No basta con identificar el sexo de la víctima de asesinato, para calificarlo de feminicidio determina Primera Sala

La Primera Sala de la Corte aprobó una tesis aislada en la que precisa que no basta con identificar el sexo de la víctima de asesinato, para calificarlo de feminicidio.

Al resolver el amparo en revisión 5267/2014, se consideró que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen, no solo el sexo.

Pues esto es lo que revela si la privación de la vida constituye una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

La Primera Sala reconoció que no debe derivarse la presunción de que todo daño infligido a una mujer tuvo como motivación su género o que se desarrolló en un contexto de dominación.

Pues esto no solo es epistemológicamente falso sino constitucionalmente inadmisible, sobretodo, cuando tal conclusión trae como consecuencia una calificativa en la actualización de la agravante del tipo penal de homicidio.

La tesis aislada se publicó el pasado 15 de julio en el Semanario Judicial de la Federación.

Martha Rodríguez

@marthaarod

La Primera Sala aprobó diversas tesis aisladas, que dotan de contenido al derecho a la asistencia consular

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió ocho tesis aisladas sobre el derecho a la asistencia consular.

De estas interpretaciones destaca que:

La configuración del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, representa el respeto al debido proceso, y que se sustenta en los derechos de igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación.

Esto, porque la condición de extranjería podría generar un estado de desventaja de la persona frente a los nacionales y las autoridades del país donde se le formula una acusación penal.

Subraya que el derecho al contacto consular depende de la voluntad de la persona extranjera detenida, una vez que se le informa que tiene esa prerrogativa.

Es decir, que la comunicación con la oficina consular del país de la persona extranjera detenida dependerá de que esa persona haya sido notificada de su derecho y que ha aceptado que se realizara dicha comunicación.

En estas interpretaciones protectoras, también está que las autoridades del Estado receptor siempre deberán hacer saber de inmediato a la persona bajo su custodia sobre el derecho de asistencia consular.

Esto para garantizar los derechos y ante la dificultad de la identificación inmediata sobre la nacionalidad de los detenidos.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala estableció un criterio de jurisprudencia sobre la procedencia del amparo directo en revisión y el control de convencionalidad

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia fijó como criterio jurisprudencial que el amparo directo en revisión, procederá si en la sentencia se realizó de manera efectiva control de convencionalidad.

Es decir, de acuerdo con esta tesis el recurso no procede por la simple mención de que la autoridad responsable realizó ese control.

La jurisprudencia explica que para efectos de la procedencia del recurso de revisión en amparo directo en el caso del control de convencionalidad es necesario que se actualice alguna de las siguientes hipótesis:

Primero, que se haya dado el análisis de una norma general frente a una disposición que contemple un derecho humano, contenida en un tratado internacional, aun cuando la conclusión sea convalidar la norma.

Segundo, cuando el órgano que realice el control dote de contenido, alcance o significado a un derecho humano previsto en una norma internacional, o desentrañe su sentido.

Y tercero, cuando se hubiere solicitado alguno de los ejercicios referidos y no se hubieren llevado a cabo por el órgano jurisdiccional sin justificación.

Por tanto, la simple mención por parte del Tribunal Colegiado de que sí hizo control, no implica su procedencia.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala estableció una jurisprudencia relacionada con la acreditación de la representación legal en un juicio mercantil

La Primera Sala de la Suprema Corte estableció como tesis jurisprudencial que el juzgador deberá prevenir al promovente para que se acredite como representante legal o apoderado del quejoso.

Con esta prevención deberá apercibirlo, que de no subsanar esa irregularidad, se tendrá por no presentada la demanda de amparo directo.

Esto en interpretación del artículo 1069 tercer párrafo del Código de Comercio.

De acuerdo con este criterio, los artículos 175, 179 y 180 de la Ley de Amparo, deben leerse a la luz del principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, en coherencia con los principios de certidumbre jurídica y economía procesal, en el sentido de que la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso.

Destaca que esta prevención al promovente salvaguarda de manera más eficiente e integral los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos en el artículo 17 constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala de la Corte estableció una jurisprudencia sobre el principio de presunción de inocencia

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como criterio jurisprudencial las condiciones para estimar que existe una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia como estándar.

De acuerdo con esta tesis aprobada por unanimidad, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por la defensa en el juicio.

Y, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Esta interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia abona a los criterios para aterrizar y aportar al mejor funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor el 18 de Junio pasado.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

La Primera Sala aprobó una tesis aislada relacionada con las actuaciones policiales y el Debido Proceso

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como tesis aislada que el artículo 287 último párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece que las diligencias practicadas por la Policía Judicial Federal o Local tendrán el valor de testimonios, no viola los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica.

De acuerdo con la interpretación de la Sala, el artículo reglamenta la valoración judicial de dichos medios de convicción con el objetivo de guiar la actividad intelectual del juzgador cuando éste se enfrenta a su ponderación.

El criterio explica que, a pesar de que los informes de la policía constituyen documentos públicos, el legislador consideró prudente que en su análisis había que someterlos a la valoración de la prueba testimonial, que supone que quien lo rindió es una persona que estaba presente en el lugar y el momento en que el hecho relevante tuvo lugar, por lo que puede poner dicha información en conocimiento de la autoridad.

Y por tanto, los derechos de defensa y contradicción de quienes son parte en el proceso penal podrán ejercerse en mejores condiciones, al otorgar la posibilidad de que el contenido del informe policial sea cuestionado y someter a quien lo rinde a ratificarlo por cuestionamiento directo.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala aprobó una tesis aislada en la que define las atribuciones del juez, en los casos que se vean involucrados menores

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el juzgador tiene el deber de verificar de oficio, si durante un proceso penal surgen indicios de que un niño, niña o adolescente, puede tener el carácter de víctima del delito, a fin de determinar si es acreedor o no a la reparación integral del daño.

Esto debe ser así, explica la tesis aislada, aun cuando el Ministerio Público o sus legítimos representantes no hubieran aportado elementos tendientes a acreditar su carácter de víctima.

De acuerdo con este criterio unánime de la Primera Sala, emitido tras la resolución del amparo directo en revisión cuatro mil 646 de 2014, el principio de interés superior del menor demanda que en toda situación donde niñas, niños y adolescentes se vean involucrados, se trate de proteger y privilegiar sus derechos.

Esto, aun cuando no formen parte de la litis o las partes no los hagan valer, o incluso, cuando el material probatorio sea insuficiente para esclarecer la verdad de los hechos.

Mario López Peña

@elogiodeljabon