Segunda Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión interpuesto por Pemex

La Segunda Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión, interpuesto por Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, en contra de la sentencia de un Juez de Distrito.

En la que se reclamó entre otras cuestiones, la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica, que determinó que esas empresas incurrieron en prácticas monopólicas, relacionada con el transporte, traslado y distribución de combustibles. 

Asunto de interés y trascendencia, en el que deberá definir lo que debe entenderse como áreas estratégicas y los actos posteriores a la llamada venta de primera mano de gasolinas y diésel.  

Resoluciones de la Primera y Segunda Salas de la Corte

DSC_8751La Primera Sala  de la Corte reasumió su competencia para conocer de un amparo, en el que se  impugna la constitucionalidad de los artículos 688, 690, 692 y 693 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla que regula la figura de pensión alimenticia provisional. (Reasunción de competencia 16/2014).

Asunto que permitirá definir si la pensión alimentaria provisional implica un acto privativo o de molestia, ya que afecta el patrimonio del deudor alimentario que no le será resarcido, aun cuando en el juicio no se acredite la procedencia de su obligación o el monto fijado sea menor al que se determinó provisionalmente.

Además de determinar si para fijar la pensión alimentaria provisional, se debe satisfacer la garantía previa de audiencia.

Los ministros también declararon la constitucionalidad de los artículos 8 de la ley que establece las normas mínimas de readaptación social y 85, fracción I, inciso J, del Código Penal Federal, que niegan el beneficio de la preliberación, a quien comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Amparo en revisión 209/2014).

Por ese motivo se confirmó el fallo de un juez, que negó ese beneficio a un sentenciado a 5 años por este delito, precisando que no existe discriminación y que es correcto negar la libertad anticipada en estos casos, por el daño que generan a la seguridad y salud pública, quien comete este tipo de ilícitos.

Además revocaron la sentencia que confirmó un tribunal colegiado a una persona que fue condenada por el delito de robo con violencia, al considerar que se violó el principio de presunción de inocencia contenido en el Artículo 20 de la Constitución. (Amparo directo en revisión 308/2014).

En el caso el inculpado se declaró inocente y los testigos, no lo reconocieron como una de las personas que cometieron el delito de robo.

Al resolver una contradicción de tesis, fijaron como criterios que tratándose del derecho de petición, la omisión de responder una solicitud dentro del procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, por regla general no puede reclamarse en forma autónoma, pues la petición se regula en el Artículo octavo de la Constitución, en tanto que los artículos 14 y 17, regulan el debido proceso. (Contradicción de tesis 130/2014).

Además precisaron que por regla general, es improcedente el amparo ante un juez de distrito, cuando se reclama una violación al artículo octavo constitucional dentro de los citados procedimientos.

Al desahogar una controversia constitucional, declararon la invalidez del decreto 878 emitido por el Congreso de Veracruz, con el que se pretendía resolver un conflicto de límites territoriales entre los municipios de Oteapan y Chinameca. (Controversia constitucional 109/2013).

La medida se adoptó, ya que se violó el proceso legislativo, pues el decreto que se publicó, no fue el que votaron los diputados locales, por ese motivo ordenaron al congreso de esa entidad, reponer a la brevedad el procedimiento en cuestión.

La Segunda Sala de la Corte determinó que los artículos 17, fracción XV, 18, 21 y 32, fracción VII de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio, ni tampoco impide el desarrollo económico y bienestar general del Estado. (Amparo en revisión 610/2014).

Se indicó que si bien impone ciertas restricciones a estos derechos, se justifican pues obedecen a finalidades constitucionales legítimas, son idóneas y no son desproporcionadas, pues evita que las estructuras financieras de las organizaciones criminales se fortalezcan.

Precisaron que no violan lo previsto en el Artículo quinto constitucional, pues las obligaciones que se establecen, no se traducen en un trabajo personal prohibido, pues no se dirigen a una persona determinada, pero sí constituye una colaboración con el estado para prevenir la comisión de este tipo de delitos.

Se explicó que diversos artículos del reglamento de la ley citada tampoco violan los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, ni el de primacía de ley, pues solo precisan los mecanismos que deben implementar las personas que realizan actividades vulnerables para cumplir la obligación de presentar avisos.

José Luis Guerra García

Designan al Ministro Alberto Pérez Dayán Presidente de la Segunda Sala de la SCJN

DSC_8631Con la incorporación a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Ministro Juan Silva Meza, se hizo el quórum para la sesión en la que se eligió presidente.

Por unanimidad se designó al Ministro Alberto Pérez Dayán por un periodo de dos años.

En sesión solemne, el Ministro Pérez Dayán agradeció la confianza de sus compañeros ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Juan Silva Meza.

“Los desafíos y los retos cotidianos que enfrenta todo juzgador son patentes, más aún, cuando hemos escuchado el incremento de los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, se ha incrementado dramáticamente”.

En su primera sesión como Presidente resaltó el compromiso de los cuatro ministros que integran la Segunda Sala para entregar buenos resultados.

La Segunda Sala trabaja con cuatro ministros debido al fallecimiento del Ministro Sergio Valls Hernández.

“El trabajo coordinado, aprovechando la experiencia y la capacidad de trabajo que tiene el personal administrativo y profesional de la sala, seguramente nos llevarán a entregar los mejores resultados, esto es en lo que hace para esta segunda sala, en estos dos años en los que me comprometo a trabajar al máximo de mis capacidades”.

El cargo del Ministro Pérez Dayán como Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye el 31 de diciembre de 2016.

Mario López Peña

La Segunda Sala resolvió un amparo en revisión que tiene que ver con el derecho a la salud

La Segunda Sala de la Corte resolvió que no es inconstitucional que los organismos de salud nieguen el suministro de los llamados medicamentos huérfanos, si no han sido aprobados, previo examen, por la Comisión Interinstitucional del cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. (Amparo en revisión 350/2014).

Reconocieron que el Seguro Social incide en el derecho a la salud, protegido por la Constitución y afecta la esfera jurídica de los derechohabientes, que requieren de este tipo de medicamentos.

Mismos que solo pueden abastecerse una vez que el órgano interinstitucional ha determinado que es la mejor opción terapéutica y que el medicamento es seguro, eficaz y eficiente, trabajo que no puede ser sustituido por la opinión de peritos en la materia.

Sin embargo, indicaron que el Seguro Social, a través del servidor público competente, deberá solicitar a la Comisión Interinstitucional la conveniencia de incluir en el cuadro básico de medicamentos el fármaco Soliris Eculizumab, que sirve para atender a los enfermos de hemoglobinuria paroxística nocturna.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala analizó un amparo en revisión relacionado con límite a pensiones

La Segunda Sala de la Corte determinó que limitar la cantidad que puede recibir un trabajador por pensión por jubilación y viudez, a un monto máximo de 10 salarios mínimos, viola el derecho constitucional a la seguridad social. (Amparo en revisión 305/2014).

Por ese motivo declaró la invalidez del segundo párrafo del Artículo 12 del Reglamento de Pensiones del ISSSTE, que establecía dicha restricción.

Explicaron que el inciso “A”, fracción XI, apartado B del Artículo 123 de la Constitución no solo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores del Estado, sino también el de previsión social que busca otorgarle protección, tranquilidad y bienestar.

Recordaron que la pensión debe permitir al trabajador vivir con dignidad, motivo por el cual, no existe argumento válido para restringir este derecho.

Indicaron que el trabajador que ya recibe una pensión por jubilación, tiene derecho a recibir en su caso una de viudez de manera íntegra, sin ningún tipo de restricción, pues se trata de pensiones autónomas financieramente hablando, lo que no pone en riesgo su viabilidad.

José Luis Guerra García

Segunda Sala ampara a enfermos de VIH-SIDA para que reciban atención médica especializada

La Segunda Sala de la Corte otorgó un amparo a un grupo de personas que padecen SIDA, que no han recibido la atención médica al nivel más alto, por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Por ese motivo se ordenó a la autoridad adoptar las medidas necesarias para garantizarles el acceso a servicios de salud, al nivel más alto, considerando que por la enfermedad que padecen, deben recibir tratamiento médico en instalaciones separadas del resto de los pacientes, a efecto de evitar el contagio de otra enfermedad.

El cumplimiento de la sentencia implica para la autoridad responsable, la posibilidad de considerar qué medida resulta más adecuada para poder brindarles a los quejosos un tratamiento médico apropiado a su padecimiento, ya sea mediante la remodelación del Servicio Clínico Número 4, en donde actualmente son tratados; o bien mediante la construcción de un nuevo pabellón hospitalario.

Los ministros indicaron que las autoridades no demostraron que han realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que tienen a su disposición, para lograr la plena efectividad del derecho humano al nivel más alto a la salud de los quejosos.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un amparo directo en revisión relacionado con daño patrimonial

La Segunda Sala de la Corte resolvió que en materia de responsabilidad patrimonial del estado, la nulidad del acto administrativo, no es suficiente para demostrar la actividad irregular. (Amparo directo en revisión 2278/2014).

Lo anterior lo determinó al resolver diversos amparos en los que personas afectadas por el desbordamiento del canal de La Compañía, en los municipios de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl en 2010, reclaman una indemnización a la CONAGUA por los daños provocados, pues acusan a dicho organismo de no actuar para evitar este tipo de situaciones.

En el caso revocó la sentencia reclamada y ordenó al tribunal competente emitir una nueva resolución, tomando en cuenta que la responsabilidad patrimonial prevista en el Artículo 113 de la Constitución solo procede por el daño que produzcan los entes estatales por su actividad irregular, es decir por incumplir con sus obligaciones legales o por el funcionamiento defectuoso de sus servicios.

Indicaron que corresponde al particular acreditar el daño y la causa que lo motivo y al organismo estatal, demostrar la regularidad de su actuación.
Los afectados esperan que con este fallo, se de paso a la indemnización que reclaman.

Que la carga de la prueba de que la actividad es regular es de la dependencia, y como ellos no han podido demostrar que cumplieron con sus obligaciones legales, lo cual es imposible porque no lo han hecho, pues la consecuencia inevitable es que se condene, ahora yo espero que se dé una indemnización justa, no, la siguiente batalla es esa, van a querer dar 10 mil pesos, cuando se trata de una indemnización integral por daño moral, por daño personal”, Rodolfo Herrera Moro, Representante de los afectados.

La Segunda Sala aclaró que si el juicio de origen fue promovido como juicio de nulidad y no como reclamación, para el tribunal competente no le resulta jurídicamente posible pronunciarse sobre la indemnización que se reclama por no ser la vía jurídica adecuada.

Sin que esto implique que se viole el derecho de acceso a la justicia.

José Luis Guerra García

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