Orden de arraigo emitida por un juez local, es inconstitucional, determina Primera Sala

La Primera Sala de la Corte emitió 2 jurisprudencias relacionadas con el tema del arraigo. Tesis jurisprudencial 4/2015 (10ª).

En las que establece que en dicha materia solo puede legislar el Congreso de la Unión, medida que solo aplica en el caso de la delincuencia organizada.

En consecuencia establece como criterio que la orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un Ministerio Público del Fuero Común, para la investigación de un delito también local, no puede ser considerada constitucional.

Pues ni el juez es autoridad competente para emitirla, ni el Ministerio Público para solicitarla, aun cuando el delito por el que se pidió fuera considerado grave, y en la federación o el estado no haya entrado en vigor el Sistema Penal Acusatorio.

También determinó que ante la inconstitucionalidad de la medida de arraigo, el juez de la causa penal debe determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directamente vinculadas con el arraigo. Tesis jurisprudencial 5/2015 (10ª).

José Luis Guerra García

Fija Primera Sala criterios para desahogar careos entre víctima de un delito y el inculpado

La Primera Sala de la Corte, al resolver un amparo directo en revisión (Amparo directo en revisión 575/2015), en atención al debido proceso, determinó las siguientes directrices para desahogar careos entre la víctima de un delito y el inculpado:

-La petición de la víctima de no estar presente en la misma sala de audiencias con el procesado debe hacerse ante el juzgador, además de darse vista al procesado y su defensa, así como a la fiscalía para que manifiesten lo que consideren oportuno.

-Los jueces durante el proceso penal adoptarán medidas para minimizar las molestias a las víctimas.

-Se reducirá el contacto entre víctima y procesado, siempre con respeto al principio de igualdad procesal, inmediación y contradicción; si es posible y necesario, la víctima debe ser interrogada durante el juicio, sin que se encuentre en la misma sala con el procesado.

-Evitar el contacto innecesario con personas sin relación directa con el proceso.

-Se deben adoptar medidas para garantizar que las víctimas sean interrogadas o careadas con sensibilidad, entre ellas, ayuda psicológica durante la diligencia.

-El juzgador, debe evitar, en la medida de lo posible, que se formulen preguntas que impliquen un recordatorio constante del hecho delictivo.

-Y deberá establecer posibles recesos durante las audiencias, para los supuestos en los que advierta desgaste físico o emocional de la víctima.

En otro asunto, esta sala determinó que dada la obligación constitucional de los gobernados de contribuir al gasto público y de la facultad del estado de hacerla cumplir, tal como es el embargo de créditos que tenga a favor del contribuyente, el derecho de disfrute del producto de la actividad de una empresa tiene límites. (Amparo en revisión 940/2015).

Por lo tanto, resolvió que los artículos 155, fracción II, y 160 del Código Fiscal de la Federación, no transgreden el derecho de libertad de trabajo y empresa.

Dichos artículos disponen, que quien atienda la diligencia de embargo tiene derecho de precisar los bienes sobre los que debe recaer esa instrucción jurídica; y que el embargo de créditos decretado por la autoridad fiscal, debe ser notificado al deudor y se le requerirá para que pague ante esa autoridad.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala determinó que Art. de Código Civil de Jalisco que limita matrimonio entre hombre y mujer es inconstitucional

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la protección de la justicia federal a dos parejas del mismo sexo del estado de Jalisco, pues determinó que la disposición del Código Civil de ese estado que limita la celebración de matrimonio entre hombre y mujer, es inconstitucional.

Los ministros lo decidieron así, pues coincidieron en que la norma discrimina con base en la preferencia sexual de las personas.

En el caso, dos parejas, una de mujeres y una de hombres, presentaron solicitud de matrimonio ante el Registro Civil correspondiente, que con fundamento en el artículo impugnado las consideró improcedentes.

Según versiones periodísticas, esta Sala ejerció su facultad de atracción para determinar si es la justicia federal o el fuero local, el que debe resolver acerca de las demandas que interpuso el Gobierno del Distrito Federal contra las empresas contratadas para construir la línea 12 del metro.

Es decir, la Sala sólo se pronunciaría sobre el fuero competente para resolver este conflicto.

La Segunda Sala de la Corte confirmó una suspensión para el efecto exclusivo de que la construcción de la presa “El Zapotillo” no rebase la altura de 80 metros, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo respectivo.

El proyecto del Zapotillo, una mega obra que busca abastecer de agua a pobladores de Jalisco y Guanajuato inició en octubre de 2014.

Diversos ciudadanos acudieron a la justicia federal pues argumentan que viola sus derechos humanos y los de cientos de habitantes en los dos estados.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala se pronunciará sobre los alcances del Art. 22 de la Ley de Amparo

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad de atracción en un caso en el que podrá fijar los alcances de la interpretación constitucional y convencional del Artículo 22 de la Ley de Amparo, que prevé que los plazos en materia penal se contarán de momento a momento. (Facultad de atracción 262/2015).

La Sala podrá fijar el alcance de este artículo a la luz del principio de progresividad de los derechos de igualdad, acceso efectivo a la justicia y de pronta impartición de justicia.

También ejerció esa facultad en un caso en el que podrá establecer la manera en que deben analizarse las reclamaciones en las que los afectados son individuos agrupados por circunstancias comunes, en particular, como cuando son ejercidas por usuarios de un servicio de transporte público, así como la manera en que deben acreditar su interés. (Facultad de atracción 606/2014).

Otro tema sobre el que podrá pronunciarse la Sala es si la exhibición de un boleto de transporte es suficiente para tener por acreditada una relación contractual con la empresa proveedora del servicio cuando se está en el caso de una acción individual.

Al resolver un amparo directo en revisión, la Primera Sala determinó que no basta con que una persona diga que es indígena para que le otorguen las prerrogativas previstas en el Artículo 2 de la Constitución, relativas a las comunidades y pueblos originarios de nuestro país. (Amparo directo en revisión 1449/2015).

En el caso una mujer argumentaba que por ser integrante de una agrupación que decía ser conformada sólo por indígenas en Sinaloa, debía recibir la protección que brinda la Carta Magna a quienes forman parte de los pueblos originarios.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Categorías sospechosas en la ley deben analizarse bajo escrutinio del juzgador para definir su constitucionalidad: Primera Sala

La Primera Sala de la Corte publicó una jurisprudencia de rubro igualdad: cuando la ley contenga una distinción basada en una categoría sospechosa, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto a la luz de aquel principio. (Tesis 1ª/J 66/2015) 

Es decir cuando incurra en los criterios enunciados en el último párrafo del Artículo 1 constitucional.

En donde se precisa que ninguna persona puede ser discriminada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social.

Las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En estos casos el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, ya que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. 

Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que solo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. 

José Luis Guerra García        

Constitucional Artículo que tipifica el delito de feminicidio en Guanajuato: Primera Sala

La Primera Sala de la Corte determinó constitucional el Artículo 153-A del Código Penal de Guanajuato, que tipifica el delito de feminicidio por razones de género pues, argumentaron los ministros, no contraviene los principios de igualdad y no discriminación. (Amparo directo en revisión 652/2015).

Para la Sala el tipo penal de feminicidio no es discriminatorio al privilegiar la vida de la mujer sobre la del hombre en la norma estatal, pues obedece a una finalidad constitucional y convencional pues persigue que las mujeres tengan derecho a una vida libre de violencia.

En el asunto, negó el amparo al quejoso condenado a una pena de prisión de trece años y a la reparación del daño, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Esta Sala también otorgó un amparo a la PROFECO en relación con cláusulas de contratos de adhesión celebrados con la empresa Cablevisión, cuyas condiciones estimaban desproporcionadas e inequitativas. (Amparo directo 57/2014, amparo directo 58/2014).

Concedió el amparo a PROFECO, al considerar que el consumidor no está aceptando cambios en el contrato de adhesión al realizar el pago de la mensualidad del servicio recibido posterior a la fecha en que se dio el aviso de cambio en dichas cláusulas, pues el consentimiento del consumidor debe ser expreso cuando la empresa va a prestar un servicio adicional.

Por otra parte, concedió el amparo a Cablevisión porque la pena acordada para el suscriptor que da por concluido el contrato antes de que se cumpla el plazo forzoso, se encuentra justificada, pues la compañía requiere prestar el servicio por un tiempo mínimo para recuperar su inversión. (Amparo en revisión 559/2015).

La Primera Sala determinó que el Artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México delimita sus facultades a aquéllas que bajo un criterio de racionalidad estén enlazadas o relacionadas con las atribuciones del patronato universitario.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala declaró que es constitucional el Art. 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

La Primera Sala de la Corte determinó que el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es contrario a la Constitución.

Disposición que obliga a los concesionarios de radiodifusión a efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y canal de programación con una duración de 30 minutos.

Para la difusión de contenidos educativos, culturales y de intereses social. Disposición que se asegura, no viola la libertad de trabajo.

Los Ministros también reasumieron su competencia, con el fin de estudiar si el artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal viola los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y al nombre.

Disposición que prevé que el apellido paterno de las personas debe preceder al materno.

Asunto que permitirá precisar el contenido de los derechos al nombre y a la no discriminación por razones de género, si el orden de los apellidos de los hijos de las parejas de distinto sexo, constituye un límite razonable al derecho al nombre y si tal disposición contiene un mensaje discriminatorio.

Además ejercieron su facultad de atracción para conocer de una solicitud de restitución internacional de un menor, lo que permitirá pronunciarse sobre cuál es la mejor manera de proteger los intereses del menor en este tipo de casos.

Podrá establecer si para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la restitución al país de origen, implica que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable o puede erigirse en un obstáculo para verificar si la restitución se apegó a la Constitución y al tratado aplicable.

En una atracción más, analizarán el contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano, definiendo cual es el concepto de interés legítimo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo indirecto.

Si es necesario probar la existencia de un daño al medio ambiente o solo argumentar la posible afectación; es necesario aducir que se han afectado otros derechos y cuál es el contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano.

José Luis Guerra García

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