Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno

Estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelan que en México hay 90 mil personas reconocidas oficialmente como desplazadas, la cifra negra supera el millón.

El desplazamiento forzado interno vulnera los derechos humanos de quienes tienen que dejar sus hogares por amenazas y violencia, aseguró el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo.

“También se reconoce que el desplazamiento forzado interno implica una violación directa o indirecta a diversos derechos humanos, tenemos el de residencia, ciudadanía, salud, seguridad personal, seguridad pública, alimentación, vivienda, trabajo, educación y muchos otros más, no sólo es el desplazamiento en sí sino lo que ese desplazamiento provoca en relación de otros derechos humanos”.

Presentó ante senadores el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno, en donde estableció la necesidad de contar con políticas públicas integrales y trasversales para proteger a las víctimas.

“También se reconoce que debe haber una intervención coordinada de los 3 diferentes órganos de poder, del Ejecutivo, del Legislativo también del Judicial, debemos llegar por supuesto a la existencia de un registro nacional que se debe llevar a efecto y al establecimiento de medidas humanitarias”.

La CNDH entregó al Senado una propuesta de protocolo para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno.

“De manera forzada, de manera obligada y esto hay que subrayarlo, tuvieron que dejar su comunidad, su casa, en muchos casos también a familiares y por supuesto pues huir nada más con lo indispensable, con su familia, con su vida y bajo esta circunstancia en la que se encuentran miles de mexicano aún falta hacer una legislación”, Gabriela Cuevas, Presidenta Comisión de Relaciones Exteriores.

En nuestro país solo tres entidades cuentan con una legislación en materia de desplazamiento, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Se estima que a nivel mundial existen 65 millones de personas desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Realizan Conversatorio: “Afectaciones al proyecto de vida y reparación del daño”.

Al destacar un caso de violencia obstétrica en el Estado de Oaxaca, Rubén Pablo Ruíz, magistrado del Décimo Tercer Circuito en esa entidad, participó en un conversatorio de sentencias con el título: “Afectaciones al proyecto de vida y reparación del daño”.

En el Auditorio José María Iglesias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que en muchos de los casos de personas procesadas, el común denominador es la pobreza.

“Por pobreza, por desigualdad, por falta de acceso a fuentes de trabajo con salarios adecuados, y me parece que por debajo de todo ello, tenemos un fenómeno que la mayoría de todos los mexicanos estamos de acuerdo en eso, el terrible fenómeno de la corrupción que está carcomiendo todo”.

Recordó que la Declaración Americana de Derechos Humanos obliga a cumplir y a hacer respetar este tema.

Que los pueblos americanos han dignificado a la persona humana, y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre.

“Yo les podría decir que no hay un asunto ahora, no hay un asunto ahora en el que no debamos examinarlo desde el punto de vista de derechos humanos, ninguno, y esto aun y cuando el ingreso ha bajado por el inicio de los juicios orales matemáticamente”.

El caso abordado en el Conversatorio fue el de Irene Cruz, mujer indígena quien quedó en estado vegetativo tras una cesárea en el IMSS, y que después de 14 años no ha recibido indemnización alguna.

Organizaciones nacionales e internacionales han entregado al seguro social más de 8 mil firmas, con la exigencia de la reparación del daño a Irene y a su familia.

Oscar González

@okogonzalez08

Presentación del Libro “Estudios constitucionales de los siglos XIX y XX”

Es necesario que los estudiantes de derecho amplíen su formación en derecho constitucional.

Sólo así se construirá un sistema sólido de protección de derechos en México, aseguró Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.

En la presentación del libro “Estudios constitucionales de los siglos XIX y XX”, destacó el valor de los estudios históricos sobre la Carta Magna.

“Nuestra constitución histórica es mucho más antigua… Estos estudios lo que tratan de ver es el cambio de un antiguo régimen de un Poder Judicial que aplica leyes en su texto literal, a un Poder Judicial que empieza a interpretar y dar contenido a esas leyes frente a las obscuridad de las leyes”, Manuel González Oropeza, Magistrado TEPJF.

Este texto contiene seis obras clásicas sobre derecho constitucional.

De ellas destaca el ensayo de Emilio Rabasa sobre el artículo 14.

El análisis que hace Mariano Coronado sobre las interpretaciones de la Suprema Corte en 1877.

La revisión de la estructura del Poder Judicial por Jacinto Pallares.

Y los estudios de Silvestre Moreno Cora sobre el juicio de amparo.

Con la presentación de esta obra fue clausurada la XV Feria Internacional del Libro Jurídico.

Espacio que durante cinco días reunió a estudiantes, académicos y servidores públicos del Poder Judicial Federal para fortalecer la cultura de la legalidad.

 

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Participa Ministro Laynez Potisek en Conversatorio sobre Cambio Constitucional en México

El Ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, propuso hacer una pausa en los constantes cambios a la Constitución para crear un parámetro mínimo de reformas.

Al participar en el Conversatorio sobre Cambio Constitucional en México, aseguró que tenemos una constitución cada vez más ininteligible, que dificulta su interpretación.

 “Sería factible que los actores se pusieran de acuerdo para decir mínimo estos son los parámetros mínimos de una Reforma Constitucional, porque el problema, recordemos todos, y ahora sí hablo como Ministro, es la certeza jurídica y la aplicación o el control constitucional de una norma constitucional cada vez más confusa”.

En este Conversatorio, que se realizó en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la discusión se centró en la pregunta de sí es necesaria o no una nueva Constitución.

“Yo creo que no, creo que lo que necesitamos en general es fortalecer el papel justamente de las normas jurídicas y su cumplimiento, me parecería paradójico que si estamos observando, si nuestro diagnóstico es que el derecho no tiene los efectos que queremos la respuesta que demos sea más derecho”, Camilo Emiliano Saavedra, Investigador del Centro de Estudios Constitucionales SCJN.

“En todos lados de la Constitución hay todavía problema pendientes, ojala las elecciones, los partidos coloquen el interés nacional sobre el interés particular y puedan ofrecer solución a estos grandes pendientes, mientras tanto al menos mantengamos esta Constitución como un espacio donde se puede negociar y construir”, Salvador Valencia, Investigador IIJ-UNAM.

Señalaron que para solucionar los problemas se ha optado por reformar la Constitución en lugar de generar políticas públicas para solucionarlos.

 

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Reflexionan sobre Equidad de Género en Semana Nacional de Transparencia

Desagregar por sexo los datos de todas las encuestas en México y hacer una medición de la pobreza sensible al género, representa un primer paso para que desde la información, se generen políticas públicas para el combate a la desigualdad.

“El proceso de tener mayor información es para tener mejores políticas y mejores sociedades”, Pablo Yanes, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social CEPAL.

Durante el cuarto panel de expertos, en la Semana Nacional de Transparencia 2016, reconocieron que en materia de impartición y procuración de justicia es donde menos información pública estadística existe y si la hay, es muy difícil su acceso.

“¿Cuál es la consecuencia de eso? Que hacemos políticas ciegas, que hacemos políticas pensando que la situación de las mujeres y los hombres es exactamente igual y cuando queremos ver por ejemplo en alguna encuesta cuántas violaciones hay de mujeres o de mujeres con cierta característica, menores de 20 años, violaciones sexuales no las tenemos”, Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva INMUJERES.

A pesar de concentrar a una gran parte de las y los académicos más destacados del país, la UNAM, no se salva de tener rezagos en materia de acceso a la información, pues la asignación de plazas docentes y los procesos del cuerpo colegiado que elige a los profesores, no se hacen públicos.

“Tendrían que estar en sus portales, tendríamos que saber rápidamente cuántas mujeres por ejemplo son directoras de entidades académicas frente a cuántos hombres, o cuántas mujeres hay en los cuerpos colegiados, deberíamos de tener un seguimiento muy puntual a todas las denuncias que se hacen por acoso, por hostigamiento y saber su resolución”, Ana Buquet, Directora del  Programa Universitario de Estudios de Género UNAM.

Concluyeron que la información ayuda a conocer a profundidad la problemática de la desigualdad, pero más allá de generar mucha lo importante dijeron, es determinar qué tan buena es.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12