Segunda Sala emite jurisprudencia

La Segunda Sala de la Corte emitió una jurisprudencia relacionada con los trabajadores de confianza al servicio del Estado, pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

La indemnización prevista en el artículo 10, fracción décima, de la Ley relativa, comprende el pago de 3 meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio.

Indemnización a la que tendrán derecho cuando sean despedidos de manera injustificada.

Se indica que a pesar de que la norma no precisa los conceptos que integran la indemnización, se realiza la interpretación más amplia y favorable para el trabajador.

La que se contempla en el artículo 123 de la Constitución apartado “A”, fracción XXII y “B”, fracción IX, en relación con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, que establece los 3 meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala aprobó una jurisprudencia de rubro: Salarios caídos

La Segunda Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia de rubro: Salarios caídos.

En la que establece que la reforma al artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012, no transgrede el principio de progresividad, ni es violatorio de derechos humanos.

Disposición que limita a 12 meses máximo el pago de salarios vencidos en caso de despido injustificado en un juicio laboral.

Medida que no transgrede el principio de progresividad, ni es violatorio de derechos humanos, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido.

Ni suprime la sanción constitucional que impone a los patrones, la obligación de indemnizar a los trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo.

Sólo regula en forma distinta como habrá de calcularse dicha indemnización bajo los siguientes criterios:

Evitar que los juicios se prolonguen artificialmente para obtener una mayor cantidad por este concepto.

Impedir la quiebra de la fuente de trabajo en perjuicio de otros trabajadores, generando un gran desempleo.

Precisa que la medida no viola derechos, pues si bien se limita el pago de salarios caídos a 12 meses, se contempla la obligación de pagar intereses sobre 15 meses, a razón del 2 % mensual capitalizable al momento del pago.

Además prevé la imposición de sanciones a las partes o funcionarios que prolonguen, dilaten y obstaculicen la resolución de un juicio laboral.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala fijó un criterio jurisprudencial relacionado con la pensión por viudez

Procedencia de la devolución de los descuentos realizados a aquella con fundamento en la jurisprudencia de la misma Sala 97/2012.

En la que se estableció que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, transgrede los principios de seguridad y previsión social.

Al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones por viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley.

Lo que implica, reconocer el derecho de los asegurados a solicitar la devolución de los descuentos realizados con fundamento en el artículo 51 segundo párrafo de la mencionada ley.

Siempre que no se trate de descuentos, respecto de los cuales, se haya actualizado la prescripción.

Lo anterior, atendiendo a que el derecho fundamental en juego es el de seguridad social y que el derecho en controversia es distinto a la materia propiamente fiscal.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala fijó como jurisprudencia que el cumplimiento de las sentencias de amparo debe ser total

La Segunda Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia de rubro: Sentencias de amparo, su cumplimiento debe ser total, atento a los principios de congruencia y exhaustividad.

Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la ley de la materia, vigente a partir de abril de 2013.

Dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos.

En consecuencia, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, estos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto.

Conforme a los principios de congruencia y exhaustividad, que obliga a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo.

Como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria, de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente.

José Luis Guerra García

Reforma Constitucional en materia de DDHH, no torna obsoleta jurisprudencia emitida antes de dicha modificación: Segunda Sala

La Segunda Sala de la Corte estableció un criterio de interpretación de rubro: la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados.

La reforma al artículo 1 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial el 10 de junio de 2011, no implica que la emitida con anterioridad a aquella sea obsoleta.

Explica que la citada reforma que dio origen a la Décima Época del semanario judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquella, se torne obsoleta.

Por el contrario, sigue vigente y es obligatoria.

No obstante a lo anterior, tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo uno constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada caso.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia de rubro: Salarios caídos

 

En la que establece que la reforma al artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012, no transgrede el principio de progresividad, ni es violatorio de derechos humanos.

Disposición que limita a 12 meses máximo el pago de salarios vencidos en caso de despido injustificado en un juicio laboral.

Medida que no transgrede el principio de progresividad, ni es violatorio de derechos humanos, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido.

Ni suprime la sanción constitucional que impone a los patrones, la obligación de indemnizar a los trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo.

Sólo regula en forma distinta como habrá de calcularse dicha indemnización bajo los siguientes criterios:

Evitar que los juicios se prolonguen artificialmente para obtener una mayor cantidad por este concepto.

Impedir la quiebra de la fuente de trabajo en perjuicio de otros trabajadores, generando un gran desempleo.

Precisa que la medida no viola derechos, pues si bien se limita el pago de salarios caídos a 12 meses, se contempla la obligación de pagar intereses sobre 15 meses, a razón del 2 % mensual capitalizable al momento del pago.

Además prevé la imposición de sanciones a las partes o funcionarios que prolonguen, dilaten y obstaculicen la resolución de un juicio laboral.

José Luis Guerra García

Establece Segunda Sala criterio relacionado con el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

La Segunda Sala de la Corte estableció un criterio relacionado con el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Aclarando que la indemnización prevista en la fracción décima del Artículo 10 de la ley en la materia, no comprende el pago de salarios caídos.

Ello a pesar de que el legislador determinó hacer extensivo a este tipo de trabajadores, el derecho a gozar de estabilidad y permanencia en el empleo; y a la indemnización en caso de despido injustificado.

Ya que la estabilidad y permanencia debe interpretarse de manera restrictiva, esto es, únicamente dentro del marco de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Ya que una concepción contraria, conduciría a otorgar a sus integrantes una protección que el legislador secundario no tuvo la intención de conferirles.

Pues en la fracción novena del Artículo 3 de la norma en cuestión, se les cataloga como trabajadores de confianza.

De ahí que si la ley en cuestión no contempla en ningún supuesto el pago de salarios caídos a este tipo de servidor público, debe entenderse que el creador de la norma no quiso beneficiarlos con tal protección.

En consecuencia no pueden recibir como beneficio, las prestaciones previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

José Luis Guerra García

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