Obligación del órgano de amparo de promover, respetar, proteger y garantizar Derechos Humanos, sólo se actualiza en el ámbito de su competencia: SCJN

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó como criterio jurisprudencial que la obligación del órgano de amparo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sólo se actualiza en el ámbito de su competencia.

Por tanto, fija la tesis, carece de atribuciones para pronunciarse respecto de violaciones que no sean parte de la litis constitucional.

De acuerdo con este criterio, hacer lo contrario modificaría la litis, desnaturalizaría el fin del juicio, pues afectaría el principio de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos de quienes resultaran afectados por el pronunciamiento que se hiciera.

En caso de que el órgano de amparo advierta una violación ajena a la controversia materia del juicio, debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, siempre con especial cuidado de no pronunciarse sobre la determinación de existencia de aquella violación, por lo que debe tratarse como mera probabilidad.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Primera Sala emite criterio sobre la dignidad humana

La dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona.

Fue el criterio jurisprudencial que fijó la Primera Sala de la Corte en el amparo directo en revisión 1200/2014.

Establece que la dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica.

El Pleno de la Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad.

En ésta norma jurídica se establece el mandato constitucional a todas las autoridades e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de los individuos, entendida ésta, como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o codificada.

Martha Rodríguez

@marthaarod

 

La Segunda Sala interpretó que el Art. 28 de la Constitución Política sanciona cualquier finalidad de actos monopólicos

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el Artículo 28 de la Constitución Política sanciona cualquier finalidad de actos monopólicos.

La tesis explica que todos los actos que constituyan monopolio o práctica monopólica, por sus características, disminuyen el proceso de competencia y libre concurrencia.

Lo que afecta el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, esto es, las cadenas de producción y, por lo tanto, esto representa un daño al consumidor.

La interpretación de los párrafos primero y segundo del 28 constitucional, de acuerdo con los ministros, conduce a establecer que toda práctica monopólica, al afectar la eficiencia de los mercados de bienes y servicios, daña al consumidor o a la sociedad.

Esto, no sólo cuando la práctica «tenga por objeto obtener el alza de precios» u «obligar a los consumidores a pagar precios exagerados».

Así, el texto contempla que la ley castigará todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas y con perjuicio del público o de alguna clase social.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Dicta investigadora del Instituto Max Planck conferencia magistral

El derecho ya no puede concebirse como un derecho nacional, pues ahora todos los jueces nacionales son jueces interamericanos.

“La Suprema Corte de este país cita a cortes de otros países latinoamericanos y eso es un fenómeno reciente porque antes la mirada estaba más hacia el Tribunal Constitucional”, Mariela Morales Antoniazzi, Investigadora Instituto Max Planck.

Durante una conferencia magistral en la Facultad de Derecho, la investigadora venezolana dijo que los instrumentos internacionales deben concebirse como extensiones de normas para compensar el déficit que tienen los estados.

“Estamos hablando de amnistía, desaparición forzada, pueblos indígenas e independencia judicial, de los grupos vulnerables, esos hitos jurisprudenciales de la corte han ido marcando una agenda del campo legal del estado”.

Señaló que si bien los gobiernos están obligados a aplicar la norma que brinde la protección más amplia ante violaciones a los derechos humanos, las jurisprudencias contenidas en sentencias de órganos internacionales van más allá que una simple reparación.

“Tenemos que subsanar la violación y transformar esa realidad, la discriminación estructural que tenemos en toda la región no se resuelve con una orden judicial”.

Dijo que es a través del diálogo que deberían surgir las propuestas legislativas que modifiquen dicha realidad. Puso el ejemplo de la crisis política y económica que enfrenta Venezuela. Nación que a pesar de los llamados internacionales a garantizar el Estado de Derecho ha sido omisa.

“Almagro, el secretario de la Organización de los Estados Americanos reconoce la violación de los derechos y la falta de democracia, eso es un problema del Estado, no es un problema del Sistema Interamericano. Rechazo categóricamente lo que está ocurriendo en mi país con un tribunal que dice que la Constitución tiene una garantía mayor de los derechos, esto es inaceptable en este siglo XXI”.

Reiteró que el acervo de convenciones internacionales que se han ido construyendo en el último siglo no pueden ser ignorados, pues son la nueva manera de comprender el derecho.
Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

El Porvenir Jurídico de América Frente a las Violaciones a los Derechos Humanos

El jurista Sergio García Ramírez hizo un llamado a repensar todo el orden jurídico penal a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

Al participar en el seminario sobre El Porvenir Jurídico de América Frente a las Violaciones a los Derechos Humanos, habló sobre el papel que deben asumir los jueces en el contexto actual.

“La misión del juez, la misión del juzgador, de todo juzgador pero particularmente del juzgador penal que es el que ahora nos interesa en esta material es ser el garante de los derechos y de las libertades del ser humano en el ámbito donde se ejerce la justicia punitiva”.

El investigador de la UNAM impartió una conferencia magistral sobre las Garantías Penales en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La Corte en su jurisprudencia se ha referido más de una vez, yo diría varias veces explícitamente, al compromiso que hay con la defensa de los derechos humanos al través de medidas penales que deben existir sin duda pero que deben también coincidir con lo que calificamos derecho penal mínimo, las menos posibles, las razonables, las proporcionales, las justas, las adecuadas al través de los tipos penales adecuadamente establecidos”.

Aseguró que la flexibilización de las reglas penales para sancionar a presuntos responsables se puede convertir en violaciones a derechos humanos y se refirió, en específico, al debido proceso.

“Sin juez natural, sin juez independiente, imparcial y competente, como dice el artículo 8.1 de la Convención Americana no hay debido proceso”.

Señaló que las expresiones de violencia que se viven en Latinoamérica han dado un rostro penal a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Llevan a cabo Foro sobre Derechos Humanos y Seguridad

Para poder combatir los niveles delictivos de una manera más coordinada, México requiere un modelo de seguridad de mando mixto.

Así lo afirmaron participantes en un Foro sobre Derechos Humanos y Seguridad, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

“La capacidad de fuego del crimen organizado y la capacidad de corrupción, frente a la cual las autoridades locales parecerían no estar preparadas”, Jorge Chabat, CIDE.

En este mismo sentido se pronunció María Elena Morera, directora de Causa en Común, quien se dijo preocupada por la situación en materia de inseguridad en nuestro país.

Consideró que se tiene un gran desorden en todos los órganos de gobierno en esta materia.

“Las policías municipales se supone que solo se dedican a bando de buen gobierno y a tránsito, entonces lo que han ido adquiriendo y tratando de hacer más cosas por la falta de apoyo de las estatales o porque es mucho más rentable políticamente vestirlos de Rambo a los municipales o a los estatales”.

Alejandro Encinas, integrante de la Comisión de Seguridad en el Senado de la República, celebró las discusiones del federalismo mexicano, rumbo al Centenario de la Constitución Mexicana de 1917.

“La discusión entre centralismo y federalismo data del constituyente de 1824, donde ya desde entonces Fray Servando Teresa de Mier decía que teníamos un federalismo de papel y un centralismo en la realidad”.

Advirtió que sin un verdadero federalismo, será imposible que se puedan combatir temas prioritarios en la agenda nacional, como el de la inseguridad.

Oscar González

@okogonzalez08

Reflexionan sobre la discriminación hacia las mujeres trabajadoras migrantes

La discriminación hacia las mujeres trabajadoras migrantes es constante y va en contra de lo que establece el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte.

Por ello, United Food and Commercial Workers International y el Centro de Derechos del Migrante solicitaron a las oficinas de los tres países que garanticen igualdad de condiciones laborales para hombres y mujeres.

“El trabajo es segregado por sexo y las mujeres hacen el trabajo que es menos pagado y muchas veces menos agradable, así que en esta queja estamos reclamando que el gobierno de los Estados Unidos no ha tomado medidas suficientes para solucionar esta discriminación”, Shane Crary, Centro de Derechos del Migrante.

“La queja contra Canadá es que han permitido durante 42 años que los empleadores exijan del gobierno mexicano un perfil de género discriminatorio, es decir, de hombres”, Andrea Galvez, United Food and Commercial Workers International.

Denunciaron que las mujeres carecen de oportunidades para mejorar sus condiciones laborales por razón de género como el caso de Adareli Ponce, una de las migrantes que sufrió discriminación por ser mujer.

“Es una cosa que se vive y que se experimenta que se siente y que uno siente como mujer de que por qué me hacen esto si yo también soy capaz de hacer lo que hace un hombre”.

Se estima que el 4 % de los trabajadores migrantes en Cánada son mujeres, y sus ganancias están por debajo del 66 % en relación con los ingresos de los hombres.

El Centro de los Derechos de los Migrantes y el sindicato UFCW de Canadá exigieron prestaciones y servicios, acceso a la vivienda, eliminación del criterio de género para la contratación y la unificación de los derechos humanos y laborales entre hombres y mujeres.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

Reflexionan sobre mercadotecnia política y democracia

La mercadotecnia política pone en riesgo la calidad de la democracia mexicana.

De acuerdo con José Fernández Santillán, destacado politólogo mexicano, esto se ejemplificó en las elecciones de junio pasado.

 “La democracia se ejerce a través de la palabra, de las ideas, del entendimiento, no de las imágenes o de los spots… Es un bombardeo que la gente se cubre cortándolo, una especie de desconexión”.

Dentro de un seminario impartido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el especialista explicó que lo deseable para la democracia en el país es que al término de los periodos de servicio público, los votantes:

-Evalúen el desempeño de los representantes

-Y conozcan las propuestas de los otros candidatos y partidos para compararlas con las de los representantes y partidos que ocuparon el cargo en el período que concluye.

En otro tema, destacó la importancia de los órganos constitucionales autónomos para fortalecer la democracia constitucional.

 “Dentro del contexto del estado nacional hay una armonía jurídica, y eso reside en que sigamos manteniendo esa unidad soberana, que haya coordinación jurídica”.

Explicó que la autonomía de esos órganos no debe confundirse con independencia que los dejaría fuera de cualquier esquema de control dentro del orden constitucional.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas en entrevista

El Estado de Zacatecas ha cerrado cuatro juzgados que operaban el antiguo Sistema Inquisitorio debido a que la carga de trabajo disminuyó desde la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Oral.

La entidad fue una de las pioneras en implementar dicho sistema; siete años antes de que venciera el plazo constitucional.

“En la totalidad de nuestros distritos judiciales ya estaba en vigencia. Funcionaba en tres distritos judiciales y empezaron a conocer el sistema a partir de enero de este año, el 18 de junio ya estaba en su totalidad en todos los juzgados”, Armando Ávalos Arellano, Magdo. Presidente Tribunal Superior de Justicia Zacatecas.

En entrevista para Canal Judicial, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, habló sobre los retos del nuevo esquema ahora en la operación.

“Viene una etapa importante de consolidación del sistema… Ideal es que los juicios orales se desarrollen respecto de los delitos de alto impacto, delitos de secuestro, delitos de homicidio, delitos graves, no es recomendable que el juicio oral llegue en delitos de bajo impacto que se pueden solucionar a través de los acuerdos reparatorios”.

Afirmó que un cambio tan trascendente no está exento de dificultades, y una de las más urgentes es procurar que los procedimientos concluyan sin necesidad de llegar a una sentencia.

“Que permitiéramos que una buena cantidad de asuntos concluyeran a través del procedimiento abreviado. Ha funcionado el sistema, no hemos tenido tantos juicios eso es uno de los parámetros para medir la eficacia del sistema, que no haya tantos juicios orales”.

Se necesita, dijo, incentivar el uso de la justicia alternativa y la medicación para evitar tener más juicios de los que el sistema puede procesar.

“Pero muchas veces ocurre que se ponen obstáculos para que el procedimiento abreviado cumpla con su objetivo. Se ofrecen penas altas a los inculpados y ellos consideran pues que no les resulta favorable y prefieren acudir a juicio oral”.

Señaló que a pesar del retraso por parte del Congreso de la Unión para emitir las leyes conocidas como la miscelánea penal, la demora sí afecta en otras áreas.

“También las nuevas normas que hacen cambios trascendentales en la constitución hablan de que se dispondrá de recursos para que estemos en condiciones de operar y esos recursos tampoco llegan como debieran llegar”.

Desde el 2009, Zacatecas ha tenido 70 juicios orales, un promedio de 10 procesos al año en delitos de alto impacto.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12