La SCJN declaró la invalidez del artículo 65 Bis de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del artículo 65 Bis de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca.

Norma que preveía las facultades de la Asamblea General Comunitaria, que es la máxima autoridad en los municipios que se rigen por usos y costumbres.

Este artículo establecía la terminación anticipada del mandato de los integrantes de los ayuntamientos electos mediante esos sistemas.

La decisión unánime de los ministros se basó en precedentes emanados de dos acciones de inconstitucionalidad resueltas en octubre de 2015, por las que se invalidó la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para Oaxaca.

“Porque el legislador local incurrió en la misma deficiencia legislativa que se señaló en los precedentes a los que se ha hecho referencia, consistente en no haber brindado el derecho de una consulta a los pueblos indígenas destinatarios de dichos preceptos, conforme lo ordena el artículo 2º de la Constitución Federal”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El artículo invalidado era reglamentario del 113 de la Constitución oaxaqueña.

“El artículo 65 Bis –que es parte de esta acción– es precisamente toda la reglamentación secundaria de ese párrafo del artículo 113, donde ya se especifica exactamente cuándo procede la terminación, cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento y, en este caso, es que no se consultó”, Javier Laynez Potisek, Ministro SCJN.

“Se produce la invalidez porque no se le da al Municipio, en particular a su órgano, el Ayuntamiento, la posibilidad de participar en estos procesos legislativos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro Presidente en funciones.

En esta sesión se resolvieron ocho controversias constitucionales promovidas por los municipios oaxaqueños de Eloxochitlán, San Juan Tabaá, Mixistlán, Santiago Yosunda, San Pedro y San Pablo Ayutla, Guelatao, Asunción Cacalotepec y Santa María Yavesía.

La declaración de invalidez de la disposición tendrá efectos solamente respecto de estos municipios.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La SCJN resolvió que son constitucionales, las disposiciones que sancionan la tortura en Jalisco

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la validez de dos artículos, uno de la Ley contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanas y otro del Código Penal, ambas normas del Estado de Jalisco.

Al resolver la acción 32/2015 promovida por la CNDH, determinó que los artículos relativos a la tortura se apegan a la Constitución, a las convenciones Americana e Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como con la Convención contra la Tortura.

“Las porciones normativas impugnadas guardan relación con los instrumentos internacionales e internos que prevén la tortura, la sanción a la tortura; y, contrario a lo que señala el promovente, no se advierte que los preceptos impugnados hayan fijado una permisibilidad para tolerar algún tipo de tortura”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN, Ponente.

El artículo 2, fracción IV, párrafo segundo de la Ley contra la Tortura de Jalisco describe el concepto de tortura.

“Lo que está en vigor hoy todavía en los Estados –ante la ausencia de la legislación general– es precisamente esta legislación local”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Es una obviedad que, toda acción coercitiva estatal, puede generar algún tipo de sufrimiento o daño; no obstante, lo que se pretende prohibir en la conducta de la tortura, es obligar a que el uso de la fuerza por parte del Estado sea proporcional e idónea, para atender la conducta que se enfrenta”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

El artículo 154-H, fracción II, párrafo V del Código Penal de ese Estado, describe la tortura con la inclusión de los tratos crueles e inhumanos, tema sobre el que hubo algunas precisiones.

“Creo que la tortura es una cosa y, los tratos crueles, inhumanos y degradantes son otros de acuerdo con la jurisprudencia internacional”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Adolecen de una mala técnica legislativa y que eso es lo que da lugar a que haya generado esta confusión sobre si contradicen o no las convenciones internacionales”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

“Genera incertidumbre, en ese sentido, respecto de lo que será entendido como sanciones penales derivadas de actos legítimos de autoridad, máxime que la misma norma ya define lo que sí debe ser considerado como tortura, de tal modo que, para mí, eso casi sería suficiente para poder analizar cada acto de autoridad respecto del parámetro de lo que sí debe entenderse como tortura”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

En esta sesión pública, por mayoría de 5 a 4, el Pleno sobreseyó la acción 111/2015, promovida por el PAN contra disposiciones en materia electoral de la Constitución de Coahuila.

Los ministros de la mayoría consideraron que la reforma al artículo que se impugnaba, no fue un nuevo acto legislativo, pues la disposición no tuvo ningún cambio.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La SCJN determinó que se apega a la Constitución, la Ley de Austeridad del Estado de Jalisco

El Pleno de la Suprema Corte declaró la validez de diversos artículos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios.

Esto, al resolver la controversia constitucional 8/2015, promovida por el Poder Judicial de Jalisco en contra del Legislativo y del Ejecutivo de ese Estado.

El Poder Judicial jalisciense impugnaba la validez de su deber de anexar al anteproyecto de presupuesto, un informe de austeridad con el monto de lo ahorrado en gasto operativo durante el ejercicio, para hacerlo del conocimiento de la secretaría de finanzas del Gobierno local, para que contemple el ahorro en el siguiente ejercicio fiscal.

“La norma no viola el principio de autonomía e independencia judicial, pues no puede entenderse en forma aislada, sino dentro de los principios y bases contenidos tanto en la Constitución Federal como en la local y en la normatividad legal aplicable a la materia de presupuesto, contabilidad y gasto público”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN, Ponente.

De acuerdo con los ministros, en los artículos impugnados también se cumplen los principios que rigen la administración de los recursos económicos del Estado, a propósito de la prohibición de pagos de las remuneraciones de los servidores públicos no contempladas en el presupuesto posterior.

También se pronunciaron por la validez de los informes para fomentar la austeridad, de las entidades, dependencias y poderes del Estado.

“En caso de que luego de esto se advierta que no se han cumplido con las medidas de racionalidad y austeridad, pueden implicar en determinado momento, estímulos en cuanto a aumento en los presupuestos o castigos en cuanto a la reducción de estos presupuestos”.

Además reconocieron que las disposiciones son de fácil entendimiento y comprensión para el común de las personas.

Por otra parte, quedó en lista para hacer un análisis detallado de diversas disposiciones, la controversia constitucional 32/2015 promovida por el Municipio de Boca del Río, Veracruz en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de ese Estado, y que demanda la invalidez de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Local.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

La SCJN invalidó artículos del Código Penal de Sonora, en materia de secuestro y trata de personas

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia profundizó en la interpretación del artículo 41 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, sobre la invalidez de artículos por extensión en acciones de inconstitucionalidad.

Luego que el Pleno declarara inválidos once artículos de la Ley en materia Trata de Personas de Quintana Roo, el Ministro José Ramón Cossío propuso la invalidez por extensión de diversos artículos de esa norma.

Su argumento apuntaba al rebase de competencias del legislador de Quintana Roo, y por tanto, procedía un análisis sistémico de la falta de competencia.

“En este caso se trata de normas que se refieren a bases, definiciones, principios inherentes a la persecución del delito de trata que es una competencia federal”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

“Es todo un sistema que se interrelaciona entre sí, no porque la norma implique la nulidad de la otra necesariamente”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

No se alcanzó la mayoría calificada de ocho votos y por lo tanto no hubo invalidez por consecuencia.

“La invalidez de una norma general debe extenderse a todas aquellas normas cuya validez depende de la propia norma invalidada… La ley local debemos analizar cada uno de los preceptos a la luz de los parámetros que coexisten, y si bien pudiéramos llegar a la conclusión que algunos preceptos que no fueron impugnados pudieran tener algún vicio de inconstitucionalidad, éstos requerirían un análisis diferenciado al que ya se hizo y lo estaríamos haciendo sin acción de por medio”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

“Sería una labor muy complicada cada vez que venga impugnado algún precepto de algún ordenamiento legal, a hacer una búsqueda a detalle en todo su articulado para ver cuáles de esos preceptos pudieran tener el vicio”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Al continuar el estudio de los efectos de esta acción, el Pleno determinó que la invalidez de los once artículos determinada en la sesión previa, tendrá efectos retroactivos a la fecha de expedición del decreto de la ley.

En esta sesión pública, el Pleno declaró inconstitucionales cinco artículos del Código Penal de Sonora porque el Congreso local excedió sus competencias al legislar en materia de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

De los 5 artículos invalidados, tres fueron por efecto extensivo en atención a una interpretación sistémica.

Mario López Peña

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La SCJN declaró la invalidez de once artículos de la Ley en materia de trata de personas de Quintana Roo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de once artículos de la Ley en materia de Trata de Personas de Quintana Roo.

Por antecedentes, el Pleno sustentó que sobre este delito los congresos locales no tienen competencia para legislar sobre investigación, procedimiento y sanción.

Por tanto, la decisión se basó en la incompetencia del Congreso de Quintana Roo para emitir esas normas.

Sin embargo, destacaron, la restricción legislativa no es absoluta.

“Pues la reforma constitucional y ley general que de ella derivó distribuyen contenidos; es decir, competencias entre el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales, dejando al primero la legislación de los aspectos ya indicados”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN, Ponente.

“Hasta dónde esas facultades que se ha considerado, pudieran tener contenidos administrativos, vedan de la posibilidad de que eso se haga en los órdenes locales a través, precisamente, de ordenamientos legislativos que pretendan orientar debidamente esas facultades que tienen las entidades federativas”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Al resolver dos acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por la PGR y la CNDH, los ministros contrastaron los artículos impugnados frente a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata.

“Si es la Constitución la que dice que la ley general se deberá establecer o contemplará la distribución de competencias, entonces tendríamos que acudir a la ley general para ver qué competencia pertenece a las entidades federativas, qué competencia pertenece a la Federación”, Norma Lucía Piña Hernández, Ministra SCJN.

“Nuestra referencia sí tiene que ser la ley general forzosamente, sin tener que distinguir entre si hay cuestiones de tipo administrativo, si hay otro tipo de cuestiones —incluso— presupuestarias y todo”, Javier Laynez Potisek, Ministro SCJN.

En la próxima sesión pública se fijarán los efectos de esta resolución.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

SCJN inicia estudio de dos acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la Ley en materia de trata de personas de QRoo

El Pleno de la Corte inició el estudio de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR y la CNDH, por las que demandan la invalidez de diversos artículos de la Ley en materia de trata de personas de Quintana Roo.

El debate de los ministros se centró en definir el marco competencial del que va a partir la Corte a propósito de la legislación sobre el delito de trata.

Esto al interpretar las facultades de las legislaturas estatales para emitir normas sobre este delito.

“De ello no deriva que los Estados no puedan legislar en otros aspectos que conforme a la ley general de la materia sean de su competencia, pues por disposición constitucional dicho ordenamiento no sólo tiene la función de establecer en forma exclusiva los delitos y sanciones sino también hacer un a distribución de competencias en aspectos como pueden ser la prevención o asistencia a las víctimas”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“No podíamos hacer ejercicios de todo o nada, o se es competente para todo o no se es competente para nada. Creo que hay unas modalidades particulares respecto a las cuales debiéramos acercarnos al tema de la validez o invalidez de este tipo de asuntos”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.

“Aquí el tema para mí es ver a la luz de la Constitución y de las leyes generales, si la legislación local no violenta alguno de los preceptos establecidos”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

El proyecto refirió dos precedentes del Pleno en los que se estableció que no se dejaba margen para que las legislaturas estatales emitieran normas en la materia.

“Tomando en consideración que el artículo 9° de la propia ley general establece que “en tratándose de investigación, persecución y sanción de los delitos, serían aplicables supletoriamente las leyes federales”, y esa fue la afirmación que se tomó para llegar a la conclusión de que no se dejaba margen a las legislaturas estatales, para emitir precisamente legislación sobre estos aspectos”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

En sus diversas intervenciones los ministros coincidieron en que los once artículos impugnados son inconstitucionales, sin embargo el asunto será votado en la sesión de este martes.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La SCJN descartó un proyecto que proponía invalidar un artículo de la Ley de Seguridad Pública de Tlaxcala

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia confirmó el criterio que establece que la relación entre la policía y el Estado es administrativa, y no laboral.

Esto al interpretar el apartado B del artículo 123 de la Constitución sobre la naturaleza de la relación de los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público y peritos con el Estado.

“Establece lo que para mí no es una restricción sino simplemente un mandamiento concreto al Congreso –cualquiera que éste sea– a efecto de que las relaciones entre las instituciones policiales y sus integrantes se rija por las leyes que al efecto se expresen, lo cual le da un carácter eminentemente administrativo, que no laboral”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

“Nuestro propio sistema constitucional establece un régimen de excepción para este tipo de cuerpos de seguridad, y en esa medida me parece que al establecer el propio texto constitucional, este régimen especial, lo saca del contexto de una relación laboral”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Desde el punto de vista de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una justificación en el artículo 16 relativo a la Libertad de Asociación, en que en el punto 3 señala… Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Este estudio se dio en el análisis una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala que proponía la invalidez de la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública de ese estado.

Norma que establece que será motivo de remoción para los integrantes de instituciones policiales asociarse, formar parte o intervenir en sindicatos o agrupaciones, ya sea para reclamar sus derechos o para presionar a los mandos en relación a cuestiones del servicio, funciones o prestaciones.

Por mayoría el Pleno rechazó que esta disposición sea inválida, con el argumento de la relación administrativa.

Por lo que el asunto será returnado, para ser presentado por uno de los ministros que integraron esta mayoría.

Por otra a parte, inició el estudio de dos acciones promovidas por la PGR y la CNDH, por las que demandan la invalidez de los artículos 7, 8 y 47 de la Ley en materia de trata de personas de Quintana Roo.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

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