La oralidad, ha sido una tradición en los sistemas de justicia de los pueblos originarios

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, representantes originarios de diferentes entidades dieron a conocer las formas de impartición de justicia dentro de sus comunidades.

“Todo lo que hoy sabemos y escuchamos de los juicios orales, los pueblos indígenas los han practicado desde miles y miles de años, eso que en gran Bretaña se llamó sopesar el delito en maya occidental nosotros lo llamamos… es sopesar las palabras ni siquiera se habla de delito, ni siquiera se habla de pecado”, Javier López Sánchez, Miembro del pueblo maya, Chiapas.

Temas sociales, de salud, festivos, territoriales, son atendidos dentro de las comunidades y pueblos bajo su propio esquema de organización, sin embargo, cuentan con principios similares centrados en la búsqueda del bienestar común.

 “Las fiestas patronales y las fiestas grandes como las bodas, contribuyen a la articulación comunitaria mediante un proceso colectivo de hacer la fiesta y disfrutar de ella; la comida la bebida, los rituales los lugares, las maneras de conformarse durante el proceso festivo”, Violeta Hernández, Chocholteca.

Lamentaron que la discriminación y el abuso de autoridad han debilitado los sistemas de justicia de las comunidades indígenas.

Además, aseguraron que explicar sus formas de organización a otras culturas les permitirá enfrentar menos casos de discriminación en su contra.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

La Segunda Sala determinó que los trabajadores de confianza no están facultados para ejercer el derecho de huelga

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que los trabajadores de confianza no están facultados para ejercer el derecho de huelga. (Contradicción de tesis 26/2016).

Al resolver una contradicción de tesis, esta Sala interpretó que los artículos 183 y 931, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, al prohibir que el personal de confianza participe en la prueba de recuento para determinar el requisito de mayoría en el derecho de huelga, necesariamente implica que no pueden ejercer ese derecho.

Esta Sala reconoció la constitucionalidad del contrato colectivo de trabajo de PEMEX sobre los derechos de seguridad social en los conceptos de vejez-jubilación y vida-pensión que se prevén en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución. (Amparo directo en revisión 5059/2015).

Los ministros consideraron que el artículo contiene rubros que se homologan a las condiciones mínimas previstas en la Carta Magna pues los conceptos vejez y vida son correlativos a los de jubilación y pensión contemplados en el contrato.

También se pronunció por la constitucionalidad del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Recurso de revisión 80/2016).

Explicó que el trato diferenciado entre los concesionarios de uso público y uso social respecto de sus fuentes de ingreso se justifica en la medida en que cada una de ellos tiene objetivos específicos y distintos y, por tanto, no son jurídicamente iguales, de lo que se sigue que no hay obligación de darles el mismo trato en cuanto a dichas fuentes.

La Primera Sala de la Corte resolvió que no es una sanción administrativa la separación del cargo por no acreditar las condiciones de permanencia en el Servicio Profesional Docente. (Amparo en revisión 54/2016).

Por ello negó el amparo de la justicia a 64 docentes que impugnaron la constitucionalidad de cuatro artículos de la Ley del Servicio Profesional Docente.

De acuerdo con los ministros la separación no constituye una sanción, pues no deriva de una infracción administrativa que dé lugar a una responsabilidad, además que no existe invasión de competencias entre los órganos administrativos que ejercen funciones de contraloría y las autoridades educativas.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Demandan comunidades indígenas ser tomadas en cuenta en el diseño de políticas para impulsar su desarrollo

El concepto de desarrollo que se trata de imponer a las comunidades indígenas no atiende las necesidades básicas de quienes viven en los pueblos originarios.

Así lo señalaron representantes de comunidades indígenas que participaron en el segundo día de trabajos del Coloquio: “Pensamiento Indígena Contemporáneo”, que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lamentaron que desde las ciudades se definen las políticas públicas para atender las necesidades de los más pobres.

“Desde nuestro pueblo, desde nuestra lengua madre que es Tzeltal la palabra desarrollo no existe, no existe sino es a través de lo que nos ha tocado vivir, lo que nos ha tocado experimentar, aquello que lleva a la muerte, aquello que conduce a los desalojos violentos en nuestros propios territorios”, Pedro Hernández, Indígena tzeltal.

Explicaron que en ninguna de las reformas estructurales que han sido aprobadas en el presente sexenio se ha consultado a los pueblos originarios.

“No tenemos como tal una presencia eficaz en las decisiones de lo que realmente se tienen que hacer en este país multi o pluricultural”.

En el Centro Cultural Universitario denunciaron la intromisión del Gobierno en la elección de las autoridades indígenas para favorecer los intereses de quienes ostentan el poder económico.

Ante ese panorama, hicieron un llamado para que se tome en cuenta a las comunidades en la generación de proyectos de desarrollo que no dañen al medio ambiente.
 
 “Hemos gritado a toda costa y a toda luz, queremos que seamos considerados, que nos tomen en cuenta… Es hacer practica esta palabra de inclusión, hacer práctica la democracia y exigir siempre el respeto”, Dionisio Toledo, Indígena chiapaneco.

Solo así, señalaron, podrán seguir en su lucha por la defensa de su identidad y cultura.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Inauguran Taller de Profesionalización en Servicios de Interpretación de LSM en el Ámbito Jurídico

Es preocupante la falta de peritos especializados para atender a personas con problemas auditivos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

De acuerdo con la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró eso responde a la deuda histórica del Estado mexicano con las personas con alguna discapacidad.

“Deben tener garantizado el derecho a poder comprender desde su propia lengua, en este caso la lengua señas, qué es lo que está ocurriendo y tener derecho a expresar lo que les convenga, a la defensa a sus derechos humanos como víctima”.

Dentro del Primer Taller Nacional de Profesionalización en Servicios de Interpretación de Lengua de Señas Mexicanas en el Ámbito Jurídico, González Contró subrayó que esa falta de peritos significa una violación al derecho de acceso a la justicia.

Lo que además implicaría una responsabilidad internacional del Estado mexicano.

“Son precisamente los servicios, en este caso concreto el acceso a la justicia los que deben hacerse accesibles para que todos y todas puedan gozar de los derechos humanos”.

En México existen más de 700 mil personas con discapacidad auditiva y que podrían requerir asistencia en caso de un procedimiento judicial.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Participa Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero en Seminario sobre Violencia y Paz

Preocupa que la falta de herramientas en el proceso penal acusatorio deje en libertad a delincuentes, advirtió la Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero.

“Y que nos vamos a poder dar cuenta en este nuevo proceso penal quién está fallando, la policía ministerial, los fiscales, los defensores, los jueces y todos los actores que están hoy dentro de este nuevo proceso”.
 
Durante su conferencia en un Seminario sobre Violencia y Paz, Sánchez Cordero coincidió con el informe de Open Society Justice Initiative, respecto a que el gobierno es el único responsable de la seguridad de su población.

En este sentido, consideró que lo único que legitima la razón de ser de un Estado, es la titularidad del ejercicio de los derechos de las personas.

En El Colegio de México, Eric Witte, representante de Open Society Justice, enfatizó los niveles de impunidad y corrupción en nuestro país.

“Quién se puede imaginar a un fiscal investigando patrones de tortura en México, y también a la luz del caso Ayotzinapa, el caso penal más observado en la historia mexicana, resulta que en gran medida a pesar de que hay hallazgos forenses, hay contradicciones enormes en el caso”.

El informe titulado “Atrocidades innegables, crímenes de lesa humanidad en México”, señala que de 2007 a 2015 se reportaron 150 mil homicidios culposos… De estos, sólo 15 % se ha llevado a juicio.

Que se habla de una cifra de 26 mil desaparecidos, y que sin embargo, aseguran, la cifra puede ser peor.

Y que por desapariciones forzadas solo se han llevado a juicio a 14 personas.

Oscar González

@okogonzalez08

A un año de la alerta de violencia de género en Morelos

Los feminicidios en el Estado de Morelos continúan a la alza pese a la alerta de violencia de género que se activó el año pasado en 8 municipios de la entidad.

Cuernavaca, Temixco, Yautepec y Cuautla son 4 de las demarcaciones en donde a pesar de estar vigente la alerta de género, el número de ataques contra las mujeres va en aumento.

“Por las tendencias que vamos estaríamos en números rojos y muy probablemente de alcanzar el año más violento de feminicidios en el Estado de Morelos que sería el 2012 con 92 casos, les digo ahorita estamos solamente contando hasta julio y ya tenemos 56 feminicidios”, Paloma Estrada, Investigadora DDHH.

Señalaron que alrededor de mil 500 mujeres son explotadas sexualmente en la entidad y en las fosas clandestinas se han encontrado un número significativo de cuerpos.

Por ello, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos con otras organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado al Estado mexicano para que repare los daños conforme a los parámetros del Marco Internacional de los Derechos Humanos.

“El derecho a la justicia pronta y expedita e imparcial, se debe investigar las violaciones al derecho de las mujeres y sancionar a los responsables, la rehabilitación se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas”, Juliana Quintanilla, Comisión Independiente de los Derechos Humanos.

“Nosotros pedimos como una de las principales recomendaciones poner cámaras de video vigilancia, módulos de atención en carreteras en ciertos parajes o botones de pánico, también en ciertos lugares que permitiera ayudar a una mujer en riesgo”, Paloma Estrada, Investigadora DDHH.

Las organizaciones presentarán un informe completo al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez para impulsar una política integral que disminuya los feminicidios.

 

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

Lanzan convocatoria de la licitación para construcción de Centro de Justicia para Mujeres

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México lanzó la convocatoria de la licitación para la construcción del segundo Centro de Justicia para las Mujeres que se ubicará en la Calle de 20 de Noviembre, Colonia Ixtahuacán, en la Delegación Iztapalapa.

Reformas al Código Penal de Aguascalientes

En Aguascalientes entraron en vigor las reformas a su Código Penal, con el fin de establecer las sanciones en los delitos de robo, abuso de confianza, fraude, despojo, daño en las cosas doloso y defraudación fiscal, mismos que serán castigados con prisión de 6 meses a 12 año; y de 15 a 250 días multa, dependiendo del monto del quebranto.

TEPJF publica tesis de rubro: Candidaturas Independientes

El Tribunal Electoral estableció una tesis de rubro: Candidaturas Independientes.

En la que establece que la obligación de renunciar un año antes de la elección a la militancia de un partido para obtener una candidatura ciudadana, no es exigible a aquellos que desempeñaron un cargo partidista, previo a la temporalidad establecida, pues de ser así se trataría de una medida irracional, que limitaría los derechos políticos del ciudadano.

Protocolo para asegurar el respeto a los derechos de niños y adolescentes migrantes

Se publicó el protocolo para asegurar el respeto a los principios y derechos de niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios. Quienes tienen derecho a recibir alojamiento temporal; a ser considerados refugiados o asilados, recibir protección contra riesgos inminentes a la vida, integridad y libertad, recibir asesoría jurídica, protección y ser restituidos en sus derechos.