El Pleno inició el estudio de 2 acciones de inconstitucionalidad, promovidas por MORENA y el PAN.

El Pleno de la Suprema Corte inició el estudio de 2 acciones de inconstitucionalidad, promovidas por MORENA y el PAN. (Acciones de inconstitucionalidad 126/2015 y 127/2015).

Piden invalidar diversas reformas a la Constitución de Quintana Roo en materia electoral.
Por mayoría, se determinó anular diversas fracciones del Artículo 49 por invadir la esfera de competencia de la Federación y el INE, al regular el Servicio Electoral Profesional.

“Ello precisamente porque está establecida la forma de organización de los órganos del Instituto Electoral quintanarroense y las características de su personal, lo cual se insiste, está reservado desde el texto constitucional y en la ley general, al Instituto Nacional Electoral”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

También una porción de la fracción quinta de ese mismo Artículo, que preveía las causales de nulidad de una elección, en la parte que señalaba las violaciones deben ser sistemática y generalizadas.

Lo anterior pues el texto del Artículo 41 fracción VI de la Constitución Federal, aplicables a las elecciones federales y locales sujeta a que ciertas causales de nulidad de una elección sean acreditadas solo de manera objetivo y materia. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Los ministros Javier Laynez y Eduardo Medina, votaron en contra, pues desde su óptica, los congresos locales no están facultados para legislar en materia de nulidades.

“Las elecciones federales o locales, serán nulas por violaciones graves, dolosas o determinantes en los casos previstos en la base sexta del Artículo 41, en mi punto de vista no hay manera, no solo de adicionar una causal, sino de regular la nulidad de elección local fuera del texto constitucional y de la ley local”, Javier Laynez Potisek, Ministro SCJN

“Me parece, coincidiendo con lo que ha señalado el Ministro Laynez, que lo procedente sería declarar la invalidez de todo el párrafo”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

El Pleno solo declaró la validez por el momento de la fracción tercera párrafo cuarto y quinto, que regula la paridad de género, descartando que el congreso de esa entidad haya incurrido en omisión.

“Porque para mí basta con que en la constitución de los estados se diga, lo que se está diciendo en esta que se está estableciendo prácticamente la paridad de género, incluso a un porcentaje que es el más deseable de todos que es el 50, 50”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Comparto la propuesta del proyecto en el sentido de que no existe propiamente, omisión legislativa”, Norma Lucia Piña Hernández, Ministra SCJN.

“Solo quisiera hacer salvedad, como lo he hecho en otros muchos asuntos, de que para mí la paridad debe ser tanto vertical, como horizontal”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de estos asuntos en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Asuntos de hoy:

Instituto Electoral Local. Determinar si el Artículo 49, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución del Estado de Quintana Roo, al otorgar competencia legislativa para regular las relaciones de mando, organización y funcionamiento de los órganos de dicho instituto, y, por ende, de manera indirecta, el Servicio Profesional Electoral, invade el ámbito de competencias de la federación y del Instituto Nacional Electoral; además, si por vía de consecuencia procede declarar la inconstitucionalidad de fracción II del Artículo 49 de la Constitución Local, en la parte que señala “Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral”, en la medida en que la forma de organización de los órganos del Instituto Electoral local y las características de su personal está reservado, desde el texto constitucional y en la ley general, al Instituto Nacional Electoral.

Paridad de género en el sistema electoral local. Determinar si el Artículo 49, fracción III, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución del Estado de Quintana Roo adolece de deficiencia legislativa para garantizar ese principio, al prever la obligación de los partidos políticos de salvaguardarlo en la postulación de candidatos a legisladores y planillas de ayuntamientos, en términos de lo que se regule en una ley.

Violaciones que conducen a la nulidad de una elección. Determinar si el Artículo 49, fracción V, párrafo quinto, de la Constitución del Estado de Quintana Roo resulta inválido por incorporar los requisitos de sistematicidad y generalidad para acreditarlas, en tanto que la Constitución Federal sólo exige que se acrediten de manera objetiva y material.

Límites de sobre y sub representación en la conformación del Poder Legislativo Local. Determinar si el Artículo 54, fracción III, de la Constitución del Estado de Quintana Roo resulta inválido al establecer límites de sobre y sub representación, en lugar de un tope máximo de manera expresa en la integración del Congreso Local para cada partido político por ambos principios.

Listas de diputados. Determinar si el Artículo 54, último párrafo, de la Constitución del Estado de Quintana Roo, al prever la prohibición de modificarlas durante el procedimiento de asignación por representación proporcional, es inválida por impedir la operatividad de razones constitucionales para tal modificación, como la inelegibilidad del candidato o el respeto al principio de paridad de género.

Condiciones y requisitos para la reelección de diputados. Determinar si el Artículo 57, primer párrafo, de la Constitución del Estado de Quintana Roo viola el derecho a ser votado al limitar la reelección a un periodo adicional y prohibir que los suplentes puedan ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios en una fórmula diversa, siempre que no hubieren estado en ejercicio, así como que los diputados propietarios que hayan sido reelectos para un período adicional, puedan ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.

Condiciones y requisitos para la reelección de los miembros de un ayuntamiento. Determinar si el Artículo 139, primer párrafo, de la Constitución del Estado de Quintana Roo actualiza una violación constitucional al derecho a ser votado y a los principios de legalidad y certeza electoral, por no señalar que la elección consecutiva adicional sea sólo “para el mismo cargo” municipal, y dado que prohíbe implícitamente a los suplentes que no ejercieron el cargo reelegirse en el mismo para un periodo adicional.

Requisito de temporalidad en la renuncia o pérdida de militancia partidaria para la reelección de los miembros de los ayuntamientos elegidos en el próximo proceso electoral. Determinar si el artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a la Constitución del Estado de Quintana Roo al prever que dicha renuncia o pérdida no pueda ser menor de dieciocho meses, viola el derecho a ser votado y a los principios de legalidad y certeza electoral.

 

El Pleno declaró sin materia un incidente promovido por militares procesados por delitos contra la salud

El Pleno de la Suprema Corte declaró sin materia un incidente de inejecución de sentencia a propósito del traslado de un centro de reclusión de militares procesados por delitos contra la salud. (Incidente 261/2015).

En el caso, un juez federal les concedió un amparo contra el traslado de los procesados al Centro Federal de Readaptación Social de Villa Aldama, Veracruz.

El Delegado del Director General de Justicia Militar interpuso recurso de revisión ante tribunal colegiado, donde se confirmó la sentencia.

“Existía una imposibilidad jurídica porque la juez tercera militar el 8 de agosto de 2014, en la causa penal 99/2011, había ordenado auto en el que ordenó que los procesado continuaran recluidos en el Centro Federal de Protección y Readaptación Social 5 Oriente de Villa Aldama Veracruz, dado que se les sigue proceso penal por delitos contra la salud, por lo cual se actualiza lo previsto en el Artículo 198 del Código Federal de Procedimientos Penales que prohíbe su estadía en una prisión militar o en una del orden común… Resulta imposible jurídica y materialmente que las autoridades responsables den cumplimiento al fallo protector”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN, Ponente.

Resolvieron otro incidente de inejecución de sentencia. (Incidente 609/2014).
El asunto fue sobre la destitución de un policía preventivo, por resolución del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

El asunto llegó a la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y falló en favor del quejoso… Dicho Consejo no atendió la sentencia.

El policía llegó al amparo, reclamó la reinstalación en su trabajo, así como el pago de salarios y prestaciones que dejó de percibir.

De acuerdo con la Constitución, los miembros de las instituciones policiales pueden ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

“Y si la autoridad jurisdiccional resolviera que la remoción, separación baja o cese, o cualquier otra forma de terminación del servicio fue imputada, el estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio cualquiera que haya sido el resultado del juicio o medio de defensa”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN, Ponente.

Por mayoría, ordenó devolver los autos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF para que cuantifique la cifra de la indemnización.

Sobre el incidente de inejecución 482/2015, se presentará un nuevo proyecto en un caso en el que el SAE enajenó el vehículo de un particular.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Asuntos de hoy:

Incidente de inejecución de sentencia 261/2015

Incidente de inejecución. Determinar si existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo para que se dejaran sin efecto las órdenes de traslado de los quejosos a un centro federal de readaptación social y que fueran reingresados a la Prisión Militar donde estaban internos antes de la emisión de dichas órdenes, con motivo de que la juez militar de la causa había dictado auto en el cual ordenó que los quejosos continuaran recluidos en aquel centro.

Incidente de inejecución de sentencia 609/2014

Incidente de inejecución. Determinar si existe una causa que justifica el incumplimiento del amparo concedido para el efecto de que se acatara una sentencia de nulidad por la cual se ordenó reinstalar al quejoso y pagar los salarios dejados de percibir hasta el momento de la reinstalación, dada la aducida imposibilidad jurídica derivada de la prohibición de reincorporar al servicio a los miembros de las instituciones policiales, establecida en la reforma al Artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Incidente de inejecución de sentencia 482/2015

Incidente de inejecución. Determinar si procede declarar sin materia el incidente ante la aducida imposibilidad material y jurídica para cumplir con la sentencia de amparo en cuanto ala devolución al quejoso de un vehículo afectado en un procedimiento administrativo en materia aduanera, y si es el caso de declarar la procedencia del cumplimiento sustituto del fallo protector.

La SCJN fijó criterios en materia de controversias, suplencia de la queja y salarios caídos

El Pleno de la Suprema Corte aprobó una jurisprudencia de rubro: controversia constitucional.

Las violaciones susceptibles de analizarse en el fondo, son las relacionadas con el principio de división de poderes o con la cláusula federal, sobre la base de un concepto de afectación amplio.

Si bien la controversia es un medio de regularidad disponible para los poderes, órdenes jurídicos y órganos constitucionales autónomos para combatir normas y actos inconstitucionales.

El Máximo Tribunal ha determinado que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, solo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal.

Delimitando el universo de posibles conflictos a los relacionados con la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales previstas en el texto constitucional.

Entendiendo el principio de afectación en un sentido amplio, mismo que para acreditarse es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnada, exista cuando menos un concepto de agravio en perjuicio del actor.

El cual puede derivar no solo de la invasión competencial, sino de afectación a cualquier esfera regulada desde la Constitución, como las garantías institucionales previstas en su favor o bien de otros tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.

Sin embargo, se considera improcedente la controversia, cuando las partes aleguen exclusivamente violaciones a cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales o de estricta legalidad.

Aunque si estos supuestos se encuentran entremezclados con alegatos de violaciones asociadas, con las órbitas competenciales de las partes contendientes, por mínima que sea la afectación, el juicio debe ser procedente y estudiarse en su integridad.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

La primera semana de febrero, el Pleno de la Suprema Corte analizará tres incidentes de inejecución de sentencia. (Acción inconstitucionalidad 126/2015 y acumulada 127/2015).

Uno, producto de una resolución dictada por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en el Distrito Federal.

Otro, a propósito de la sentencia dictada el 2 de septiembre de 2010, por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 899/2010.

Y el tercero, en torno a una resolución dictada por el Juzgado Primero de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en el juicio de amparo 182/2015.

Iniciará el estudio de diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por MORENA y PAN, por la que demandan la invalidez de disposiciones de la Constitución de Quintana Roo.

Entre los temas de estudio estarán: la facultad para regular las relaciones de mando, organización y funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral local; la paridad de género en el sistema electoral local; los requisitos para la nulidad de una elección; los límites de sobre y sub representación en el congreso local; así como los requisitos para la reelección de diputados, entre otros.

El proceso electoral para la renovación del Ejecutivo estatal, del Congreso y de ayuntamientos en Quintana Roo inicia el 15 de febrero próximo.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Ministros aplazan estudio de constitucionalidad de Ley de Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista

 

El Pleno de la Suprema Corte aplazó el estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, contra disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista.

Esto para profundizar su análisis, luego que el Ministro José Ramón Cossío propusiera declarar la invalidez de toda la norma, pues, planteó, el proceso legislativo no cumplió con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En específico en el mandato a que los estados celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

“Esta participación cobra relevancia tratándose de personas con discapacidad ya que en buena medida la defensa de sus derechos descansa en la existencia de estas organizaciones. La consulta en este sentido no es una mera formalidad, sino que se erige como garantía primaria en la defensa de sus derecho”.

Entre las dudas de los ministros destacaron el cumplimiento a ese mandato de la convención, así como de los alcances de la denuncia de invalidez de la CNDH, que sólo es contra artículos específicos.

“El tratado internacional no es claro en cuanto al momento en que deben desahogarse estas consultas, tampoco es claro en cuanto a definir cuáles organizaciones debiera convocarse para este tipo de consultas. Si en aras de suplir la deficiencia de la queja no estaríamos rebasando el ejercicio de la acción que se intenta”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

“Dado que nada más está cuestionando determinados preceptos, le vamos a invalidar la ley porque ejercitó una acción. La suplencia de la queja es una institución para favorecer”. Norma Piña, Ministra SCJN.

Por lo anterior, se profundizará sobre cuatro ejes fundamentales:

“Primero, si procede la suplencia, en este sentido, de proceder esta suplencia, ¿sería para llegar a la finalidad de invalidez de toda la norma, o sólo los puntos de impugnación, como tercera pregunta, ¿qué se debe entender por consulta?, y en caso de que podemos definir qué se debe entender por consulta, si en este caso se satisface con los elementos que hemos advertido, si esa consulta está cumplida y satisfecha”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

El Ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, propuso presentar un documento donde se desarrollen estos temas, que serían clave para resolver impugnaciones que podrían llegar a la Corte.

El proyecto inicial proponía que los certificados de capacidad laboral de personas con espectro autista que establece la norma son una medida discriminatoria.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Parejas de personas del mismo sexo podrán contraer matrimonio en Jalisco sin necesidad de acudir al amparo

Las parejas de personas del mismo sexo podrán contraer matrimonio en Jalisco, sin necesidad de acudir al amparo.

Esto, como consecuencia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el Artículo 260 del Código Civil de ese estado, así como las porciones normativas relativas al hombre y la mujer de los artículos 258 y 267 Bis del mismo ordenamiento.

“Si bien el Artículo impugnado no define la institución del matrimonio, esa definición se encuentra en el diverso 258 del mismo ordenamiento legal, sí contempla que este se contraiga entre el hombre y la mujer… Sin lugar a dudas se advierte que la concepción de esta institución en el estado de Jalisco está orientada a que se celebre entre un hombre y una mujer, de este modo la porción impugnada del Artículo 260 es inconstitucional ya que atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN, Ponente.

De acuerdo con los ministros la norma impugnada era discriminatoria y violaba derechos de las personas homosexuales.

“Si nuestra Constitución, si nuestra norma suprema no impone un modelo específico, esas definiciones o estas costumbres resultan irrelevantes y por lo tanto no son ningún parámetro que nos comprometa a entender la figura del matrimonio como se hizo durante mucho tiempo”, Luis María Aguilar, Ministro Presidente SCJN.

“Históricamente, es preciso decirlo, las personas homosexuales han sido víctimas de una feroz discriminación social… Excluir a las parejas del mismo sexo del acceso a la institución del matrimonio como herramienta legal implica hacer una distinción injustificada, prohibida, expresamente por Artículo 1° de nuestra Constitución”, Norma Piña, Ministra SCJN.

“El derecho a constituir una familia mediante el matrimonio no pasa forzosamente por la procreación o creación de relaciones paterno filiales”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

La decisión unánime del Pleno también apeló a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La Corte Interamericana en su opinión consultiva 18/2013 ha señalado que el derecho a la no discriminación es una norma imperativa del derecho internacional aceptado por la comunidad internacional en su conjunto”, Javier Laynez, Ministro SCJN.

Destacaron que la disposición limitaba el disfrute de otros derechos producto del matrimonio.

“Si el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos, negarles el derecho a las parejas del mismo sexo los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a esas parejas como ciudadanos de segunda clase, no existe justificación racional para no darles todos los derechos fundamentales que les corresponden”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

Jalisco y el Distrito Federal son las entidades donde es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de tramitar un amparo.

Cabe destacar que esta resolución surtirá efectos una vez que se notifique la sentencia a las autoridades de ese estado.

En otro asunto, el Pleno decidió sobreseer la acción de inconstitucionalidad 15/2011, que impugnaba la validez de diversos artículos de la Constitución de Baja California, debido a que no fueron reformados en el decreto respectivo, ni existió la intención del legislador local para hacerlo.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

El Pleno inició el estudio de una contradicción sobre el principio de definitividad y la procedencia del juicio de amparo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó existente la contradicción de tesis entre su Primera y Segunda Salas.

El tema: cuando se reclaman actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación, ¿es necesario agotar los medios de defensa ordinarios que en su caso procedan, o bien, se actualiza una excepción al principio de definitividad?

Por unanimidad encontraron la contradicción de criterios, en relación con la tesis aislada de la Segunda Sala bajo el rubro definitividad. Excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto.

“Esta tesis en la práctica la utilizan muchos quejosos para establecer que como se trata de un acto de imposible reparación no tienen que agotar el principio de definitividad”, Norma Piña, Ministra SCJN.

“Esta tesis ha generado mucha confusión, porque en primer lugar confunde una hipótesis de procedencia del amparo indirecto, con una hipótesis de excepción al principio de definitividad que es el relativo a los actos de imposible reparación… No distingue cuáles de estas excepciones son aplicables a autoridades judiciales y cuáles a autoridades distintas de las judiciales”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

El principio de definitividad consiste en que antes de acudir al amparo deben agotarse todos los recursos y medios ordinarios de defensa existentes.

En atención a la postura del Pleno, se retiró el asunto y la Ministra Luna Ramos presentará un nuevo proyecto de fondo.

En otro asunto, determinaron inexistente la contradicción de tesis entre la Primera y la Segunda Salas de la Corte, en torno al sistema de impugnación respecto del cumplimiento de las ejecutorias de amparo, debido a que uno de los criterios partía de la interpretación de la Ley de Amparo anterior, mientras que el otro provino de la ley vigente.

“Si vemos los dos ordenamientos, tanto la ley de amparo anterior, como la nueva ley de amparo, las diferencias son enormes”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN, Ponente.

En la sesión pública de este martes, continuará el estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, que demanda la invalidez del Artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

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