Interpreta Primera Sala figura de detención por caso urgente

La Primera Sala determinó que es inconstitucional y arbitraria la detención de una persona, bajo el supuesto de caso urgente, si no existe una orden de detención decretada por el ministerio público.

Al resolver distintos amparos, fijó el criterio de interpretación del párrafo sexto del Artículo 16 constitucional que faculta al Ministerio Público para detener a una persona bajo este supuesto. (Amparos directos en revisión 3506/2014, 1074/2014 y 3023/2014).

Casos en los que se deberán cumplir ciertos requisitos: que el delito sea grave, que exista riesgo de fuga y que el Ministerio Público no pueda acudir ante el juez a solicitar la orden de aprehensión.

Los ministros también declararon la constitucionalidad de los artículos 32 Fracción II y 17, fracción XII apartado B de la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mismos que se consideró no vulneran los principios de presunción de inocencia, igualdad, no discriminación, ni tampoco generan inseguridad jurídica. (Amparo en revisión 977/2014).

En el caso del Artículo 32 prohíbe aceptar el pago en efectivo para la adquisición de un automóvil cuyo valor supere los 3 mil 200 días de salario mínimo.

Medida que se considera adecuada para combatir el lavado de dinero a través de la compra venta de vehículos, sector considerado por la ley como vulnerable, motivo por el cual se negó el amparo a una empresa que se inconformó con la disposición. (Amparo en revisión 71/2015).

En el caso del Artículo 17 obliga a los corredores públicos a reportar toda operación de avalúo de bienes cuyo valor sea igual o superior a los 8 mil 25 salarios mínimo, en este caso, también se negó el amparo al quejoso.

La Sala también resolvió un amparo que tiene que ver con el interés superior del niño, frente a la institución de prescripción adquisitiva intentada sobre un inmueble que originalmente era propiedad de un menor de edad. (Amparo directo en revisión 648/2014).

Casos en los que el juez debe respetar el interés del menor,  como por ejemplo, a través de la suplencia de la queja deficiente en su favor, lo que no tiene el alcance de anular los derechos de aquellas personas que activan el aparato judicial, para formular alguna pretensión que pueda afectar los derechos patrimoniales de personas menores de edad.

José Luis Guerra García

Inconstitucionales dos artículos de Ley de Ingresos de Zapopan, Jalisco, determina Primera Sala

La Primera Sala de la Corte declaró la invalidez  de los artículos 47 y 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco  2009 por violar el principio de equidad tributaria. (Amparo directo en revisión 4297/2014).

Por ello se revocó la sentencia recurrida y se amparó a una empresa, que pidió la devolución del pago de las contribuciones por cambio de proyecto de la plaza andares.

Las disposiciones invalidadas preveían el cobro de derechos por licencias o permisos de edificación, ampliación de inmuebles no habitacionales, cuyo monto depende de los metros cuadrados, el tipo de zona y densidad poblacional.

Además establece tasas distintas cuya aplicación depende de si se trata de la celebración de un acto jurídico, de una construcción nueva, ampliación o remodelación.

Indicaron que no se justifica imponer tasas diferenciadas a contribuyentes que realizan actividades similares.

Para el cobro del derecho no se deberá tomar en cuenta la clasificación de la zona y al derecho sobre negocios jurídicos, deberá aplicarse la tasa más baja.

José Luis Guerra García

La Primera Sala declaró inconstitucional el Art. 398 del Código Penal de Chiapas

La Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el Artículo 398 del Código Penal de Chiapas. (Amparo en revisión 492/2014).

Disposición que sancionaba con pena de prisión de 2 a 15años, a quien difundiera información sobre operativos policiacos y de persecución del delito.

Norma que atentaba contra la libertad de expresión y el derecho a la información, pues la medida tenía un efecto amedrentador y disuasivo de la labor periodística, el recurso fue promovido por un comunicador a quien se le reconoció interés legítimo.

En otro asunto, determinaron que el Artículo 267 del Código Civil del Distrito Federal, respeta los derechos de igualdad y no discriminación. (Amparo directo 4909/2014).

La disposición prevé una compensación de hasta el 50 % de los bienes adquiridos durante el matrimonio, celebrado bajo el régimen de separación de bienes, al cónyuge que se haya dedicado al trabajo del hogar y cuidado de los hijos.

Para resolver estos casos se fijó como parámetro que el juez debe evitar la invisibilización del trabajo doméstico y ante la duda asumir un rol activo para decidir lo conducente.

Los ministros también negaron el amparo a 3 personas inculpadas por el delito de afirmar en su demanda hechos falsos, previsto en la anterior Ley de Amparo, vigente al momento de registrarse el delito. (Amparo en revisión 53/2014).

Se les decretó la formal prisión por afirmar que formaban parte de un fideicomiso, lo que resultó falso. Pidieron un incidente de extinción de la acción penal por supresión del tipo penal, mismo que les fue negado, pues el cuarto transitorio de la nueva ley, prevé la aplicación de las normas vigentes al momento de cometer la falta.

Además declararon la invalidez del artículo tercero transitorio del reglamento de la Ley de Derechos de Autor, expedido en mayo de 1998 y que definía que las tarifas expedidas para el cobro de regalías se mantendría vigente hasta que el instituto proponga las nuevas, lo que va más allá de lo previsto en la ley. (Amparo directo en revisión 5609/2014).

Disposición que contraviene la exacta observancia de la norma  y el principio de división de poderes. Por ese motivo revocó la sentencia reclamada por tv azteca a quien se le exige el pago de regalías por la transmisión de diversas obras y películas.

José Luis Guerra García

Resuelve Primera Sala amparo sobre el principio del desarrollo progresivo de la autonomía del menor

La Primera Sala de la Corte resolvió un amparo en el que abordó el principio del desarrollo progresivo de la autonomía del menor. (Amparo directo en revisión 1674/2014).

En el caso, un padre se inconformó con la resolución de la Sala de lo Familiar, que lo condenó al pago de alimentos de sus 2 hijos adolescentes y estableció un régimen de convivencia abierto.

Medida que impugno, pero la Primera Sala le negó el amparo, tomando en cuenta que el desarrollo de la autonomía de los adolescentes les permite decidir si quieren o no convivir con su padre no custodio.

Indicaron que en la medida que crecen los niños aumenta su capacidad de asumir decisiones y responsabilidades, misma que va en función de su edad, medio social, económico y cultural. Por ese motivo para definir la capacidad de un menor para tomar decisiones acerca del ejercicio de sus derechos, el juez deberá ponderar las circunstancias particulares del menor.

Los ministros también ejercieron su facultad de atracción para conocer de un amparo relacionado con negligencia o malas prácticas médicas.

Asunto que les permitirá pronunciarse sobre las obligaciones y responsabilidades que pueden derivar de la actuación de los médicos que suministran el tratamiento en hospital privado. (Facultad de atracción 575/2014).

El alcance de dichas actuaciones cuando se celebran contratos de prestación de servicios y la responsabilidad solidaría entre médicos e instituciones. Además de la responsabilidad en la elaboración de las historias clínicas.

José Luis Guerra García

Primera Sala ordena a escuela indemnizar a menor que fue víctima de bullying

La Primera Sala de la Corte resolvió por primera vez, un asunto relacionado con el fenómeno del bullying escolar. (Amparo directo 35/2014).

En la sentencia se ordenó a una escuela privada del Estado de México, indemnizar a un niño de 7 años que fue víctima de acoso escolar.

Maltrato que fue incitado por uno de sus profesores y que la escuela solapó, al no haber tomado medidas para evitar el hostigamiento.

Qué podemos considerar por bullying, cómo se puede acreditar y cuál sería la consecuencia de esto, me parece que es un precedente muy importante porque lamentablemente en nuestro país, de acuerdo con las estadísticas este fenómeno, tiene una incidencia muy alta”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros indicaron que la escuela deberá pagar una indemnización al menor afectado de 500 mil pesos. Cantidad que se fijó tomando en cuenta el daño que sufrió el niño, el grado de responsabilidad de la institución y su situación económica.

“En esta ocasión el efecto es que se condena al pago de una cantidad de dinero a la escuela, derivado del daño psicológico que se le causó al niño de 7 por este acoso escolar al que estuvo sometido”.

Indicaron que esta práctica no solo viola los derechos del niño a la dignidad, integridad y educación, también constituye un tipo de discriminación, pues sufre de déficit de atención, lo que lo ubica en situación de vulnerabilidad.

“Y en otros casos todavía es peor, como fue este, en que no solamente ocurre esto que los chicos acosan a su compañerito, si no que la maestra es parte de este abuso, de este bullying, incita a la violencia contra el niño y lejos de tomar medidas la escuela, permite que esta condición siga existiendo”.

Enfatizaron que deben adoptarse medidas claras a fin de que sea posible identificar, prevenir y combatir un fenómeno tan dañino como el bullying a nivel nacional.

José Luis Guerra García

Resoluciones de la Primera y Segunda Sala de la SCJN

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo, relacionado con la materia competencial que corresponde a los órganos jurisdiccionales, tanto federal como local, en casos de delincuencia organizada. (Facultad de atracción 32/2015).

Asunto que permitirá definir en qué momento el Congreso de la Unión, ejerció la facultad otorgada en la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución; para definir cómo es que debe actuar el juzgador penal que corresponda, cuando la conducta delictiva se haya verificado, durante la vigencia del sistema de competencia concurrente en este delito.

Incluso podrá estudiar la constitucionalidad de la Ley en materia de delincuencia organizada de Jalisco, publicada el 10 de febrero de 2004, lo que llevaría a una declaratoria de inconstitucionalidad, respecto de todo el ordenamiento jurídico.

El recurso es promovido por una persona a la que un juez de primera instancia, le dictó el auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, delincuencia organizada y robo equiparado.

El ahora sentenciado promovió amparo, el cual se le concedió al estimar que dicho acto fue dictado por un juez sin competencia, pues la delincuencia organizada solo puede sancionarse en base a la legislación federal especial. Ante ello se interpuso la revisión.

La Segunda Sala concedió el amparo a una mujer que reclamo responsabilidad patrimonial del estado, al seguro social por la negligencia médica que sufrió. (Amparo directo 70/2014).

Lo anterior porque el IMSS no siguió los requisitos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ordenamiento aplicable para atender la petición, misma que sí permite reclamar, entre otros, el daño moral que pudo ocasionar la actividad irregular del ente estatal.

Por ese motivo ordenó reponer el procedimiento y fijó las directrices que tutelan la indemnización por daño moral, derivada de la responsabilidad patrimonial del estado, que deben observar las autoridades y órganos jurisdiccionales.

Entre ellos, no puede fijar como parámetro la situación económica del afectado, para determinar el daño moral y el monto económico a indemnizar, pues el padecimiento y el dolor, son aspectos ajenos a la pobreza o riqueza.

Originalmente el seguro social, solo aceptó pagar a la afectada, indemnización por la indebida atención médica, pero se negó a liquidar el daño moral, argumentando que no estaba previsto en las leyes y reglamentos que rigen su actividad, decisión que ahora es revocada.

También concedió un amparo a Cablemás en contra de la resolución de la COFECO, que ordenó el cierre de una investigación en contra de Radiomóvil Dipsa, por prácticas monopólicas relativas en el mercado de servicios de interconexión, por terminación de llamadas en teléfonos móviles.

Pues tiene derecho a que la investigación por su denuncia sea concluida, con independencia de que exista una similar en la que Radiomóvil Dipsa se comprometió a dejar de incurrir en dichas prácticas.

Los ministros sobreseyeron en relación a la cancelación de la multa que se le impuso, pues estaba sujeta a un plazo que ya concluyó.

José Luis Guerra García

Primera Sala establece jurisprudencia sobre derechos humanos en tratados internacionales y en la Constitución

La Primera Sala de la Corte estableció como jurisprudencia que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y en la Constitución, no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. (Jurisprudencia 29/2015 (10a.)

Forman un catálogo de derechos, que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. 

En consecuencia, cuando un derecho esté reconocido tanto en la Constitución federal como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance. 

Favoreciendo en todo momento a la persona, la protección más amplia. 

Este criterio fue fijado por la Primera Sala, al reiterar esta postura en 5 juicios de amparo, estableciendo la respectiva jurisprudencia. 

Los ministros precisaron que cuando exista en la constitución alguna restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá atender lo que indica la Ley Suprema.

Con esta jurisprudencia se busca garantizar la protección más amplia de los derechos humanos.

José Luis Guerra García

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