Concede Primera Sala de la Corte amparo a la PROFECO

La Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la PROFECO, mismo que en principio le fue negado por un tribunal colegiado, en la acción de grupo que promovió para denunciar la conducta ilícita consistente en la emisión de publicidad engañosa en televisión y medios electrónicos. (Amparo directo en revisión 2244/2014).

En el caso se argumentó que era falso que el uso de los zapatos deportivos Easy Tone, diera más firmeza a los glúteos en un 28 %, así como mayor fortaleza en pantorrillas y tendones en 11 %, que lo logrado por cualquier otro zapato de su tipo.

El amparo fue negado por el colegiado argumentado que la PROFECO no demostró que la publicidad fuera engañosa, resolución que revocó la Primera Sala, al considerar que corresponde a la empresa Adidas de México y no a los consumidores demostrar las virtudes de los zapatos que se destacan en su publicidad.

Pues en caso contrario, se estaría negando al consumidor el derecho de acceso a la justicia. Es por ello, que corresponde al proveedor demostrar que su publicidad no es exagerada, falsa o tendenciosa.

José Luis Guerra García

La Primera Sala resolvió una contradicción de tesis en la que determinó cómo se configura el delito de abandono de personas

La Primera Sala de la Corte resolvió una contradicción de tesis en la que determinó cómo se configura el delito de abandono de personas. (Contradicción de tesis 19372014).

Los ministros precisaron que para configurar este delito, basta con que la persona obligada por una decisión judicial a proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada.

Explicaron que para que se actualice el tipo penal del incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, deberes alimentarios o abandono de personas se requiere que el obligado deje de cumplir con ello, que carezca de justificación el acto y que los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

Al resolver un amparo determinaron que el Artículo 28, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, es contrario a lo dispuesto en los artículos 4 y 17 constitucionales; y al 25 de la Convención Americana. (Amparo en revisión 501/2014).

Dicha disposición restringe y viola el derecho de acceso a la justicia y medio ambiente, pues establece que las asociaciones cuyo objeto social es la protección del medio ambiente, deben representar a algún habitante de la comunidad afectada por el daño ocasionado y tener por lo menos 3 años de haber sido constituida.

Lo que se contrapone a lo previsto en el Código Federal Civil, que solo exige un año de antigüedad a la asociación y no impone la obligación de representar a los afectados.

Los ministros también determinaron cómo debe interpretarse el Artículo 84 ter de la Ley federal de armas de fuego y explosivos, que aumenta hasta en una mitad, las penas para los delitos de acopio, portación, transmisión de propiedad, etcétera, de armas reservadas a las fuerzas armadas, cuando este es cometido por militares en retiro, reserva o en activo. (Contradicción de tesis 153/2014).

Indicaron que en estos casos no aplica lo previsto en los artículos 25 y 29 del Código Penal Federal, que establecen como sanción mínima entre uno y 3 días de multa, pues la intención del legislador fue inhibir este tipo de conductas.

José Luis Guerra García

La Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la asociación civil “Aprender Primero”

La Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la asociación civil “Aprender Primero”, quien denunció la omisión de diversas autoridades encargadas de fiscalizar el gasto educativo. (Amparo en revisión 323/2014).

Los ministros determinaron que la asociación civil sí tiene interés legítimo para acudir al juicio de amparo en atención a su objetivo social, que es el de verificar que se cumpla de manera efectiva con el derecho a la educación.

Decisión que fue calificada por integrantes de la agrupación como histórica.

Estamos mucho muy contentos de que, de manera además unánime, los ministros de la Primera Sala decidieron amparar a Aprender Primero, para poder impugnar actos de autoridad que impliquen afectación al derecho de los niños a tener una educación como la que merecen los niños de México”, Claudio X. González, Presidente Asociación Mexicanos Primero.

La sentencia precisa que la agrupación, primera a la que se le reconoce interés legítimo, le permite acceder al amparo para proteger el derecho a la educación, pues las autoridades competentes no ejercieron todas las facultades con que cuenta, para lograr que el aparente desvío del gasto educativo, se sancionara, se recuperarán los fondos desviados y se destinarán al fin que fue autorizado.

“Presumimos que al ampararnos, le van a pedir a la Auditoría Superior de la Federación, que da cuenta cada año de los desvíos masivos de recursos que se dan del presupuesto educativo, pues que le va a exigir que inicie todos los procedimientos resarcitorios e inclusive penales en contra de los servidores públicos a nivel federal o estatal, que participen en el desvió de ese recurso educativo”.

La agrupación pide se sancione a los responsables del desvío de recursos para pagó de aviadores, comisionados y cúpulas sindicales, que en 2009 y 2010, ascendió a cerca de 22 mil millones de pesos.

José Luis Guerra García

Defensa adecuada debe ser otorgada por un defensor designado conforme a la ley: Primera Sala

La Primera Sala de la Corte estableció que la defensa de oficio, no debe recaer en un abogado particular, sino en una persona que cuente con atribuciones para prestar este servicio conforme a la ley. (Amparo directo en revisión 2259/2014).

Ello con el fin de garantizar la defensa adecuada, pues designar a un defensor de oficio al margen de la ley, es dejar al inculpado desprovisto de las garantías legales necesarias, para estimar que la defensa que proporciona el estado, es óptima, técnica y eficaz, y que este, se ha responsabilizado de ella.

Por ese motivo se concedió el amparo a una persona acusada del delito de robo calificado, a quien se le designó como defensor de oficio a un abogado particular y se devolvieron los autos al tribunal colegiado, para que estudie la legalidad del acto reclamado.

Ejerce Primera Sala facultad de atracción para conocer amparo en revisión sobre contenido y alcance de derechos en concesiones de bienes nacionales

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo en revisión. (Facultad de atracción 424/2014).

Relacionado con el contenido y alcance de los derechos que otorgan las concesiones expedidas a particulares y asociaciones, sobre bienes nacionales.

En este caso, sobre las corrientes naturales de las aguas de los ríos.

Asunto que permitirá continuar con el estudio de la posible afectación a los derechos humanos de diversos sectores de la población, relacionado con el proyecto Acueducto Independencia.

En el caso la asociación de usuarios productores agrícolas de diversas secciones promovió amparo en contra de una licitación relacionada con la obra, reclamando la inminente disminución de los módulos de riego.

El juez de distrito decidió sobreseer en torno al proceso de licitación y amparó, para que se les garantizara el derecho de audiencia. Inconformes tanto autoridades como los quejosos interpusieron recurso de revisión.

El recurso permitirá a los ministros fijar lineamientos objetivos del derecho humano al agua, que los quejosos consideran violado y que estiman no puede someterse a intereses económicos o contractuales de particulares.

De ser el caso, analizará el régimen de las cuencas hidrológicas de los ríos y sus afluentes, que el Artículo 27 constitucional define como de dominio de la nación, de carácter inalienable e imprescriptible, pero cuya explotación, uso y aprovechamiento por particulares o sociedades, puede realizarse mediante concesión.

También declaró la constitucionalidad de la fracción X del Artículo 404 de la Ley General de Salud. (Amparo en revisión 449/2014).

Disposición que establece como medida de seguridad sanitaria, el aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias, cuando se presuma que pueden ser nocivos para la salud de las personas o carezcan de los requisitos que establece la ley.

Los ministros descartaron que violara el derecho de audiencia, pues sí existe un procedimiento para que el particular manifieste lo que a su derecho convenga y aporte elementos que demuestren que sus productos cumplen con lo previsto en la ley.

Por ese motivo se negó el amparo a la empresa quejosa y se confirmó la constitucionalidad de la norma impugnada.

José Luis Guerra García

Para que proceda divorcio basta con que uno de los cónyuges lo solicite, determina Primera Sala

La Primera Sala de la Corte determinó que los artículos 175 del Código Familiar del Estado de Morelos y 141 del Código Civil de Veracruz son inconstitucionales.

Disposiciones que exigen la acreditación de causales, para que proceda la disolución del matrimonio, cuando no exista mutuo consentimiento de los contrayentes, lo que vulnera el derecho al libre desarrollo de la persona, que permite al individuo materializar los planes de vida que estime convenientes.

Indicaron que los jueces no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del matrimonio, basta con que uno de los cónyuges lo solicite, sin necesidad de expresar motivo alguno.

Constitucional fracción II del Art. 178 del Código Penal del DF, determina Primera Sala

La Primera Sala de la Corte determinó que es constitucional la fracción II del Artículo 178 del Código Penal del Distrito Federal, al considerar que no viola el principio de progresividad. (Amparo directo en revisión 1546/2014).

Disposición que prevé incrementar en 2 terceras partes la pena de prisión, cuando el delito de violación y abuso sexual, es cometido por un familiar.

Esta agravante busca proteger a personas que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad, motivo por el cual se confirmó la sentencia de 11 años y 8 meses que se impuso, a un padrastro que violó a su hijastra.

Los ministros también decidieron reasumir su competencia para conocer de un amparo en el que se cuestiona la constitucionalidad del Artículo 158, fracción II del Código Penal del Estado de Hidalgo. (Reasunción de competencia 28/2014).

Norma que permite interrumpir un embarazo, cuando este, es producto de una violación, la solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la concepción y siempre que el hecho, se hubiera denunciado antes de tener conocimiento del estado de gestación.

Asunto que permitirá definir si la disposición en cuestión transgrede los derechos de igualdad, no discriminación, salud y dignidad de las mujeres.

Al resolver una contradicción de tesis fijaron como criterio que el derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales, no puede estar predeterminado por una regla fija, ni aun cuando esté prevista en la ley. (Contradicción de tesis 256/2014).

El juez en estos casos debe proteger al menor y su interés superior, evitar que se ponga en riesgo su integridad física y psíquica; así como posibilitar que el menor decida si interviene o no en el proceso o si lo hace a través de su representante.

En otro asunto, establecieron que el derecho a una vivienda digna protegido por el Artículo 4 constitucional, no se limita a que esta cuente con infraestructura adecuada. (Amparo directo en revisión 2441/2014).

Este concepto también comprende el acceso a servicios públicos mínimos, entre ellos el de seguridad o vigilancia.

Por ese motivo, revocó una sentencia que negaba el amparo a la quejosa, a la que se le canceló un crédito por no habitar la vivienda dentro de los 3 meses posteriores a la entrega del inmueble, pues se comprobó que no contaba con medidas adecuadas de protección y seguridad pública para ocuparla.

Los ministros negaron un amparo a una empresa importadora de jugos de frutas con azúcares añadidos, que pedían invalidar el Artículo 2 fracción I, inciso G de la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios. (Amparo en revisión 515/2014).

El cual grava con un impuesto de un peso por litro, la importación y enajenación de todas las bebidas de este tipo.

Explicaron que el impuesto no es soportado por la empresa, ya que es transferido al consumidor, con el fin de inhibir el consumo de este tipo de productos, que generan sobrepeso en la población.

José Luis Guerra García

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 51.087 seguidores