Define SCJN momento para interponer incidente para exigir la devolución de garantías y contragarantías en el juicio de amparo

El Pleno de la Suprema Corte fijó como jurisprudencia que la notificación que debe servir como punto de partida para contar el plazo para la interposición del incidente regulado por el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, es aquella que realiza la Suprema Corte y/o el tribunal colegiado de circuito de la sentencia que ha dictado en el recurso de revisión.

Ese incidente se refiere al plazo para hacer efectiva la responsabilidad de las garantías y contragarantías con motivo de la suspensión del acto reclamado.

“Al interpretar de manera sistemática los artículos 90 y 29 de la Ley de Amparo abrogada, se concluye que la notificación a las partes de la ejecutoria dictada en la revisión, la llevará a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y/o el Tribunal Colegiado de Circuito, además, deberán notificar al juez de distrito a quien junto con el oficio correspondiente acompañarán testimonio de dicha resolución dictada”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN, Ponente.

“En tanto se considere que la notificación hecha por el tribunal que revisó -ya sea la Suprema Corte o un tribunal colegiado de circuito- evidentemente marcó el comienzo de la oportunidad para ejercer el derecho inherente a la garantía”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

“No creo que se necesite tampoco conocerse el contenido de la sentencia para poder iniciar un incidente de estos, son materias completamente distintas, el plazo es muy amplio —son seis meses— creo que no se genera mayor problema, simplemente ya se notificó por lista o se ordenó la notificación personal, eso ya depende del órgano jurisdiccional de amparo”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

Los votos en contra proponían que la notificación personal era idónea para contar el plazo.

“El plazo para computar los seis meses que establece el artículo 129 para efectos del incidente de daños y perjuicios en materia de suspensión para hacer efectivas las garantías debe computarse a partir de la fecha en que, de acuerdo con el artículo 104, se da a conocer la ejecutoria por el juez de distrito y se pide su cumplimiento o se ordena su archivo”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

“En los preceptos que regulan las notificaciones no viene establecido como una hipótesis de notificación personal, me parece que eso sería lo ideal porque generaría mucha mayor seguridad jurídica”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Previo a la resolución de este asunto el Pleno declaró sin materia las contradicciones de tesis 222/2014 y 181/2015.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La SCJN determinó que la acción de inconstitucionalidad, no es la vía para impugnar reformas a la Constitución

Por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Suprema Corte declaró infundado un recurso de reclamación interpuesto por MORENA contra el desechamiento de una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de la Reforma Política de la Ciudad de México.

“Del solo hecho de que existan límites procedimentales y sustantivos que debe observar el Constituyente Permanente para producir válidamente una reforma a la Constitución y, por ende, de que sea deseable controlar su cumplimiento no se sigue sin más que nuestro sistema jurídico provea una garantía constitucional de esos límites, un medio de control, menos aún que ese medio sea la acción de inconstitucionalidad”, Norma Lucía Piña, Ministra SCJN, Ponente.

“De aceptar la posibilidad de que la acción de inconstitucionalidad sea procedente para impugnar reformas a la Norma Fundamental del Estado mexicano, se desconocería que en el artículo 105 de esta Constitución, con toda claridad se prevé que ese medio de control únicamente procede para impugnar la constitucionalidad de normas generales inferiores a la Constitución”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

De acuerdo con el partido político no se respetó el artículo 135 constitucional porque la reforma se aprobó como si se tratara de una iniciativa preferente

Y porque que en la Cámara de Diputados se aprobó una propuesta en materia de equidad de género, propuesta que no se plasmó en el texto finalmente aprobado.

“Se reclaman cuestiones relativas al procedimiento de reformas a la Constitución, no se alega nada absolutamente en relación con estos requisitos que marca el artículo 135, se alegan otras cuestiones que se denominan como violaciones al procedimiento, se señala ahí que hubo un apresuramiento en el procedimiento, que no se tomó en cuenta la paridad de género, que no se escuchó a los pueblos originarios del Distrito Federal; en fin, una serie de cuestiones que no guardan relación con los requisitos que establece el artículo 135”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

En otro asunto, el Pleno de la Corte desechó un proyecto de resolución sobre una contradicción de tesis, referente al recurso de inconformidad contra la determinación que declara improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado.

Mario López Peña

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SCJN declara infundado recurso contra desechamiento de acción contra Reforma Política de la CDMX

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró infundado un recurso de reclamación interpuesto por Movimiento Ciudadano contra el desechamiento de una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de la Reforma Política de la Ciudad de México.

En el auto recurrido se estableció que el partido promovente carecía de legitimación para la acción, ya que sólo la tiene para cuestionar leyes federales o locales en materia electoral.

La demanda se desechó por improcedente, pues el ministro instructor consideró que la acción no es la vía para impugnar una reforma constitucional.

“Se actualizó el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que motivó el desechamiento de la acción de inconstitucionalidad, porque de la lectura al artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, se hace patente que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de constitucionalidad de normas generales inferiores a la propia Constitución, por lo que a través de este medio de control no puede cuestionarse una reforma constitucional como pretenden los recurrentes”, Norma Lucía Piña, Ministra SCJN, Ponente.

“Si consideráramos que no hay una situación que hace improcedente, por notoriamente improcedente el asunto, porque no hay violaciones de procedimiento en este caso, estamos reconociendo que también podemos conocer del fondo de cualquier impugnación que conlleve a analizar si el contenido material de disposiciones constitucionales pueden resultar inconstitucionales”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“El permitir el análisis de una reforma constitucional —en la vía de una acción de inconstitucionalidad— esta Suprema Corte estaría invadiendo esferas competenciales que corresponden al Congreso de la Unión, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a las Legislaturas estatales”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

Los ministros que votaron en contra cuestionaron que se estuviera ante una causal manifiesta e indudable de improcedencia.

“Todos los medios de control constitucional proceden en contra de violaciones al procedimiento de reformas constitucionales, porque una reforma constitucional que no cumple con el procedimiento establecido en el artículo 135 no es Constitución”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

“Se ha aceptado que los partidos políticos nacionales pueden impugnar una Ley Electoral General, a pesar de que el inciso f) señale de manera expresa que los partidos nacionales sólo pueden reclamar leyes electorales federales o locales… Ello, a fin de otorgar el debido alcance a la legitimación de estas organizaciones políticas y a pesar de la falta de adecuación constitucional a las nuevas categorías de leyes”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Previo a resolver este asunto, el Pleno declaró sin materia la contradicción de tesis 63/2015.

Mario López Peña

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Jueces deben dar vista a la autoridad competente cuando adviertan violación a DDHH, ajena a la controversia del juicio: SCJN

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó como criterio jurisprudencial que los jueces constitucionales, al resolver un juicio de amparo, no pueden pronunciarse sobre posibles violaciones de derechos humanos en perjuicio del quejoso, tercero interesado o de cualquier otra persona respecto de actos distintos a los reclamados en ese proceso.

Sin embargo, establece la tesis, los juzgadores de amparo sí tienen el deber de dar vista a las autoridades competentes sobre esas posibles violaciones de derechos fundamentales.

“Cuando se advierta una violación de derechos humanos de dicha naturaleza, esto es, ajena a la controversia esencial del juicio de amparo, el proceder de los órganos jurisdiccionales competentes debe ser el de denunciar, dar vista o poner en conocimiento los hechos correspondientes a la autoridad que resulte competente para la investigación de los mismos… Se propone especial cuidado que en dicho actuar no se incurra en un pronunciamiento respecto a la existencia de dicha violación”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN, Ponente.

“Creo que no es más correcto que el juez de amparo, que está obligado técnicamente a proteger los derechos humanos lo soslaye y no haga nada… Estoy de acuerdo con esta propuesta, con la amplitud que se requiere para darle sustento y sustrato de lo que yo creo puede ser una teoría jurisprudencial importante para la defensa de los derechos humanos”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“Me parece central que los juzgadores de amparo tengan la posibilidad de denunciar, dar vistas o poner en conocimiento cosas que desde el punto de vista de nuestra función se están haciendo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Quienes votaron en contra, argumentaron que esas vistas a las autoridades competentes causarían confusión sobre las atribuciones de los jueces constitucionales ante la reforma de derechos humanos.

“No se puede establecer este tipo de recomendaciones y menos si les vamos a quitar cualquier tipo de vinculación porque entonces qué caso tiene, qué caso tiene hacer este tipo de oficios, ¿para que se enteren?”, Norma Lucía Piña, Ministra SCJN.

“Cuando los menores por ejemplo, en un asunto decía en mi intervención cualquiera que fuera advierte el juicio de amparo que hay riesgo para la salud, un caso de violencia familiar, que hay un caso de abuso sexual, no puede decir esa no es la Litis de amparo, hago como que no vi nada, simplemente mando una vista a ver si alguien tiene a bien hacer algo, creo que en esos casos el juez de amparo no sólo tiene la posibilidad, sino que tiene la obligación de ordenar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del menor”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El criterio considera los casos de suplencia de la queja sobre los que se ha pronunciado la suprema corte por ejemplo en materia de grupos en condiciones de vulnerabilidad, materia penal o laboral.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

SCJN analiza si los jueces están obligados a dar vista a la autoridad competente de posibles violaciones a DDHH

El Pleno de la Suprema Corte declaró, por mayoría de 7 a 5, la existencia de una contradicción de tesis entre tribunales de circuito sobre la legitimación de los jueces para dar vista a las autoridades competentes sobre violaciones de derechos humanos en perjuicio del tercero interesado o de una persona ajena al juicio constitucional por actos distintos al reclamado. (Contradicción de tesis 58/2015).

“Se estima que los dos tribunales contendientes analizan las obligaciones que derivan para toda autoridad del artículo primero constitucional en cuanto a su obligación de promover, respetar y garantizar derechos humanos, llegando a conclusiones distintas”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Para uno de los tribunales, la vista que se dé puede implicar la imposición de obligaciones sobre autoridades no señaladas como responsables por violación de derechos humanos.

El otro tribunal consideró que estas vistas sólo pueden emitirse como recomendaciones, sin carácter vinculante.

Quienes votaron en contra argumentaban que en la contradicción se estarían respondiendo temas distintos, por ejemplo en casos de menores.

“Muchas ocasiones no son quejosos, ni terceros interesados en los juicios de amparo y no creo que se puedan englobar en una misma pregunta que pudiera llevar a una misma respuesta, son supuestos diferentes y para mí sólo habría dos posibilidades, hacer dos preguntas de contradicción o establecer tema de menores incapaces, no en contradicción, ya que tenemos una larga doctrina en las dos salas de protección al interés superior del menor”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

En la sesión de este martes continuará el estudio de fondo de esta contradicción.

En esta sesión pública, el Pleno reconoció la contradicción de tesis entre las dos Salas de la Corte sobre el coeficiente de utilidad que establece el artículo 90 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en relación con el ingreso del artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación. (Contradicción de tesis 237/2014).

“La relación entre el artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es excluyente y no complementaria, debido a que se trata de procedimientos que obedecen a circunstancias y mecánicas de cálculo distintas”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN, Ponente.

Explicaron que el artículo 90 contiene un procedimiento de determinación de utilidad fiscal basada en ingresos presuntos, mediante el cual se reconoce la aplicación de un coeficiente presunto, pues al tratarse de ingresos vinculados al giro principal del contribuyente, la ley le reconoce un costo en la generación de los mismos.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Se pronuncia SCJN por la constitucionalidad del artículo 170 fracción segunda de la Ley de Amparo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad del artículo 170 fracción segunda de la Ley de Amparo por interpretación conforme.

Es decir, la norma es válida si y sólo si se interpreta que el quejoso pueda impugnar una resolución que en algún momento del proceso le resulte desfavorable.

“Dejarle a salvo el derecho de que contra la primera resolución que le resulte adversa a sus intereses, tenga la posibilidad de impugnarla en el juicio de amparo, no obstante que no haya aprovechado la oportunidad que le da este precepto contra una sentencia que le resultaba favorable”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El artículo impugnado establece que procede el juicio de amparo directo contra sentencias y resoluciones dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, porque éste considera que todavía le afectan normas generales que le fueron aplicadas.

Y que ese juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone el recurso de revisión.

“Puede pedir amparo pero siempre y cuando la autoridad interponga el recurso de revisión, eso para mí es una limitante totalmente injustificada”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“Lo que hacemos cuando hacemos interpretación conforme, basado en el artículo primero que se refiere a artículos y a garantías, es darle una integralidad a este artículo para que no se produzca precisamente esta condición de preclusión”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Al resolver un amparo directo en revisión, los ministros coincidieron en que la norma es positiva pues favorece que los procedimientos se desarrollen con mayor agilidad y que no se fragmenten en diversos actos procesales.

El proyecto inicial del Ministro ponente, Arturo Zaldívar proponía la constitucionalidad, sin interpretación conforme, del artículo 170 fracción segunda de la Ley de Amparo.

Por lo tanto, fue desechado y será returnado a uno de los ministros que votaron por la interpretación para preservar la norma.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Inicia SCJN estudio sobre la constitucionalidad de un Art. de la Ley de Amparo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició el estudio de un amparo directo en revisión en el que se impugna la constitucionalidad del artículo 170 fracción segunda de la Ley de Amparo en un asunto relativo a un crédito fiscal.

La norma se refiere a la procedencia del amparo contra sentencias y resoluciones cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación contra las normas generales aplicadas.

“El particular tiene la carga procesal de promover el juicio de amparo directo para el caso en que si la autoridad interpuso la revisión administrativa o revisión fiscal y queda sin efectos la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, en términos de legalidad, se abra el análisis de constitucionalidad”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN, Ponente.

Para algunos ministros, la procedencia del amparo en la norma impugnada debe entenderse como un derecho del quejoso.

“Me parece que estamos realmente no ante una carga procesal, es decir, estamos ante un derecho que puede ejercer o no, por no existir una afectación, pero no una carga procesal donde exista una afectación que esté impulsando la secuela procesal”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

“Lo que me parece que se está otorgando aquí es una acción de carácter preventivo para efectos de que esta persona trate de colocarse en una situación en la cual pueda –todo es aquí condicional: trate, pueda– garantizar aquello que le fue otorgado”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Para otros ministros el artículo si restringe el acceso al amparo, y por lo tanto debería declararse su inconstitucionalidad.

“Restringe, porque el quejoso que quiera hacer valer esa demanda de amparo tiene que depender de que la autoridad, vencida en el juicio contencioso administrativo, haga valer a su vez el recurso de revisión respectivo; y en esa medida el ejercicio de la acción constitucional se hace depender del ejercicio de un recurso por parte de la autoridad vencida en el procedimiento contencioso administrativo”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Está dejando en estado de indefensión al quejoso en muchas circunstancias, ¿por qué razón? en primer lugar, porque está limitando mi acceso a un juicio de amparo a la promoción de otro diverso, que no soy yo quien lo decide, lo decide la autoridad”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

El debate sobre este asunto continuará en la sesión pública del próximo jueves.

Mario López Peña

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