Las Salas resuelven asuntos relacionados con derechos de personas con discapacidad e interrupción del embarazo

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia reconoció la validez del artículo 8, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional nombrará un representante especial a la persona con discapacidad que acuda a esta garantía. (Recurso de queja 57/2016).

Por una interpretación conforme a la Constitución, esta sala determinó que: las personas con discapacidad pueden acudir al juicio de amparo por propio derecho, inclusive con legítimo representante.

Que el legislador previó que pueda existir apoyo en la tramitación de un amparo sí una persona con discapacidad lo promueve;

Y que la persona con discapacidad tiene el derecho de elegir a su representante y, en su caso, rechazar la designación de alguno.
Por tanto, si una persona con discapacidad promueve un amparo, el órgano jurisdiccional debe respetar su voluntad de promoverlo y continuar por propio derecho, supuesto en el cual no existe la necesidad de designarle el representante.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia podría pronunciarse sobre la constitucionalidad de artículo 158, fracción II, del Código Penal de Hidalgo que establece los supuestos por los que el aborto no será punible en ese estado.

Al resolver una reasunción de competencia, esta sala determinó remitir el expediente del caso a un tribunal colegiado en Hidalgo, para que analice la causa de improcedencia que no se estudió en la sentencia impugnada y de la que derivó la reasunción. (Reasunción de competencia 114/2015).

La Primera Sala ordenó que, una vez estudiada la causa de improcedencia, devuelva el expediente a la Corte para resolver si se reúnen los requisitos de interés y trascendencia necesarios para reasumir competencia originaria para conocer de la constitucionalidad del artículo del Código Penal de Hidalgo.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Las Salas de la Corte resuelven asuntos sobre el Servicio Profesional Docente, pensiones y usura

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad de los artículos 61 y 20 transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente. (Recurso de revisión 41/2016).

De acuerdo con la Sala el artículo 61 no es violatorio del derecho de irretroactividad pues respeta los supuestos y consecuencias generados con anterioridad a su entrada en vigor, ya que no afecta a quienes ya estuvieran gozando de alguna licencia o con algún cambio de adscripción.

Del 20 transitorio, destacó que la distinción jurídica de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional que les exime de la aplicación de esta ley responde a la autonomía del Politécnico.

En otro asunto, esta Sala determinó que son inconstitucionales las condiciones del artículo 152 de la Ley del Seguro Social para el otorgamiento de la pensión de viudez a los hombres. (Recurso de revisión 371/2016).

Esa norma impone al viudo que acredite su total incapacidad y su dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida.

Condiciones que no impone en el caso de que sea el asegurado quien muere.
De acuerdo con los ministros esta disposición es violatoria de los principios de igualdad y no discriminación.

La Primera Sala de la Corte resolvió que el análisis sobre la existencia de usura no exige que el juzgador tenga por acreditados todos los parámetros guía establecidos en la jurisprudencia para llegar a la reducción de los intereses que estimen producto de esa usura.

Esto, porque el examen correspondiente debe considerar los elementos existentes en autos y atender a las particularidades de cada caso.

Además fijó que en caso de que el juez responsable no se haya pronunciado respecto de la usura y el tribunal colegiado advierta un pacto usurario para fijar intereses, la concesión del amparo debe ser para el efecto de que la autoridad responsable repare la violación y cumpla con el principio de exhaustividad.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Reconocen trayectoria de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos

Magistrados de circuito y jueces de distrito en Chiapas entregaron un reconocimiento a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos por su trayectoria de 40 años en el Poder Judicial Federal.

En 2004 fue nombrada por el Senado Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Margarita luna ramos explicó lo que significaba la ceremonia en su estado natal.

“Tres significativos actos tienen lugar en la capital de mi Estado en el emblemático edificio sede del PJ que se torna inolvidable ese suceso la revelación de la escultura de la diosa de la justicia, la instauración del reconocimiento que lleva mi nombre, al jurista que de manera trascendental haya contribuido a la actividad jurídica del Estado de Chiapas, y la entrega de este reconocimiento, por primera vez, al magistrado Homero Ruiz Velazquez”.

La consejera de la Judicatura Federal, Rosa Elena González Tirado leyó la trayectoria de la Ministra integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Persona humanista, con acendrado sentido de justicia, capaz de resolver los conflictos no sólo conforme a la ley sino además conforme a la realidad”, Mgda. Rosa Elena González Tirado, Consejera de la Judicatura Federal.

Los titulares del Vigésimo Circuito acordaron establecer el reconocimiento con el nombre de la Ministra, por ser oriunda de la entidad y su trayectoria jurídica, como lo explicó el magistrado, Miguel Moreno Camacho, Coordinador de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

Dicho cargo lo desempeñó el magistrado Homero Ruiz Velázquez, hasta el año pasado, cuando pasó a retiro.

Su trayectoria la leyó su hijo, el magistrado, Héctor Ruiz Palma.

La Diosa de la Justicia quedó frente al muro del edificio donde se ubican los órganos jurisdiccionales.

Previo a la develación, hubo honores a la bandera.

Heriberto Ochoa Tirado

@heribertochoa

 

La Segunda Sala determinó que los trabajadores de confianza no están facultados para ejercer el derecho de huelga


La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que los trabajadores de confianza no están facultados para ejercer el derecho de huelga. (Contradicción de tesis 26/2016).

Al resolver una contradicción de tesis, esta Sala interpretó que los artículos 183 y 931, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, al prohibir que el personal de confianza participe en la prueba de recuento para determinar el requisito de mayoría en el derecho de huelga, necesariamente implica que no pueden ejercer ese derecho.

Esta Sala reconoció la constitucionalidad del contrato colectivo de trabajo de PEMEX sobre los derechos de seguridad social en los conceptos de vejez-jubilación y vida-pensión que se prevén en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución. (Amparo directo en revisión 5059/2015).

Los ministros consideraron que el artículo contiene rubros que se homologan a las condiciones mínimas previstas en la Carta Magna pues los conceptos vejez y vida son correlativos a los de jubilación y pensión contemplados en el contrato.

También se pronunció por la constitucionalidad del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Recurso de revisión 80/2016).

Explicó que el trato diferenciado entre los concesionarios de uso público y uso social respecto de sus fuentes de ingreso se justifica en la medida en que cada una de ellos tiene objetivos específicos y distintos y, por tanto, no son jurídicamente iguales, de lo que se sigue que no hay obligación de darles el mismo trato en cuanto a dichas fuentes.

La Primera Sala de la Corte resolvió que no es una sanción administrativa la separación del cargo por no acreditar las condiciones de permanencia en el Servicio Profesional Docente. (Amparo en revisión 54/2016).

Por ello negó el amparo de la justicia a 64 docentes que impugnaron la constitucionalidad de cuatro artículos de la Ley del Servicio Profesional Docente.

De acuerdo con los ministros la separación no constituye una sanción, pues no deriva de una infracción administrativa que dé lugar a una responsabilidad, además que no existe invasión de competencias entre los órganos administrativos que ejercen funciones de contraloría y las autoridades educativas.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Segunda Sala fijó un criterio de interpretación en relación con los salarios vencidos

La Segunda Sala de la Corte estableció un criterio en materia de salarios vencidos.

Para determinar su monto, no debe tomarse en cuenta el sueldo señalado por el patrón al ofrecer el trabajo.

En estos casos, la junta debe atender a lo expuesto por las partes en la demanda y en su contestación, como monto del salario del trabajo.

En caso de controversia, deberá verificar las pruebas que hayan ofrecido, cuya carga corresponde al patrón.

Conforme a lo previsto en los artículos 784, 804 y 89 de la Ley Federal del Trabajo.

Se establece que para fijar el monto de la indemnización que debe pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nace el derecho a obtenerla, es decir, el del despido.

En consecuencia, no puede tomarse para este fin, el ofrecido por el patrón, durante la etapa de conciliación para la reinstalación, superior al señalado en el apartado de hechos de su contestación.

Por lo tanto, para fijar el monto de los salarios vencidos, se deberá tomar en cuenta, la última percepción recibida por el trabajador, al momento de su despido.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala estableció una jurisprudencia de rubro: Comisión Federal de Electricidad.

Al resolver un conflicto competencial, la Segunda Sala de la Corte estableció una jurisprudencia de rubro: Comisión Federal de Electricidad.

Los recursos derivados del juicio de amparo indirecto, en el que se reclama los actos que emite, relacionadas con el suministro de energía eléctrica, son competencia de los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa.

El criterio precisa que si se reclaman actos de la Comisión Federal de Electricidad relacionados con el suministro de energía eléctrica y en contra de la decisión del juez de distrito que deseche o admita la demanda.

Que conceda o niegue la suspensión provisional o definitiva, o que sobresea en el juicio, o que se interponga algún recurso, corresponderá conocer de éste a los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa.

Lo anterior no prejuzga sobre si los actos que se reclaman de la Comisión Federal de Electricidad, deban o no considerarse de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

Pues esa decisión, dependiendo del recurso promovido, constituye el fondo del asunto y será resuelto por los propios tribunales colegiados de circuito, en atención a los planteamientos y supuestos del caso.

José Luis Guerra García

 

La Segunda Sala estableció una jurisprudencia de rubro: Horas extraordinarias

La Segunda Sala de la Corte estableció una jurisprudencia de rubro: Horas extraordinarias.

Carga de la prueba cuando se reclama su pago, respecto de las que excedan de 9 a la semana.

En la que precisa que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo Vigente, mantiene el principio de eximir al trabajador de la carga de la prueba.

Cuando existan otros medios que permitan conocer la verdad de los hechos.

Pues el patrón está en posibilidad de acreditar la jornada laboral de trabajo extraordinaria cuando no exceda de 3 horas diarias, ni de 3 veces a la semana.

Cuando exista controversia al respecto, pues tiene la obligación de conservar la documentación de la relación de trabajo, particularmente, los controles de asistencia.

Destaca que en el juicio laboral cuando el trabajador reclama el pago por tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana y el patrón se inconforme, este debe demostrar que solo laboró 9 horas a la semana.

Mediante la exhibición de los registros y documentos correspondientes, en cuyo caso, corresponderá al trabajador demostrar que laboró más de las 9 horas extraordinarias semanales.

José Luis Guerra García