La Segunda Sala estableció dos jurisprudencias relacionadas con la integración del salario base de los trabajadores al servicio del Estado

La Segunda Sala de la Corte aprobó dos jurisprudencias relacionadas con la compensación garantizada que reciben los trabajadores al servicio del Estado.

La primera de ellas de rubro: ISSSTE, el artículo 17 de dicha Ley, al no prever la compensación garantizada, como parte del sueldo base de cotización, no transgrede el derecho a la seguridad social.

Conforme a la anterior Ley, el sueldo básico se integraba por el presupuestal, sobre sueldo y compensaciones por servicios especiales.

Lo que se retoma en el artículo 17 de la Ley vigente, por lo que la base salarial para el cálculo de la pensión, se integra únicamente por los conceptos aludidos.

En consecuencia al no tomar en cuenta la compensación garantizada, no transgrede el derecho a la seguridad social protegido por el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución.

La segunda establece también que al no incluirse la compensación garantizada en el sueldo base de cotización, no se transgrede tampoco el derecho a la seguridad social.

En consecuencia, no se contempla en lo que hoy se denomina sueldo tabular, y tampoco para definir las cuotas y aportaciones de seguridad social.

Lo anterior se determinó así, pues se considera que el legislador tiene la facultad de establecer planes sostenibles que permitan a todos gozar de seguridad social en un nivel suficiente.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala estableció una jurisprudencia de rubro: Miembros de las policiales

La prohibición de reincorporarlos al servicio, constituye una restricción constitucional no susceptible de revisión.

Dicha restricción se encuentra prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución General de la República. Misma que no da lugar a realizar un ejercicio de armonización o de ponderación de derechos humanos.

Pues al tratarse de una restricción constitucional infranqueable, no pierde su vigencia, ni aplicación.

La medida constituye una manifestación clara del legislador, que no es susceptible de revisión constitucional, ya que se trata de una decisión soberana del Estado mexicano.

La disposición constitucional establece que los militares, ministerios públicos y miembros de las corporaciones policiacas, se regirán por sus propias leyes.

Mismos que podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con las disposiciones legales o removidos, por incurrir en responsabilidades durante el desempeño de sus funciones.

Si la autoridad resolviera que su remoción, cese o baja fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.

Pero en ningún caso, procederá su reincorporación al servicio.

Este criterio se fijó en la Segunda Sala por reiteración.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala emitió una jurisprudencia en materia de amparo directo

La Segunda Sala de la Corte emitió una jurisprudencia en materia de amparo directo.

En donde establece que no constituye un formalismo o rigorismo jurídico, exigir al quejoso que señale expresamente en los conceptos de violación que el perjuicio lo causa la omisión de la responsable, de pronunciarse sobre determinado planteamiento.

Lo anterior se desprende de los casos en los que resulta improcedente la suplencia de la queja deficiente.

Por lo que en estos casos, debe combatirse expresamente la omisión de la responsable de analizar un argumento en la sentencia definitiva reclamada.

Debiendo estimarse inoperantes los planteamientos que tiendan a repetir aquello, sobre lo que no hubo pronunciamiento.

Porque es obligación del quejoso, señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado, pues de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar en qué consiste el agravio a estudiar.

Lo que de acuerdo a la anterior Ley de Amparo, no es factible que el juzgador, vaya más allá de lo que se está demandando, aspecto que no lesiona el derecho de acceso a la justicia.

Por ello el quejoso debe señalar la omisión y denunciar que carece de exhaustividad el estudio de los argumentos planteados, indicando cuál es el perjuicio que se le causa.

José Luis Guerra García.

 

La Segunda Sala estableció una jurisprudencia de rubro: Revisión Fiscal.

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte estableció una jurisprudencia de rubro: revisión fiscal.

Es improcedente ese recurso contra sentencias que, por virtud de una declaración de nulidad por aspectos formales, ordenen la devolución de mercancías afectadas en el procedimiento administrativo en materia aduanera con embargo.

Se indica que para que proceda el recurso de revisión fiscal, no basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Es indispensable que, en cualquier materia, la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que contenga una decisión de fondo que implique la declaración de un derecho o la exigibilidad de una obligación.

Lo que debe entenderse como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que hubiera dado lugar a la resolución impugnada.

Y no de violaciones de forma que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia de la obligación impuesta en dicha resolución.

En consecuencia, la revisión fiscal es improcedente contra sentencias en las que, como mero efecto de la declaración de nulidad por un vicio formal, ya sea en el procedimiento o resolución impugnada, se ordene la devolución de mercancías afectadas en el procedimiento administrativo en materia aduanera con embargo.

Pues no parte de un estudio de fondo, ni constituye la declaración de un derecho o la exigibilidad de una obligación.

José Luis Guerra García

 

La Segunda Sala determinó cómo debe interpretarse el contenido del Art. 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

La Segunda Sala de la Suprema Corte emitió una jurisprudencia de rubro Derechos del Contribuyente.

En la que señala que para cumplir con la obligación prevista en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, es necesario que la autoridad fiscal señale con precisión y exactitud, cuál es la vía y el plazo para promover el juicio contencioso administrativo.

Se indica que no basta que se señale de manera genérica y a modo de disyuntiva, la procedencia del juicio contencioso de manera sumaria u ordinaria.

Pues ello no permite medir el plazo para interponerlo, al ser la autoridad la que debe determinar la vía, atendiendo a la cuantía del crédito fiscal, en los términos del artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso.

Esto es así pues en el artículo 23 en cuestión, se encuentra inmersa la idea de exactitud y precisión.

Tomando en cuenta que la procedencia depende de que se elija la vía correcta, ya sea sumaria u ordinaria, y el plazo para promover cada una de ellas.

José Luis Guerra García

 

La Segunda Sala definió criterios de procedencia del amparo, en relación con la separación de elementos policiacos y personal ministerial

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia que procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los ministros integrantes de esta sala, ese inicio de procedimiento es un acto de imposible reparación, pues con base en el artículo 123 constitucional, está prohibido reinstalar en el trabajo a cualquiera de esos servidores públicos, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva.

Este criterio resultado de la contradicción de tesis 312/2015 entre dos tribunales colegiados de circuito, explica que una violación durante el inicio del procedimiento de esas características, se traduciría en una transgresión al derecho fundamental al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él.

Derecho que está reconocido en la Constitución General de la República y en instrumentos internacionales.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Segunda Sala fija criterio en materia de pensiones para trabajadores del Estado

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como criterio jurisprudencial que los trabajadores del ISSSTE que se apegaron al artículo 66 de la Ley de este instituto vigente hasta marzo de 2007, podrán gozar de la prerrogativa de que al cumplir 55 años de edad se le otorgará su pensión tras haber cotizado al menos 15 años.

De acuerdo con el artículo impugnado, el trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado durante ese lapso, podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue ésta.

Al resolver una contradicción de tesis, la Sala determinó que si el trabajador alcanza los 55 años, derogada la disposición, no puede atenderse a la edad fijada en el numeral décimo transitorio de la Ley vigente, que aumentó la edad hasta llegar a 60 años.

De acuerdo con esta tesis aprobada por unanimidad, estimar lo contrario resultaría violatorio del derecho a la irretroactividad de la Ley en perjuicio del gobernado, reconocido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

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