Resuelve Primera Sala casos sobre posesión de armas de fuego y procedencia del juicio de amparo en NSJP

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad de tres artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que prevén los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

De acuerdo con la Sala, el legislador federal describió de manera precisa, y sin lugar a dudas, las consecuencias jurídicas de esos delitos, pues estableció las penas de prisión y pecuniarias con lo que abona a la certeza jurídica de quien se le apliquen esas sanciones.

En otro asunto, esta Sala ejerció su facultad de atracción en un caso que le permitiría fijar criterios sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal. (Solicitud ejercicio facultad de atracción 350/2015).

La relevancia estará en que podría establecer si las determinaciones dictadas en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, en preparación de juicio oral, son susceptibles de reclamarse por juicio de amparo indirecto, en caso de estimarse que generen violaciones de imposible reparación.

Mario López Peña

Ordena Segunda Sala al Ejecutivo Federal traducir a lengua mixe decreto de Reforma Constitucional del 14 de agosto de 2001

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Ejecutivo Federal traducir a lengua mixe la exposición de motivos y el decreto de Reforma Constitucional del 14 de agosto de 2001. (Recurso de revisión 192/2016).

Reforma a cinco artículos de la Carta Magna que tuvo como propósito buscar la plena inserción de los pueblos indígenas en el Estado mexicano y garantizar tanto su desarrollo como su participación en las decisiones nacionales.

De acuerdo con la resolución, una vez realizada la traducción, deberá ser difundía en las comunidades indígenas que correspondan.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que es el recurso de revisión el medio efectivo de defensa para combatir o reclamar las posibles ilegalidades que se susciten dentro de los procesos de subasta pública. (Amparo en revisión 1404/2015).

Y por lo tanto declaró constitucional el artículo 53 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, debido a que sí cuenta con medios efectivos de defensa.

Al resolver un amparo en revisión, esta sala subrayó que es el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad el procedente para impugnar el procedimiento de subasta.

En otro asunto, esta Sala estableció que la actualización de las cantidades establecidas en la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal de Derechos, no constituye un nuevo acto legislativo que propicie la inaplicación de la jurisprudencia que declaró su inconstitucionalidad. (Amparo en revisión 1461/2015).

El precepto impugnado, vigente en 2015, establece el pago de derechos por la expedición de copias certificadas, cuya tarifa actualizada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala resolvió asuntos en materia de matrimonio, consumo de marihuana y peritos prácticos en lenguas indígenas

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 134 y 135 del Código Civil de Chihuahua.

Esto, al reiterar su doctrina sobre la inconstitucionalidad de las normas que limitan la institución del matrimonio a la unión de un hombre y una mujer y/o establezcan como fin del mismo la procreación o perpetuación de la especie.

Además detallaron que los jueces pueden decretar medidas de reparación por violación a derechos humanos en el marco de un juicio de amparo, incluidas compensaciones económicas, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. (Amparo en revisión 706/2015).

Por otra parte, esta sala determinó que la farmacodependencia, al ser una enfermedad, no puede ser un factor para que se niegue el beneficio de cumplimiento sustituto, alternativo o anticipado de las penas impuestas por la comisión de un delito. (Amparo directo en revisión 3691/2015).

Por tanto revocó una sentencia al estimar que fue incorrecto que un tribunal colegiado argumentara que una persona, adolece de buena conducta por el hecho de consumir algún estupefaciente.

En otro asunto, la Primera Sala atrajo un asunto sobre el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales o ministeriales para designar el perito práctico en lenguas indígenas. (Solicitud ejercicio facultad de atracción 242/2015).

Podría fijar un criterio de interés nacional sobre las facultades del Instituto Federal de la Defensoría Pública , y definir si un defensor público federal bilingüe puede fungir únicamente como traductor en un proceso penal en el que esté involucrada una persona indígena, cuando ella cuente con defensa particular.

Al resolver una controversia constitucional, esta Sala ordenó al Gobernador de Michoacán el pago de las aportaciones y participaciones federales y estatales que le correspondía recibir al Municipio de Zitácuaro en los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince. (Controversia constitucional 73/2015).

La sentencia detalló que el Poder Ejecutivo local debía contemplar en su proyecto de presupuesto de egresos 2017 el rubro correspondiente al pago de estos recursos haciendo los ajustes conducentes.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Determina Primera Sala que sexo y género de juzgadores no impacta en su obligación de juzgar con perspectiva de género

La Primera Sala de la Suprema Corte determinó que el sexo y género de quienes imparten justicia no impacta en el cumplimiento de su obligación de juzgar con perspectiva de género. (Amparo directo en revisión 4811/2015).

Al resolver un amparo directo en revisión, aclaró que la obligación de juzgar con perspectiva de género se resume en el deber de impartir justicia reconociendo la situación de discriminación e inequidad que han vivido las mujeres durante la historia.

En otro asunto, ordenó reponer el procedimiento penal que se sigue contra ciudadanos de Cuba y Venezuela, por no respetar su derecho a asistencia consular. (Amparos directos en revisión 5348/2015 y 5442/2015).

Con esto, los involucrados no quedarían en libertad; esta resolución implica que se excluya su declaración ministerial.

Esta Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada de Jalisco. (Solicitud ejercicio facultad atracción 161/2016).

Con ello, podría pronunciarse sobre cómo debe actuar el juzgador penal en los casos en que la conducta delictiva se verificó durante la vigencia del sistema de competencia concurrente en materia de delincuencia organizada… Así, la Sala podría analizar la constitucionalidad de la norma referida.

También atrajo un amparo directo ante el vacío normativo sobre qué hacer en la homologación de las actuaciones realizadas en una averiguación previa que puedan ser consideradas como datos de prueba en la carpeta de investigación, al resolver sobre vinculación a proceso, o incluso, como medios de prueba en la sentencia definitiva, cuando los procesos, federal y estatal, no son compatibles entre sí. (Solicitud ejercicio facultad atracción 532/2015).

Esta Primera Sala conocerá de un conflicto competencial entre un juez de garantía y un juez de distrito. (Reasunción de competencia 131/2015).

La Sala podría determinar si, a pesar de la incompatibilidad de los sistemas Penal Acusatorio y Mixto, pueden homologarse las diligencias practicadas en una carpeta de investigación para ser consideradas como pruebas por el ministerio público.

En caso de que no exista esa posibilidad, determinar qué hacer cuando un juez de garantía declina competencia en favor de un juez de distrito, quien aún actúa conforme al Sistema Penal Mixto.

La Segunda Sala de la Corte determinó ejercer su facultad de atracción en un asunto en el que puede determinar la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por una posible actuación irregular de agentes de la PGR. (Solicitud ejercicio facultad atracción 127/2016).

Podría determinar que, si durante una averiguación previa el Ministerio Público desplegara una actividad administrativa irregular que cause un daño a un gobernado en sus bienes o derechos, pueda ser objeto de análisis a la luz del artículo 113 constitucional y de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

También atrajo un asunto en el que puede pronunciarse sobre la acreditación de un interés legítimo ante la posible o futura afectación al medio ambiente y, si es el caso, sobre el alcance del derecho a un medio ambiente sano y la afectación que produce en derechos relacionados como el derecho a una vida digna e integridad personal. (Solicitud ejercicio facultad atracción 89/2016).

Esta Sala se pronunció por la validez de los artículos 180 la Ley de la Propiedad Industrial, y 5, fracción I, y antepenúltimo párrafo, de su reglamento, relativos al requisito de firma en la solicitud de registro de diseño industrial. (Recurso de revisión 46/2016).

De acuerdo con los ministros, las normas no contravienen la Convención de París para la protección de la propiedad industrial.

Mario López Peña

Avanza Primera Sala en criterios sobre derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones

La Primera Sala de la Corte determinó que no se afecta el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones cuando, derivado de la posible comisión de un ilícito, la víctima esté en un peligro real e inminente y esté impedida para dar su consentimiento en la intervención de la comunicación en la que es o fue parte.

En esas circunstancias se considerará la existencia de un consentimiento implícito para lograr ubicarla, y preservar su vida e integridad física. (Amparo directo en revisión 3886/2013).

En otro asunto esta Sala determinó que el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo no vulnera el principio constitucional de proporcionalidad. (Amparo directo en revisión 3166/2015).

El artículo establece la cifra de indemnización para la reparación del daño; monto que se impone como pena tras la comisión del delito de homicidio.

De acuerdo con la Sala esta disposición establece un parámetro mínimo, que es de cinco mil días de salario mínimo, y que el juzgador debe considerar para indemnizar a los derechohabientes o familiares de la víctima de un delito.

En esta sesión pública también se pronunció por la constitucionalidad del artículo 5, párrafo segundo, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas… Precepto que describe los elementos de este delito. (Amparo directo en revisión 5770/2015).

Para la Sala, la norma impugnada determina de manera precisa las conductas objeto de prohibición, por lo que es clara, a pesar que establezca una multiplicidad de conductas, pues la comisión de una sola de ellas acreditará el ilícito.

Ejerció su facultad de atracción sobre un amparo directo relativo a la retención internacional de una menor, en el supuesto de que uno de los padres se exceda en la temporalidad que le correspondía para el ejercicio de la guarda y custodia compartida. (Ejercicio facultad de atracción 138/2016).

Este asunto permitiría consolidar criterios para combatir la sustracción de menores y evitar un desarrollo inadecuado de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, derivado de la ruptura unilateral e ilegítima en el régimen de convivencia por alguno de los padres.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala de la SCJN atrajo un asunto relacionado con el delito de tortura

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia atrajo un asunto que le permitirá analizar si los datos de prueba recabados en la carpeta administrativa pueden homologarse con las pruebas que se desahogan en la averiguación previa y ser tomadas como prueba para el dictado de una sentencia definitiva. (Solicitud ejercicio facultad de atracción 73/2016).

Cabe destacar que en el Sistema Acusatorio el conocimiento de esta carpeta está vedado al juez.

La importancia del asunto radica en que la Sala podría pronunciarse sobre:

El procedimiento a seguir ante la inexistencia de alguna disposición que determine qué hacer sobre la homologación de las actuaciones realizadas en una carpeta administrativa, que se incorpora al procedimiento federal bajo el sistema mixto.

Y si se deben o no homologar esas actuaciones a las desahogadas en la integración de una averiguación previa, para que se valoren en el dictado de la sentencia.

Esta Sala también atrajo un asunto en el que se promovió un amparo contra de un auto de formal prisión en el que el quejoso impugnó el haber sido incomunicado y torturado por agentes del Estado de Guanajuato desde su detención hasta que fue puesto a disposición de un juez penal.

La resolución del caso permitirá desarrollar estándares para atender casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Y podrá establecer si los actos de tortura se consuman irreparablemente para efectos de su impugnación como actos reclamados en el juicio de amparo.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia también ejerció su facultad de atracción en un asunto en el que pueden determinarse los alcances del derecho al acceso gratuito a la justicia y a la equidad procesal. (Solicitud ejercicio facultad de atracción 485/2015).

Al resolver este asunto, la Segunda Sala interpretará si el recurso de las tecnologías de la información para eficientar la labor jurisdiccional en el país, forma parte del derecho de acceso a la justicia y, si, por tanto, debe ser gratuito.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Aprueba Primera Sala jurisprudencia sobre perspectiva de género

La Primera Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia de rubro: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género.

Se explica que el reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género.

Para lo cual es indispensable implementar un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

Para ello el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente:

Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género, impidan impartir justicia de manera completa e igualitaria.

Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo  o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.

En caso de que el material sea insuficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas que permitan visualizar dicha situación.

Detectar las situaciones de desventaja, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable con el fin de alcanzar una solución justa e igualitaria.

Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de las personas involucradas, especialmente de menores.

El método exige, que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, y usar uno incluyente, con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

José Luis Guerra García

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