La SCJN invalidó disposiciones de la Constitución de Nayarit que regulaban la representación proporcional

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de tres disposiciones de la Constitución de Nayarit en materia electoral.

Estas normas se referían a limitaciones sobre la cantidad de diputados de representación proporcional en el Congreso de ese Estado.

“La expresión “hasta” podría definir un número menor a los doce legisladores plurinominales a que se refiere la Constitución Local, lo que podría tener una repercusión a la baja en el número total de diputados”, Norma Lucía Piña, Ministra SCJN, Ponente.

A propósito de esta declaratoria de invalidez, en treinta días naturales siguientes al en que surta efectos este fallo, el Congreso de Nayarit deberá determinar el número de diputados por el principio de representación proporcional.

Otra de las porciones declaradas inconstitucionales fue sobre los requisitos de residencia para ser elegible.

En específico, la relativa a la residencia en el municipio al que pertenezca el distrito que pretende representarse.

Y se validó resto del artículo 28, fracción IV, que establece el requisito de ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección.

Considero que el ejercicio del derecho al voto pasivo con base en residencia, no vulnera norma constitucional alguna y por lo tanto, pertenece al ámbito de libertad configurativa de los estados y al realizar el análisis de proporcionalidad de la medida en el proyecto, concluyo que esta es acorde a él es proporcional y por lo tanto estoy por la validez del precepto”, Norma Lucía Piña Ministra SCJN, Ponente.

“Si simplemente votara por la eliminación del requisito geográfico para que se leyera la disposición -ser originario del estado o tener residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección- creo que estaríamos aceptando implícitamente que la residencia tendría que darse sobre el Estado, no digo que no pueda entender así, pero me parece que estamos generando una distorsión completa sobre la fracción IV en su totalidad”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.

También invalidó el artículo octavo transitorio sobre la entrada en funciones del Tribunal Electoral Estatal.

Será el Senado de la República, conforme a lo previsto constitucionalmente, quien puede realizar la designación de esos magistrados en cualquier fecha, previo al inicio del proceso electoral local, el siete de enero del año siguiente, o bien puede coincidir o no con la fecha prevista en la norma impugnada, pero serán a propuesta del Senado”, Norma Lucía Piña, Ministra SCJN, Ponente.

Cabe destacar que se validó la norma transitoria referente a la homologación de al menos una elección local con las federales.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Inicia SCJN estudio de acción en la que se cuestionan reformas a la Constitución de Nayarit en materia electoral

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició el estudio de una acción de inconstitucionalidad promovida por MORENA contra disposiciones en materia electoral en la Constitución de Nayarit, normas que serán la base para el proceso electoral del año entrante en ese Estado.

En esta sesión se declararon infundadas causales de improcedencia respecto de tres artículos impugnados y por lo que se hará el estudio sobre su constitucionalidad.

Los ministros debatieron si los conceptos de invalidez que propuso el partido político los pudo hacer valer desde que estaban en vigor, o, si se impugnaron fuera de tiempo porque al reformarlos no fueron afectados sustantivamente.

El argumento fue que los artículos fueron parte de un nuevo acto legislativo.

“Considero que es un nuevo acto legislativo, aun cuando se publique de nuevo el texto completo, siempre y cuando haya pasado por el proceso legislativo, y no simple y sencillamente por una publicación, por decirlo de algún modo, que haya hecho el periódico oficial o el diario oficial, introdujo y lo publicó, pero no fue parte del proceso legislativo”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

“Al haber sido todas estas disposiciones motivo de una iniciativa y, reiteradas, cobrando nueva vigencia a partir de su publicación, mediante el decreto correspondiente, son perfectamente estudiables por este Tribunal Pleno”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Se trata de los artículos 26 primer párrafo; 27 segundo párrafo y 135 de la Constitución de ese estado.

“La posibilidad de reelección de los diputados así como las bases establecidas en el párrafo tercero adicionado, que son las bases de representación proporcional, sí se ve impactado por las normas introducidas y se puede, ciertamente, estar en presencia de un nuevo acto legislativo”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

El análisis de los artículos impugnados continuará en la sesión pública del próximo lunes.

Mario López Peña

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El Pleno de Ministros fijó criterio en materia de improcedencia en el juicio de amparo indirecto

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como criterio jurisprudencial que se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta cuando se reclama en amparo indirecto una resolución relativa a la acumulación de juicios.

Por mayoría de votos, el Pleno consideró que los juzgadores tienen la facultad de analizar la naturaleza del acto cuando reciben la demanda de amparo, y pueden concluir si se actualiza una causal de improcedencia de esas características.

Además de que la conclusión a la que lleguen en momento, no variaría si se desahogara el procedimiento pues ese acto no cambiaría.

“Si bien la decisión que se tome en el procedimiento, ya sea de acumular o no diversos juicios, pudiera afectar derechos de las partes, éstos no podrían considerarse como derechos sustantivos, pues se trata de derechos procesales reconocidos, no directamente por la constitución, sino por normas ordinarias, por lo que cualquier violación cometida, derivado de la acumulación, afectaría sólo al procedimiento y a los derechos adjetivos de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos en ese sentido”.

Quienes estuvieron en contra argumentaron que había interpretaciones previas sobre lo notorio y manifiesto de una causal de improcedencia.

“Hay una interpretación aquí del artículo 103 y la manera como debe apreciarse lo notorio y lo manifiesto, creo que —y el mismo proyecto lo reconoce— las condiciones particulares de los asuntos los pueden ver, no creo que a simple vista se pueda llevar a cabo este desechamiento y a partir de ahí hacer la diferenciación entre lo que es sustantivo y lo es adjetivo”.

Previo a este asunto, el Pleno determinó que la contradicción de tesis 3/2016 quedó sin materia debido a que ya había jurisprudencia relativa a que el recurso de queja interpuesto contra la resolución por incidente de exceso en el cumplimiento de la suspensión, no queda sin materia cuando la sentencia dictada en el juicio causa ejecutoria.

Mario López Peña

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La SCJN fijó diversos criterios de interpretación de la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición de Espectro Autista

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como criterios jurisprudenciales que:

Los artículos 3, fracción III, 10, fracción VI, 16, fracción VI, y 17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la condición de espectro autista violan los derechos a la igualdad, a la libertad de profesión y oficio, así como el derecho al trabajo digno y socialmente útil.

Esto, porque condicionan la contratación laboral de las personas con esa condición a la obtención de certificados de habilitación, ya que no hay justificación para que, a diferencia del resto de la población, sea necesario que las personas con espectro autista requieran de un documento médico que certifique que “se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales”.

En otro criterio, determinó que el artículo 3, fracción IX, de la misma ley no viola el derecho a la salud al establecer que la habilitación terapéutica es un proceso de duración limitada.

Lo determinaron así porque ese tiempo está sujeto a que se hayan logrado la integración social y productiva de las personas con la condición del espectro autista.

Se pronunció en el mismo sentido sobre el artículo 16 fracción IV también de esa ley general, porque, de acuerdo con los ministros, el que el precepto excluya el “servicio de hospitalización” de los servicios de salud que deben proporcionarse a las personas con la condición del espectro autista, no debe interpretarse en el sentido que se les prive, en términos genéricos, de tal prestación social.

Mario López Peña

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La SCJN aprobó una jurisprudencia en la que determina bajo qué principios deben regirse las condonaciones de adeudos fiscales

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó como criterio jurisprudencial que las normas que prevén la condonación de deudas tributarias no se rigen por los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.

Sin embargo, explica la tesis, esto no implica que las normas que establezcan condonaciones escapen al control de constitucionalidad, pues la delimitación de quienes pueden contar con tal beneficio puede analizarse desde el ámbito más amplio correspondiente al principio de igualdad, y, no al de equidad tributaria.

De acuerdo, con el criterio, la condonación puede equipararse con subvenciones públicas pues tienen por objeto construir criterios de política fiscal en cuanto a la recaudación de impuestos, justificados en razones de interés público.

Por tanto, el condonar implica un beneficio que no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria.

Mario López Peña

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Obligación del órgano de amparo de promover, respetar, proteger y garantizar Derechos Humanos, sólo se actualiza en el ámbito de su competencia: SCJN

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó como criterio jurisprudencial que la obligación del órgano de amparo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sólo se actualiza en el ámbito de su competencia.

Por tanto, fija la tesis, carece de atribuciones para pronunciarse respecto de violaciones que no sean parte de la litis constitucional.

De acuerdo con este criterio, hacer lo contrario modificaría la litis, desnaturalizaría el fin del juicio, pues afectaría el principio de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos de quienes resultaran afectados por el pronunciamiento que se hiciera.

En caso de que el órgano de amparo advierta una violación ajena a la controversia materia del juicio, debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, siempre con especial cuidado de no pronunciarse sobre la determinación de existencia de aquella violación, por lo que debe tratarse como mera probabilidad.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Fija SCJN criterio sobre competencia de jueces para amparo en guarda y custodia de menores de edad

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El Pleno de la Suprema Corte fijó como criterio que corresponde a los jueces de distrito en materia civil conocer de los amparos contra resoluciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor en las que se decide sobre la guarda y custodia de menores de edad para ser colocados en albergues provisionales.

De acuerdo con el Pleno, esta interpretación atiende a que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto debe fijarse conforme a las características del acto.

“La génesis del acto reclamado y las funciones que realiza dicha autoridad, están encaminadas a seguir el sendero del derecho familiar, puesto que al emitir determinaciones relacionadas con la guarda y custodia que sean aplicables al caso concreto, por el estado de necesidad en que se encuentren los menores, deberán atender previamente, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, aplicando, incluso, las legislaciones sustantivas civiles correspondientes”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN, Ponente.

El conflicto de criterios existía porque dicha procuraduría es un órgano desconcentrado del DIF, y sus actos corresponden a la materia administrativa.

“Es claro que las normas sustantivas en que se apoyan, pertenecen a la materia civil, más específicamente a la familiar, de tal suerte que no sería factible analizar el acto desde una perspectiva meramente administrativa, sino que, para analizar su constitucionalidad, resulta necesario verificar el cumplimiento de las normas de carácter civil”.

En otros asuntos resueltos en esta sesión pública se declaró sin materia la contradicción de tesis 332/2015, pues en la sesión previa el Pleno ya había resuelto que las notificaciones personales surtirán efecto de inmediato en caso de que la ley que rige el acto reclamado no prevea de manera expresa el plazo para la presentación de la demanda de amparo.

Por otra parte, en lo correspondiente a la contradicción 148/2016, devolvió los autos al pleno especializado en materia penal del Séptimo Circuito para que resuelva de acuerdo a su competencia legal.

Mario López Peña

@elogiodeljabon