La Primera Sala de la Corte estableció una jurisprudencia sobre el principio de presunción de inocencia

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como criterio jurisprudencial las condiciones para estimar que existe una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia como estándar.

De acuerdo con esta tesis aprobada por unanimidad, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por la defensa en el juicio.

Y, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Esta interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia abona a los criterios para aterrizar y aportar al mejor funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor el 18 de Junio pasado.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

La Segunda Sala fijó los alcances del principio de igualdad

La Segunda Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia de rubro: Principio General de Igualdad: Su contenido y alcance.

Principio que se encuentra positivizado en varios artículos de la Constitución.

Disposiciones que imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos, en relación con el principio indicado.

En el caso especial del legislativo, el artículo 16 de la Carta Magna, le prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariedad.

La Sala precisa que el principio no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real.

Sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato en la generación de leyes. Imponiéndole al legislador dos obligaciones.

Por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos hechos equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual.

Por el otro, un mandato de tratamiento desigual que obliga a prever diferencias entre supuestos de hechos distintos cuando la propia constitución las imponga.

Partiendo de estos supuestos, para que las normas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad, es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable.

José Luis Guerra García

Catedráticos lamentaron que el Estado mexicano incumpla sentencias de tribunales internacionales

Catedráticos universitarios lamentaron que el Estado mexicano incumpla con las sentencias de tribunales internacionales

La impunidad en México ha llegado hasta el incumplimiento de sentencias de los tribunales internacionales, advirtieron especialistas.

En foro en la UNAM, destacaron que uno de los ejemplos más claros es la falta de sanciones contra diversos agentes estatales responsables por el caso Campo Algodonero.

“Si no avanzamos combatiendo la impunidad, de nada sirven los monumentos ni las disculpas públicas. No hay al parecer ningún indicio de que los múltiples involucrados, no los directamente involucrados en el homicidio, sino todos los funcionarios que intervinieron y que fueron señalados por su negligencia, por su incapacidad, por discriminar a las mujeres, ninguno ha sido sancionado”, Juan Antonio Cruz Parcero, Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM.

“Pareciera que estamos condenados a seguir revisando el cumplimiento real de esta sentencia a partir de mediciones en la sociedad de Chihuahua”, Guillermo Estrada, Investigador UNAM.

Las condiciones de violación de derechos en México es resultado de otras violaciones ante las cuales el Estado ha sido indiferente.

“Donde los estados no participan activamente y ese es el deber señalado por la Corte Interamericana, justamente en tratar de evitar las condiciones que dan sustento a estos caldos de cultivo de criminalidad focalizada por cuestiones de género”, Juan Antonio Cruz Parcero, Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM

Lamentaron que no haya respuestas efectivas de la Procuraduría General de la República que den confianza sobre la atención del Estado mexicano a las resoluciones de la Corte Interamericana.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Exigen garantizar la protección de los DDHH en Centros Penitenciarios Federales

La atención a los Centros Penitenciarios Federales, a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como a los adolescentes infractores, era una deuda de décadas atrás, advirtieron autoridades e integrantes de organizaciones sociales.

Eduardo Guerrero, representante del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, aseguró que es muy grave el hecho de que haya autogobierno en muchos de los 389 centros penitenciarios federales.

No obstante, se trabaja en 7 ejes para revertir la situación, entre los que se incluye, garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de los internos.

“Un problema muy serio que vamos a tener en las instituciones penitenciarias tanto de mayores como de adolescentes, no vamos a tener los 8 años que tuvieron la otra gente que está en el modelo de justicia en el país y por eso tenemos que trabajar y creo que el principal reto que va a tener va a ser la implementación sobretodo en la parte de infraestructura”.

El funcionario destacó que las medidas implementadas ha permitido la reinserción de 52 mil personas privadas de la libertad.

La rotación de mil custodios y la realización de 350 operativos donde se encontraron 3 mil 500 objetos no permitidos.

Con ello se ha tenido 52% menos gente involucrada en riñas y 55 % menos heridos.

También se abordó en tema de la reinserción y tratamiento para jóvenes infractores.

“Esto significa que el gran reto que nos impone esta nueva reforma es atender a los jóvenes que están en externación, y no me dejarán mentir las instituciones que participan que es el gran tema, pero al joven que tienes afuera en su comunidad real donde no hay las condiciones adecuadas para su reinserción y a pesar de eso tienes que hacer que cumpla unas condiciones, es mucho más complejo”, Raquel Alejandra Olvera, Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores

A la fecha, hay 12 mil jóvenes a nivel nacional en conflicto con la ley, 71% cumplen sentencias no privativas de la libertad.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Más de 2 mil 300 operadores fueron capacitados en el NSJP en 2015 en el INACIPE

 

Más de 2 mil 300 operadores fueron capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tan solo en 2015 en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Reveló en entrevista para Canal Judicial, su director, el doctor Rafael Estrada Michel.

“Hemos instrumentado un plan de capacitación muy intensivo en coordinación con la Unidad para la Instrumentación de la Reforma Penal en la propia Procuraduría General de la República en coordinación con el Consejo de Profesionalización con la Dirección General de Profesionalización del propio Ministerio Público Federal”.

Entre ellos 400 son peritos profesionales en el Nuevo Sistema Acusatorio.

“En el caso de agentes de investigación y agentes del ministerio público también con énfasis en el Nuevo Sistema de Justicia Penal capacitamos del orden de 900 en un caso y mil en el otro, estas son cifras para la federación digamos bastante impresionantes”.

Aunado a ello está el trabajo realizado en las procuradurías estatales y tribunales locales y la capacitación que han recibido cerca de 10 mil alumnos.

“Esa cifra seguramente a final del año al corte, al final de año serán muy superiores a las de 2015”.

Capacitación que incorporó en sus planes de estudio la perspectiva de derechos humanos y de control de convencionalidad como eje transversal a partir de la Reforma de 2011.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Persiste discriminación por preferencias sexuales en México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó del atraso de algunos estados para llevar a sus constituciones la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales.

De acuerdo con la plataforma de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos, no se menciona de forma alguna el derecho a la no discriminación por preferencias sexuales en las Constituciones de:

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.

“La construcción del régimen de los derechos humanos es una tarea compleja que, en el marco de un sistema federal reclama no sólo plasmar sus postulados en el texto de la Constitución General del país, sino que también exige reflejarlos en las constituciones de cada uno de los estados libres y soberanos que integran el pacto federal”, Laura Gurza, Directora General Planeación CNDH.

De acuerdo con la CNDH, pone en riesgo de responsabilidad al Estado mexicano con el cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos.

“México es signatario de 185 instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales 109 son vinculantes y 76 son no vinculantes. Ello significa que nuestro país ha hecho suyas las declaraciones contenidas en esos documentos y se ha obligado a proteger los derechos reconocidos en los tratados correspondientes”

La plataforma detalla que en 22 entidades federativas se establece claramente la no discriminación por preferencias sexuales.

En el Estado de México, Nayarit y Tabasco, sólo se hace mención del término “preferencias” omitiendo la palabra “sexuales”.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Diálogo jurisprudencial entre los tribunales electorales, estatales y las salas del TEPJF

Con el tema “Diálogo jurisprudencial entre los tribunales electorales, estatales y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se llevó a cabo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Los participantes pugnaron por resoluciones cada vez más oportunas, con el objetivo de detener cualquier efecto pernicioso en un proceso electoral.

“Desde luego las medidas cautelares han ayudado mucho en este tema; sin embargo, tener ya un fallo de la autoridad jurisdiccional que determine si una conducta es o se constituye como infractora de la ley”, Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera del INE.

Consideraron que uno de los retos que se tienen en el ámbito jurisdiccional, es lograr un punto intermedio entre contar con resoluciones expeditas, pero también exhaustivas.

Es decir, que se hayan agotado todas las líneas de investigación y las posibles aristas, para obtener resoluciones más adecuadas.

“Que no significa la posibilidad de hacer declaraciones de inconstitucionalidad, sino simple y sencillamente inaplicar de manera oficiosa aquellas normas que consideren los tribunales, contrarias a los derechos político electorales”, José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Magistrado de Circuito.

Añadieron que la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, transformó a todos los tribunales del país entre ellos los electorales, en tribunales de constitucionalidad.

Oscar González

@okogonzalez08

Reflexionan sobre violencia de género y procuración de justicia

En México la violencia doméstica se ha vuelto tan grave, que ya es considerada como tortura, denunció Sandra Serrano, coordinadora de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

“Aquí hay un problema gravísimo de impunidad que las Instituciones Estatales deben atender y tienen que hacerse cargo de esto, no importa que se cometa en el ámbito privado, esto es una cuestión pública”.

En este sentido, destacaron la desigualdad que se tiene desde los derechos humanos, para incorporar el tema de perspectiva de género, situación que ha llevado a distintas problemáticas en materia de prevención del delito, investigación y sanción.

“Para que la labor cotidiana de estos cuerpos de procuración y administración de justicia hagan una realidad el acceso a la justicia, en términos de la protección de la igualdad”, Ángela Quiroga, Fiscal Especial Delitos de Violencia PGR.

Lamentaron que en la mayoría de los casos en las violaciones de género se argumente la frase “es que es un asunto cultural”.

Añadieron que desde los derechos humanos se cuenta con factores como la prevención, tema que ha costado trabajo aterrizar en rubros como la violencia de género en específico.

Oscar González

@okogonzalez08