Descartan que documental “Presunto Culpable” haya generado daño moral a testigo

La Primera Sala de la Suprema Corte negó amparar a una persona que alegaba haber sufrido un daño moral por aparecer en el documental “Presunto Culpable”.

De acuerdo con la Sala el proceso penal debe materializar el derecho a la verdad, la presunción de inocencia, el combate a la impunidad y la reparación del daño por la comisión del delito, por lo que la sociedad tiene interés en conocer cómo se tramitan y resuelven esos asuntos en México.

Esta Sala ejerció su facultad de atracción sobre un amparo promovido por la madre de un niño contra su expulsión de un colegio privado.

De resolver el asunto, podría determinar si una escuela privada es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo; y si la baja definitiva de un alumno por adeudos puede vulnerar su derecho a la educación.

También determinó que las instituciones, servicios y dependencias de los municipios, entre ellas, los ayuntamientos, sí están comprendidos en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Precepto que establece una regla de igualdad procesal de las partes en los juicios regidos bajo este código, con una regla por la que no se podrá dictar en contra de los entes públicos en él referidos, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y que estarán exentos de presentar garantías.

 

El Código no contempla a los entes de la administración municipal, pero, de acuerdo con la sala, la evolución de la regulación del municipio en la Constitución obliga a considerarlo en ese supuesto.

Por otra parte, declaró la validez de la fracción XXXV del artículo noveno transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Dicho artículo restructuró un estímulo fiscal para las sociedades inmobiliarias de bienes raíces que tributaran y cumplieran con los requisitos de la misma ley, como diferir la ganancia que se generaba con motivo de la aportación del inmueble a esa sociedad.

La Segunda Sala de la Suprema Corte concedió un amparo a diversos enfermos de hemofilia, entre ellos menores de edad, luego que el IMSS cancelara el programa de tratamiento domiciliario por el que les entregaban los medicamentos para el tratamiento y el equipo para su aplicación.

Según esta Sala, las autoridades responsables violaron el derecho a la salud de los quejosos previsto en el cuarto constitucional.

Por lo que ordenó al IMSS que evalúe el estado de salud de los enfermos y les brinde el tratamiento que requieren.

Esta Sala también amparó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en contra de un arresto administrativo ordenado en un acuerdo plenario del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La Sala precisó que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no autoriza la imposición del arresto como medida de apremio.

La medida derivó de un juicio laboral iniciado en 2002 por un ex trabajador del Registro Público de la Propiedad.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

 

Lista de asuntos que podría resolver la Primera Sala

En la lista de asuntos que podría resolver la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, destaca:

El amparo directo en revisión sobre la demanda por daño moral interpuesta contra los realizadores del documental “Presunto Culpable” y las empresas que lo distribuyeron y exhibieron en salas de cine.

En este caso, la Sala definiría los alcances de la figura de los testigos de cargo en un proceso penal en interpretación de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal.

También está un amparo directo en revisión en el que la Sala podría pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 44 de la Ley del INFONAVIT.

Norma que precisa la actualización del saldo de los créditos otorgados a los trabajadores.

De resolver dos amparos directos en revisión podría, en un caso, determinar la validez de tres fracciones del artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal, relativos al incremento de las penas por secuestro y secuestro exprés.

En el otro caso, se pronunciaría sobre la validez del artículo 89 fracción III del mismo Código sobre la posibilidad de suspender la ejecución de la pena si el sentenciado cuenta con antecedentes personales positivos y un modo honesto de vida.

De la lista de asuntos de la Segunda Sala de la Corte destaca:

Un amparo en revisión sobre la cancelación del programa de tratamiento domiciliario por el que el IMSS entregaba a los pacientes de hemofilia, los medicamentos, y el equipo para su aplicación, como parte del programa de atención oportuna para la terapia de esta enfermedad.

Así como la abstención de brindar a los menores de edad los medicamentos para su tratamiento de ese padecimiento y otras alteraciones hereditarias de la coagulación.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Segunda Sala ratifica derecho de parejas homosexuales a la seguridad social

La Segunda Sala de la Corte declaró la inconstitucionalidad de 6 artículos de la Ley del ISSSTE, por violar los principios de igualdad y no discriminación; además del derecho a la seguridad social.

Protegidos por los artículos 1 y 123 de la Constitución. Disposiciones que impiden que parejas del mismo género, puedan afiliarse como beneficiarios en dicho instituto.

La Sala analizó los derechos a la igualdad, seguridad social y protección de la familia, así como la extensión de los beneficios de la seguridad social a los familiares del trabajador, pensionado o jubilado.

Concluyendo que las normas impugnadas negaban a las parejas del mismo sexo, acceder a los beneficios de la seguridad social.

Retomando precedentes de la propia Corte, la sentencia reitera que al concretarse el vínculo matrimonial, con independencia del género, no solo se goza de los beneficios asociados al matrimonio en el ámbito civil.

Sino también de los beneficios materiales que provienen de todos los ordenamientos jurídicos, como pueden ser fiscales, de propiedad, decisiones médicas, migración y seguridad social.

Además, se precisó que todas las autoridades están obligadas a reconocer los actos vinculados con el estado civil de las personas, aunque sus normas internas no los reconozcan para que se garantice el respeto a los derechos humanos.

Los artículos declarados inconstitucionales regulaban el beneficio a la seguridad social, servicios de parto y pensiones, pero solo para las parejas heterosexuales.

José Luis Guerra García

La Primera Sala analizaría la constitucionalidad del Art. 245 de la Ley General de Salud

La Primera Sala de la Suprema Corte analizaría la constitucionalidad del artículo 245 de la Ley General de Salud, relativo a la clasificación de sustancias psicotrópicas.

También podría pronunciarse sobre la validez de disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto y su reglamento, relativo a los requisitos para el registro constitutivo, de acreditar actividades religiosas en el país por al menos 5 años y tener notorio arraigo entre la población.

Se trata de un amparo en revisión, recurso que fue promovido por la llamada Iglesia Nativa Americana de México que usa peyote con fines religiosos, y que busca constituirse como una asociación religiosa.

En otro asunto, de revisar un amparo directo, esta sala podría resolver sobre la validez del procedimiento mediante el que la Secretaría de la Función Pública, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades de las otras instituciones federales, imponen las sanciones que establece la Ley Federal de Sanciones Administrativas de los Servidores Públicos.

El pronunciamiento de validez sería sobre el artículo 21 de esa norma.

Esta Sala podría resolver sobre la demanda por daño moral interpuesta contra los realizadores del documental “Presunto Culpable” y las empresas que lo distribuyeron y exhibieron en salas de cine.

En este caso, la Sala definiría los alcances de la figura de los testigos de cargo en un proceso penal.

En la Segunda Sala de la Corte está listado un amparo en revisión en que se analizaría la constitucionalidad de las normas que regulan la importación de vehículos usados a la luz del Tratado de Libre Comercio.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Segunda Sala fijó criterios en materia de pensiones

La Segunda Sala de la Corte determinó que es inconstitucional el inciso C de la fracción segunda del artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones, para los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE.

Se considera que dicha disposición viola el derecho a la seguridad social, protegido por el artículo 123, apartado B, fracción décimo primera, inciso a de la Constitución.

Pues prohibía gozar de la pensión por viudez, a los beneficiarios del fallecido, cuando estos contaran con un trabajo remunerado, que implicara su afiliación al ISSSTE.

La Sala explicó que la constitución garantiza a los beneficiarios del fallecido el gozar de diversas pensiones, entre ellas la de viudez.

Así como seguir gozando de un empleo remunerado, aun cuando esto implique su afiliación al Instituto, pues solo así se protege su bienestar.

Se indicó que ambas prestaciones no son incompatibles, y no son gratuitas, pues la pensión se generó con las aportaciones del trabajador fallecido; y el salario es una contraprestación que recibe el servidor público por la labor que desempeña.

Por ese motivo se declaró la invalidez de la norma en cuestión.

José Luis Guerra García

 

Las Salas analizarán asuntos en materia de prisión domiciliaría y concesiones radioeléctricas

En la sesión de este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia podría ejercer su facultad de atracción sobre un asunto en el que podría definir si las personas mayores de 60 años acusadas de un delito federal pueden enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.

Se trata de la interpretación del artículo 55 del Código Penal Federal.

Dicha norma establece que cuando el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el juzgador podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan.

La solicitud del ejercicio de esta facultad sería, en concreto, sobre el caso de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien acudió al amparo para obtener ese beneficio legal.

En la lista de asuntos de la Segunda Sala de la Corte, está un amparo en revisión, en el que esta Sala podría determinar la validez de artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones relativos a las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso público o social.

Esta Sala también podría pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto que reforma la Ley del Seguro Social que permite al Instituto Mexicano del Seguro Social dar de baja a los trabajadores privándolos de la seguridad social.

El artículo 251 fracción XI establece que el IMSS tiene la facultad de dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y asegurados, una vez que haya sido verificada por el instituto la desaparición o inexistencia del supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Determina SCJN validez de referencia a preferencia sexual de menores en Ley General

La Segunda Sala de la Suprema Corte determinó la validez de los artículos 10, 39, 57 fracción VII, y 116 fracción IV de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Explicó que las normas no son contrarias al interés superior del menor ni al derecho de los padres de educar a sus hijos, por referir a la preferencia sexual de los menores, pues no buscan establecer, desarrollar o regular sobre su sexualidad.

Consideró que la previsión de que las autoridades garanticen a los menores el acceso a métodos anticonceptivos, así como proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, garantiza el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.

En otro asunto, esta Sala negó un amparo promovido por empresas de telefonía contra disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establecen derechos de los usuarios de los servicios de telefonía móvil.

Los ministros precisaron que la norma no es violatoria del derecho al libre comercio por establecer obligaciones para los concesionarios como incluir penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato o abonar a los usuarios del servicio de prepago el saldo no consumido a la fecha de su expiración.

La Segunda Sala también declaró válidos los artículos 75, 78, 90 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Argumentó que la intervención y/o suspensión de actividades de las sociedades financieras populares sólo implica un acto de molestia para las personas que depositan dinero en ellas, pues con el tiempo recuperan su dinero.

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción sobre un amparo en el que se podrían revisar los requisitos de la orden de aprehensión dictada en una audiencia oral, con base en las reglas constitucionales para el Sistema Penal Acusatorio.

El interés de atraer el asunto radica en que esta sería la primera vez en la que la Corte se pronunciara sobre este tema.

Uno de los aspectos centrales es que el artículo 16 Constitucional establece que los actos de molestia deben ser emitidos por una autoridad competente y por escrito, fundando y motivando la causa legal del procedimiento.

Mario López Peña

@elogiodeljabon