Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno

Estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelan que en México hay 90 mil personas reconocidas oficialmente como desplazadas, la cifra negra supera el millón.

El desplazamiento forzado interno vulnera los derechos humanos de quienes tienen que dejar sus hogares por amenazas y violencia, aseguró el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo.

“También se reconoce que el desplazamiento forzado interno implica una violación directa o indirecta a diversos derechos humanos, tenemos el de residencia, ciudadanía, salud, seguridad personal, seguridad pública, alimentación, vivienda, trabajo, educación y muchos otros más, no sólo es el desplazamiento en sí sino lo que ese desplazamiento provoca en relación de otros derechos humanos”.

Presentó ante senadores el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno, en donde estableció la necesidad de contar con políticas públicas integrales y trasversales para proteger a las víctimas.

“También se reconoce que debe haber una intervención coordinada de los 3 diferentes órganos de poder, del Ejecutivo, del Legislativo también del Judicial, debemos llegar por supuesto a la existencia de un registro nacional que se debe llevar a efecto y al establecimiento de medidas humanitarias”.

La CNDH entregó al Senado una propuesta de protocolo para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno.

“De manera forzada, de manera obligada y esto hay que subrayarlo, tuvieron que dejar su comunidad, su casa, en muchos casos también a familiares y por supuesto pues huir nada más con lo indispensable, con su familia, con su vida y bajo esta circunstancia en la que se encuentran miles de mexicano aún falta hacer una legislación”, Gabriela Cuevas, Presidenta Comisión de Relaciones Exteriores.

En nuestro país solo tres entidades cuentan con una legislación en materia de desplazamiento, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Se estima que a nivel mundial existen 65 millones de personas desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Realizan Conversatorio: “Afectaciones al proyecto de vida y reparación del daño”.

Al destacar un caso de violencia obstétrica en el Estado de Oaxaca, Rubén Pablo Ruíz, magistrado del Décimo Tercer Circuito en esa entidad, participó en un conversatorio de sentencias con el título: “Afectaciones al proyecto de vida y reparación del daño”.

En el Auditorio José María Iglesias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que en muchos de los casos de personas procesadas, el común denominador es la pobreza.

“Por pobreza, por desigualdad, por falta de acceso a fuentes de trabajo con salarios adecuados, y me parece que por debajo de todo ello, tenemos un fenómeno que la mayoría de todos los mexicanos estamos de acuerdo en eso, el terrible fenómeno de la corrupción que está carcomiendo todo”.

Recordó que la Declaración Americana de Derechos Humanos obliga a cumplir y a hacer respetar este tema.

Que los pueblos americanos han dignificado a la persona humana, y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre.

“Yo les podría decir que no hay un asunto ahora, no hay un asunto ahora en el que no debamos examinarlo desde el punto de vista de derechos humanos, ninguno, y esto aun y cuando el ingreso ha bajado por el inicio de los juicios orales matemáticamente”.

El caso abordado en el Conversatorio fue el de Irene Cruz, mujer indígena quien quedó en estado vegetativo tras una cesárea en el IMSS, y que después de 14 años no ha recibido indemnización alguna.

Organizaciones nacionales e internacionales han entregado al seguro social más de 8 mil firmas, con la exigencia de la reparación del daño a Irene y a su familia.

Oscar González

@okogonzalez08

Presentación del Libro “Estudios constitucionales de los siglos XIX y XX”

Es necesario que los estudiantes de derecho amplíen su formación en derecho constitucional.

Sólo así se construirá un sistema sólido de protección de derechos en México, aseguró Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.

En la presentación del libro “Estudios constitucionales de los siglos XIX y XX”, destacó el valor de los estudios históricos sobre la Carta Magna.

“Nuestra constitución histórica es mucho más antigua… Estos estudios lo que tratan de ver es el cambio de un antiguo régimen de un Poder Judicial que aplica leyes en su texto literal, a un Poder Judicial que empieza a interpretar y dar contenido a esas leyes frente a las obscuridad de las leyes”, Manuel González Oropeza, Magistrado TEPJF.

Este texto contiene seis obras clásicas sobre derecho constitucional.

De ellas destaca el ensayo de Emilio Rabasa sobre el artículo 14.

El análisis que hace Mariano Coronado sobre las interpretaciones de la Suprema Corte en 1877.

La revisión de la estructura del Poder Judicial por Jacinto Pallares.

Y los estudios de Silvestre Moreno Cora sobre el juicio de amparo.

Con la presentación de esta obra fue clausurada la XV Feria Internacional del Libro Jurídico.

Espacio que durante cinco días reunió a estudiantes, académicos y servidores públicos del Poder Judicial Federal para fortalecer la cultura de la legalidad.

 

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Participa Ministro Laynez Potisek en Conversatorio sobre Cambio Constitucional en México

El Ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, propuso hacer una pausa en los constantes cambios a la Constitución para crear un parámetro mínimo de reformas.

Al participar en el Conversatorio sobre Cambio Constitucional en México, aseguró que tenemos una constitución cada vez más ininteligible, que dificulta su interpretación.

 “Sería factible que los actores se pusieran de acuerdo para decir mínimo estos son los parámetros mínimos de una Reforma Constitucional, porque el problema, recordemos todos, y ahora sí hablo como Ministro, es la certeza jurídica y la aplicación o el control constitucional de una norma constitucional cada vez más confusa”.

En este Conversatorio, que se realizó en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la discusión se centró en la pregunta de sí es necesaria o no una nueva Constitución.

“Yo creo que no, creo que lo que necesitamos en general es fortalecer el papel justamente de las normas jurídicas y su cumplimiento, me parecería paradójico que si estamos observando, si nuestro diagnóstico es que el derecho no tiene los efectos que queremos la respuesta que demos sea más derecho”, Camilo Emiliano Saavedra, Investigador del Centro de Estudios Constitucionales SCJN.

“En todos lados de la Constitución hay todavía problema pendientes, ojala las elecciones, los partidos coloquen el interés nacional sobre el interés particular y puedan ofrecer solución a estos grandes pendientes, mientras tanto al menos mantengamos esta Constitución como un espacio donde se puede negociar y construir”, Salvador Valencia, Investigador IIJ-UNAM.

Señalaron que para solucionar los problemas se ha optado por reformar la Constitución en lugar de generar políticas públicas para solucionarlos.

 

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Reflexionan sobre Equidad de Género en Semana Nacional de Transparencia

Desagregar por sexo los datos de todas las encuestas en México y hacer una medición de la pobreza sensible al género, representa un primer paso para que desde la información, se generen políticas públicas para el combate a la desigualdad.

“El proceso de tener mayor información es para tener mejores políticas y mejores sociedades”, Pablo Yanes, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social CEPAL.

Durante el cuarto panel de expertos, en la Semana Nacional de Transparencia 2016, reconocieron que en materia de impartición y procuración de justicia es donde menos información pública estadística existe y si la hay, es muy difícil su acceso.

“¿Cuál es la consecuencia de eso? Que hacemos políticas ciegas, que hacemos políticas pensando que la situación de las mujeres y los hombres es exactamente igual y cuando queremos ver por ejemplo en alguna encuesta cuántas violaciones hay de mujeres o de mujeres con cierta característica, menores de 20 años, violaciones sexuales no las tenemos”, Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva INMUJERES.

A pesar de concentrar a una gran parte de las y los académicos más destacados del país, la UNAM, no se salva de tener rezagos en materia de acceso a la información, pues la asignación de plazas docentes y los procesos del cuerpo colegiado que elige a los profesores, no se hacen públicos.

“Tendrían que estar en sus portales, tendríamos que saber rápidamente cuántas mujeres por ejemplo son directoras de entidades académicas frente a cuántos hombres, o cuántas mujeres hay en los cuerpos colegiados, deberíamos de tener un seguimiento muy puntual a todas las denuncias que se hacen por acoso, por hostigamiento y saber su resolución”, Ana Buquet, Directora del  Programa Universitario de Estudios de Género UNAM.

Concluyeron que la información ayuda a conocer a profundidad la problemática de la desigualdad, pero más allá de generar mucha lo importante dijeron, es determinar qué tan buena es.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Dictan conferencia «Tópicos Relevantes en Materia de Amparo Directo».

A tres años de los cambios a la Ley de Amparo, aún son muchos los retos para que la sociedad lo vea como una herramienta de protección de derechos.

Así lo destaco en su conferencia, Tópicos Relevantes en Materia de Amparo Directo, el magistrado Alfonso Patiño Chávez.

 “Existe la falsa concepción del juicio de amparo como instrumento para entorpecer la justicia y no, es una herramienta básica que ante todo propicia que los gobernados tengan respeto absoluto de sus derechos”.

A través de las sentencias y su explicación clara, la sociedad puede entender la razón de ser de los amparos que otorga el Poder Judicial de la Federación.

“Eso solamente lo va a comprender y además con utilidad con claridad y con conciencia si nosotros los juzgadores damos las herramientas para que sepan porque se acogió o no una pretensión determinada”.

La conferencia fue convocada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de la Tercera Región.

Elsa González

Reflexionan sobre salud y educación en la Semana Nacional de Transparencia

Sobre salud y educación, México cuenta con mucha información, sin embargo está fragmentada y no toda es accesible.

“Número total de maestros, no sabemos, no se puede salir de ahí… Los estados no publican nómina magisterial de los maestros, hay nóminas disponibles pero no sabemos de estas cuántos están muertos, son fantasmas, etc… Concurso de plazas docentes no puede accederse a las listas de relación ni si quiera para el caso en D.F. tampoco se publica información con respecto a vacantes”, Blanca Heredia, Profesora Asociada CIDE.

Otro gran rezago, señalaron, participantes de la Segunda Jornada en la Semana Nacional de Transparencia, es la justicia cotidiana, no hay reportes de denuncias sobre bullying; además, lamentaron que ni la agenda de la UNESCO ni la 20-30 de la ONU definen con claridad lo que debe entenderse por educación de calidad.

“Es extraordinariamente limitado poder pensar que la educación es un derecho habilitador que podemos medir en función de unos resultados y además en relación a otro parámetro que se inserta que es el del ingreso en los hogares”, Nuria Sanz, Representante en México de la UNESCO.

Para combatir la desigualdad desde el sector salud a partir de la generación de información, uno de los mayores retos es eliminar la duplicación de derechohabientes.

“Tenemos más personas cubiertas que mexicanos, eso no es posible por supuesto, ¿por qué nos pasa eso? Porque hay gente que tiene 2 o 3 o 4 o más servicios de salud y no tenemos una forma de identificar a quienes no tienen cobertura, eso es desigualdad”, José Narro Robles, Secretario de Salud.

Son cerca de 15 millones de personas las que gozan de más de dos servicios de salud.

“Otro elemento que tenemos que considerar para el cual no tenemos información y no podemos definirlo también el alcance es todo lo que tiene que ver con discapacidad”, Rosario Cárdenas, Consejera Académica CONEVAL.

Datos del INAI revelan que del total de solicitudes recibidas del 2014 a la fecha, el 34 % van dirigidas al sector salud, equivalentes a 127 mil, los consentidos, dijeron, son el IMSS y el ISSSTE, lo que más se solicita son expedientes clínicos.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

La SCJN fijó criterios en materia de procedencia del recurso de reclamación y sobreseimiento del juicio de amparo

El Pleno de Ministros fijó dos criterios jurisprudenciales:

El primero, que no procede el recurso de reclamación contra el acuerdo del presidente de un tribunal colegiado en cumplimiento de un acuerdo tomado por el órgano que preside.

“Sí puede ser impugnado el auto de presidencia, siempre y cuando sea por vicios propios, que se equivoque en el nombre del quejoso, hasta en la causal de improcedencia que ordenó el colegiado, en la fecha, no sé, puede tener vicios propios en el término que se le da para que desahogue la vista, por vicios propios creo que sí puede ser impugnado el auto de presidencia”, Norma Lucía Piña, Ministra SCJN.

“El auto, como auto de Presidencia y como auto de trámite, puede ser impugnado a través de una reclamación, sin duda, pero lo que sí me parece que resulta improcedente es para combatir la causal de improcedencia con la que se está dando vista a la parte quejosa”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El segundo criterio, que no se justifica que el Tribunal Colegiado deje de aplicar el artículo 64 de la Ley de Amparo cuando advierta una causa de improcedencia no invocada por las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, en el caso específico en que se tienen como actos reclamados la resolución de primera instancia y la de segunda instancia.

“Por ello, se propone con carácter de jurisprudencia el criterio de rubro siguiente: “vista a que se refiere el artículo 64 de la ley de amparo. no es excusa para omitirla que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse una causal de improcedencia que, en opinión del órgano jurisdiccional no impide el estudio de la cuestión planteada”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN, Ponente.

“Aclarar que esta depuración debe hacerse en auto inicial, y si no se hace y se advierte ya hasta el dictado de la sentencia respectiva, pues entonces sí cobra aplicación la norma y debe darse la vista a las partes correspondientes”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Creo que es un mandato de la ley que no está sujeto a una valoración discrecional del órgano jurisdiccional”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

En otro tema, el Pleno aplazó el estudio y resolución de un incidente de inejecución de sentencia en el que se proponía la separación del cargo del Delegado de Xochimilco de la Ciudad de México por incumplir una sentencia constitucional.

Se aplazó para el estudio de un escrito que llegó a las 11.05 horas del día de la sesión mediante el cual, el Gobierno de la Ciudad de México informó al Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Xochimilco que se otorgó visto bueno, para cumplir con la ejecutoria.

Cabe destacar que la sentencia causó ejecutoria el 27 de enero de 2015.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Participa Ministro José Ramon Cossío Díaz en la XV Feria Internacional del Libro Jurídico del PJF

México aún tiene cuentas pendientes con sus pueblos indígenas, aseguraron expertos en una mesa de diálogo durante la Feria Internacional del Libro Jurídico, en el Palacio de Justicia de San Lázaro.

 “Esta parte por la que se transita hacia el reconocimiento de los derechos de los usos, de las costumbres, de las tradiciones no ha sido cosa fácil… Para muchos pareciera ser que se ha concluido, que poco habría que hacer más en materia indígena, en cuanto al seguir legislando” Dr. Jesús Antonio Piña Gutiérrez, Notario Público Tabasco.

El Ministro José Ramon Cossío Díaz destacó el esfuerzo del Poder Judicial por lograr el acceso pleno a la justicia para la población indígena.

 “Por primera vez, me parece que con el nuevo juicio de amparo los pueblos y comunidades, ya no los municipios indígenas, que son dos cosas bien diferentes jurídicamente, pueden empezar a venir”.

Coincidieron en que el reto está en lograr un equilibro entre sus usos y costumbres y el respeto a los derechos y a la dignidad de la persona.

 “Resulta ser que estas niñas indígenas son objeto de trueque, de venta, de intercambio, por animales hasta de corral, eso está sucediendo y está documentado. Las están obligando a contraer nupcias, no obstante no tener la edad legal”, Dr. Jesús Antonio Piña Gutiérrez, Notario Público Tabasco.

“Me parece que nos falta conocer más de fondo el sistema normativo indígena… Porque siendo indígena, yo si puedo decir que hay alternativas muy puntuales de resolución de conflictos”, Dr. Javier López Sánchez, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Aseguraron que aún es tema de debate si los derechos colectivos de la comunidad están por encima de sus derechos individuales, y si el estado debe o no intervenir en los usos y costumbres.

Jesús Daza

@jesusdaza1138

Comparece séptima terna a magistrados del TEPJF

El modelo de comunicación Político- Electoral en México no está agotado, sólo requiere ser reforzado, aseguró Alfredo Eduardo Ríos Camarena, aspirante a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el último día de comparecencias, rumbo a la integración de la Sala Superior de este órgano judicial, el integrante de la séptima terna, dijo que se debe dar a conocer a fondo la plataforma de los partidos y candidatos y eso no se logra con spots de 30 segundos.

“Yo creo que el modelo de comunicación política que aprobaron los legisladores fue un modelo de vanguardia, un modelo interesante que en principio, diría yo, permitió primero, que todos los partidos políticos tuvieran acceso a la radio y televisión de manera medianamente equitativa”.

Destacó que se requiere la incorporación de la figura de testigo social para transparentar el manejo de recursos financieros del Tribunal.

En su oportunidad, Jorge Sánchez Morales aseguró que la labor del juez constitucional repercute en la paz social por lo que su labor debe basarse en la transparencia y rendición de cuentas.

“Tengo la absoluta confianza que desempeñaré dicho cargo acorde con el perfil de un juez constitucional, un juez garantista, progresista, imparcial, independiente, comprometido con el fortalecimiento diario de instituciones electorales con credibilidad y confianza”.

Propuso impulsar la sistematización del precedente como medio para combatir el estado actual de incertidumbre en la justicia electoral.

El último compareciente fue Reyes Rodríguez Mondragón se pronunció por una reforma que garantice que los integrantes de la Sala Superior del Tribunal no puedan llegar a ser ministros de la Corte.

“Este debe ser un cargo terminal en la carrera jurisdiccional eso evita que los magistrados electorales tengan incentivos de poner su carrera antes que su imparcialidad e independencia”.

Destacó que el principal desafío del Tribunal Electoral es afianzar la confianza pública y la calidad de la democracia.

La Comisión de Justicia del Senado discutirá el próximo martes 4 octubre el dictamen de elegibilidad de los aspirantes a magistrados para presentarlo ante el Pleno y vote cada una de las 7 ternas por mayoría calificada, es decir, con las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Martha Rodríguez

@marthaarod