Presentación del libro “El principio de interpretación conforme en la justicia constitucional”.

México aún tiene pendiente definir los parámetros para evaluar los derechos humanos.

Fue el mensaje de especialistas durante la presentación del libro “El principio de interpretación conforme en la justicia constitucional”, del Dr. José Miguel Cabrales Lucio, en el Tribunal Electoral de la Capital.

Señalaron que este fenómeno se debe a que existen intereses contrapuestos.

“¿Por qué un juez va a establecer la última palabra en cuanto a justicia o en cuanto a derechos? Si la ley establece derechos, y la ley es incorrecta, por alguna razón ¿Por qué un juez está en mejor posición para pronunciarse sobre lo que debe prevalecer? Esto es un razonamiento teórico que ha sido muy desarrollado ya”.

Por ello, aseguraron que el reto está lograr entender la interpretación conforme de la justicia constitucional como un principio que ayude a mejorar el sistema de justicia.

“Como un escenario necesario, importante y trascendente para una concepción adecuada, realista, actual de lo que debemos entender por estado constitucional de derecho, o estado democrático de derecho, y que desde luego necesita o requiere de estudios, investigaciones y en algún sentido, ejemplos de cómo podrían mejorar la actuación todos los operadores jurídicos”, Mtro. Juan Manuel Romero Martínez, Facultad de Derecho UNAM.

Estas consideraciones son importantes ahora que se está redactando la última Constitución Política en nuestro país: la de la Ciudad de México.

“También tendríamos que empezar a pensar en la legitimidad del propio poder constituyente, es decir, este libro no nos va a servir únicamente para la reforma del 10 de junio de 2011, sino incluso nos podría sentar las bases teóricas del mismo proceso constituyente que estamos viviendo en este momento en México”, Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Facultad de Derecho UNAM.

La obra del Dr. Cabrales aborda el uso y alcance de la interpretación conforme, así como las consecuencias para el Estado, cuando no se utiliza de manera correcta para resolver colisiones entre derechos humanos.

Jesús Daza

@jesusdaza1138

 

La Segunda Sala fijó criterios en materia de pensiones

La Segunda Sala de la Corte determinó que es inconstitucional el inciso C de la fracción segunda del artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones, para los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE.

Se considera que dicha disposición viola el derecho a la seguridad social, protegido por el artículo 123, apartado B, fracción décimo primera, inciso a de la Constitución.

Pues prohibía gozar de la pensión por viudez, a los beneficiarios del fallecido, cuando estos contaran con un trabajo remunerado, que implicara su afiliación al ISSSTE.

La Sala explicó que la constitución garantiza a los beneficiarios del fallecido el gozar de diversas pensiones, entre ellas la de viudez.

Así como seguir gozando de un empleo remunerado, aun cuando esto implique su afiliación al Instituto, pues solo así se protege su bienestar.

Se indicó que ambas prestaciones no son incompatibles, y no son gratuitas, pues la pensión se generó con las aportaciones del trabajador fallecido; y el salario es una contraprestación que recibe el servidor público por la labor que desempeña.

Por ese motivo se declaró la invalidez de la norma en cuestión.

José Luis Guerra García

 

La SCJN fijó criterios en materia de configuración legislativa

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como criterio jurisprudencial que la libertad de configuración legislativa de los congresos estatales está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos.

De acuerdo con este criterio, si bien los congresos locales tienen libertad configurativa para regular ciertas materias, tienen que atender al mandato de la Carta Magna y a los derechos humanos reconocidos en ella y los tratados internacionales suscritos por México.

La tesis explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la legitimidad democrática de ciertos actos está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales.

Esta jurisprudencia fue emitida tras la resolución de la acción de inconstitucionalidad 8/2014, en que el Pleno de la Corte declaró la invalidez del artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades de Convivencia de Campeche.

Mario López Peña

La Primera Sala fijó criterios en materia de antecedentes penales

La Primera Sala de la Corte determinó que los jueces en el sistema penal mixto, tienen la facultad legal para recabar de oficio, el registro de los antecedentes penales del inculpado.

Lo cual no se estima violatorio del principio de imparcialidad, ni de igualdad procesal, ya que es criterio de la Suprema Corte que tales datos no pueden ser considerados dentro del proceso para acreditar la existencia del delito, ni la responsabilidad del inculpado.

Al resolver la contradicción de tesis 206/2015, la Primera Sala precisó que solamente constituyen aspectos inherentes a la persona, los cuales serán tomados en cuenta al momento de individualizar la pena.

Al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá acreditar la existencia del ilícito y la probable responsabilidad del imputado.

Al juez le concierne la imposición de penas, una vez que se han acreditado los aspectos anteriores.

El hecho de que el juez instructor del proceso penal recabe el registro de antecedentes penales, no se traduce en una manera inquisitiva de obtener pruebas que sirvan para demostrar culpabilidad por la comisión de un delito.

La única finalidad es que posterior a fijar la sanción que corresponda, se analice si al responsable le pueden ser aplicables los beneficios y sustitutivos penales conforme a las condiciones que en la propia legislación se precisan.

Martha Rodríguez

Participa magistrado Jean Claude Tron Petit en II Congreso Internacional de Derecho Constitucional

Los tribunales constitucionales no pueden hacer políticas públicas, pero si éstas violan los derechos de las personas, entonces están en facultades de intervenir, aseguró el magistrado del Poder Judicial de la Federación, Jean Claude Tron Petit.

Durante el II Congreso Internacional de Derecho Constitucional, dijo que hay mucho por hacer con los instrumentos jurídicos con los que se cuentan.

Pero los operadores jurídicos deben adaptarse a los cambios.

“Que nos toca hacer a los juzgadores, también a los abogados, en este caso a los operadores jurídicos, vencer resistencias al cambio sobre todo a esa terrible enfermedad llamada formalismo, estamos capacitados abogados y jueces para hacerlo o nos tenemos que capacitar?”.

El Magistrado destacó que en ocasiones la gente acude a los órganos jurisdiccionales pues no encuentra respuesta de las autoridades a sus problemáticas.

Uno de éstos es el tema del derecho de las audiencias.

“Actualmente estamos teniendo en los tribunales especializados un tema importante, los derechos de las audiencias, sobre todo derivado del problema de la periodista Carmen Aristegui que generó 3 mil demandas de amparo aproximadamente, muchas de éstas ya se resolvieron con el sobreseimiento básicamente por deficiencias de planteamiento en la demanda y deficiencias en la atribución de los litigios”.

Dijo que este caso derivó en que se busque la promoción de los derechos de las audiencias, que se garanticen que los medios de comunicación se utilicen como una manera de promocionar a la persona, su dignidad y desarrollo.

Martha Rodríguez

@marthaarod

 

Tortura y desaparición forzada deben ser considerados crímenes de lesa humanidad

Los asesinatos, los actos de tortura y las desapariciones forzadas que han aumentado en México, deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

Así lo concluyeron expertos durante el análisis de un informe sobre el tema, también determinaron que los crímenes de esa naturaleza aumentaron en el país desde el despliegue de las Fuerzas Armadas en el 2006.

«La situación en México cumple con la definición legal de crímenes de lesa humanidad como se describe en el estatuto de Roma y México ha ratificado este estatuto desde el 2006 por lo tanto es una ley aplicable en México”, Cristian de Vos, Open Society Foundation.

De acuerdo con el Estatuto de Roma los crímenes de lesa humanidad son ataques en contra de una población civil que se realizan en cumplimiento de una política, ante lo cual, México no ha mostrado capacidad ni voluntad para erradicar este fenómeno.
“En México no ha existido una real voluntad política de construir un sistema de justicia que es capaz de enfrentar los retos de rendición de cuentas pero que también en algunas ocasiones han existido obstrucciones”, Ina Zoon, Coordinadora de Proyectos de Justicia para América Latina.

Agregaron que el Estado debe castigar a los verdaderos responsables, analizar la participación de autoridades con grupos criminales e intervenir para generar una efectiva aplicación de estrategias de seguridad.

“Entre 2007 y 2014, únicamente un soldado fue llevado a juicio y respecto a la tortura viendo las quejas y las demandas sobre tortura en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 9 mil 400 reclamos desde 2007, a 6 se les dio seguimiento”, Cristian de Vos, Open Society Foundation.

En el informe se menciona que el sistema de investigación contempla 26 mil desapariciones, cifra que está muy por debajo de la estadística real.

Laura K. Murillo Ramírez

@27_fergie

 

Jan Jařab, en entrevista durante los Diálogos Tlaxcala 2016

Ante el panorama que vive México en materia de derechos humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en México además de conocer, atender y apoyar a familiares de víctimas respalda acciones desde la Academia.

“Queda claro que hay un potencial de mucho más involucramiento no solo puramente académico sino también en el sentido de educar a los estudiantes para ser personas, ciudadanos activos en la materia de derechos humanos”, Jan Jařab, Rpte. Oficina en México del Alto Comisionado ONU DDHH.

En entrevista para Canal Judicial,Jan Jařab, habló sobre el acompañamiento que se ha dado desde las universidades ante casos que involucran violaciones a derechos humanos.

“Nosotros estamos más involucrados con universidades acompañándoles, la Universidad Autónoma de Morelos es un ejemplo porque hicieron un gran trabajo en la identificación de los restos humanos de la fosa de Tetelcingo”.

Durante los Diálogos Tlaxcala 2016, participantes destacaron el aporte financiero que se obtiene desde el extranjero, principalmente de Europa, que hace posible que organizaciones sociales acompañen investigaciones en la materia. Sin embargo, lo ideal, sería que el propio estado mexicano contribuyera.

“Yo creo que los organismos y las fundaciones y la cooperación internacional obviamente juegan un papel muy importante pero a mí me gustaría ver que los organismos nacionales también apoyaran. Las universidades tienen muchos problemas presupuestales pero yo me estoy refiriendo a las organizaciones filantrópicas mexicanas y a todas estas organizaciones que dan fondos para la cooperación pública”, Marie Claire Acosta Urquidi, Directora Freedom House México.

Con esa premisa, representantes de 20 universidades públicas y privadas en México lanzaron una iniciativa para la creación de la Universidad de los Derechos Humanos, bajo el auspicio de organizaciones internacionales.

Una primera etapa, ya en marcha ha establecido especialidades, maestrías y programas en derechos humanos que se imparten en dichos centros.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Realizan Encuentro por la Transparencia y la Protección de Datos

Ante las amenazas de las tecnologías de la información, la protección de datos se vuelve una prioridad, afirmó Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI.

“Alguien decía a veces no sabemos ni cuales son, que los regalamos en cualquier momento, nos hacen una encuesta, vamos a una tienda, sacamos una tarjeta promoción etcétera y pues los regalamos”.

En un encuentro por la Transparencia y la Protección de Datos, celebró que en México se cuente con la posibilidad de defender el derecho a la Protección de Datos Personales a nivel jurídico, a través de la Ley de Transparencia.

Sin embargo, indicó que no se ha expedido la Ley General en materia de Datos Personales por parte de la Cámara de Diputados.

“El dictamen ya fue aprobado y fue remitido a la Cámara de Diputados y según nos han dicho probablemente a ver si la discusión presupuestal no se lleva todo el periodo, podría ser aprobada en este periodo de sesiones que tiene el Congreso”.

Informó que a nivel local México cuenta con 11 leyes estatales en protección de datos, pero que se carece de una Ley Federal en instituciones o sujetos obligados.

Ante ello, destacó la importancia de que todas las entidades del país tengan que armonizar su normatividad a la Ley General.

 

Oscar González

@okogonzalez08

 

 

Llevan a cabo Seminario sobre el negocio de la basura en México

El negocio de la basura en México se ha convertido en uno de los principales espacios de violación de derechos humanos en el país alertó María del Carmen Carmona, investigadora de la UNAM.

“Hay lugares en donde la pepena existen comunidades indígenas, toda la comunidad en situaciones esclavistas, cuando digo situaciones esclavistas estoy hablando de derecho de pernada que tienen los líderes sobre las niñas de las secundarias”.

En seminario en la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que este negocio es tan lucrativo como diversas actividades de la delincuencia organizada.

“El negocio de la basura es el más injusto y esclavizante en el mundo porque tienen las mismas ganancias que el narcotráfico y que la trata de personas”.

En el mundo de la basura todo tiene precio:

El vidrio se compra en dos pesos el kilo.

El plástico en tres pesos el kilo.

El derecho a descargar un camión en algún centro de transferencia de la Ciudad de México cuesta cien pesos.

Por manejar un camión en buenas condiciones para la recolección se cobran 50 mil pesos. Por una ruta donde se puedan obtener mejores desechos se pagan 60 mil pesos.

En la Ciudad de México cada día se recogen 720 toneladas de basura de avenidas principales.

 

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Presentación del “Corrupcionario Mexicano”.

Senadores se comprometieron a que para el 19 de julio del 2017, el Sistema Nacional Anticorrupción esté totalmente en operación.

Durante la presentación del “Corrupcionario Mexicano”, se informó que habrá encuentros con los integrantes de Congresos Locales de todo el país para la correcta aplicación del sistema.

“Los convoqué para que el 8 de diciembre vengan aquí al Senado para explicarles cómo deben operar el Sistema Nacional Anticorrupción para que haya en cada Estado un sistema local anticorrupción, no basta con hacerlo a nivel federal hay que hacerlo estado por estado”, Héctor Yunes, Presidente Comisión Anticorrupción, Senado.

El Corrupcionario es un compendio de términos y frases sobre la corrupción en nuestro país.

«Me llamó mucho la atención que se pusiera como parte del tema Santa Fe, dice exclusiva zona de negocios residenciales, centros comerciales, incubadoras de godinez de la Ciudad de México, cimentada sobre lo que alguna vez fueron rellenos sanitarios, quizás por eso hay un cochinero con las licencias de construcción”, Luis Armando Melgar, Senador del PVEM.

“Yo tengo hijos y esto me confronta con el país en el que ellos se van a quedar, es importante reconocer la astucia de opción de Alejandro de usar la sátira como vehículo para llegar a la reflexión”, Diego Luna, Actor.

La corrupción, alertaron, no es un fenómeno cultural y por lo tanto se puede revertir.

“Moches, cuando algún legislador pide al Presidente Municipal que se ponga la del puebla para que le bajen el recurso, la verdad que tratándose de dinero público además de bajarse los recursos esas prácticas nos están bajando los calzones a los ciudadanos, véase extorsión y tajada”, Martha Tagle, Senadora Independiente.

“Quien ama el poder no puede ser útil para servir en un país como México, no en México, así que los convoco, los convoco a que todos hagamos valer el peso de la mayoría honesta impulsando más y mejores cambios institucionales, pero también empezando por nosotros, por cada uno de nosotros”, Alejandro Legorreta, Coautor del Corrupcionario Mexicano.

No quiero que me den sino que me pongan donde hay, es una de las 300 frases relacionadas con la corrupción que incluye esta obra…

 

Martha Rodríguez

@marthaarod