Corte fija jurisprudencia para que jueces garanticen acceso a información confidencial en un juicio

Por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte, estableció como jurisprudencia que es obligación de los jueces, garantizar a las partes involucradas en un juicio, el acceso a la información del expediente.

Incluso, a aquella que ha sido clasificada como reservada o confidencial por la autoridad que la aporta.

El juez de distrito bajo su responsabilidad puede excepcionalmente permitir el acceso a la información esencial contenida en esos documentos a fin de que tenga conocimiento y haga valer lo que a su derecho convenga, para lo cual debe en cada caso, realizar la prueba del daño e interés público, para tomar su decisión y que la información reservada o confidencial que se decida puede ser conocida por las partes se considerará para todos los efectos como información reservada en posición de particulares, que solo podrá ser usada para su defensa y deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 Lo anterior se determinó al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados.

Precisaron que con ello se busca garantizar los derechos de las partes involucradas en un litigio.

Podrá a su juicio, permitir a las partes y bajo su responsabilidad el acceso a dicha información, para así, de esta manera, garantizar el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y a la adecuada defensa entre otros, con independencia de su clasificación”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

Debe haber acceso a esa información, desde el momento que esa información está en un juicio de amparo por orden judicial”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN 

Yo por supuesto vengo en favor del proyecto, con esos ajustes y lo único de mi intervención Señor Presidente, Señor Ministro Ponente es precisamente para esta situación de requerir a la autoridad en caso de que la información sea incompleta”, Olga María Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“Sin que esto implique que saque copias de ella, pero puedan tener tanto tiempo como sea necesario para tener acceso y familiaridad con la misma para poder tener el mejor acceso a su defensa”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

Los ministros precisaron que en estos casos el juez no va a determinar si reclasifica la información.

“Porque no se trata de que el juez la desclasifique, se trate de que el juez la dé a conocer como prueba en un juicio que es el de amparo para los efectos de la defensa y garantía de audiencia en el amparo, no que la desclasifique”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

La excepción se circunscribe a que el caso en que el acto reclamado no sea la clasificación misma, pues si es esta como bien lo apuntó la señora ministra luna, difícilmente podríamos llegar a un juicio lógico de poner a la vista aquello que está siendo motivo de discusión”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Indicaron que de entrada corresponde al órgano garante definir si es posible reclasificar información que en principio ha sido considerada como reservada o confidencial.  

José Luis Guerra García
 

Constitucional arraigo hasta por 40 días en casos de delitos graves: SCJN

Por mayoría, el Pleno de la Corte determinó que es constitucional el Artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Norma que contempla la posibilidad de aplicar el arraigo en casos de delitos graves, hasta por un plazo de 40 días.

La mayoría consideró que dicha restricción se prevé en la constitución, misma que debe aplicarse cuidando siempre que genere la menor afectación.

“Estamos ante una restricción constitucional y la tenemos que leer de la manera que menos vulnere los demás derechos humanos que contiene la Constitución, desde mi punto de vista la Constitución y los tratados”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Los ministros que votaron en contra, indicaron que violaba derechos como la libertad y la presunción de inocencia.

Aunque algunos si bien consideraron que la constitución prevé esa figura para casos de delincuencia organizada, los artículos transitorios de la reforma penal, no habilitaban al congreso para ampliar la aplicación de la figura a delitos graves.

“Por esas razones, no obstante que considero que el arraigo, para los delitos de delincuencia organizada pudiera justificarse como una restricción constitucional válida, desde el punto de vista del sistema de protección de derechos humanos, integrado por la convención, como por la constitución, pudiera resultar válido, en este caso considero que el precepto impugnado es inconstitucional, por falta de competencia del congreso que la expidió, ya que no tenía facultad alguna legislar después de la reforma constitucional del 2008, respecto del arraigo en caso de delitos graves”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.                   

Todo esto me lleva a la consideración de que el Artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta inconstitucional, por exceder del límite material impuesto al estado para afectar la libertad personal con la figura del arraigo, referido a la delincuencia organizada”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

Por mayoría de votos, el Pleno consideró que la resolución no tendría efectos, pues al declararse la validez se confirmaba la sentencia y se negaba el amparo al quejoso.

Si la determinación mayoritaria es la constitucionalidad del artículo en mi opinión ya no puede haber ningún efecto, por lo tanto los resolutivos tienen que ser confirma y niega”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

El amparo fue promovido por un ex funcionario del Penal de Gómez Palacios, Durango, quien fue procesado y sentenciado por permitir la evasión de 5 reos en marzo de 2009.  

José Luis Guerra García

Inconstitucional figura de detención con control judicial: SCJN

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del Artículo 270 Bis 1, del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. (Acciones de inconstitucionalidad 25/2013 y 31/2013).
Disposición que establecía la figura de detención con control judicial, en caso de delitos graves por un plazo de 5 días, que podría ser prorrogada por 5 días más.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, proponía declarar su invalidez por ser una figura similar al arraigo y porque la Asamblea Legislativa no tenía competencia para legislar en esa materia.

Sin embargo, aceptó modificar el proyecto a petición de la mayoría, para declarar la invalidez de la disposición por tratarse de una figura no contemplada en la Constitución.

Como es una medida restrictiva de libertad y no está contemplada en los artículos constitucionales correspondientes, esto sería inconstitucional por eso”, Olga María Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Tenemos el caso de que se legisla una figura muy similar al arraigo pero se le da otra denominación para tratar, de manera poco disimulada de salvar el criterio de la corte para impedir, con base en la constitución que se legisle en materia de arraigo, esto técnicamente se llama fraude a la Constitución”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

No tiene ningún caso, hacer la similitud, cuando directamente podemos hacer el comparativo, ya no por competencia, simple y sencillamente, porque las disposiciones que en la constitución establece esta limitación a la libertad, no contemplan este supuesto y por tanto es inconstitucional”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

Cuestión que yo también podría sostener desde el punto de vista que la libertad, como derecho humano, solamente puede restringirse con una restricción expresa en la Constitución”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

También invalidó el párrafo sexto del Artículo 271 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

Norma que contemplaba la prisión domiciliaria con control judicial, en delitos cuya sanción no fuera mayor a 5 años.

 Figura restrictiva de la libertad que se consideró ambigua y no prevista en la Constitución.

Se declara también su invalidez prácticamente por las mismas razones con las que se declaró la invalidez del Artículo 270, independientemente de que tiene otras modalidades, pero estamos en un supuesto de restricción a la libertad personal no previsto en la Constitución”, Olga María Sánchez Cordero, Ministra SJCN

Descartaron que se tratara de una medida cautelar o un beneficio, pues tal disposición preveía la detención domiciliaria, con la posibilidad de que el inculpado pudiera asistir a trabajar, beneficio que podría ser revocado en caso de incumplimiento.

José Luis Guerra García
 

Tribunales colegiados pueden realizar control difuso dentro del marco de sus competencias: SCJN

El Pleno de la Suprema Corte determinó que los tribunales colegiados sí pueden realizar control difuso, pero solo de aquellas normas procesales con las cuales actúa, pero no de cualquier disposición sustantiva.
Por mayoría de 7 a 4, se determinó que ello permitiría mantener un equilibrio procesal.

“No creo que sean los órganos del control concentrado, los que estén exentos de ejercer un control difuso, sino que puede hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Incluso, los ministros de la mayoría, indicaron que en distintos fallos de la Corte Interamericana, se precisa que el control de convencionalidad ex oficio, debe realizarse dentro del marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

Estoy cierto de que los Tribunales Colegiados sí pueden ejercer de oficio el control de oficio de regularidad constitucional, en términos del artículo primero constitucional, pero esta facultad, creo, con el proyecto se encuentra limitada al ámbito de su competencia”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

Quienes se pronunciaron en contra, advirtieron que se corre el riesgo de que el país deje de cumplir con sus obligaciones internacionales.

A mí me parece que la postura del proyecto es, ningún órgano de control concentrado puede hacer ex oficio control difuso y creo que ahí está incluido desde luego el amparo indirecto”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Y a mí me parece, y lo digo con todo respeto, que con esta decisión estaríamos desconociendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del estado mexicano”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

La mayoría aclaró, que los tribunales colegiados pueden realizar ese control de constitucionalidad y convencionalidad, si se dan ciertos supuestos.

Puede llevar a cabo el análisis de constitucionalidad en suplencia de la queja o por causa de pedir, entonces por esas razones sí pudiera en un momento dado llevar a cabo este análisis de constitucionalidad, pero aquí en control concentrado de constitucionalidad”, Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

“De tal modo que para mí, en suplencia de la queja puede hacerse el análisis para advertir, ya sea que es contrario a alguna disposición expresa de nuestra Constitución o indirectamente es inconstitucional porque viola alguno de los principios establecidos en alguna de las convenciones aceptadas por México en tratándose de derechos humanos”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno previamente había determinado que sí puede aplicarse la reforma al artículo uno de la Constitución a hechos acontecidos antes de su entrada en vigor.

José Luis Guerra García
 

Corte considera que se apega a derecho la mayoría de disposiciones que regulan ejecución de sanciones penales

Por mayoría de votos el Pleno de la Suprema Corte declaró la validez del Artículo 33 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal. (Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 1872011).
Disposición que niega los beneficios de preliberación y libertad anticipada, a los sentenciados por delitos graves, como son homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada, violación, tráfico de menores, trata de personas y extorsión, entre otros.

La mayoría consideró que ello no viola derecho alguno del sentenciado en este tipo de casos.

El Artículo 33 no niega la reinserción del delincuente a la sociedad una vez compurgada la pena, lo único que limita es 2 de tales beneficios, como lo son el tratamiento preliberacional y la libertad preparatoria, todos los demás establecidos en la constitución permanecen intactos”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Con independencia absoluta de los tratamientos técnicos o de los estudios que se les practiquen, no tiene ninguna persona acceso a estos beneficios, cuando haya sido condenada por algunos de los delitos graves que aquí se precisan”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Esto en modo alguno es contrario al derecho penal del acto, siendo que no vulnera ningún derecho humano, tal como lo hemos votado en distintos precedentes en la Primera Sala”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

También considero que es constitucional, que no hay impedimento para que se excluyan este tipo de delitos y que se deja al legislador secundario de determinar los requisitos, entre ellos los casos en los que procede este beneficio”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

 También se declaró la validez de los artículos que definen los mecanismos de evaluación para reubicar al sentenciado, el tratamiento aplicable y su duración, que regula la educación y el trabajo penitenciario; así como los servicios de salud.

Al registrarse empate a 5 votos, el Pleno desestimó invalidar artículos que regulan el obtener los beneficios de la reclusión domiciliaria y para recibir el tratamiento preliberacional, en este último caso, se somete al sentenciado a evaluaciones semestrales, para corroborar que han desaparecido los elementos que lo llevaron a cometer un delito.  

José Luis Guerra García

 
 

Corte ordena a congreso local garantizar sistema no discriminatorio de guarderías

El Pleno de la Suprema Corte decidió solo invalidar la porción del Artículo 147 de la Ley General de Salud del estado de Baja California. (Acción de inconstitucionalidad 86/2009).
En la parte que establecía que las guarderías no podían atender a menores con discapacidad dependientes.

Indicaron que no harían extensiva esta decisión a otros artículos, pues se podría incurrir en alguna imprecisión u omisión.

Determinar cómo efectos la obligación, la obligación de ajustar las políticas públicas, los actuares legislativos a que ese nuevo modelo, a partir de que el modelo anterior médico rehabilitador, asistencialista, excluyente ha sido sustituido por el incluido no discriminador”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

 “Podríamos incurrir en algunas omisiones, o tal vez, extendernos demasiado en preceptos que no fuera necesario invalidar, así es que, yo secundaría la moción en el sentido de, simplemente para efectos de esta acción invalidar la porción normativa del artículo 147, en donde se excluye a los menores con discapacidad dependientes”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN. 

La resolución surtirá efectos al momento de su notificación y en ella, se ordena al Congreso de esa entidad, adecuar su legislación en materia de guarderías a la norma general y tratados internacionales para contar con un sistema de guarderías no discriminatorio, sino incluyente. 

“Exigiría el inmediato cumplimiento sobre la base del razonamiento integral de la norma, hoy entendida como la posibilidad de admitir en estos centros de atención a cualquiera de los sujetos ya considerados en el nuevo texto del 147”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

“Yo creo que en términos de legislación, el mandato tiene que ser para el siguiente periodo ordinario y el mandato interpretativo de la norma, de manera integral, de inmediato, desde que es notificada la sentencia”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Y dejar que el poder legislativo en términos de los lineamientos que aquí se han expresado haga las reformas que sean necesarias, para darle plena eficacia a la decisión que hemos tomado en este Pleno”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Puntualizaron que dicha legislación deberá garantizar la mejor protección a los derechos de los niños.

José Luis Guerra García

Corte determina que el amparo es improcedente contra decisiones del CJF

El Pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría de 5 a 3, la constitucionalidad de la fracción III del Artículo 61 de la Ley de Amparo, que considera improcedente dicho medio de defensa para combatir las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal. (Amparo directo en revisión 1312/2014).
Precisaron que dicha restricción se establece en el párrafo noveno del artículo 100 de la constitución; improcedencia que aplica sobre las decisiones que adopta el pleno o sus comisiones.

Se considera que por regla general que son definitivas e inatacables todas las decisiones que emita el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente tiene encomendadas, esto es las de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, así como las vinculadas por los conflictos de trabajo que se generen entre el Poder Judicial Federal y sus trabajadores”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Se aclaró que existen excepciones en las que dicho medio de defensa, sí resulta procedente en contra del órgano de administración y control del Poder Judicial de la Federación.

Pues en tanto se reconozca la posibilidad de que hay otros actos que sí son sujetos de control constitucional me parece, como aquí ya se dijo, que se decanta naturalmente la posibilidad de la no necesaria y notoria manifiesta improcedencia del juicio de amparo”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Indicaron que dicha restricción impuesta en la constitución, debe prevalecer sobre cualquier otra norma, con la que pudiera entrar en contradicción.

Entonces aquí podemos entender que se trata de una restricción de carácter constitucional, establecida por el propio constituyente permanente, en donde se está determinando que este tipo de actos son definitivos e inatacables”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El penúltimo párrafo del Artículo 100 de la Constitución, dice: las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio, ni recurso alguno, a mí me parece que el texto es muy claro, yo estoy a favor del proyecto, no le encuentro motivo de mayor interpretación”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

A todos nos preocupa que no haya órganos o decisiones que estén exentos del análisis constitucional o que tengan una vía jurisdiccional para poder ser revisados, pero aquí, el constituyente permanente de nuestro país decidió de manera expresa que las decisiones del Consejo no puedan ser revisadas a través de ningún juicio o recurso alguno”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Quienes votaron en contra del proyecto, argumentaron que la disposición restringía derechos humanos y evitaba a los trabajadores del consejo acceder a un medio efectivo de defensa.

Ambos elementos, la prevalencia de las restricciones y su identificación con las competencias de los órganos del estado, genera un resultado curioso en el que no son los derechos humanos los que limitan a las competencias, sino exactamente a la inversa, esto no puedo aceptarlo desde el punto de vista de la reforma del Artículo primero constitucional”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Que la Constitución haya generado un órgano irresponsable e irrecurrible para todos los ciudadanos, para los destinatarios de los derechos humanos del país, yo no lo veo así”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Pero suponiendo si conceder que allí está la restricción contenida en este diverso artículo 100, no podemos o cuando menos es mi opinión, de conformidad con este Artículo primero constitucional, pudiera haber actos como el que estamos analizando o decisiones, en los que se trastoquen estos derechos fundamentales”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

De la discusión de este asunto, se declararon impedidos de conocer y resolverlo, los ministros Juan Silva Meza y Luis María Aguilar, quienes fungían como Presidente e integrante del Consejo de la Judicatura, respectivamente, al momento de suscitarse el conflicto laboral que motivo la demanda de amparo, que se declaró improcedente y se confirmó el sobreseimiento.

José Luis Guerra García

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