Andrés Mahnke, en entrevista sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Chile

En Chile opera desde hace once años el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, que reemplazó de igual manera que en México, a un Sistema Inquisitivo. Ello a pesar de que en ese país no existe un margen legal que privilegie la protección a los derechos humanos y vincule las normas internacionales a la legislación nacional como lo hizo en México la Reforma Constitucional del 2011.

La diferencia, fue que al país sudamericano le tomó solo cinco años su implementación.

“Pero para cultura y simpleza jurídica de nuestro país aprovechamos mucho que también estábamos bastante tarde en el contexto incluso americano. Tuvimos la oportunidad de mirar muchos fondos en el esquema español y alemán y muchas formas en la litigación en Estados Unidos”, Andrés Mahnke, Defensor Nacional Chile.

Reconoció que el tema de la vinculatoriedad de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos ni si quiera forma parte de la agenda de la Corte Suprema de Chile.

“Lamentablemente no, ni es un debate porque tampoco existe un debate, es un análisis que se está produciendo, no solamente jurídico sino en nuestro sistema de justicia, naturalmente el escenario actual de Chile es que los jueces que interpretan la norma no es clara en Convención Americana de Derechos Humanos que debiese ser”.

Uno de los beneficios del nuevo sistema penal en Chile, señaló, fue la notable reducción del tiempo en la resolución de casos y la creación de la figura del defensor nacional.

“Tenemos defensores calificados y capacitados para hacer frente a una investigación unidimensional que no tiene capacidad ni recursos… Estamos hablando del equilibrio que debe haber en el sistema de justicia penal que mínimo se da en establecer que tenemos un juez imparcial y dos partes que funcionan con los mismos derechos”.

Anteriormente el sistema judicial recibía alrededor de 505 mil causas al año, ahora con el nuevo esquema, la defensoría nacional atiende un millón 350 mil causas.

“La respuesta judicial del sistema antiguo era de un 7% y 93% de sobreseimientos temporales, que es cuando el juez suspendía el proceso a propósito de que no tenía más antecedentes para seguir adelante con la investigación… El esquema actual de nuestro país tiene una respuesta judicial del 32%”.

Sin embargo, padecen al igual que en México la ausencia de protocolos de investigación científica por parte del ministerio público que tanto ha sido criticada por organismos internacionales.

“El ministerio público investiga para determinar la causa en vez de investigar para esclarecer el caso”.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

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Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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