La Segunda Sala analizó un caso relacionado con la prueba de polígrafo y el derecho humano al #DebidoProceso

La Segunda Sala de la Corte determinó que la evaluación poligráfica prevista en el Artículo 85 de la Ley Orgánica de la PGR, no contraviene el derecho humano al debido proceso.
Derecho fundamental protegido por el Artículo 14 de la Constitución y octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esto es que en el proceso administrativo las autoridades respectivas sigan determinadas reglas de índole procesal para garantizar la emisión de un fallo objetivo sobre la problemática a dilucidar.

En la jurisprudencia en cuestión, se precisa que la prueba del polígrafo, como parte de los procesos de evaluación de control de confianza a que se deben de someter los miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policía y pericial, está justificada constitucionalmente.

Debido a que su pertenencia a las instituciones de seguridad pública, obliga a contar con medios de evaluación y control extraordinarios, que permitan comprobar que estos servidores cumplen con los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez y lealtad.

Y porque dicho examen de control, va acompañado de otros exámenes que les son realizados para constatar su capacidad y honestidad.

José Luis Guerra García
 

Segunda Sala fija jurisprudencia en materia de devolución de fondos de subcuenta de vivienda a trabajadores afiliados al INFONAVIT

La Segunda Sala de la Corte estableció que los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda del INFONAVIT, se deberán entregar independientemente de que la demanda se hubiera presentado antes o después de la entrada en vigor de la reforma al Artículo 8 transitorio de la ley de dicho organismo del 6 de enero de 1997.
Originalmente la reforma buscaba agilizar la entrega de los recursos de vivienda, a los trabajadores que hubieran reclamado su devolución antes del 13 de enero de 2012, día en que entró en vigor la reforma al Artículo octavo transitorio de la Ley del INFONAVIT.

Sin embargo, el precepto no previó el supuesto de los trabajadores que presenten su demanda después del inicio de su vigencia.

No obstante lo anterior, no aplica lo previsto en el Artículo 40 de la Ley del INFONAVIT, en tanto las afores, deberán entregar los recursos de la subcuenta de vivienda, a pesar de que dicho artículo no se ha reformado, pues se encuentra dentro de la lógica del Artículo octavo transitorio.

El cual fue declarado inconstitucional por la Segunda Sala, mediante jurisprudencia.

De ahí que ya no tiene sentido que el INFONAVIT transfiera a las afores los recursos de vivienda, sino que éste al tener los recursos del trabajador para su administración, debe devolverlos directamente.

Ello independientemente de que la demanda se haya presentado antes o después de la entrada en vigor de la reforma al Artículo octavo transitorio de la Ley del INFONAVIT.  

José Luis Guerra García

Segunda Sala descarta inconstitucionalidad de Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La Segunda Sala de la Corte descartó que los artículos 17 fracción XV, 18, 21 y 32 fracción VII de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita sean inconstitucionales.
Tales disposiciones no violan los derechos a la libertad de trabajo y de comercio, ni tampoco impiden el desarrollo económico y bienestar general del estado.

Al resolver un recurso en revisión, se explicó que si bien imponen ciertas restricciones a esos derechos, se justifican pues obedecen a fines constitucionales legítimos, son idóneas y no son desproporcionadas. 

Ya que buscan evitar que recursos ilícitos fortalezcan las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.

Las normas tampoco atentan contra lo previsto en el artículo quinto constitucional, pues no se traducen en una prohibición a ningún trabajo lícito, ni están dirigidas a una persona determinada, sino que se trata de una colaboración con el estado para evitar delitos con recursos de procedencia ilícita.

Los ministros determinaron también que el reglamento, ni las reglas de carácter general en la materia, violan los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

José Luis Guerra García

 

Atrae Segunda Sala recurso de revisión para definir si PEMEX incurrió en prácticas monopólicas

La Segunda Sala de la Corte determinó ejercer su facultad de atracción, para conocer de un recurso de revisión interpuesto por Petroleros Mexicanos y PEMEX Refinación.

Medio en el que se cuestiona la sentencia del juez de distrito, en la que se reclamó, entre otros aspectos, la resolución de la Comisión Federal de Competencia, que determinó que esas empresas incurrieron en la realización de una práctica monopólica relacionada con el transporte, traslado y distribución de combustibles.

La Segunda Sala sostuvo que el asunto es de interés y trascendencia, ya que el problema jurídico implica definir lo que debe entenderse como áreas estratégicas y los actos posteriores a la llamada venta de primera mano de gasolinas y diésel.

La solicitud de facultad de atracción, fue promovido por la PGR, y el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, que fue apoyado por la mayoría de ministros, determinó procedente ejercer dicha atribución.

José Luis Guerra García

Confirma Segunda Sala sanción por prácticas monopólicas

La Segunda Sala de la Corte determinó que fue legal la sanción que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica a diversos laboratorios farmacéuticos, al acreditar que incurrieron en la comisión de prácticas monopólicas absolutas. 
Al resolver 9 amparos en revisión sobre el tema, determinó que la comisión sí acreditó, que los laboratorios implicados coordinaron posturas para fijar precios en las licitaciones de medicamentos del IMSS para la adquisición de insulina humana, soluciones electrolíticas y sueros.

La prueba que permitió arribar a esa conclusión, fue un análisis económico, que consistió en el examen de los resultados que arrojaron las licitaciones públicas que realizó el Seguro Social de 2002 a 2009 en los medicamentos referidos.

Lo que permitió valorar si las conductas entre competidores impide la operación libre de la oferta y la demanda para acercar el precio al equilibrio competitivo o bien, si las restricciones impuestas por las empresas con poder de mercado impiden la operación eficiente de los mercados y contribuye a mantener precios por arriba de su nivel de competencia, tal como se constató en estos casos.

De ello, se desprendió que hubo similitud entre los precios ofertados, lo que refleja ciertos patrones de colusión que demuestran la existencia de un acuerdo para concertar posturas de licitación, lo que atenta contra los principios de competencia y libre concurrencia.

La Sala solo concedió el amparo a los laboratorios, para que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y emita otro, en el que únicamente deberá cuantificar la multa impuesta a los quejosos, tomando como base, el salario mínimo vigente al momento de cometerse la falta.

José Luis Guerra García.

 

Segunda Sala fija jurisprudencia sobre multas por violación a disposiciones federales incluidas en normas laborales

La Segunda Sala de la Corte estableció como jurisprudencia que las multas por infracciones a disposiciones administrativas federales, procede en su contra el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.Incluso, si la sanción se contiene en ordenamientos laborales y la impone una autoridad local.

El criterio publicado en el Semanario Judicial, precisa que conforme a lo dispuesto en los artículos 123, apartado a fracción XXXI y 116 fracción quinta de la Constitución, a las autoridades locales compete aplicar las normas en materia laboral.

En tanto que a los tribunales de lo contencioso administrativo locales, dirimir los conflictos entre los gobernados y las autoridades estatales, derivados de la aplicación de las leyes que rigen la actuación de sus dependencias.

Hipótesis que no se surte en el caso de multas administrativas impuestas por autoridades locales, con motivo de la violación a normas federales.

Pues existe disposición expresa en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, que reserva a ese órgano la competencia para conocer de las multas impuestas por violar disposiciones federales, aun cuando se prevean en normas laborales y las imponga una autoridad local.

José Luis Guerra García

 

La Segunda Sala resolvió una contradicción de tesis relacionada con el Código Fiscal de la Federación que regula el buzón tributario

La Segunda Sala de la Corte consideró procedente conceder la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17 k y 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.
Disposiciones que regulan el uso del buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y como medio para ingresar mensualmente, la información contable del contribuyente en la página del SAT.

Indicaron que la suspensión no afecta el orden público, ni causa perjuicio al interés social, pues la concesión de la medida cautelar, no implica que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales, ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación.

La suspensión solo tiene como fin deshabilitar la obligación de emplear dicho mecanismo como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria.

Por lo que los actos y resoluciones administrativas que esta emita, deberán notificarse a los quejosos a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto.

En tanto que el contribuyente deberá desahogar los requerimientos que le sean formulados y presentar sus promociones y avisos directamente ante la autoridad hacendaria en documentos impresos o digitales.

En cuanto el envío de la información contable, el efecto de la suspensión se traduce en que el quejoso no tiene la obligación de remitirla mensualmente a través de la página de internet del SAT, en tanto se resuelve el juicio de amparo en lo principal, sin que esto implique la autoridad no pueda solicitarla para verificar que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales.    

José Luis Guerra García

 

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