El Pleno de la SCJN analizará un impedimento planteado por el Ministro Fernando Franco González Salas

En su próxima sesión el Pleno de la SCJN analizará un impedimento planteado por el Ministro Fernando Franco González Salas, para conocer de la controversia constitucional 121/2012.  (Impedimento 17/2015).

Enseguida retomará la discusión de una acción de inconstitucionalidad, en la que se pide invalidar el Artículo 133 Quinquies del Código Penal de Michoacán. (Acción de inconstitucionalidad 9/2014).

Disposición que castiga con prisión de 4 a 12 años, a quien difunda información sobre operativos o acciones de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. 

Se considera que el congreso local, se excedió en sus atribuciones. 

El Pleno también tiene previsto estudiar una acción más, en la que se pide invalidar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos. (Acción de institucionalidad 12/2014).

La PGR estima que el legislador local invadió la esfera de atribuciones de la federación, al otorgar facultades para investigar y perseguir los delitos de trata de personas. 

En una acción más, se pide invalidar el Artículo 171 Quáter del Código Penal de Tamaulipas, mismo que sanciona a las personas que porten instrumentos con clavos o varillas, para dañar vehículos de particulares o de las instituciones de seguridad pública.  (Acción de inconstitucionalidad 95/2014).

José Luis Guerra García

Concluye Corte estudio de 26 amparos contra la Reforma Educativa

El Pleno de la Suprema Corte resolvió los últimos 12 de 26 amparos que atrajo, en los que se pedía invalidar diversos artículos de la Ley del Servicio Profesional Docente.

Disposiciones que regulan el proceso de evaluación magisterial, requisito indispensable para lograr la permanencia como docente.

Normas que se confirmó su constitucionalidad al considerar que no violan derechos como el de estabilidad laboral, libertad de trabajo, dignidad, nivel de vida adecuado, ni el principio de progresividad.

Violan el derecho a la dignidad humana, al nivel de vida adecuado, así como al principio de proporcionalidad en su aspecto negativo de regresividad, previstos estos en el artículo primero constitucional, también se les da respuesta conforme a lo que resolvimos en el amparo revisión 295/2014”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Los ministros también reiteraron que las disposiciones impugnadas no violentan derecho alguno de los maestros, ni la garantía de audiencia, al preverse su separación en caso de no aprobar la tercera evaluación o bien, poner fin al nombramiento, si acumula 3 faltas en un periodo de 30 días.

“Se sostiene la posible vulneración a lo dispuesto en el Artículo 123 constitucional al estimar que los artículos impugnados autorizan a una definición de condiciones de trabajo, en específico los temas de evaluación y permanencia que se realizan de manera unilateral por el patrón, en segundo lugar la separación del servicio cuando la evaluación sea desfavorable sin que se permita la participación del sindicato en defensa de los intereses del presente y en tercer lugar la separación del servicio, cuando la evaluación sea desfavorable, sin que previamente se levante el acta administrativa a que se refiere la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Argumentos que fueron declarados improcedentes.

Antes de concluir la sesión, se informó que los quejosos pidieron a la Corte atraer otros asuntos.

Que los quejosos presentaron un escrito solicitando se atrajeran algunos otros asuntos en los que señalaron que podía haber temas que no están todavía analizados, hemos solicitados a los tribunales que nos manden asuntos en los que consideren esto, se hará el análisis correspondiente y si en efecto hubiese algún tema que no se hubiese resuelto ya por este tribunal pleno, se dará cuenta a sus señorías para la atracción del asunto y su resolución en su caso”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Con estas resoluciones el Pleno culminó el estudio de los 26 amparos que enlistó, en los que se cuestionaba la validez de la Reforma Educativa.

José Luis Guerra García

Resuelve Pleno 11 amparos que cuestionaban la validez de algunos artículos de la Ley del Servicio Profesional Docente

El Pleno de la Suprema Corte resolvió 11 amparos más, en los que se cuestionó la validez de algunos artículos de La Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los ministros negaron el amparo a los quejosos, confirmándose la constitucionalidad de las normas que regulan el proceso de evaluación docente.

Requisito indispensable para lograr la permanencia como maestro de educación básica y media superior.

Asuntos en los que se confirmaron los criterios aprobados por el Pleno, en el sentido de que las normas impugnadas no violan los derechos a la estabilidad laboral, libertad de trabajo, dignidad y acceso a un mejor nivel de vida.

“Se analizan los agravios esgrimidos que son exactamente iguales, son en 7 bloques y son idénticos a lo que resolvimos en el primer bloque de asuntos, señor presidente, señores y señoras ministros, por lo tanto considero que podrían someterse a votación del Pleno”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Están a su consideración, como señala el señor Ministro Franco son temas que ya discutimos en los asuntos anteriores, pero si tienen alguna otra observación adicional, si no entonces, desde luego se reiteraría la votación con la observaciones y votos que se anunciaron al respecto”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno solo hizo una aclaración en relación con los artículos 74 y 75 de dicha ley, que ponen fin al nombramiento cuando no se cumple con la evaluación y permiten imponer sanciones a los docentes, quienes contará con un plazo de 10 días para alegar lo que a su derecho convenga.

“Impugnación específica no la hay, quizás valiera la pena en todo caso establecer un párrafo en donde se dijera que se han impugnado de manera conjunta en las argumentaciones ya vertidas respecto de los artículos 53, 54, 8 y 9, pero en cuanto a su contenido no hay un concepto de agravio que así lo determine, entonces podría ahí hasta decretarse la inoperancia”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

La misma salida se adoptó en el caso del Artículo 76, que prevé la separación del maestro que se ausente por 3 días continuos o discontinuos, dentro de un plazo de 30, sin justificación alguna.

“Dio la explicación de que la inconstitucionalidad no es tal en la medida de que el artículo 75 previene sí para el caso de infracciones, un procedimiento previo para que el afectado pueda ser escuchado, tenga la oportunidad de demostrar y alegar y venga una resolución que defina su situación jurídica”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

El Pleno solo dejó pendiente de resolver 11 amparos más que cuestionan la validez de la reforma educativa.

José Luis Guerra García

El Pleno culminó el estudio de 3 amparos en los que se impugnaba la validez de distintos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente

El Pleno de la Suprema Corte culminó el estudio de 3 amparos en los que se impugnaba la validez de distintos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. (Amparo en revisión 295/2014).

Disposiciones que condicionan la permanencia de los maestros en sus plazas a la aprobación de una evaluación periódica.

Los ministros negaron la protección de la justicia a los quejosos, y confirmaron la constitucionalidad de las normas que regulan el proceso de evaluación docente.

En los últimos considerandos del proyecto, se descartó que dichos artículos violaran el derecho humano a la libertad de trabajo.

“Esa condicionante no representa violación a la libertad de trabajo, ni renuncia temporal al trabajo, ya que su finalidad no es la de coartar ese derecho constitucional, más bien tiende a protegerlo en la medida que constituye el mecanismo a través del cual, el Instituto Nacional para la evaluación de la educación, garantizará a la sociedad que el trabajo que desempeñen los docentes cumplan con las condiciones de calidad previstas en el artículo tercero constitucional”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Indicaron que el hecho de que puedan ser removidos, tratándose de maestros con nombramiento provisional o cambiados, cuando tienen nombramiento definitivo, tampoco transgrede lo previsto en el artículo quinto constitucional.

Propuesta que fue aprobada por unanimidad, aunque con argumentos diferentes.

“Creo que cuando los maestros dejan de ser aptos para prestar su servicio, es la razón por la cual se les cesa en términos laborales y no administrativos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Descartaron que la evaluación se aplique de manera unilateral, que no se permita la intervención del sindicato cuando son separados y que no se levante acta administrativa, previamente.

Inclusive la primera parte cuando se refiere a los artículos 52 y 53 de la ley, parece confrontarlos contra la ley misma, en cuanto al sistema que es unilateral,  de tal modo que hasta parecería que no hay un verdadero concepto de inconstitucionalidad planteado”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“Si son normas, desde mi punto de vista y entiendo que no es el criterio mayoritario de carácter administrativo, no tiene por qué existir y son requisitos de permanencia no tiene porqué existir la intervención del sindicato”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno ya había descartado que las disposiciones violaran los derechos a la estabilidad laboral, a la dignidad y al acceso a una vida decorosa.

El Pleno resolvió 2 amparos más, aplicando los criterios aprobados previamente. (Amparos en revisión 311/2014 y 317/2014).

José Luis Guerra García

La próxima semana en el Pleno de la SCJN

En su próxima sesión el Pleno de la Suprema Corte continuará con el estudio de 26 amparos en los que se impugna la validez de la reforma educativa.

En especial se cuestiona la Ley General del Servicio Profesional Docente, en lo relativo a la aprobación de una evaluación periódica para lograr la permanencia. 

Disposición que argumentan viola diversos derechos humanos. 

El Pleno ya determinó que tales disposiciones no atentan contra la estabilidad en el empleo, no violan la dignidad, ni el acceso a un mejor nivel de vida. 

En lista el Pleno tiene una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar el Artículo 133 quinques del Código Penal del Estado de Michoacán. (Acción de inconstitucionalidad 9/2014).

Disposición que castiga con prisión de 4 a 12 años, a quien difunda información sobre operativos o acciones de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. 

También se tiene previsto estudiar 2 amparos promovidos por una empresa constructora en los que cuestiona la validez del Artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación. Disposición que regula la devolución del pago de lo indebido. (Amparos directos en revisión 4368/2013 y 4354/2014).

José Luis Guerra García

Suprema Corte define constitucional, el cese o reubicación de maestros que no aprueben evaluación docente

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte rechazó que la evaluación educativa vulnerara la dignidad humana, el nivel de vida adecuado de los profesores y el principio de progresividad, protegidos por el Artículo 1 constitucional. (Amparo en revisión 295/2014).

Argumento que calificaron de infundado, pues estimaron que el hecho de que se prevea el cese del nombramiento en caso de no obtener un resultado positivo, en la tercera oportunidad, no lesiona los derechos aludidos, ni la estabilidad en el empleo.

“No escapa a lo anterior, que la quejosa pretenda se aplique a su favor el principio Pro persona, sin embargo, lo cierto es que los tratados internacionales que invoca, no reconocen un derecho absoluto a la estabilidad, sino que expresamente prevén la posibilidad del cese en casos justificados, como pudiera ser el no contar con la preparación suficiente para realizar labores docentes con la calidad y suficiente para cumplir, particularmente, vuelvo a subrayar, con lo que la Constitución dispone de que los menores deben tener ese tipo de educación en función de su interés superior”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Puntualizaron que las normas impugnadas, no atentaban contra el principio de no regresividad.

Al quitar esta condición de restricción, me parece que ya no opera un derecho terminado, como lo veían los quejosos, respecto del cual se dio una condición de regresividad, sino que lo que tenemos en términos de la fracción novena, del apartado B del Artículo 123 una causal establecida, mediante la cual se puede llevar una suspensión o un cese que pasó al Artículo tercero”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

A mí me parece que tendríamos que hacer un test en este sentido y creo que hay razones suficientes y de peso, que además derivan de las propias finalidades exigidas por la Constitución para la validez de estos preceptos”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros también descartaron que la evaluación, afectara el principio de irretroactividad.

“Desde mi perspectiva los artículos que se reclaman no son retroactivos, ya que por un lado regulan el concepto constitucional de permanencia del personal de la educación en sus cargos y por el otro, no se trata de normas que afecten derechos adquiridos”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

“O restricción de la propia Constitución, entonces, sobre esa base, no existe también en ese caso violación a los derechos, si a los derechos adquiridos con anterioridad este a la ley”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Por otra parte se descartó que se violara el derecho de audiencia, pues la ley prevé los mecanismos necesarios para impugnar la resolución de cese de funciones.

Simplemente es el resultado de la permanencia, en donde resulto no satisfactorio, se ha de comunicar y este tiene a través de esta posibilidad de ser escuchado, un recurso o medio de defensa que en término del Artículo 81 llegará a un resultado”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Me parece que la garantía de audiencia queda colmada con el Artículo 80, el recurso de revisión”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Yo comparto su posición de que no estamos en presencia de una sanción, sino de un acto condición, con requisitos de ingreso y de permanencia diferenciados”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

En tanto que participo sí del resultado no hay violación a la garantía de audiencia como se alega por los recurrentes”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

“Me parece que se da respuesta satisfactoria al planteamiento en la medida que se les argumenta y se demuestra que existe posibilidad de impugnar esta circunstancia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

La sesión fue interrumpida de manera momentánea por algunas manifestaciones de protesta que se registraron al interior del salón de plenos.

“Señores de seguridad, atiéndanme, dejen a las personas que manifiesten si lo hacen respetuosamente y sin interferir con la sesión”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros continuarán con el estudio del presente amparo en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Constitucional evaluación para el ingreso y permanencia en el Servicio Profesional Docente: SCJN

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte determinó que son constitucionales las normas que crean la evaluación para el ingreso y permanencia en el Servicio Profesional Docente.  (Amparo en revisión 295/2014).

Consideraron, aunque con argumentos diferentes, que dicha medida no atenta contra la estabilidad laboral, pues se trata solo de un requisito previsto en la ley suprema, para este fin.

El agravio esgrimido por el quejoso, fue declarado infundado, argumentando 4 de los 11 ministros, que la evaluación, es una restricción establecida por el legislador para lograr la permanencia en el empleo.

Lo general, es el régimen laboral y lo excepcional es la aplicación de esta ley, en lo que establece en concepto de algunos, modalidades, excepciones, limitaciones, en mí concepto una restricción a un derecho establecido, claramente en la fracción IX”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“Y que está regulada por el artículo tercero constitucional y que este establece esta restricciones cómo requisito de permanencia en la función, el pasar las evaluaciones correspondientes, pues si se considera eso, una restricción constitucional que se establece de manera específica”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

La mayoría estimó que no se trataba de una restricción, sino de una medida que se justifica, es necesaria y proporcional, para alcanzar un fin mayor, que es la calidad de la educación.

“Se prevé que será su propia ley reglamentaria la que fijará los criterios, los términos y condiciones, para la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de dicho servicio profesional, es por ello que el hecho de que estas condiciones y causas se encuentren en la ley impugnada y no en una de índole laboral, tal como lo pretenden los quejosos, no transgrede de ninguna manera el artículo 123”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Adicionalmente, el artículo cuarto establece el deber del estado de velar por el interés superior del niño, garantizando de manera plena sus derechos, entre los cuales se encuentra de manera destacada el derecho a la educación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Lo que existe en el artículo tercero constitucional, es la regulación de una de las justas causas de remoción que debe regular la ley, mediante un mecanismos elegido por el propio constituyente, consistente en el establecimiento de procesos de evaluación, como condición de su permanencia”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

“Por ende, las causas justificadas como señala y pide la constitución de separación del cargo o empleo, no restringen el derecho a la estabilidad, sino que lo configura, por lo que su validez solo depende de que tengan una finalidad constitucional y no permitan, insisto, la arbitrariedad de las autoridades”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Con ello se ratificó la validez de las normas impugnadas y se negó la protección de la justicia al quejoso.

José Luis Guerra García

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