social, de que la observancia de la ley es inherente a la vida civilizada y forma parte fundamental de nuestra cultura… Han difundido temas y promovido interesantes discusiones con el ánimo de actualizar su repertorio de saber y herramientas legales para defender de la mejor manera posible a sus representados”, Magdalena Acosta Urquidi, Directora del Canal Judicial.

El Canal Judicial prevé próximamente un concurso didáctico que dará nueva vida a muchos de los programas que se han grabado y transmitido dentro de la barra de cultura jurídica, entre los que destaca “Háblame Derecho”.

Dulce Valenzuela

Seminario de Bibliotecas Jurídicas del Poder Judicial de la Federación

Con el objetivo de fortalecer la cultura jurídica se realizó el segundo Seminario de Bibliotecas Jurídicas del Poder Judicial de la Federación.

Analizar su uso para la labor jurisdiccional y el acceso a la justicia fueron los temas a debate.

Correspondió al director general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Francisco Migoni, hablar en representación del Ministro Presidente de este órgano colegiado, Ministro Luis María Aguilar Morales.

Dijo que las 127 bibliotecas jurídicas del país buscan ser un referente nacional e internacional.

“Como proveedoras de información especializada con la misión de favorecer su optima utilización en beneficio de la comunidad jurídica y de la sociedad en general”.

El director del Instituto de la Judicatura Federal Salvador Mondragón explico que el uso y manejo de libros, archivos y, documentos enriquece el trabajo todos los impartidores de justicia.

“La biblioteca como institución pública y educativa tiene una gran importancia como referencia del compromiso hacia el cultivo del conocimiento”.

Para Marco Antonio Zavala, representante del Tribunal Electoral el acceso a las bibliotecas especializadas es un gran beneficio para la sociedad.

“Democratizar el conocimiento es en la actualidad una tarea estatal en la que se fincan muchas de las expectativas de desarrollo para la formación de una sociedad que aspira a una cultura de la legalidad”.

Elsa González

CNDH realizará Jornada Nacional para Prevenir la trata de personas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil realizarán este sábado una Jornada Nacional contra la Trata de Personas.

El banderazo de salida se realizará en el Monumento a la Revolución, donde se llevarán a cabo diversas actividades.

 “Reconocemos y sabemos que el delito de trata de personas no tiene fronteras y no podemos actuar de manera desvinculada, entonces los ciudadanos queremos aportar a lo que están haciendo las instituciones”, Miriam Peña, Coordinadora de la Campaña Nacional contra la Trata de Personas de la CROC.

 “Un deseo a jóvenes y jovencitas que no caigan en la red y las trampas que pasan tanto aquí en México como en toda Latinoamérica; niños, niñas a veces adultos que a veces caen en la red de la trata de personas”, Scott Hill, Director Regional de Operación Bendición Internacional.

Esta jornada, que se realizará en 22 entidades del país, tiene como objetivo atacar directamente los factores que generan la trata de personas.

Así como promover el autocuidado, la denuncia y la prevención de este delito, que no solo afecta a las mujeres.

 “Bajo toda esa premisa es que lanzamos la línea nacional contra la trata de personas el 01800 5533000, que permite a alguna persona que conoce de algún caso marcar y proporcionar información que le permita a la autoridad actuar ante esos problemas y en donde hemos recibido más de 300 llamadas de casos concretos sobre este delito”, Ruth Delgadillo, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública CDMX.

El último diagnóstico sobre trata de personas, que realizó la CNDH, reveló que de 2009 a mediados de 2014, se iniciaron 2 mil 115 averiguaciones previas relacionadas con este delito.

De total de casos, únicamente se consignaron 786, de los cuales 182 concluyeron con sentencias condenatorias.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ