En los últimos años México ha sido objeto de numerosos llamados internacionales de alerta ante una severa crisis de derechos humanos.
Además de eso, ahora una campaña de desprestigio y ataques contra el trabajo que realizan defensores, organismos e investigadores en la materia, hacen que las miradas nuevamente se fijen en nuestro país.
La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, fue objeto de esta campaña, en el caso de los cuatro presuntos secuestradores detenidos en 2009 por elementos del Ejército en Rosarito, Baja California, quienes fueron liberados tras más de 6 años en prisión al demostrarse que instituciones del Estado emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron.
“A través de este caso pudimos evidenciar la brutalidad con la que se ejercieron los operativos conjuntos para combatir la delincuencia organizada a estas 4 personas, tres de ellas fueron detenidas en un lugar, otra persona fue detenida en otro lugar y a las 4 las llevaron a un tercer lugar donde había una persona presuntamente secuestrada”, José Antonio Guevara, Director Ejecutivo CMDPDH A.C.
A partir de ahí se armó un expediente por parte de instituciones militares donde se afirma que los sospechosos fueron detenidos en flagrancia con una cantidad importante de armas, y al ser cuatro se constituyó el delito de delincuencia organizada.
“Fueron trasladados después a la procuraduría general a un cuartel militar, en donde se ven las escenas en donde hacen una puesta en escena con las armas enfrente de ellos, pero es muy significativo el caso porque las personas fueron brutalmente torturadas con toques eléctricos, etc.”
La Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que la información arrancada por tortura fue utilizada por la PGR para sostener la acusación en contra de las cuatro personas por tres delitos: delincuencia organizada, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
“No es sino hasta 2015 en que la CNDH emite su recomendación en octubre y en un mes después que el juez de la causa falla en favor de la verdad y de la inocencia”.
Es el primer caso mexicano presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
“Casualmente ni la Procuraduría General de la República impugna esa resolución del juez ni tampoco la víctima que supuestamente estaba secuestrada por ellos.”
Por el caso, el titular de esta organización, fue acusado de promover resoluciones ante la CNDH por casos de tortura para recibir indemnizaciones, esto a pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encargada del otorgamiento de dichas reparaciones, aclaró que nunca ha entregado recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
“A nosotros nos llama mucho la atención la coincidencia en los discursos de la señora Wallace para atacar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para atacar al relator Juan Méndez y para atacarme a mí personalmente y para atacar a la CMDPDH de discursos que salen de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, hizo un llamado a las autoridades ya que en México es tan frecuente dicha práctica para la investigación de los delitos.
Según la PGR de 2006 a 2014 ha recibido 4 mil 55 denuncias de tortura, de las cuales mil 273 son atribuibles a personal militar.
De los casos denunciados, mil 884 se transformaron en averiguaciones previas, y de estas sólo 11 fueron consignadas ante un juez.
En el mismo periodo fiscalías de 22 estados recibieron mil 166 denuncias por tortura y de éstas sólo 13 han sido consignadas ante un juez.
“Es decir, el número de sentencias en que el gobierno mexicano ha informado a la comunidad internacional particularmente a la Comisión Interamericana en su más reciente visita es de 15 sentencias firmes pero desconocemos de estas sentencias cuáles son, en qué estados de la república se dictaron o si son federales”.
En ocho años, comisiones de derechos humanos en todo el país recibieron 8 mil 537 denuncias por tratos crueles, inhumanos o degradantes, un promedio de dos casos diarios.
La CNDH abrió 109 expedientes de queja por tortura, y emitió 79 recomendaciones, en 7 de ellas la víctima fue señalada por el delito de secuestro.
Lorena Sánchez Cabrera
Canal Judicial 