Andrés Mahnke, Defensor Nacional de Chile en entrevista para el Canal Judicial

Ante la ausencia de control de convencionalidad por parte de los jueces en Chile, son los defensores públicos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, quienes se han encargado de incorporar en cada causa, las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales.

“Una posibilidad pareciera de no considerar de forma íntegra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la fuerza imperativa de la resolución de los organismos que nosotros mismos como estado nos comprometimos a reconocer, esa fuerza imperativa, estamos en eso”, Andrés Mahnke, Defensor Nacional de Chile.

En entrevista con el Canal Judicial, el Defensor Nacional de Chile habló sobre la alta responsabilidad que implica su labor dentro del nuevo esquema penal acusatorio.

“En ese ámbito específico, quienes materializan esa responsabilidad del estado somos los defensores penales públicos”.

Este organismo ha asumido además, la tarea de capacitación de defensores nacionales dentro del Sistema Interamericano.

“Hemos tenido la oportunidad de llevar en dos ocasiones al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acompañado de tres jueces de la Corte… En seminarios y congresos que ha organizado la Defensoría Penal pública donde hemos podido incorporar en la agenda a nuestra cancillería, al tribunal constitucional y a la excelentísima Corte Suprema de Justicia de nuestro país”.

En Chile hay 640 defensores penales públicos para una población de 17 millones de habitantes.

“Atendemos 350 mil casos al año, 350 mil personas al año, más menos entre 550, 570 casos al año por defensor”.

El 52 % de esos casos terminan en una primera audiencia y el 75 % terminan en la segunda audiencia. Cuentan además con una defensa especializada que atiende casos de personas en situación de vulnerabilidad.

“Tenemos defensores especializados de forma exclusiva a la defensa de jóvenes, a la defensa de migrantes a la defensa de indígenas o de integrantes de pueblos originarios, defensa de personas condenadas o privadas de libertad, mujeres, personas que tienen personas con un problema de salud mental y minorías sexuales”.

Con la experiencia que aportó a México, a más de una década de operarse el nuevo esquema en su país, coincidió en que no disminuirán los índices de criminalidad a menos que se adopten políticas públicas eficaces que ataquen el problema de raíz.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

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Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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