Pleno inició el estudio de contradicción de tesis en la que deberá definir la interpretación del Art. 182 de la Ley de amparo

GOC_0020El Pleno de la Suprema Corte inició el estudio de una contradicción de tesis, en la que deberá definir, la interpretación del Artículo 182 de la Ley de amparo, que regula el amparo adhesivo. (Contradicción de tesis 483/2013).

El proyecto del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, considera que el recurso solo procede para fortalecer las razones que le dieron la razón al adherente y cuando existen violaciones al procedimiento que pudieran afectar el resultado de la sentencia.

“El amparo adhesivo solo puede encaminarse a fortalecer, las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente o puede dirigirse a impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudican, exclusivamente en relación con las violaciones procesales por ser esta, precisamente la materia de su procedencia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Se puntualizó que en el amparo adhesivo no pueden analizarse violaciones en el dictado de la sentencia, a pesar de que el tribunal colegiado está obligado a resolver integralmente el asunto, propuesta que hasta el momento es apoyada por 2 ministros.

Hay dos hipótesis de procedencia, luego viene el párrafo siguiente y establece conceptos de violación y agrega como un tercer posible concepto de violación el impugnar las que concluyan en un punto decisorio que las perjudiquen”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

La parte que haya tenido sentencia favorable y la que tiene interés jurídico, en que subsista el acto reclamado podrá presentar amparo en forma adhesiva”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

En contra del proyecto se han pronunciado 3 ministros, quienes estiman que en el amparo adhesivo, también pueden impugnarse violaciones en la sentencia.

“Es evidente que el adherente también puede hacer valer tanto violaciones en el dictado de la sentencia, como violaciones procesales que trasciendan o no, al resultado final”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

 “A mí lo que me preocupa es que aquí la ley, autoriza, faculta, da un derecho al recurrente a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudican y este derecho que le da la ley, se le está eliminando con el argumento de que no está en la fracción primera y la fracción segunda”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Lo que a mí entender señalamos en esa tesis, es que en este amparo adhesivo podían hacerse 3 cosas distintas: A, mejorar las consideraciones del acto reclamado; B, hacer valer violaciones procesales; y C, combatir los puntos decisorios que perjudiquen al adherente”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de este tema en su próxima sesión.

José Luis Guerra García.

El Pleno determinó que la fracción segunda del Art. 30 de la Ley de amparo abrogada, no viola el derecho de gratuidad en la impartición de justicia.

El Pleno de la Suprema Corte determinó que la fracción segunda del Artículo 30 de la Ley de amparo abrogada, no viola el derecho de gratuidad en la impartición de justicia. (Contradicción de tesis 492/2013).

Disposición que obliga al quejoso a pagar el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado.

Criterio que se aprobó a pesar de que se proponía en este punto declarar sin materia la contradicción, al ser obligatorio para los tribunales en conflicto, un criterio similar establecido por la Primera Sala del  Máximo Tribunal.

Entonces creo yo que el punto de contradicción debiera permanecer para que se convierta en criterio de Pleno, no solamente sea obligatorio por que la Primera Sala lo estableció”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Sin embargo, yo no tendría ningún inconveniente a pesar de esto, si este Tribunal Pleno lo considera conveniente, que se analice el tema y en su caso, haga suya el pleno, porque creo que estaríamos de acuerdo en que haga suyo el Pleno este criterio de la Primera Sala, me parece que incluso ayudaría a evitar posteriores probables contradicciones entre las salas”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Se aclaró que cuando el quejoso no tiene recursos, no se le obliga a cubrir el costo de estos edictos.

También se fijó como criterio no imponer medidas de apremio cuando el quejoso no cumple con esta carga procesal, de pagar la publicación de edictos para emplazar al tercer perjudicado.

“Que además de ya la consecuencia procesal desfavorable, adicionalmente venga una medida de apremio como una multa o alguna otra cuestión de este tipo”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “El punto que se ha estado discutiendo es qué consecuencia jurídica se le va a dar al incumplimiento de una carta procesal y se ha propuesto 2 avenidas para resolver, una interpretar integral la norma de tal manera que la consecuencia sea una medida de apremio o integrar la norma de tal manera que la consecuencia, sea el sobreseimiento, como ya leyó el Ministro Zaldívar me parece que la Corte reiteradamente se ha inclinado por el sobreseimiento”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Lo que se dijo y se modificó en la sustitución de jurisprudencia que se hizo en la Segunda Sala, fue que no necesariamente se pueda sobreseer, porque podía darse la circunstancia de que el quejoso no tuviera las condiciones económicas para pagar el edicto y por lo tanto, corría a cargo del estado hacer el gasto a través del Consejo de la Judicatura Federal, para mí esto fue lo que se modificó pero se sostuvo, y yo vote en este sentido de que sí se podía sobreseer”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

En contra de este último criterio se pronunciaron 2 ministros, uno de ellos consideró que no procedía el sobreseimiento en este tipo de casos, pues no era una causal expresamente prevista en la ley.

José Luis Guerra García

El Pleno de la Suprema Corte declaró la constitucionalidad del Art. 217 de la Ley de amparo derogada

El Pleno de la Suprema Corte declaró por mayoría de 7 a 3, la constitucionalidad del Artículo 217 de la Ley de amparo derogada. (Amparo directo en revisión 466/2011).

Norma que permite que el amparo agrario se promueva en cualquier momento, cuando se impugnan actos que privan de la propiedad de la tierra a un grupo población.

Descartaron que la medida fuera de las consideradas privativas y que atentara contra los principios de seguridad y certeza jurídica.

Pues explicaron que no está dirigida a una comunidad en exclusiva, sino a todas y pretende, poner en condiciones de igualdad, a personas que ancestralmente, se han visto en situaciones de desventaja.

Conforme a lo dispuesto en el proyecto, por constituir una acción afirmativa si resulta proporcional, en tanto tiende a superar una situación de rezagos específicos, detectados por el legislador de orden histórico, social, económico, cultural e incluso organizacional, que dieron pauta a considerar a los núcleos de población ejidales y comunales, bajo el estatutos de grupo vulnerable, en lo aquí interesa en el ámbito de acceso a la justicia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Proyecto que fue apoyado por la mayoría, aunque en algunos casos apartándose de ciertas consideraciones.

“Yo creo que sí se trata de o se tiene que aplicar el test completo, no solo quedarnos en la medida de proporcionalidad”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Lo que hemos hecho y así yo sostuve mí postura en la sesión en donde se discutió este asunto, es evaluar estas diferencias, en casos como este, a la luz del principio de no regresividad establecido en el Artículo primero constitucional”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Quienes votaron en contra de la propuesta, afirmaron que la medida violaba el principio de seguridad y certeza jurídica, al no establecer un plazo determinado para promover el juicio de amparo.

Ya no justifica el hecho de que el Artículo 217 de la anterior Ley de amparo, estableciera un amparo atemporal, es decir que se pudiera promover en cualquier tiempo, ya no se justifica, porque razón, porque la nueva Ley agraria ya da la posibilidad de tener ese dominio pleno al que se refiere el Artículo 27 de la Constitución”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

En el sentido de que la seguridad jurídica que se desconoce con esta disposición, al declararse inconstitucional, se verá mucho más favorecida, y beneficiará no solo a los particulares, sino especialmente a los propios sujetos agrarios que podrán con ello disponer, planear y hacer uso de sus bienes agrarios de la mejor manera”, Luis María Aguilar Morales, Ministro PRESIDENTE SCJN.

El Pleno declaró procedente pero infundado el amparo, confirmó la sentencia y la protección de la justicia al Ejido General Lázaro Cárdenas del Municipio de Zapopan, Jalisco.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

En su próxima sesión el Pleno de la Suprema Corte estudiará un amparo promovido por el Ejido General Lázaro Cárdenas, Municipio de Zapopan, Jalisco. (Amparo directo en revisión 466/2011).

Recurso en el que cuestiona que el Artículo 217 de la anterior Ley de amparo, es una norma privativa, de las prohibidas por el Artículo 13 de la Constitución.

En lista también se encuentra una contradicción de tesis en la que decidirá si el juzgado de amparo está obligado a apercibir con dictar medidas de apremio, para que el quejoso emplace al tercero perjudicado a través de edictos, como lo prevé la fracción II del Artículo 30 de la anterior Ley de amparo. (Contradicción de tesis 492/2013).

En una contradicción más determinarán si a través del amparo adhesivo se pueden plantear tanto violaciones en el dictado de la sentencia, como violaciones procesales que trasciendan o no, al resultado del fallo. (Contradicción de tesis 483/2013).

Corte declaró procedentes pero infundadas 2 acciones de inconstitucionalidad, en las que se pedía invalidar diversos artículos de la Ley de ejecución de sanciones penales y reinserción social del DF

DSC_0799El Pleno de la Suprema Corte declaró procedentes pero infundadas 2 acciones de inconstitucionalidad, en las que se pedía invalidar diversos artículos de la Ley de ejecución de sanciones penales y reinserción social del Distrito Federal. (Acciones de inconstitucionalidad 16 y 18/2011).

No se alcanzó la mayoría calificada para declarar la invalidez de la disposición que condiciona el beneficio de la reclusión domiciliaria, a pagar el costo del brazalete electrónico.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, declaraba la inconstitucionalidad, al considerar que viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

“Se vea impedida de acceder al mismo, por el solo hecho de no contar con la capacidad económica suficiente para cubrir el costo del equipo y su mantenimiento, resulta una distinción arbitraria y discriminatorio, por no encontrar un sustento constitucional para ello”.

Quienes votaron en contra, indicaron que la medida, solo buscaba garantizar el bien que se entregaba a la persona, por lo que consideraban que el beneficio podría recibirse, si se demostraba su incapacidad económica, siendo la autoridad la que asumiera el costo.

Esta medida pudiera quedar condicionada a la demostración de la falta de esos recursos”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Que cubra en su totalidad la reparación del daño, o sea ya, cubra en su totalidad, si no tiene dinero para el brazalete, pues quiere decir que tampoco lo tiene para cubrir la reparación del daño, entonces que quiere decir, que no satisface los requisitos del 31”, Margarita Luna Ramos, Ministro SCJN.

Los ministros declararon la validez de la disposición que permite la presencia de la víctima en la audiencia con el juez de ejecución de sentencias, para abordar temas relativos a la reparación del daño.

Además, de los artículos que facultan a las autoridades administrativas, para imponer medidas disciplinarias a los internos, que violen el reglamento de los centros de reinserción social, sin intervención del juez de ejecución de sanciones, pues no modifica la pena.

Me parece que lo adecuado es también reconocer las facultades de las autoridades del centro penitenciario, para poder establecer las sanciones que están previstas en ley, no son tampoco discrecionales, respecto de estas faltas”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“A mí me parece que aquí no hay ninguna modificación de la pena, hay simplemente una serie de cuestiones disciplinarias de la administración de los reclusorios, que me parece lógico que las tenga la autoridad administrativa”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El Pleno también declaró la validez de los artículos que contemplan la inclusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el Comité de Visita General, lo que no viola la autonomía del organismo y por el contrario, da certeza al sentenciado de que sus derechos serán respetados y que no será sometido a tratos crueles e inhumanos.

José Luis Guerra García

Corte declara validez de Art. 33 de la Ley de ejecución de sanciones penales y reinserción social del DF

DSC_0702Por mayoría de votos el Pleno de la Suprema Corte declaró la validez del Artículo 33 de la Ley de ejecución de sanciones penales y reinserción social del Distrito Federal. (Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 1872011).

Disposición que niega los beneficios de preliberación y libertad anticipada, a los sentenciados por delitos graves, como son homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada, violación, tráfico de menores, trata de personas y extorsión, entre otros.

La mayoría consideró que ello no viola derecho alguno del sentenciado en este tipo de casos.

“El Artículo 33 no niega la reinserción del delincuente a la sociedad una vez compurgada la pena, lo único que limita es 2 de tales beneficios, como lo son el tratamiento preliberacional y la libertad preparatoria, todos los demás establecidos en la constitución permanecen intactos”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Con independencia absoluta de los tratamientos técnicos o de los estudios que se les practiquen, no tiene ninguna persona acceso a estos beneficios, cuando haya sido condenada por algunos de los delitos graves que aquí se precisan”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Esto en modo alguno es contrario al derecho penal del acto, siendo que no vulnera ningún derecho humano, tal como lo hemos votado en distintos precedentes en la Primera Sala”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

También considero que es constitucional, que no hay impedimento para que se excluyan este tipo de delitos y que se deja al legislador secundario de determinar los requisitos, entre ellos los casos en los que procede este beneficio”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

También se declaró la validez de los artículos que definen los mecanismos de evaluación para reubicar al sentenciado, el tratamiento aplicable y su duración, que regula la educación y el trabajo penitenciario; así como los servicios de salud.

Al registrarse empate a 5 votos, el Pleno desestimó invalidar artículos que regulan el obtener los beneficios de la reclusión domiciliaria y  para recibir el tratamiento preliberacional, en este último caso, se somete al sentenciado a evaluaciones semestrales, para corroborar que han desaparecido los elementos que lo llevaron a cometer un delito.

José Luis Guerra García

Pleno desestima invalidar diversos artículos de la Ley de ejecución de sanciones y reinserción social del DF

DSC_2176El Pleno de la Suprema Corte desestimó invalidar diversos artículos de la Ley de ejecución de sanciones y reinserción social del Distrito Federal, al no alcanzar la mayoría calificada. (Acción de inconstitucionalidad 16/2011).

Se trata de los artículos que permiten calificar la peligrosidad de un sentenciado, someterlo a tratamiento técnico y abrir un expediente, para que pueda tener acceso a la libertad anticipada o reducir la pena impuesta.

Condiciones que según el proyecto de la Ministra Sánchez Cordero violaban diversos derechos humanos.

Tratamiento técnico progresivo, al que deber someterse a los sentenciados para que a través de este se demuestre el cambio conductual, forma de pensar, así como para estudiar a fondo sus antecedentes psicosociales, familiares y socioeconómicos”.

 “Debido a que la definición que se da del tratamiento técnico progresivo, se encuentra enfocada a corregir la forma de pensar y la conducta del sentenciado a través de un tratamiento reeducativo, que resultaría en un hecho lesivo para la libertad y la dignidad del sentenciado, por lo que debe declararse, como lo hace el proyecto, su inconstitucionalidad”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

Quienes se pronunciaron en contra del proyecto, argumentaron que las disposiciones impugnadas no violaban derechos humanos, al contario, buscaban la no reincidencia en conductas ilegales.

“No hay una tendencia en las normas a cambiar la conducta, a calificar la peligrosidad del sujeto o alterar su personalidad”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

 “Yo no estoy leyendo aquí en ninguna parte que se diga, y no puedes meterte en absoluto con el autor, solamente con el acto, esto no lo dice el constituyente en ningún momento, tan es así que si lo que se va a procurar es que no vuelva a delinquir, quién es el que no delinque, el acto o la persona, pues la persona, entonces a quien vamos a evaluar”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno también desestimó invalidar las fracciones que regulan el tratamiento y el expediente técnico.

En la mayoría de las votaciones se registraron empates de 5 votos, lo que resultó insuficiente para declarar la invalidez de dichas disposiciones.

Los ministros continuarán con el estudio de esta acción, en la próxima sesión.

José Luis Guerra García

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 48.226 seguidores