Presentan libro Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto

Por ley, uno de los derechos que se quita a las personas privadas de la libertad es el derecho a votar y ser votado, aun cuando no se les haya dictado sentencia. Sin embargo, su limitación implica violaciones a otros derechos, el más básico: el reconocimiento de la existencia y la presunción de inocencia.

“Hay algo mucho más grave, que nos coloca en cómo entendemos y concebimos la reclusión todavía hoy en día en México: como un espacio de castigo donde los derechos se tienen no sólo que suspender sino que existe casi legitimidad para violarlos”, Corina Giacomello, Autora de libro.

Y la restricción adquiere mayores dimensiones cuando se trata de un grupo vulnerable: las mujeres.
 
“Podemos demostrar científicamente que así sucede porque sobre las mujeres privadas de su libertad no solamente recae todo el peso de la ley sino todo el peso de nuestra cultura”, Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva INMUJERES.

La investigadora del INACIPE, Corina Giacomello, visibilizó dicha problemática en el libro: Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto, presentado en el Palacio Negro de Lecumberri.

“Como ya no soy ni tengo derecho a votar a ser una persona políticamente existente no tengo tampoco ni identificación, entonces salgo yo habiendo trabajado en mi reinserción como debo y lo último que tengo es derecho a un trabajo”, Saskia Niño De Rivera, Fundadora de Reinserta A.C.

Cambiando el paradigma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció un importante precedente en 2007 al aplicar control de convencionalidad, en un caso donde el entonces IFE, negó a un particular la expedición de su credencial de elector porque estaba siendo procesado por daño en propiedad ajena, derivado de un choque vehicular.
 
“Entonces teníamos en el artículo 38 de la Constitución que los derechos políticos se suspenden con formal prisión, pero teníamos en el 23 de la Convención Americana que los derechos políticos por causa criminal solo se suspenden por sentencia de condena”, Constancio Carrasco Daza, Magistrado Presidente TEPJF.

Enfatizaron que se requiere una modificación a la Constitución para ampliar el derecho al voto a todas las personas que se encuentran procesadas y garantizarlo como reconocimiento de su existencia.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

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Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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