Constitucionales disposiciones que gravan alimentos con alto contenido calórico y las que permiten otorgar publicidad a concesionarios sociales

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De acuerdo con los ministros la norma permite la venta de publicidad en su fracción VII al establecer que los entes públicos federales destinen el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad a las concesiones de uso social.

Y de acuerdo con la Sala, la venta de publicidad tiene como finalidad reconocer y darle viabilidad operativa a esas concesiones sin vulnerar la ausencia de lucro que debe regir su actuar en términos del artículo 28 Constitucional.

Argumentó que los lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones reconocen la obtención de ingresos a través de patrocinios.

En otro asunto, al resolver una contradicción de tesis, esta Sala determinó que si el juez no puede exigir que las partes acrediten alguna causal para declarar la disolución del matrimonio, tampoco puede emitir sanción a partir de la calificación de un cónyuge culpable.

La Sala subrayó que la obligación alimenticia que deriva del divorcio tiene su fundamento en el principio de igualdad, y que su cuantificación debe atender al principio de proporcionalidad, por lo que para la procedencia de una pensión deba comprobarse la necesidad de la persona para recibirlos y la posibilidad del que deba darlos.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Ministra Norma Lucía Piña Hernández fue elegida como Presidenta de la Primera Sala

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La Ministra Norma Lucía Piña fue elegida por unanimidad como Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fungirá como Presidenta del 1° de Octubre de este año al 30 de Septiembre de 2018.

“Agradecer la confianza en la votación para fungir como Presidenta de la Sala”, Norma Lucía Piña Hernández, Ministra SCJN.

El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Presidente saliente de la Sala, agradeció el apoyo de sus compañeros.

“No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer la paciencia, el entendimiento y el buen humor de mis compañeros durante estos dos años”.

El Ministro Arturo Zaldívar reconoció el trabajo del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena como Presidente de esta Sala competente para conocer de asuntos en materia civil y penal.

“Su presidencia permitió que los trabajos de esta Sala se dieran de una manera eficiente, sino también cordial y que su manera de proceder y moderar siempre propició que generáramos acuerdos en beneficio de nuestro trabajo de la Corte y el país”.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cada dos años los miembros de las salas elegirán de entre ellos a la persona que deba fungir como presidente, la cual no podrá ser reelecta para el período inmediato posterior.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Inconstitucionales artículos del Código Civil de Nuevo León que limitan el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia reiteró la inconstitucionalidad de los artículos 147 y 291 Bis del Código Civil de Nuevo León que limitaban las instituciones del matrimonio y el concubinato a la unión de un hombre y una mujer.

Así lo decidió porque no existe razón constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por ello, la ley de cualquier Estado que limite el matrimonio hombre y mujer o considere que su finalidad es la procreación, resulta violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación.

La Sala ordenó remitir la resolución a la Presidencia de la Corte para que informe al Congreso de Nuevo León sobre la existencia de esos precedentes con base en el artículo 231 de la Ley de Amparo, dentro del proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad.

En esta sesión fueron resueltos dos amparos en revisión más, en los cuales se determinó la inconstitucionalidad de los preceptos correspondientes de las legislaciones de Chiapas e Hidalgo, que circunscriben el matrimonio y el concubinato a parejas de distinto sexo.

En otro tema, la Primera Sala determinó que los artículos ocho y nueve de la Ley Monetaria no son violatorios de los derechos de igualdad, de libertad para contratar ni el de seguridad jurídica.

Dichos preceptos establecen que las obligaciones en moneda extranjera que se vayan a pagar en territorio mexicano deben solventarse entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha del pago.

La Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió que el artículo 51, fracción X, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que prevé como requisito de permanencia en las instituciones de seguridad de la ciudad una prohibición de consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras de naturaleza análoga, debe entenderse en el sentido de que la prohibición se refiere sólo a aquellas sustancias cuyo uso no está legalmente permitido.

Por tanto, excluye el consumo de los medicamentos controlados cuando se acredite que fue autorizado mediante prescripción médica, pues esta prerrogativa está expresamente prevista en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Las Salas de la SCJN resolverán asuntos sobre Matrimonio Igualitario y pensiones en las Fuerzas Armadas

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia podría avanzar en la protección de los derechos de las parejas homosexuales con la resolución de dos amparos.

En la lista de asuntos para resolver en la sesión de este miércoles está el amparo en revisión 1266/2015, en el que se estudiaría la constitucionalidad de los artículos 147 y 291 bis del Código Civil de Nuevo León.

Normas que definen al matrimonio como la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer, para procurar ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente.

Y al concubinato como la unión de un hombre y una mujer que durante más de dos años hacen vida marital.

Está también el amparo en revisión 582/2016 en el que se analizaría la validez de los artículos 144, 145 y 298, del Código Civil de Chiapas.

De acuerdo con estas normas, cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no existente.

Que para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años.

Y que la mujer que haya vivido con un hombre como si fuera su marido, tiene derecho a percibir alimentos de su concubino.

Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte podría pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 38, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Dicho artículo determina a quienes se consideran familiares de los militares, para los efectos de pensión y/o compensación.

En la fracción primera señala a la viuda o el viudo solos o con los hijos, o estos solos si son menores de edad; si son mayores de edad, que no hayan contraído matrimonio o establecido concubinato; si comprueban que estudian en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial de Nivel Medio Superior o Superior, con límite hasta de 25 años de edad.

Y que acrediten que dependían económicamente del militar, están considerados también los hijos mayores de edad, incapacitados o imposibilitados para trabajar.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Las Salas de la SCJN analizarán asuntos relacionados con derechos de comunidades indígenas y protección al medio ambiente

De acuerdo con las listas de asuntos, la Primera Sala de la Suprema Corte podría resolver:

Un amparo directo en revisión en el que se establecería un criterio sobre los derechos de indígenas a tener un intérprete de su lengua en cualquier etapa del proceso judicial en el que intervengan. (Amparo directo en revisión 5324/2015).

Haría una interpretación del artículo 2 de la Constitución en relación con la equidad en los proceso judiciales en los que sean parte integrantes de comunidades y pueblos indígenas.

Esta Sala también podría resolver un amparo en revisión relativo a la orden de planeación y elaboración de la construcción del Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero en Tampico, Tamaulipas. (Amparo en revisión 307/2016).

Este asunto es de relevancia debido a que, diversas ONG’s advirtieron que este proyecto ha dañado zonas de manglar protegidas por la legislación ambiental y áreas que son hábitat de diversas especies animales.

En la lista de asuntos que podría resolver la Segunda Sala está un amparo en revisión en el que se analizaría la constitucionalidad de los artículos 89 y 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Amparo en revisión 1395/2015).

Las normas se refieren a la obtención de recursos de las concesiones de uso social, así como al uso de cualquiera de las lenguas nacionales en las transmisiones de las diversas estaciones del país y que las
Concesiones de uso social indígena podrán hacer uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Fija Primera Sala criterio sobre el derecho del detenido de ser puesto a disposición del ministerio público

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como criterio jurisprudencial que la violación al derecho fundamental del detenido de ser puesto a disposición del ministerio público sin demora, genera la anulación de su declaración.

Además, determinó que también se dará la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del ministerio público.

Sin embargo, la Primera Sala determinó que sí tendrán validez aquellas pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención.

La tesis jurisprudencial, emitida por esta Sala de la Corte, establece además que la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos: la detención y la puesta a disposición.

Para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio conforme a dos elementos sustanciales:

Por un lado, la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción.

Y por otro lado, todas aquellas referencias a circunstancias y medios de pruebas obtenidas por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

La Primera Sala estableció 3 diferentes criterios jurisprudenciales, en torno a la pensión alimenticia.

La Primera Sala de la Corte estableció 3 diferentes criterios jurisprudenciales, en torno a la pensión alimenticia.

En el primero, derivado del amparo directo en revisión 1340/2015 en el que consideró que la obligación de proporcionar la pensión va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención.

Los ministros de la Corte destacaron que la obligación de alimentos consiste en la efectivización del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, por lo que es indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas relativas al ámbito alimenticio.

En el amparo directo en revisión 1200/2014, la Primera Sala estableció que el Estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos.

La jurisprudencia destaca que quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir del otro, la satisfacción de sus necesidades básicas, además de que se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos se debe tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no de las personas que tiene a su cargo.

Finalmente, en el amparo directo en revisión 230/2014 la Primera Sala del Alto Tribunal precisó que la obligación de dar alimentos variará dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, pero en particular del tipo de relación familiar en cuestión.

Entre ellas destacan, las relaciones paterno-filiales, matrimonio, concubinato y pensión compensatoria en casos de divorcio.

Martha Rodríguez

@marthaarod