Cada semana en México hay 118 recién nacidos de niñas de entre 10 y 14 años de edad.
Y siete mil nacidos vivos de adolescentes entre 15 y 19 años.
Son datos que de acuerdo con el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia evidencian que este problema en el país.
“Cuando vamos a ver específicamente entre los adolescentes, el problema es que ha aumentado”, Josefina Lira, Integrante Colegio Mexicano Ginecología y Obstetricia.
En conferencia de prensa médicos integrantes de este colegio subrayaron que las jóvenes mexicanas menores de 16 años siguen iniciando su vida sexual sin un conocimiento adecuado sobre métodos anticonceptivos.
“Les preguntamos por qué habían tenido actividad sexual, casi el 73 % de las mujeres evaluadas nos dijeron que tenían relaciones sexuales por curiosidad y por deseo, mujeres menores de 16 años. Los chicos a veces tienen ideas erróneas con respecto al método anticonceptivo, piensan que usar la pastilla de emergencia es la solución”, Miriam Negrín, Integrante Colegio Mexicano Ginecología y Obstetricia.
En el contexto de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, los especialistas explicaron que 23% de los adolescentes en México reconoce tener actividad sexual.
Destacan el dato que más de la mitad de las jóvenes han tenido un embarazo.
Según las cifras oficiales, en 2014 se reportaron 372 mil 782 nacimientos en adolescentes, es decir, 77 por cada mil.
El llamado derecho al olvido es una categoría ambigua que va en contra del potencial democratizador de internet y del derecho a la información.
Así lo señaló la ex relatora de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, al impartir una Conferencia Magistral sobre este tema.
En el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refirió a varios casos donde cortes constitucionales han ordenado a google bajar información de personas que han sido investigadas por algún delito.
Decisiones que, dijo, ponen en riesgo el poder de internet para denunciar abusos de poder y violaciones a derechos humanos.
“Vamos a empezar a desestructurarla en serio y entonces hay gente como yo que cree que no, que es enormemente riesgoso el llamado derecho al olvido, que nadie sabe qué es, que sirve para todo, que es una categoría ambigua y que se opone a un derecho que es consustancial a una sociedad democrática, que es la libertad de expresión”.
Informó que después de la sentencia de la Corte de Chile, en la que ordenó a Google bajar información de un militar que fue procesado por delitos sexuales contra menores, este buscador recibió más de un millón de solicitudes para desindexar datos similares.
“Y lo que están solicitando ahorita los políticos es que se desindexen las columnas de opinión, que tienen datos negativos que recuerdan que fueron investigados por temas de corrupción”.
La especialista colombiana presentó algunos remedios para enfrentar este problema, por ejemplo actualizar la información de personas que hayan sido absueltas de algún delito.
“Que la información exista, que la información permanezca en internet pero que no surja cuando yo digito el nombre de una persona, esto se puede hacer técnicamente, es decir permanece la información sobre una investigación por trata de personas”.
La Comisión de Justicia en el Senado inició el proceso de comparecencias de los aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se auscultó a los integrantes de la primera terna, de las 7 que envió la Suprema Corte a la Cámara Alta para conformar en su totalidad la Sala Superior del Tribunal.
José Luis Vargas Valdez, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Carlos Emilio Arenas Bátiz, hablaron de la idoneidad para ser magistrados, de su visión sobre el panorama electoral rumbo al 2018 y su trayectoria profesional.
“El tipo de Tribunal que tendrá el país dependerá en gran medida de los atributos subjetivos de sus próximos integrantes”, José Luis Vargas Valdés, Aspirante a Magistrado del TEPJF.
“Y eso es precisamente lo que yo he sido durante los últimos 20 años, he sido un juzgador, durante 8 años fui magistrado regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, Carlos Emilio Arenas Bátiz, Aspirante a Magistrado del TEPJF.
“Ninguna otra fórmula asegurará la gobernabilidad política, la dignidad de la persona, el desarrollo armónico y la confianza institucional, estos razonamientos son la base de mi candidatura, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Aspirante a Magistrado del TEPJF.
Los senadores cuestionaron por más de dos horas a cada uno de los candidatos, temas como los conflictos post electorales en Colima, Oaxaca, Nuevo León, equidad de género, violencia política electoral, entre otros.
“Si realmente cree que como aspirante cuente con tiempo para superar la curva de aprendizaje tomando en cuenta que una vez que se configure y se instale esta Sala Superior, ya estarán entrados los procesos electorales locales de 2017”, Martha Tagle, Comisión de Justicia, Senado.
“Usted está planteando una nueva reingeniería electoral, quizá para hacer de la materia una materia general o qué? Quisiera escuchar su opinión incluyendo su opinión de los delitos electorales”, Angélica de la Peña, Comisión de Justicia, Senado.
“Usted advertiría que pudiera haber una colisión entre dos derechos, por un lado del derecho del funcionario electo que puede reelegirse versus el tema de la paridad y el derecho de acceso a la justicia”, Pilar Ortega, Comisión de Justicia, Senado.
Los aspirantes respondieron uno a uno los cuestionamientos.
“En caso de yo llegar a tener la confianza de ustedes, por supuesto aplicaría la escusa antes de que se aplique la recusación”, José Luis Vargas Valdés, Aspirante a Magistrado del TEPJF.
“Y en el ensayo se afirma que en México en efecto, la Constitución establece un marco normativo que delimita la actuación de los legisladores en el diseño de los sistemas electorales”, Carlos Emilio Arenas Bátiz, Aspirante a Magistrado del TEPJF.
“Tiene que haber aquí reglas claras para que no haya interpretaciones como el uso indebido de recursos públicos”, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Aspirante a Magistrado del TEPJF.
El acuerdo del Senado establece que después de las comparecencias de los 21 aspirantes, a más tardar el 30 de octubre de este año, se elegirá a los 7 nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con las listas de asuntos, la Primera Sala de la Suprema Corte podría resolver:
Un amparo directo en revisión en el que se establecería un criterio sobre los derechos de indígenas a tener un intérprete de su lengua en cualquier etapa del proceso judicial en el que intervengan. (Amparo directo en revisión 5324/2015).
Haría una interpretación del artículo 2 de la Constitución en relación con la equidad en los proceso judiciales en los que sean parte integrantes de comunidades y pueblos indígenas.
Esta Sala también podría resolver un amparo en revisión relativo a la orden de planeación y elaboración de la construcción del Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero en Tampico, Tamaulipas. (Amparo en revisión 307/2016).
Este asunto es de relevancia debido a que, diversas ONG’s advirtieron que este proyecto ha dañado zonas de manglar protegidas por la legislación ambiental y áreas que son hábitat de diversas especies animales.
En la lista de asuntos que podría resolver la Segunda Sala está un amparo en revisión en el que se analizaría la constitucionalidad de los artículos 89 y 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Amparo en revisión 1395/2015).
Las normas se refieren a la obtención de recursos de las concesiones de uso social, así como al uso de cualquiera de las lenguas nacionales en las transmisiones de las diversas estaciones del país y que las
Concesiones de uso social indígena podrán hacer uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.
“Ya basta no más privilegios fiscales. En el último año a tan solo 15 empresas se les dejó de cobrar discrecionalmente más de 15 mil millones de pesos. Empresas de alimentos, maquiladoras y corporativos no están pagando los impuestos que deben.En el primer año de Enrique Peña Nieto 15 contribuyentes dejaron de pagar en 7 años más de 40 mil millones de pesos”, Iván Benumea, FUNDAR.
La organización FUNDAR presentó el Informe: Privilegios fiscales, beneficios para unos cuantos en el que denunció con nombre, RFC y monto, a las empresas que han sido beneficiadas con cancelación y condonación de créditos fiscales por el SAT.
Algunos de ellos en más de una ocasión.
“Crece el endeudamiento y caen los precios del petróleo entonces es en ese contexto en el cual creemos que es fundamental observar cuales son aquellos caminos que hacen que el Estado deje de recaudar y cuáles son los mecanismos por los que se condonan deudas fiscales”, Javier Garduño, FUNDAR.
Corporación GEO; SIMEC International; Industrias CH; GEO; GEO Jalisco, GEO Noreste; Volkswagen; el Instituto Politécnico Nacional y ARNECOM, son algunas de las empresas e instituciones beneficiadas todas con capacidad contributiva.
“Digámoslo como es, México no tiene una política tan progresiva porque la mayor parte de la recaudación proviene del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta. Con lo que deja de recaudar el Estado cómo dejan de ser garantizados otros derechos fundamentales”, Joel Salas, Comisionado INAI.
Pidieron no confundir discrecionalidad con arbitrariedad. Ante ello un representante del SAT señaló:
“La evasión ha ido disminuyendo en los últimos 6 años, entonces sí reconocemos que tenemos un problema pero también estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas correctamente”, Lizandro Nuñez Picazo, Administrador General de Recaudación del SAT.
En 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública incluyó la obligación de publicar el nombre, monto y RFC de los contribuyentes que reciben privilegios fiscales, sin embargo en 32 ocasiones el SAT ha incumplido resoluciones del INAI bajo la figura del secreto fiscal.
Que las empresas sean partícipes de la promoción, respeto y práctica de los derechos humanos en la Ciudad de México, demandaron autoridades.
“Y sobre todo deben considerarse socios estratégicos en el diseño de políticas públicas urbanas e inclusivas para la conservación del mejoramiento y del crecimiento urbano sostenible”, Perla Gómez Gallardo, Presidenta CDHDF.
En el Foro “Derechos Humanos y Empresas”, la representación de ONU Hábitat en nuestro país, llamó a hacer más que cambiar las leyes. “Y por ello la nueva constitución es una oportunidad, pero no es suficiente cambiar la ley, la ley genera derechos, la constitución genera derechos… Hay que ver cómo se articulan en su práctica y hay que asegurarnos para que esos derechos se puedan implementar”, Erik Vittrup Christensen, Rep. ONU Hábitat México.
Advirtieron que los empresarios no sólo están para generar bienestar económico. “Para más de uno cuando te hablan de derechos humanos en la empresa, pues nos quedamos así nada más rascándonos la cabeza diciendo pues que eso no era cosa de gobierno”, Luis Wertman Zaslav, Pdte. Consejo Ciudadano.
“Los actuares del sector privado, de las organizaciones sociales, de la academia, de diversos sectores, tienen que tener una orientación mayor o menor dependiendo de su roll, a la materialización de esos derechos”, Mauricio Candiani Galaz, Vicepdte. Cámara de Comercio, Servicios y turismo.
En su oportunidad y como parte de este llamado, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski , solicitó a las empresas cumplir con los impuestos y pagar bien a los trabajadores.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos enfrenta un déficit presupuestal de más de 472 millones de pesos, debido al recorte que impulsó el Gobierno estatal.
Por ello, el rector de la Universidad Autónoma del Estado, Jesús Alejandro Vera hizo un llamado al Secretario de Gobernación para que impulse la retribución del presupuesto correspondiente.
“Pedimos de manera reiterada y de manera contundente que el secretario de gobernación resuelva la situación que atraviesa nuestra universidad y no permita que este gobernador viole el derecho humanos, el derecho a la educación de más de 40 mil jóvenes de nuestro Estado”.
La Universidad carece de350 millones de pesos destinados para infraestructura que contemplaba los compromisos del Gobierno del Estado, además de 150 millones de pesos que no fueron contemplados.
“Son más de 358 millones de pesos que el gobierno no ha aplicado o no a radicado a nuestra universidad y también son más de 150 millones de pesos que nos adeuda por haber calculado nuestro presupuesto con una base inferior de la del presupuesto que ha ejercido”.
En conferencia de prensa el rector destacó que el recorte al presupuesto representa un acto de venganza contra la Universidad.
“Todo esto deja en claro que el gobierno quiere hacer un ajuste de cuentas en nuestra institución por haber evidenciado el horror de las fosas de Tetelcingo y por haber evidenciado también la existencia de las fosas de Jojutla y recientemente de los más de 3km de fosas clandestinas que tenemos cerca de nuestro campus”.
Aseguró que a través del Congreso estatal se han implementado auditorías en la institución sin el debido proceso, además estudiantes y trabajadores han sido víctimas de levantones por parte del mando único.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el Frente Amplio Morelense buscan impulsar la salida del gobernador, Graco Ramírez y la instauración de un gobierno de reconciliación.
Durante el gobierno de Graco Ramírez, la violación de los derechos humanos en el Estado de Morelos aumentó considerablemente.
Lo anterior es uno de los argumentos de organizaciones civiles y el Frente Amplio Morelense para pedir la salida y el juicio político del Gobernador de Morelos.
“El gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu debe de salir del estado, ser enjuiciado y a partir de ello instaurar un gobierno de reconciliación que permita a Morelos reencontrar la seguridad, la justicia y la paz de la que ha sido despojado”, Javier Sicilia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
En conferencia de prensa, el poeta Javier Sicilia en representación de las organizaciones civiles destacó que en el 2015 se registraron 483 quejas de violaciones hechas por integrantes del mando único, entre las que destacan 93 por detenciones arbitrarias, 54 por lesiones, 21 por robo y 17 por tortura.
Además, la Secretaría de Gobernación emitió alerta de violencia de género para 8 de sus 33 municipios.
“Apartir de esa alerta, la Segob emitió 15 recomendaciones al gobierno del Estado. En ninguno de los casos de femi9nicidio se ha otorgado la reparación integral del daño; no se ha creado una base de datos confiable sobre violencia contra las mujeres”.
Morelos es considerado uno de los 7 estados que registran mayores casos de trata de personas con fines de explotación sexual.
Las organizaciones hicieron un llamado entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que atienda sus peticiones.
Destacaron que planean realizar una movilización para impulsar una consulta ciudadana de revocación de mandato.
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