La próxima semana en el Pleno de la SCJN

En su próxima sesión el Pleno de la Suprema Corte continuará con el estudio de un expediente varios. (Expediente varios 1396/2011). 

En él, se está definiendo la manera en la que los órganos del Poder Judicial de la Federación, deben acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Concluido este asunto, se dará entrada a una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar 2 artículos de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro. (Acción de inconstitucionalidad 10/2013). 

Disposiciones que regulan cuestiones ya previstas en la Ley General relacionadas con las atribuciones del ministerio público y los beneficios para los sentenciados por este delito. 

En lista se encuentra una acción más en la que se cuestiona la validez del Artículo 9 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila, pues considera procedente esta acción, en delitos distintos a los contemplados en el Artículo 22 constitucional. (Acción de inconstitucionalidad 33/2013). 

En una acción más, estudiarán la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio de Michoacán, pues se considera que el legislador local, invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al legislar en materia de delincuencia organizada. (Inconstitucionalidad 20/2014).

José Luis Guerra García

Delitos cometidos por militares en los que se vean involucrados civiles, deben ser procesados en la justicia civil, reitera Corte

El Pleno de la Suprema Corte reiteró el criterio, de que los delitos cometidos por militares, en los que se vean involucrados civiles, deben ser procesados en el fuero civil. (Expediente varios 1396/2011).

Lo anterior, al continuar con el estudio del expediente varios, en el que está precisando cómo deben atender los órganos del Poder Judicial Federal, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés y Valentina. 

Indicaron que en este tipo de asuntos, los civiles tienen derecho no solo a la indemnización, sino también a la verdad y a la justicia. 

“De esta manera se reseñan distintos avances que se han tenido a partir de sentencias ya dictadas por la Corte Interamericana y decisiones de esta Suprema Corte que han refrendado la desaparición de este tipo de enjuiciamiento cuando, entre sus acciones, se ve incluido un civil”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Por mayoría de 6 a 5, se descartó estudiar la constitucionalidad de la fracción II del nuevo Artículo 57 del Código de Justicia Militar. 

Me parece que sigue resultando incompatible, el hecho de que puedan ser actos cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo, expande excesivamente este tipo de conductas que pueden ser juzgadas por este fuero militar”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN. 

“Me parece que sí sería un momento oportuno para entrar a analizar el Artículo 57, en sede de control constitucional, competencia de este Alto Tribunal”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN. 

 “A qué se está refiriendo esto a una reforma que tendría que darse de un texto, que fue diferente al que ahorita se encuentra vigente”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN. 

 “Bueno si lo que se pretende es analizar este nuevo Artículo 57, pues yo también sería de la idea de, pues primero tendrían que darse los casos concretos en donde se impugne esta disposición o en donde se aplique”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN. 

 “Esta resolución se dictó antes de las reformas, inclusive antes del nuevo modelo constitucional que tenemos y no se refirió de manera alguna, por supuesto a un texto que no existía”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

El Pleno previamente determinó la forma en la que los órganos del Poder Judicial Federal, deben realizar el control de convencionalidad. 

“Estoy de acuerdo con el considerando, sustancialmente con la supremacía constitucional que se establece ahí, que ya se votó desde la contradicción de tesis 293 y especialmente con el tema de la imposibilidad del control difuso que puedan hacer los órganos concentrados de constitucionalidad”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros continuarán con el estudio de este asunto en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Pleno reitera reconocimiento de competencia contenciosa de CoIDH

El Pleno de la Suprema Corte reiteró que se reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus criterios vinculantes y orientadores. (Expediente varios 1396/2011).

Lo anterior, al resolver un expediente en el que analiza cómo debe acatar el Poder Judicial de la Federación, las sentencias que emitió dicho tribunal, en los casos Inés y Valentina.

“Estimándose sustancialmente que este tribunal, aún como tribunal constitucional, no puede evaluar tales litigios, ni cuestionar la competencia de la Corte, sino solo limitarse al cumplimiento en la parte que le corresponde y en sus términos a sus sentencias, pues prevalece la razón de que el fallo, precisamente se relaciona con una obligación expresamente aceptada y no cumplida”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

El proyecto que se estudia determina que dichos fallos no pueden ser modificados por el Máximo Tribunal.

“De ahí que esta corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede a las normas que rigen su materia y proceso, simplemente se constriñe a dar cumplimiento en la medida de su vinculación con dicho fallo”.

El Pleno dejó pendiente la discusión y aprobación, de los resolutivos que precisan que los jueces deben realizar control de convencionalidad, restringir el fuero militar en casos concretos e implementar medidas administrativas derivadas de las sentencias en cuestión.

Para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima adecuado analizar siempre la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la corte interamericana, con aquellos que se encuentran dispuestos en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados que el estado mexicano celebre”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “Me parece que lo correcto y sería mi sugerencia al ponente, es eliminar este párrafo, porque creo que no toca en un procedimiento de estos, a la Suprema Corte hacer este análisis, simplemente, cumplir en sus términos la resolución”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de este asunto en su próxima sesión. (Impedimento 11/2015).

Previamente determinaron que el Ministro Fernando Franco González Salas, no estaba impedido para conocer de la controversia constitucional 121/2012 relacionada con un conflicto de límites entre los estados de Oaxaca y Chiapas, que eventualmente pudiera afectar a los estados de Veracruz y Tabasco, en este último caso, gobernado por Arturo Núñez, con quien mantiene una amistad.

José Luis Guerra García

Corte declaró la invalidez del párrafo sexto del Art. 271 del Código de Procedimientos Penales del DF

DSC_2222El Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez del párrafo sexto del Artículo 271 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. (Acciones de inconstitucionalidad 25 y 31/2013).

Norma que contemplaba la prisión domiciliaria con control judicial, en delitos cuya sanción no fuera mayor a 5 años.

El Pleno declaró su inconstitucionalidad, por considerarla ambigua y por tratarse de una figura no prevista en la Constitución, restrictiva de la libertad.

Se declara también su invalidez prácticamente por las mismas razones con las que se declaró la invalidez del Artículo 270, independientemente de que tiene otras modalidades, pero estamos en un supuesto de restricción a la libertad personal no previsto en la Constitución”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Descartaron que se tratara de una medida cautelar o un beneficio, pues tal disposición preveía la detención domiciliaria, con la posibilidad de que el inculpado pudiera asistir a trabajar, medida que podría ser revocada.

Creo que esto es directamente violatorio a la constitución, creo que en este tipo de materias no cabe interpretación conforme y si me parece violatorio de varios preceptos de nuestra Constitución y preceptos de la Convención Americana”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Y a mí me parece que en este caso se vulnera de manera directa este derecho esencial, entonces ante la falta de claridad y ante la vulneración del núcleo esencial del derecho me parece que no tenemos otra alternativa que declarar la inconstitucionalidad del precepto”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “Como lo ha definido este tribunal, las restricciones a los derechos fundamentales, deben estar expresamente conferidas en la Constitución, en este caso el legislador local del Distrito Federal, concibió una figura que le llama detención con control judicial, que evidentemente tiene mucho en común con el arraigo”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Curiosamente, este texto estaba idéntico antes de la reforma y porque estaba idéntico antes de la reforma, a que obedeció el cambio. A que se sustrajo de este mismo texto la figura del arraigo que antes sí se contenía y se le dio un matiz diferente, pero el precepto está idéntico a como estaba anteriormente”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Constituye una restricción a la libertad, se viola la seguridad jurídica, se viola la libertad, se viola el debido proceso, se vio la presunción de inocencia desde las diferentes perspectivas que aquí se han venido dando”, Juan Silva Meza, Ministro  SCJN.

 “Igual yo coincido en la inconstitucionalidad del precepto desde el punto de vista fundamental de que es una restricción a la libertad personal que atenta contra un derecho fundamental que no está expresamente restringido por la Constitución”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Los efectos son retroactivos a la entrada en vigor de las normas impugnadas, que fue el 14 de octubre de 2013.

“Debiendo corresponder en cada caso al juzgador determinar que pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas con la detención con control judicial”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno ya había declarado la invalidez del Artículo 270 Bis 1, que contemplaba la detención con control judicial en el caso de delitos graves hasta por un plazo de 10 días, por tratarse de una figura no contemplada en la Constitución, restrictiva del derecho a la libertad.

José Luis Guerra García

La próxima semana en el Pleno de la SCJN 

El Pleno de la Suprema Corte continuará con el estudio de dos acciones de inconstitucionalidad, en las que se cuestiona la validez del sexto párrafo del Artículo 71 del Código de Procedimiento Penales del Distrito Federal. (Acciones de inconstitucionalidad 25 y 31/2013).

Norma que prevé en los casos de delitos que se sancionan con penas menores a 5 años, la posibilidad de la detención con control judicial en el domicilio del inculpado, con posibilidad de que pueda trasladarse a su trabajo. 

En caso de incumplimiento se liberaría la orden de aprehensión o de comparecencia en su contra, medida que se considera violatoria de diversos derechos. 

En lista se encuentra también un expediente varios, en donde el Pleno evaluará las medidas a seguir para atender las sentencias y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Expediente varios 1396/2011).

Lo anterior se desprende de las sentencias que emitió dicho órgano en los casos Inés Fernández Ortega y otros; y Valentina Rosendo Cantú y otra contra el estado mexicano, en agosto de 2010.    

José Luis Guerra García

El Pleno declaró la inconstitucionalidad del Art. 270 Bis 1, del Código de Procedimientos Penales del DF

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del Artículo 270 Bis 1, del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. (Acciones de inconstitucionalidad 25/2013 y 31/2013).

Disposición que establecía la figura de detención con control judicial, en caso de delitos graves por un plazo de 5 días, que podría ser prorrogada por 5 días más.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, proponía declarar su invalidez por ser una figura similar al arraigo y porque la asamblea legislativa no tenía competencia para legislar en esa materia.

Sin embargo, aceptó modificar el proyecto a petición de la mayoría, para declarar la invalidez de la disposición por tratarse de una figura no contemplada en la Constitución.

Como es una medida restrictiva de libertad y no está contemplada en los artículos constitucionales correspondientes, esto sería inconstitucional por eso”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

 “Tenemos el caso de que se legisla una figura muy similar al arraigo pero se le da otra denominación para tratar, de manera poco disimulada de salvar el criterio de la corte para impedir, con base en la Constitución que se legisle en materia de arraigo, esto técnicamente se llama fraude a la Constitución”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “No tiene ningún caso, hacer la similitud, cuando directamente podemos hacer el comparativo, ya no por competencia, simple y sencillamente, porque las disposiciones que en la constitución establece esta limitación a la libertad, no contemplan este supuesto y por tanto es inconstitucional”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Cuestión que yo también podría sostener desde el punto de vista que la libertad, como derecho humano, solamente puede restringirse con una restricción expresa en la Constitución”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente  SCJN.

Previamente el Pleno concluyó el estudio de un amparo en el que se cuestionaba la decisión de un tribunal colegiado que declaró la invalidez del Artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal, vía control de convencionalidad. (Amparo directo en revisión 1046/2012).

Dicho órgano argumento que la disposición violaba el derecho de acceso a la justicia, al impedir a los familiares de una persona que falleció en un hospital, reclamar el pago de daño moral, además de la responsabilidad civil.

Por mayoría de votos se determinó revocar la sentencia y ordenó al colegiado estudiar si se da algún supuesto de control concentrado, que le permita definir la constitucionalidad de la norma.

“Y tú colegiado has el análisis en ese sentido y determine estas condiciones, si se da o no se dio, planteamiento de inconstitucionalidad, causa de pedir o suplencia de la queja”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

El Pleno devolvió los autos de este asunto, al tribunal competente.

José Luis Guerra García

El Pleno determinó que es constitucional el Art. 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales

Por mayoría de 6 a 5, el Pleno de la Corte determinó que es constitucional el Artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales. (Amparo directo en revisión 1250/2012).

Norma que contempla la posibilidad de aplicar el arraigo en casos de delitos graves, hasta por un plazo de 40 días.

La mayoría consideró que dicha restricción se prevé en la Constitución, misma que debe aplicarse cuidando siempre que genere la menor afectación.

Estamos ante una restricción constitucional y la tenemos que leer de la manera que menos vulnere los demás derechos humanos que contiene la Constitución, desde mi punto de vista la Constitución y los tratados”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Los ministros que votaron en contra, indicaron que violaba derechos como la libertad y la presunción de inocencia.

Aunque algunos si bien consideraron que la constitución prevé esa figura para casos de delincuencia organizada, los artículos transitorios de la reforma penal, no habilitaban al Congreso para ampliar la aplicación de la figura a delitos graves.

Por esas razones, no obstante que considero que el arraigo, para los delitos de delincuencia organizada pudiera justificarse como una restricción constitucional válida, desde el punto de vista del sistema de protección de derechos humanos, integrado por la convención, como por la constitución, pudiera resultar válido, en este caso considero que el precepto impugnado es inconstitucional, por falta de competencia del congreso que la expidió, ya que no tenía facultad alguna legislar después de la reforma constitucional del 2008, respecto del arraigo en caso de delitos graves”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Todo esto me lleva a la consideración de que el Artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta inconstitucional, por exceder del límite material impuesto al estado para afectar la libertad personal con la figura del arraigo, referido a la delincuencia organizada”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

Por mayoría de votos, el Pleno consideró que la resolución no tendría efectos, pues al declararse la validez se confirmaba la sentencia y se negaba el amparo al quejoso.

“Si la determinación mayoritaria es la constitucionalidad del artículo en mi opinión ya no puede haber ningún efecto, por lo tanto los resolutivos tienen que ser confirma y niega”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El amparo fue promovido por un ex funcionario del Penal de Gómez Palacios, Durango, quien fue procesado y sentenciado por permitir la evasión de 5  reos en marzo de 2009.

José Luis Guerra García

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