OSC esperan que la Segunda Sala declare la invalidez de 2 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

La Suprema Corte tiene en sus manos la decisión de proteger el derecho a la privacidad ante la retención de datos y vigilancia indiscriminada establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Entre los aspectos que incluye la Ley que será analizada el miércoles por la Segunda Sala de la Corte, está la obligación que tienen las empresas de conservar la información de todos los usuarios por un periodo de dos años.

 “¿Y que son estos metadatos? Son los datos que sobre las comunicaciones de todos los usuarios como el origen y destino de las llamadas, quién le llamó a quién por ejemplo, lo hora fecha y duración de las mismas, inclusive la localización geográfica de los dispositivos de comunicación”, Luis Fernando García, Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Medida que ha sido considerada inconstitucional por ir en contra del derecho a la privacidad por tribunales constitucionales de otros países.

Los riesgos que implican los artículos 189 y 190 de dicha Ley es que los datos pueden ser usados de manera ilícita.

La principal petición de la Red de Defensa de los Derechos Digitales es aclarar de forma precisa cuáles son las autoridades que tiene la autorización de disponer de los datos.

La Corte tiene una oportunidad de hacer una interpretación de las normas que otorguen mucho más certeza respecto de las cuestiones que no quedan claras en la Ley de Telecomunicaciones como qué autoridades pueden acceder a estos mecanismos de vigilancia, bajo qué circunstancias”.

Según el último informe de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones en 2013, fueron requeridas 120 mil solicitudes de información solamente por parte de la Procuraduría General de la República.

Laura Murillo

@27_fergie

Concede Segunda Sala amparo a menor

La Segunda Sala de la Corte concedió un amparo a un menor, quien a través de sus padres, solicitó al Seguro Social la subrogación de su atención médica en un hospital del extranjero.

El menor recibió atención inadecuada en distintos hospitales del IMSS, lo que le originó la pérdida irreversible de sus funciones renales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó la reparación del daño al menor y el Seguro Social le concedió una atención vitalicia.

En su resolución la Segunda Sala precisa que la Ley del Seguro Social, lo faculta para celebrar convenios de subrogación con instituciones extranjeras, a fin de garantizar su deber de prestar servicios de calidad.

Aclara que la decisión la debe tomar el Consejo Técnico del IMSS, para lo cual tiene que tomar en cuenta, la restitución plena del derecho violado al menor, privilegiar el interés superior y verificar si cuenta con los recursos para ello.

José Luis Guerra García

Salas de la SCJN atraen caso sobre tortura a una periodista y niegan amparo a Napoleón Gómez Urrutia

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción en un caso que tiene que ver con las medidas de protección para prevenir la posible afectación emocional o psicológica de las víctimas de tortura. En el particular, de una periodista al llevarse a cabo careos con el inculpado de haber cometido ese delito. (Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 388/2015).

La periodista, que denunció a una red de prostitución y pornografía infantil, fue detenida y trasladada en 2005 de Quintana Roo a Puebla.

Por hechos ocurridos en ese trayecto, la periodista denunció a un grupo de policías judiciales por el delito de tortura.

Al resolver este asunto, la Primera Sala podría dar respuesta entre otras cuestiones sobre:

Las medidas que deben tomar los juzgadores en los procesos por actos de tortura, para resguardar y garantizar los derechos de las víctimas.

Si el análisis de los estudios médicos y psicológicos a las víctimas para determinar la afectación que puede generar ciertas diligencias podría llevar a no realizarlas.

Las medidas que deben tomarse para garantizar la seguridad de las víctimas de tortura durante todo el proceso.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia negó un amparo a Napoleón Gómez Urrutia en un caso en el que el líder minero demandaba el pago de una indemnización por daño moral.

Gómez Urrutia alegaba que información difundida por la Secretaría del Trabajo sobre las razones para la negativa a la toma de nota al sindicato minero en 2008 constituía una actividad administrativa irregular del estado que le causó una afectación a la honra y dignidad.

De acuerdo con esta sala el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública la información que considere de interés público, y que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas.

Determinaron que el caso de Gómez Urrutia constituía un tema de relevancia pública, en el que se encontró justificada la difusión de la información por parte de la Secretaría del Trabajo y que el líder minero debía ser considerado una persona de impacto público, al haberse visto inmiscuido en uno de los conflictos mineros más relevantes en los últimos años.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Determina Segunda Sala que recomendaciones del Ombudsman Nacional no son impugnables vía amparo

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pueden ser analizadas a través del juicio de amparo. (Amparo en revisión 1066/2015).

Por unanimidad de votos, los ministros indicaron que esto representaría un obstáculo para que la CNDH ejerza su labor de llamado al cumplimiento de las recomendaciones que emite, pues incluso, destacaron se podría generar un escenario no deseable para la protección de las víctimas de violaciones de derechos.

En la sesión de este miércoles la Primera Sala de la Corte resolvió que las normas que exigen la demostración de una causa para la disolución del matrimonio restringen de forma indebida el derecho de libre autodeterminación. (Amparo directo en revisión 5339/2015).

Esta Sala explicó que no es razonable forzar a la otra persona cuando hay conflictos que muestran que ya no se cumple con el objetivo del vínculo matrimonial.

En otro tema, atrajo un amparo directo que le permitirá analizar la constitucionalidad del artículo 178 del Código Penal del Estado de México y, en su caso, reiterar doctrina sobre la competencia constitucional de los congresos locales para legislar en materia de delincuencia organizada. (Facultad de atracción 483/2015).

Esta Sala determinó que el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no es discriminatorio. (Amparo directo en revisión 83/2015).

Esto, porque reconocieron la discrecionalidad de cada órgano legislativo para emitir legislación procesal, incluidas las referentes a las leyes u ordenamientos de aplicación supletoria.

Por tanto, el que una ley de aplicación local prevea un régimen de supletoriedad diverso al previsto por una ley federal, no da lugar a un tratamiento discriminatorio.

En otro fallo, explicó las diferencias que existen entre la acción difusa en materia ambiental que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles y la acción para demandar la responsabilidad ambiental establecida en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. (Amparo directo 1/2015).

Resolvió que las dos acciones son independientes y que no se puede exigir el cumplimiento de los requisitos de procedencia impuestos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental cuando lo que se promovió fue una acción difusa que está contemplada en el código federal de procedimientos civiles.

Por otra parte, la Sala se pronunció por la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 497 del Código Civil de Guanajuato, que prevé la pérdida de la patria potestad por “malos tratamientos” hacia el menor por parte de quien la ejerce y que comprometen su salud, seguridad o moralidad. (Amparo directo en revisión 4698/2014).

Lo decidió así porque la norma implícitamente tolera la violencia, con lo que transgrede el principio del interés superior del menor.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Segunda Sala emite jurisprudencia

La Segunda Sala de la Corte emitió una jurisprudencia relacionada con los trabajadores de confianza al servicio del Estado, pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

La indemnización prevista en el artículo 10, fracción décima, de la Ley relativa, comprende el pago de 3 meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio.

Indemnización a la que tendrán derecho cuando sean despedidos de manera injustificada.

Se indica que a pesar de que la norma no precisa los conceptos que integran la indemnización, se realiza la interpretación más amplia y favorable para el trabajador.

La que se contempla en el artículo 123 de la Constitución apartado “A”, fracción XXII y “B”, fracción IX, en relación con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, que establece los 3 meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicio.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala aprobó una jurisprudencia de rubro: Salarios caídos

La Segunda Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia de rubro: Salarios caídos.

En la que establece que la reforma al artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012, no transgrede el principio de progresividad, ni es violatorio de derechos humanos.

Disposición que limita a 12 meses máximo el pago de salarios vencidos en caso de despido injustificado en un juicio laboral.

Medida que no transgrede el principio de progresividad, ni es violatorio de derechos humanos, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido.

Ni suprime la sanción constitucional que impone a los patrones, la obligación de indemnizar a los trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo.

Sólo regula en forma distinta como habrá de calcularse dicha indemnización bajo los siguientes criterios:

Evitar que los juicios se prolonguen artificialmente para obtener una mayor cantidad por este concepto.

Impedir la quiebra de la fuente de trabajo en perjuicio de otros trabajadores, generando un gran desempleo.

Precisa que la medida no viola derechos, pues si bien se limita el pago de salarios caídos a 12 meses, se contempla la obligación de pagar intereses sobre 15 meses, a razón del 2 % mensual capitalizable al momento del pago.

Además prevé la imposición de sanciones a las partes o funcionarios que prolonguen, dilaten y obstaculicen la resolución de un juicio laboral.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala fijó un criterio jurisprudencial relacionado con la pensión por viudez

Procedencia de la devolución de los descuentos realizados a aquella con fundamento en la jurisprudencia de la misma Sala 97/2012.

En la que se estableció que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, transgrede los principios de seguridad y previsión social.

Al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones por viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley.

Lo que implica, reconocer el derecho de los asegurados a solicitar la devolución de los descuentos realizados con fundamento en el artículo 51 segundo párrafo de la mencionada ley.

Siempre que no se trate de descuentos, respecto de los cuales, se haya actualizado la prescripción.

Lo anterior, atendiendo a que el derecho fundamental en juego es el de seguridad social y que el derecho en controversia es distinto a la materia propiamente fiscal.

José Luis Guerra García

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