La Primera Sala estableció que la perspectiva de género debe aplicarse en todos los casos

La Primera Sala de la Corte estableció que la perspectiva de género debe aplicarse en todos los casos, independientemente del género de las personas involucradas, para eliminar las barreras que discriminan a las personas por su sexo. 

Lo anterior lo señalo al resolver un amparo en el que un hombre reclamó la sentencia que lo obliga a pagar pensión alimenticia a su ex cónyuge para mantener a su menor hija, argumentando que la medida es discriminatoria, ya que su ex pareja cuenta con ingresos propios y por lo tanto le corresponde también contribuir a esta obligación. 

Sin embargo, se negó a revocar la sentencia del Tribunal Colegiado, pues fue impuesta en un juicio de amparo, aclarando que el órgano competente, preciso que tanto hombres y mujeres están protegidos por la ley y gozan de los mismos derechos.

José Luis Guerra García 

Primera Sala ampara a 11 policías implicados en el caso New’s Divine

Por mayoría de votos la Primera Sala de la Corte otorgó el amparo liso y llano, a 10 policías y un mando medio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Quienes habían sido condenados a penas de 5 a 24 años de prisión, por los sucesos registrados en la discoteca New’s Divine, en los que perdieron la vida 9 jóvenes y 3 policías, en junio de 2008.

Los ministros determinaron que de las pruebas aportadas, no se desprende que los policías que formaron un muro de contención fuera del establecimiento, haya sido lo que originó el lamentable desenlace.

“Se arriba a la conclusión de que en el presente caso el ministerio público, no presentó evidencia suficiente para demostrar más allá de toda duda razonable, la existencia de un nexo causal entre la conducta desplegada por los quejosos, es decir la formación de un muro de contención en torno al acceso a la discoteca y el resultado materia imputado, es decir, la muerte de 12 personas y las lesiones sufridas por otro 7 individuos”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Indicaron que ello fue consecuencia de que al interior del establecimiento policías ordenaron el cierre del acceso de salida, apagaron el aire y luces del lugar, lo que aunado a la presión que se ejerció para que los jóvenes abandonaran el lugar, propició que las personas cercanas a la entrada fueran proyectadas hacia el exterior, cayendo al suelo y siendo pisoteadas por una multitud.

En contra del proyecto se pronunció el Ministro José Ramón Cossío, quien aseguró que sí se demostraba la responsabilidad de los policías implicados.

“Por lo que el muro o valla de contención formado por los policías en la entrada, evitó la salida de los jóvenes propiciando una mayor aglomeración y caos y ahí se tiene que ellos si contribuyeron con su conducta al fatal resultado, del cual fue previsible y aun así acataron las ordenes de sus superiores privilegiando esto, por encima de la integridad de quienes estaban dentro del local”.

La decisión permite obtener su libertad, lo que refleja, dijo la defensa de los implicados, demuestra que no tuvieron responsabilidad alguna en estos lamentables sucesos.

 “Es muy lamentable, se les indemnizó, se sabe de bastantes cifras que se les dio, se les otorgaron todos los derechos en cuanto a las víctimas y pues si hay un responsable no lo son nuestros defendidos”, Omar Escartín Garrido, Abogado defensor.

Los ministros no se pronunciaron sobre la responsabilidad de otros implicados en los hechos, ni sobre la legalidad del operativo, lo que será motivo de análisis en otros asuntos.

José Luis Guerra García

Constitucional aumento en penas por delitos de violación y abuso sexual cuando es cometido por familiar, determina Primera Sala 

La Primera Sala de la Corte determinó que la fracción segunda del Artículo 178 del Código Penal del Distrito Federal es constitucional. 


La norma prevé aumentar en dos terceras partes las penas, cuando el delito de violación y abuso sexual es cometido por un familiar. 


Por ese motivo se confirmó la sentencia de 11 años y 8 meses de prisión que se impuso a una persona que violó a su hijastra. 


Los ministros descartaron que la medida fuera excesiva, ya que con dicha agravante se busca sancionar aquellas conductas que vulneran la integridad personal y los derechos sexuales de las víctimas. 


Además de que en este tipo de casos, existe un mayor grado de vulnerabilidad, por la relación tan estrecha que existe entre la víctima y el inculpada. 


La finalidad de la agravante busca brindar una mayor protección a las víctimas de este delito tomando en cuenta el grado de confianza que existe entre las partes, lo que deja en mayor estado de indefensión a las víctimas.   


José Luis Guerra García

 

Primera Sala definirá constitucionalidad de normas que limitan matrimonio de parejas del mismo sexo en Jalisco

La Primera Sala de la Suprema Corte reasumió su competencia para conocer de un amparo en el que se cuestiona la constitucionalidad de diversos artículos del Código Civil y de la Ley del Registro Civil del estado de Jalisco, que regulan el matrimonio. 

 

Institución que definen como la unión de un hombre y una mujer, a la que no pueden acceder las parejas del mismo sexo. 


El recurso fue promovido por una pareja integrada por 2 mujeres a quienes se les negó su solicitud para contraer matrimonio, por lo que interpusieron un amparo argumentando que dichas disposiciones violan los principios de igualdad y no discriminación. 


Un juez de distrito les concedió el amparo declarando la inconstitucionalidad de las normas impugnadas al excluir injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio. 


Inconformes el Congreso y el Registro Civil de Jalisco, promovieron el recurso de revisión, el cual fue remitido a la Primera Sala del Máximo Tribunal. 


Asunto que permitirá a los ministros pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas que limitan la institución del matrimonio a parejas de distinto sexo. 


Además de definir cómo se deben proteger los derechos a la igualdad, identidad y no discriminación en razón de la preferencia sexual y el alcance a la protección de la familia. 


Asimismo, ayudará a continuar acumulando precedentes para que el criterio que se emita, alcance el rango de obligatorio. 


José Luis Guerra García

 

Primera Sala definirá acceso a averiguación previa cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos

La Primera Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo, cuyo tema central es analizar el acceso a la información pública contenida en las averiguaciones previas. 


Cuando se trate de escenarios de graves violaciones de derechos fundamentales, así como el interés legítimo que tienen las asociaciones civiles en este tipo de asuntos. 


El caso se relaciona con las fosas clandestinas ubicadas en el Municipio de San FernandoTamaulipas en las que se encontraron los cuerpos sin vida de 120 personas. 


Los familiares de 2 víctimas y una asociación civil, solicitaron a la PGR acceso a la averiguación previa, petición que les fue negada, por tratarse de información reservada


Los afectados promovieron un amparo, el juez de distrito determinó que la asociación civil no tenía interés legítimo y ordenó a la PGR, analizar el potencial carácter de víctimas de los familiares. 


Este asunto permitirá a los ministros continuar con los precedentes emitidos en torno al acceso a la información contenida en averiguaciones previas, cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos. 


Establecer criterios objetivos para determinar cuándo una persona tiene la calidad de víctima en un asunto determinado y a partir de qué momento se le debe reconocer esa calidad, para ser titular del derecho al acceso al expediente judicial. 


pronunciarse sobre el alcance del interés legítimo, en especial si una asociación civil que protege derechos humanos, tiene esa calidad, para acceder al juicio de amparo.  


José Luis Guerra García

 

La Primera Sala ha aprobado diversas tesis aisladas para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos

La Primera Sala de la Corte ha aprobado diversas tesis aisladas para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos. 

Entre ellas, la que establece que los hospitales privados, deben contar con un responsable médico que verifique los procedimientos que se realicen, lo que refleja que la institución trabaja de manera coordinada con sus médicos empleados o dependientes. 

La que define que los usuarios de los hospitales particulares constituyen un grupo en condiciones asimétricas, es decir, vulnerable, por la posición de disparidad frente a quienes manejan, desarrollan y controlan los servicios de salud, lo que lesiona sus derechos. 

Una más, en la que precisa que la actuación de los hospitales privados y de su personal médico tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes, lo cual reviste un interés de carácter público, por lo que excede el mero interés de los particulares, por lo que los servicios que prestan este tipo de negocios, no se limitan a las disposiciones de derecho privado. 

Además, la que precisa la responsabilidad civil de los hospitales privados por actos cometidos por terceros que desempeñan funciones en sus instalaciones, la cual se actualiza si existe una representación aparente. Por ello, no se exime de  responsabilidad al negocio, cuando se alega que no existe una relación laboral o profesional con el médico. 

O la que señala que los hospitales privados son responsables y deben responder por los daños causados dentro de sus instalaciones con motivo de la prestación de servicios hospitalarios, del equipo que proporcionan, o por los daños causados por el personal que ahí labora, causal que no se acredita si demuestra la institución que cumplió con sus obligaciones. 

Estos y otros criterios más, ha fijado la primera sala para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud.

José Luis Guerra García

 

 

Primera Sala fijó criterios para investigar delitos violentos en contra de mujeres

La autoridad ministerial está obligada a investigar con perspectiva de género y sin discriminación, toda muerte violenta de una mujer, para determinar si se trata o no de un feminicidio. (Amparo en revisión 554/2014).

Este criterio lo fijo la Primera Sala al resolver un amparo referente a la muerte violenta de una mujer, que fue calificado por las autoridades del Estado de México, como suicidio.

Los ministros indicaron que ello permitirá determinar si hubo o no razones de género en el crimen, si existió violencia sexual y  discriminación.

En el caso, se concedió a la madre de la víctima la protección de la justicia, pues se detectó que en la investigación del homicidio, hubo irregularidades, errores, y obstrucción de la justicia, lo que impidió conocer la verdad de los hechos.

Pero quiero señalar que en materia de este asunto y como una cuestión de constitucionalidad es de la mayor trascendencia en virtud de que se analiza la cultura de la violencia en contra de la mujer en nuestro país, el impacto negativo en el actuar de la procuraduría de justicia”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El abogado de los familiares de la víctima indicó que se trata de una sentencia que finca las bases para garantizar un efectivo acceso a la justicia, a las mujeres víctimas de violencia.

“Este amparo, sin duda, es un amparo histórico para todas las víctimas de violencia feminicida en este país, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia y esta Primera  Sala decidió otorgar el amparo de la unión a Irinea Buendía Cortez y su familia. Los efectos de este amparo son obligar al Estado de México a la Procuraduría de Justicia del Estado de México a que vuelva a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio”, Rodolfo Domínguez Márquez, Observatorio Nacional del Feminicidio.

Decisión que fija un precedente histórico.

“En el que se reconoce cómo debe investigarse la muerte violenta de una mujer, a partir de los más altos estándares internacionales en la materia”.

La madre de la víctima, Irinea Buendía Cortez, manifestó su beneplácito con el sentido de la sentencia.

“Es el mejor regalo que mi hija Mariana Lima Buendía puede haber recibido, hoy 25 de marzo, que si estuviera con nosotros cumpliría 34 años, es lo mejor que pudo haber pasado, es una decisión histórica, porque esto va a ayudar a todos los feminicidios de toda la república mexicana”.

La sentencia obliga al ministerio público a que complete la investigación de manera inmediata e imparcial, con perspectiva de género. Además debe averiguar las irregularidades del caso y sancionar a los responsables.

José Luis Guerra García

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