La Segunda Sala resolvió asuntos relacionados con el buzón tributario

La Segunda Sala de la Corte declaró la invalidez del anexo 24 de la resolución Miscelánea Fiscal 2015 y del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente en ese mismo año. (Amparo en revisión 1287/2015).

Disposiciones que consideró violan los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Las normas definían los lineamientos técnicos para la generación de archivos xml, con los que se remite información contable, mismos que son formulados por un particular, ajeno a la relación jurídica tributaria, los cuales incluso, no se encuentran redactados en idioma español.

También se consideró que viola el derecho de audiencia, la medida que establece que las cantidades determinadas en la preliquidación, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Sin embargo, se resolvió que la regulación del buzón tributario, la contabilidad y la revisión electrónica, no son contrarios a la Constitución.

José Luis Guerra García

Las Salas de la Corte resolvieron asuntos en materia de guarderías y suspensión de la pena

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo contra disposiciones de la Ley del Seguro Social, del reglamento para la prestación de los servicios de guardería del IMSS y de la norma que establece las disposiciones para la operación del servicio de guardería del IMSS. (Recurso de revisión 59/2016).

Normas que distinguen el beneficio del servicio de las guarderías de forma exclusiva a las aseguradas, mientras que para los hombres asegurados establece diversos requisitos en su condición de padres.

Lo cual, determinó la Sala, es una distinción injustificada y discriminatoria a la luz de la constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.

La Primera Sala se pronunció por la validez de la fracción V del artículo 90 del Código Penal para el Distrito Federal, que establece la reparación del daño como requisito para gozar del beneficio de suspensión de la pena. (Amparo directo en revisión 5412/2015).

De acuerdo con la Sala, la reparación del daño es impuesta por la autoridad judicial como pena por la comisión de un delito, por lo que la condición para el beneficio, no vulnera al derecho humano de libertad del sentenciado y, además, garantiza el derecho humano a la reparación del daño de la víctima.

Mario López Peña

La Segunda Sala resolvió asuntos relacionados con malas prácticas médicas, y la importación de vehículos usados

La Segunda Sala de la Corte determinó que el plazo de 130 días que establecía el artículo 5 del anterior Reglamento de Quejas Médicas del ISSSTE, obstaculiza la posibilidad del derechohabiente de reclamar al Instituto, la reparación de los daños ocasionados por su posible actividad irregular. (Amparo directo 5363/2015).

Indicó que dicho plazo para reclamar indemnización por mala práctica médica no es razonable, por las afectaciones a la salud no necesariamente se presentan de manera inmediata.

Indicaron que lo anterior se corrobora, al tener en cuenta que en el reglamento vigente se establece un plazo de 2 años para interponer el pago de una indemnización por tal concepto.

Por ese motivo se concedió el amparo a una persona que cuestionó la constitucionalidad de dicho artículo.

La Sala también ejerció su facultad de atracción de un asunto, en el que podría determinar en qué condiciones los tribunales colegiados y los jueces de distrito, deben ejercer un control de regularidad ex officio. (Facultad de atracción 170/2016).

Así como las consecuencias jurídicas que acarrea dicha facultad.

El tema se relaciona con un amparo promovido por un particular que cuestionó la constitucionalidad del acuerdo que establece las condiciones para la importación de vehículos usados.

Mismas que considera imponen restricciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El juez que conoció del asunto declaró inoperantes sus argumentos, pero llevó a cabo un control de convencionalidad ex officio, al estimar que en el caso, existían violaciones a los derechos económicos y sociales del quejoso.

En caso de estudiar el fondo de este tema, se podrían definir las condiciones para la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos.

José Luis Guerra García

 

Ordena Segunda Sala al Ejecutivo Federal traducir a lengua mixe decreto de Reforma Constitucional del 14 de agosto de 2001

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Ejecutivo Federal traducir a lengua mixe la exposición de motivos y el decreto de Reforma Constitucional del 14 de agosto de 2001. (Recurso de revisión 192/2016).

Reforma a cinco artículos de la Carta Magna que tuvo como propósito buscar la plena inserción de los pueblos indígenas en el Estado mexicano y garantizar tanto su desarrollo como su participación en las decisiones nacionales.

De acuerdo con la resolución, una vez realizada la traducción, deberá ser difundía en las comunidades indígenas que correspondan.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que es el recurso de revisión el medio efectivo de defensa para combatir o reclamar las posibles ilegalidades que se susciten dentro de los procesos de subasta pública. (Amparo en revisión 1404/2015).

Y por lo tanto declaró constitucional el artículo 53 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, debido a que sí cuenta con medios efectivos de defensa.

Al resolver un amparo en revisión, esta sala subrayó que es el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad el procedente para impugnar el procedimiento de subasta.

En otro asunto, esta Sala estableció que la actualización de las cantidades establecidas en la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal de Derechos, no constituye un nuevo acto legislativo que propicie la inaplicación de la jurisprudencia que declaró su inconstitucionalidad. (Amparo en revisión 1461/2015).

El precepto impugnado, vigente en 2015, establece el pago de derechos por la expedición de copias certificadas, cuya tarifa actualizada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Determina Primera Sala que sexo y género de juzgadores no impacta en su obligación de juzgar con perspectiva de género

La Primera Sala de la Suprema Corte determinó que el sexo y género de quienes imparten justicia no impacta en el cumplimiento de su obligación de juzgar con perspectiva de género. (Amparo directo en revisión 4811/2015).

Al resolver un amparo directo en revisión, aclaró que la obligación de juzgar con perspectiva de género se resume en el deber de impartir justicia reconociendo la situación de discriminación e inequidad que han vivido las mujeres durante la historia.

En otro asunto, ordenó reponer el procedimiento penal que se sigue contra ciudadanos de Cuba y Venezuela, por no respetar su derecho a asistencia consular. (Amparos directos en revisión 5348/2015 y 5442/2015).

Con esto, los involucrados no quedarían en libertad; esta resolución implica que se excluya su declaración ministerial.

Esta Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada de Jalisco. (Solicitud ejercicio facultad atracción 161/2016).

Con ello, podría pronunciarse sobre cómo debe actuar el juzgador penal en los casos en que la conducta delictiva se verificó durante la vigencia del sistema de competencia concurrente en materia de delincuencia organizada… Así, la Sala podría analizar la constitucionalidad de la norma referida.

También atrajo un amparo directo ante el vacío normativo sobre qué hacer en la homologación de las actuaciones realizadas en una averiguación previa que puedan ser consideradas como datos de prueba en la carpeta de investigación, al resolver sobre vinculación a proceso, o incluso, como medios de prueba en la sentencia definitiva, cuando los procesos, federal y estatal, no son compatibles entre sí. (Solicitud ejercicio facultad atracción 532/2015).

Esta Primera Sala conocerá de un conflicto competencial entre un juez de garantía y un juez de distrito. (Reasunción de competencia 131/2015).

La Sala podría determinar si, a pesar de la incompatibilidad de los sistemas Penal Acusatorio y Mixto, pueden homologarse las diligencias practicadas en una carpeta de investigación para ser consideradas como pruebas por el ministerio público.

En caso de que no exista esa posibilidad, determinar qué hacer cuando un juez de garantía declina competencia en favor de un juez de distrito, quien aún actúa conforme al Sistema Penal Mixto.

La Segunda Sala de la Corte determinó ejercer su facultad de atracción en un asunto en el que puede determinar la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por una posible actuación irregular de agentes de la PGR. (Solicitud ejercicio facultad atracción 127/2016).

Podría determinar que, si durante una averiguación previa el Ministerio Público desplegara una actividad administrativa irregular que cause un daño a un gobernado en sus bienes o derechos, pueda ser objeto de análisis a la luz del artículo 113 constitucional y de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

También atrajo un asunto en el que puede pronunciarse sobre la acreditación de un interés legítimo ante la posible o futura afectación al medio ambiente y, si es el caso, sobre el alcance del derecho a un medio ambiente sano y la afectación que produce en derechos relacionados como el derecho a una vida digna e integridad personal. (Solicitud ejercicio facultad atracción 89/2016).

Esta Sala se pronunció por la validez de los artículos 180 la Ley de la Propiedad Industrial, y 5, fracción I, y antepenúltimo párrafo, de su reglamento, relativos al requisito de firma en la solicitud de registro de diseño industrial. (Recurso de revisión 46/2016).

De acuerdo con los ministros, las normas no contravienen la Convención de París para la protección de la propiedad industrial.

Mario López Peña

La Segunda Sala de la SCJN no modificó el límite de pensiones del IMSS

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronunció sobre el tope de pensiones que otorga el IMSS en la tesis jurisprudencial 8/2016.

En dicha jurisprudencia, la Segunda Sala de la Corte emitió un criterio sobre un tema de carácter procesal aplicable a litigios laborales en los que se demandó un ajuste de pensión al Seguro Social.

La tesis se refiere a la obligatoriedad de aplicar los límites legales en esos casos por las juntas laborales competentes.

En comunicado, la Suprema Corte de Justicia recalcó que esa Sala no se pronunció sobre la legalidad o constitucionalidad de los límites a las pensiones.

Subrayó que no se modificó un criterio de 2010 sobre la Ley del Seguro Social anterior, que establece que el límite del salario base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, depende de las aportaciones de los asegurados para esos rubros.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

La Primera Sala de la SCJN atrajo un asunto relacionado con el delito de tortura

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia atrajo un asunto que le permitirá analizar si los datos de prueba recabados en la carpeta administrativa pueden homologarse con las pruebas que se desahogan en la averiguación previa y ser tomadas como prueba para el dictado de una sentencia definitiva. (Solicitud ejercicio facultad de atracción 73/2016).

Cabe destacar que en el Sistema Acusatorio el conocimiento de esta carpeta está vedado al juez.

La importancia del asunto radica en que la Sala podría pronunciarse sobre:

El procedimiento a seguir ante la inexistencia de alguna disposición que determine qué hacer sobre la homologación de las actuaciones realizadas en una carpeta administrativa, que se incorpora al procedimiento federal bajo el sistema mixto.

Y si se deben o no homologar esas actuaciones a las desahogadas en la integración de una averiguación previa, para que se valoren en el dictado de la sentencia.

Esta Sala también atrajo un asunto en el que se promovió un amparo contra de un auto de formal prisión en el que el quejoso impugnó el haber sido incomunicado y torturado por agentes del Estado de Guanajuato desde su detención hasta que fue puesto a disposición de un juez penal.

La resolución del caso permitirá desarrollar estándares para atender casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Y podrá establecer si los actos de tortura se consuman irreparablemente para efectos de su impugnación como actos reclamados en el juicio de amparo.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia también ejerció su facultad de atracción en un asunto en el que pueden determinarse los alcances del derecho al acceso gratuito a la justicia y a la equidad procesal. (Solicitud ejercicio facultad de atracción 485/2015).

Al resolver este asunto, la Segunda Sala interpretará si el recurso de las tecnologías de la información para eficientar la labor jurisdiccional en el país, forma parte del derecho de acceso a la justicia y, si, por tanto, debe ser gratuito.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 68.539 seguidores