Las Salas analizarán asuntos en materia de prisión domiciliaría y concesiones radioeléctricas

En la sesión de este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia podría ejercer su facultad de atracción sobre un asunto en el que podría definir si las personas mayores de 60 años acusadas de un delito federal pueden enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.

Se trata de la interpretación del artículo 55 del Código Penal Federal.

Dicha norma establece que cuando el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el juzgador podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan.

La solicitud del ejercicio de esta facultad sería, en concreto, sobre el caso de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien acudió al amparo para obtener ese beneficio legal.

En la lista de asuntos de la Segunda Sala de la Corte, está un amparo en revisión, en el que esta Sala podría determinar la validez de artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones relativos a las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso público o social.

Esta Sala también podría pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto que reforma la Ley del Seguro Social que permite al Instituto Mexicano del Seguro Social dar de baja a los trabajadores privándolos de la seguridad social.

El artículo 251 fracción XI establece que el IMSS tiene la facultad de dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y asegurados, una vez que haya sido verificada por el instituto la desaparición o inexistencia del supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

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Determina SCJN validez de referencia a preferencia sexual de menores en Ley General

La Segunda Sala de la Suprema Corte determinó la validez de los artículos 10, 39, 57 fracción VII, y 116 fracción IV de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Explicó que las normas no son contrarias al interés superior del menor ni al derecho de los padres de educar a sus hijos, por referir a la preferencia sexual de los menores, pues no buscan establecer, desarrollar o regular sobre su sexualidad.

Consideró que la previsión de que las autoridades garanticen a los menores el acceso a métodos anticonceptivos, así como proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, garantiza el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.

En otro asunto, esta Sala negó un amparo promovido por empresas de telefonía contra disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establecen derechos de los usuarios de los servicios de telefonía móvil.

Los ministros precisaron que la norma no es violatoria del derecho al libre comercio por establecer obligaciones para los concesionarios como incluir penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato o abonar a los usuarios del servicio de prepago el saldo no consumido a la fecha de su expiración.

La Segunda Sala también declaró válidos los artículos 75, 78, 90 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Argumentó que la intervención y/o suspensión de actividades de las sociedades financieras populares sólo implica un acto de molestia para las personas que depositan dinero en ellas, pues con el tiempo recuperan su dinero.

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción sobre un amparo en el que se podrían revisar los requisitos de la orden de aprehensión dictada en una audiencia oral, con base en las reglas constitucionales para el Sistema Penal Acusatorio.

El interés de atraer el asunto radica en que esta sería la primera vez en la que la Corte se pronunciara sobre este tema.

Uno de los aspectos centrales es que el artículo 16 Constitucional establece que los actos de molestia deben ser emitidos por una autoridad competente y por escrito, fundando y motivando la causa legal del procedimiento.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala fijó criterios en materia de detención en caso urgente

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política, la detención por caso urgente se dará cuando se trate de delitos graves, así considerados por la ley y ante un riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia.

Es el criterio de la Primera Sala de la Corte en el amparo directo en revisión 105/2015, en el que establece que el ministerio público podrá bajo su responsabilidad, ordenar la detención cuando no se pueda acudir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.

Debe fundar y expresar los indicios que motiven su proceder.

Entre las características de la detención por caso urgente destacan que es una restricción al derecho a la libertad personal, es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave, se sustraiga de la acción de la justicia.

Es excepcional pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo, dentro del régimen de detenciones.

Para que sea válida la detención por caso urgente, debe estar precedida de una orden del ministerio público, una vez que se acreditaron los requisitos que la autorizan.

Deben existir motivos objetivos y razonables de que el ministerio público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos puedan corroborarse posteriormente ante un juez cuando éste realice el control posterior de la detención como lo dispone el artículo 16 constitucional.

Martha Rodríguez

@marthaarod

La Primera Sala estableció cómo debe interpretarse el principio de igualdad

Todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho, sin discriminación a igual protección.

Fue la jurisprudencia que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver el amparo directo en revisión 48/2013 sobre igualdad jurídica en la interpretación del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Recordó la interpretación que ha realizado sobre este tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos como el de Castañeda Gurtman contra México.

Caso Yatama contra Nicaragua, Perozo y otros contra Venezuela, en los que sostiene que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona.

Sin embargo establece que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse por sí misma, ofensiva de la dignidad humana.

Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando carece de una justificación objetiva y razonable.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece la obligación de los estados parte de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico, regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas con este carácter y establecer normas y medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas.

Martha Rodríguez

@marthaarod

La Primera Sala fijó un criterio en el que explica cuál es el fin de la privación de la patria potestad

La Primera Sala de la Corte emitió una jurisprudencia en torno a la privación de la patria potestad y su función como medida protectora del interés superior del menor.

Estableció que no tiene como fin sancionar a los padres por el incumplimiento de los deberes respecto al hijo.

Por el contrario, debe entenderse como una medida excepcional con la que se pretende defender los intereses del menor en aquellos casos en los que la separación de los padres sea necesaria para la protección adecuada de los mismos.

Al resolver el amparo directo en revisión 348/2012, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que conforme a la norma, el derecho de los padres biológicos a estar con sus hijos no es reconocido como un principio absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado.

Tampoco tiene el carácter de derecho o interés preponderante, pues está subordinado a que dicha convivencia procure el interés del menor.

Para poder decretar una medida como la privación de la patria potestad, los órganos jurisdiccionales deben comprobar de forma plena que ha ocurrido un efectivo y voluntario incumplimiento por parte de los padres; establecer el alcance y gravedad del mismo y las circunstancias concurrentes para poder atribuir las consecuencias negativas de las acciones y omisiones denunciadas.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Inconstitucional que recién nacidos sean registrados con el apellido paterno primero y el materno después, determina Primera Sala

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una porción del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece que los recién nacidos serán registrados con el apellido paterno primero y el materno después.

Por mayoría, los ministros indicaron que la norma implica un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar.

Explicaron que la práctica de colocar el apellido del hombre primero tiene como trasfondo histórico la concepción de éste como jefe y portador del apellido de la familia, relegando a la mujer a un rol de mero integrante.

También explicaron que el artículo limita injustificadamente el derecho de los padres a elegir libremente el nombre de sus hijos.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala de la Corte estableció un criterio jurisprudencial en torno a la #Igualdad

Destaca que es un derecho consagrado en la Constitución, pero no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley.

Al resolver el amparo en revisión 394/2014 y un amparo directo en revisión 886/2012, destacó que si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo a capricho o voluntad del legislador.

Los ministros de la Primera Sala consideraron que la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones.

Y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de términos de comparación, los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad.

En este sentido, la Primera Sala exige como requisito previo al juicio de igualdad, que se proporcione un término de comparación, esto es, un parámetro o medida válida a partir de la cual se juzgará si existe o no alguna discriminación.

Y que sirva como criterio metodológico para llevar a cabo el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas que consideren contrarias al referido principio.

Martha Rodríguez

@marthaarod