Ordena Primera Sala restitución inmediata de menor sustraída ilegalmente de Estados Unidos

La Primera Sala ordenó la restitución inmediata de una menor sustraída ilegalmente de Estados Unidos. (Amparo directo en revisión 151/2015).

En dicho asunto se aplicó la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Conforme a la cual, la restitución inmediata del menor es la regla general para la protección de los menores sustraídos.

Misma que en caso excepcional puede anularse, cuando el menor se encuentra adaptado a un nuevo medio ambiente.

Excepción que solo procede, cuando la solicitud de restitución se presenta después de un año de la sustracción del menor.

La dilación en el proceso de restitución, no puede considerarse para negar la restitución, cuando esta fue solicitada dentro del plazo previsto.

De lo contrario, el estado mexicano estaría convalidando actos ilegales e incumpliendo con sus obligaciones internacionales.

La menor fue sustraída por su padre y trasladada a Chihuahua. Dos meses después la madre solicito la restitución, pero la niña fue localizada 3 años después, motivo por el cual el colegiado resolvió que no debía ser restituida, pues ya se encontraba adaptada a un nuevo medio.

La Primera Sala revocó la sentencia y negó el amparo al padre de la menor, argumentando que el interés superior del niño tiene una importancia primordial en todas las cuestiones relativas a la custodia.

Entre las manifestaciones más objetivas de este interés, se encuentra su derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente en perjuicio de su integridad física y psicológica.

Si la madre hizo todo lo que tenía a su alcance para localizar a su hija, el estado mexicano no puede convalidar un acto ilegal por el simple transcurso del tiempo.

José Luis Guerra García

La Primera Sala determinó que la obligación de cubrir alimentos a cargo de los abuelos, es de naturaleza subsidiaria

La Primera Sala de la Corte determinó que la obligación de cubrir alimentos a cargo de los abuelos, es de naturaleza subsidiaria. 

Es decir, solamente se actualiza ante la falta o imposibilidad de quienes ejercen la patria potestad.

Cuando los padres existen, su obligación es dotar los alimentos y si uno de ellos carece de empleo, el otro progenitor, en su carácter de deudor preferente debe de cubrirlos, pues no se advierte la existencia de una obligación directa a cargo de los abuelos. 

También estableció como criterio que en las ventas judiciales, el inmueble pasa al comprador libre de gravamen, salvo estipulación expresa en contrario. 

Sin que esto implique que el bien hipotecado rematado, extinga el adeudo, independientemente del precio de venta pactado. 

El juez debe solicitar al registro público de la propiedad un certificado de libertad de gravamen del inmueble sujeto a remate, si de este se desprende algún adeudo, se deberá asegurar que lo que se pague, se destine a la liquidación de la hipoteca. 

Al resolver un amparo en revisión, determinaron cómo debe interpretarse el Artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa de San Luis Potosí. 

Norma que instruye a la Sala, al pronunciar sentencia, suplir la deficiencia de la queja planteada en la demanda, siempre que de los hechos se deduzca el agravio, centrándose en el punto de la litis, la cual no se dice como se configura. 

Dicho concepto debe entenderse como de litis abierta, lo cual permite a la persona que presentó la demanda, formular conceptos de impugnación en contra de dicha resolución, como de la originalmente recurrida. 

En el caso, se revocó la sentencia y amparo al quejoso, quien fue inhabilitado por 4 años, pues como director de un centro de salud, se le atribuyó abuso de autoridad y trato discriminatorio. 

Los ministros también determinaron la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, del Artículo 11 del Decreto 17 mil 114 para la regularización de predios rústicos de la pequeña propiedad del estado de Jalisco. 

Pues obstaculiza el acceso a la justicia para impugnar los actos del Comité Interinstitucional para la citada regularización, pues solo permite ventilarlos en la vía civil, sin la posibilidad de revisarla en una instancia judicial.

José Luis Guerra 

Primera Sala resuelve asuntos sobre ventas judiciales, Ley de Justicia Administrativa de San Luis Potosí y regularización de predios en Jalisco

La Primera Sala estableció como criterio que en las ventas judiciales, el inmueble pasa al comprador libre de gravamen, salvo estipulación expresa en contrario. (Contradicción de tesis 331/2014).

Sin que esto implique que el bien hipotecado rematado, extinga el adeudo, independientemente del precio de venta pactado.

El juez debe solicitar al registro público de la propiedad un certificado de libertad de gravamen del inmueble sujeto a remate, si de este se desprende algún adeudo, se deberá asegurar que lo que se pague, se destine a la liquidación de la hipoteca.

Al resolver un amparo en revisión, determinaron cómo debe interpretarse el Artículo 93 de la Ley de Justicia Administrativa de San Luis Potosí. (Amparo directo en revisión 5269/2014).

Norma que instruye a la Sala, al pronunciar sentencia, suplir la deficiencia de la queja planteada en la demanda, siempre que de los hechos se deduzca el agravio, centrándose en el punto de la litis, la cual no se dice como se configura.

Dicho concepto debe entenderse como de litis abierta, lo cual permite a la persona que presentó la demanda, formular conceptos de impugnación en contra de dicha resolución, como de la originalmente recurrida.

En el caso, se revocó la sentencia y amparo al quejoso, quien fue inhabilitado por 4 años, pues como director de un centro de salud, se le atribuyó abuso de autoridad y trato discriminatorio.

Los ministros también determinaron la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, del Artículo 11 del decreto 17 mil 114 para la regularización de predios rústicos de la pequeña propiedad del estado de Jalisco. (Amparo directo en revisión 375/2015).

Pues obstaculiza el acceso a la justicia para impugnar los actos del comité interinstitucional para la citada regularización, pues solo permite ventilarlos en la vía civil, sin la posibilidad de revisarla en una instancia judicial.

José Luis Guerra García

Atrae Primera Sala de la SCJN caso de menor que murió durante juego de gotcha

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo, relacionado con la reparación de daño moral y material, solicitado por los padres de un menor que murió durante un juego de gotcha, cuando estaba bajo el cuidado de la Asociación de Scouts de México. (Facultad de atracción 22/2015).

La sala civil en apelación condenó de forma solidaria a un municipio del Estado de México, al centro de diversiones y a la asociación al pago de la indemnización, además de obligarlos a pagar a cada uno 2 millones de pesos para reparar el daño moral.

El asunto permitirá definir la relación que guarda la reparación del daño y las violaciones cometidas contra la víctima, el alcance de la reparación por daño moral, bajo la vertiente de lucro cesante o de la expectativa de vida y si para fijar el monto, debe tomarse en cuenta la situación económica del responsable y de la víctima.

También atrajeron un amparo, que permitirá pronunciarse sobre los derechos de los adultos mayores, grupo cada vez mayor y en muchas ocasiones en situación de vulnerabilidad. (Facultad de atracción 38/2015).

El asunto se relaciona con la donación de una propiedad que hizo una persona mayor a favor de su hija, decisión que pretende revocar pues no cumplió con su compromiso de cuidar a sus padres y de proporcionarles dinero para sus gastos.

Caso que permitirá fijar líneas de interpretación que atiendan a la realidad de este tipo de personas para garantizar sus derechos a la dignidad, a su autonomía, a la igualdad y libertad, a recibir un trato diferenciado y a evitar situaciones de abuso y discriminación.

Los ministros determinaron reasumir su competencia para conocer de un amparo que permitirá definir el alcance de los derechos de las personas con discapacidad, al igual reconocimiento como persona ante la ley y acceso a la justicia, así como a la no discriminación y a no ser víctimas de tratos degradantes, a la luz de la Convención sobre los derechos de este tipo de personas. (Reasunción de competencia 38/2014).

En especial, se podrá establecer si la comparecencia de una persona con discapacidad en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, interdicción, para que le practiquen diversos reconocimientos médicos, así como la intervención de la tutriz en diversas actuaciones, implica que aquella conoce del mismo para efectos de estar en posibilidad de impugnarlo.

En caso de considerarse que el sobreseimiento dictado por el juez, es contrario a la Convención, hará necesario analizar la constitucionalidad del régimen de interdicción regulado por el Código Civil del Distrito Federal.

José Luis Guerra García

Constitucional, pena de 25 a 45 años para castigar secuestro exprés agravado: Primera Sala

La Primera Sala determinó que es constitucional la fracción I del Artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro. (Amparo directo en revisión 4340/2014).

Que castiga con pena de 25 a 45 años de prisión el secuestro exprés agravado, ya que no transgrede el principio de proporcionalidad y el bien que tutela es la libertad personal.

Indicaron que la sanción es similar a las que se imponen por delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o esclavitud, que se castigan con penas que van de los 5 a los 50 años.

La Sala ejercicio su facultad de atracción para conocer de un amparo relacionado con los hechos registrados en la Discoteca New´s Divine. (Facultad de atracción 91/2015).

El quejoso es el administrador del local, a quien se le imputa el delito de corrupción de menores, pues según dictámenes periciales, bajo sus órdenes se proporcionaban bebidas alcohólicas a menores.

Este asunto, permitirá definir el alcance jurídico de la denuncia anónima, si el operativo policiaco tenía el propósito de proteger a menores, acreditar si la evidencia recabada permitía determinar la flagrancia de algún delito y la responsabilidad del administrador.

También decidieron reasumir su competencia para conocer de un amparo en el que se cuestiona la constitucionalidad del Artículo 219 Bis del Código Civil de Nuevo León, que limita el concubinato a la unión de un hombre con una mujer. (Reasunción de competencia 2372015).

Disposición que según el quejoso, viola los principios de igualdad y no discriminación, en razón de las preferencias sexuales, además de que afecta el libre desarrollo de la persona y la protección de la familia.

Asunto que permitirá definir si el quejoso tiene interés legítimo para promover el recurso, si el Congreso local incurrió en omisión legislativa o si puede crear figuras para cada tipo de parejas, y definir, la constitucionalidad de la norma impugnada.

Los ministros determinaron que los párrafos segundo, tercero y sexto del Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, trasgrede el derecho humano de acceso a la información, al no especificar cuáles son las razones específicas de interés público que autoricen a reservar toda la información contenida en las averiguaciones previas. (Amparo en revisión 650/2014).

Además, se consideró que se trata de una medida desproporcionada, al no existir una ponderación entre el derecho de acceso a la información y el fin que se busca con la restricción.

Al resolver una contradicción de tesis, fijaron como criterio que la suplencia de la queja deficiente en materia penal, es improcedente tratándose de personas morales oficiales, cuando ocurren al juicio de amparo en su calidad de parte ofendida del delito. (Contradicción de tesis 310).

Figura que se creó para proteger a sectores vulnerables que estuvieran en riesgo de perder su libertad o bienes, por desconocer los tecnicismos del derecho, lo que no acontece en el caso de personas morales oficiales.

José Luis Guerra García

Publican jurisprudencia de Primera Sala que declara inconstitucional normas que prohíben matrimonio homosexual 

Este viernes se publicó en el Semanario Judicial, una jurisprudencia de la Primera Sala en materia de matrimonio. 

Misma que establece que la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que su finalidad es la procreación o que lo defina como la unión de un hombre y una mujer, es inconstitucional. 

Se argumenta que se trata de una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer, que es la protección de la familia como realidad social. 

Explican que vincular los requisitos del matrimonio a preferencias sexuales y a la procreación, es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales. 

Como la finalidad del matrimonio no es la procreación no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual. 

Reitera que definir al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, resulta discriminatorio, práctica que está prohibida. 

En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto de autoridades, como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.


José Luis Guerra García.

 

Determina 1ª Sala que no deben existir trabas para prohibir matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colima

La Primera Sala determinó que no existe justificación racional para negar el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aun cuando existiera un régimen jurídico diferenciado, al cual pudieran optar estas parejas en lugar de casarse. (Amparo en revisión 823/2014).

Por ese motivo se invalidó el Artículo 147 de la Constitución de Colima y diversas disposiciones del Código Civil, que circunscriben el matrimonio a la unión de un solo hombre y una mujer; además de crear la figura de enlace conyugal para personas del mismo sexo.

Ante ello se revocó la sentencia recurrida y se amparó al quejoso. La resolución es vinculante para todas las autoridades del estado de Colima, por lo que no le podrán negar el derecho a contraer matrimonio.

Los ministros también determinaron que todo adolescente que incurre en una conducta antisocial, tiene el derecho a contar con una defensa técnica y especializada adecuada. (Amparo directo en revisión 140/2015).

Derecho que no se colma con la designación de un defensor de oficio, máxime si no se identifica, ni exhibe cédula profesional durante la diligencia ministerial y mucho menos, puede afirmarse que cuenta con los conocimientos del régimen constitucional y local, de justicia para adolescentes.

El defensor deberá contar con conocimientos técnicos en la materia y estar certificado por una institución educativa o bien por la práctica profesional.

También determinaron que si bien es cierto que diversos artículos del Código de Procedimientos Penales de Guanajuato, señalan que únicamente el ministerio público, el inculpado y los defensores tienen a apelar los autos o sentencias definitivas. (Amparo directo 32/2014).

Lo cierto es que la víctima u ofendido, sí está legitimado para impugnar una sentencia de carácter absolutorio dictada por el juez de la causa a través del amparo indirecto, sin que ello implique que sea necesario promover el recurso para que después pueda acudir al amparo directo.

En el caso no fue llamado a un juicio, relacionado con la posesión de un terreno y construcción en el mismo.

José Luis Guerra García

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