La Primera Sala ha ordenado hasta la fecha, la liberación de más de 45 indígenas relacionados con el caso Acteal

La Primera Sala de la Corte ordenó la liberación de 15 indígenas, relacionados con los hechos en los que perdieran la vida 45 personas en Acteal, Municipio de Chenaló, Chiapas.

Los ministros concedieron el reconocimiento de inocencia, en base a las sentencias que dictaron en 4 amparos, en los que detectaron violaciones al debido proceso.

Los ministros argumentaron que las penas impuestas a los afectados, se sustentaron en pruebas obtenidas de manera ilícita.

Desde 97, ya casi van cumpliendo 16 años, pues ya por fin gracias, de verdad, gracias a la Suprema Corte, por fin vamos viendo pues la resolución, gracias a las mujeres también que pudieron hacer una lucha grande, lucha difícil llegando aquí en Ciudad de México, ya por fin vamos viendo todos los compañeros que estuvieron en la cárcel, durante casi 16 años, por eso ya ahorita me siento felices, contenta porque ya van saliendo otros compañeros, pero todavía quedan 4 personas, pero también queremos ver libres también a ellos, como son inocentes igual”. Estela Luna Pérez, Familiar de los liberados.

Los indígenas liberados cumplían una condena de 36 años de prisión, por los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Misma que fue cancelada gracias a la lucha del comité de familiares y amigos de los sentenciados.

Yo creo que al principio estuvieron en la cárcel 80 o 90 personas, si pero como aquellos años, se formaron muchos abogados y los abogados no pudieron hacer nada, solo recibimos mentiras, alguno pastores y recibimos mentiras, pues los abogados, pero gracias a nosotros y las mujeres también, pudieron hacer una lucha buscando la justicia y al fin vamos viendo la justicia”.

A través de diversos amparos o reconocimientos de inocencia, la Primera Sala ha ordenado la liberación de más de 45 indígenas condenados a penas de prisión por los sucesos registrados en Acteal.

En todos los casos, la Primera Sala detectó violaciones al debido proceso.

Se estima que alrededor de 87 indígenas fueron sentenciados por su aparente participación en estos lamentables sucesos.

José Luis Guerra García

Liberan a 15 indígenas por violaciones al debido proceso

La Primera Sala de la Suprema Corte, ordenó la inmediata liberación de 15 indígenas más, condenados a 35 años de prisión, por su aparente participación en la matanza de Acteal en la que perdieron la vida 45 personas.

Los ministros indicaron que los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo del ejército, se fincaron con pruebas ilícitas, motivo por el cual, se declaró su inmediata liberación.

Estas dos resoluciones se suman a cuatro más, en las que la Primera Sala ha ordenado la libertad de más de 45 personas involucradas en estos hechos, por violaciones al debido proceso.

En otro asunto, los ministros negaron el amparo a un particular que reclamaba la reparación del daño moral, que le originó la publicación de una nota en diversos medios de Michoacán, en la que lo calificaban de defraudador.

La cual daba cuenta de su aprehensión por estar involucrado en la venta de permisos a ejidatarios para la explotación de agua.

En este caso indicaron que la información cumplió con los requisitos de veracidad e interés público, motivó por el cual se le negó el amparo.

Al resolver el amparo en revisión 277/2013, indicaron que fue correcta la sentencia de un tribunal colegiado que sostuvo que el pago de derechos por publicidad y anuncios en la vía pública, previsto en la Ley de ingresos del Municipio de San Luis Potosí, respeta los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria.

Por lo que el crédito fiscal que se cobró a Telmex por este concepto, fue adecuado, y se confirmó la sentencia reclamada.

La Segunda Sala al resolver el amparo en revisión, 86/2013 determinó que el artículo 47 de la Ley orgánica de la PGR, que establece la separación del servicio profesional de carrera ministerial, policía y pericial por las causas previstas en la misma ley, no viola el derecho de audiencia previsto en la Constitución.

Argumentaron que la autoridad está obligada a notificar al afectado el inicio del procedimiento de separación, citarlo y escucharlo en audiencia para defender sus intereses, respetando en todo momento sus derechos, motivo por el cual, le negaron al promovente la protección de la justicia.

José Luis Guerra García

Primera Sala ordena liberar a sentenciado por la matanza de Acteal

La Primera Sala de la Suprema Corte, ordenó la inmediata liberación de Marcos Arias Pérez, quien fuera condenado a 35 años de prisión, como uno de los responsables de la matanza de Acteal, Municipio de Chenaló, Chiapas, registrada en diciembre de 1997, en la que perdieron la vida 45 personas.

Los delitos que se le imputaron fueron los de homicidio y lesiones calificadas, portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del ejército.

El afectado argumentó que su sentencia se sustentó en las mismas pruebas que la Primera Sala, en juicios distintos, pero sobre los mismos hechos determinó ilícitas.

En su mayoría, declaraciones inducidas, que en consecuencia se trata de pruebas ilícitas carentes de valor probatorio, violatorias del debido proceso, razón suficiente para ordenar su inmediata liberación.

Esta resolución fue notificada al Primer Tribunal Unitario, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Arias Pérez, se suma a los más de 30 implicados en dicha matanza que han obtenido su libertad por violaciones al debido proceso.
La Segunda Sala declaró fundado un recurso de reclamación promovido por la empresa iFone, y desechó el recurso de revisión interpuesto por Apple inc.

Los ministros argumentaron que en ningún momento se cuestionó la constitucionalidad de alguna norma, por lo que resultaba improcedente el recurso de revisión.

Con ello, Apple pretendía que la empresa iFone dejará de utilizar ese nombre, muy parecido fonéticamente a su producto: iPhone.

En otro asunto, la Segunda Sala ejerció su facultad de atracción para conocer un recurso de revisión, que cuestiona el sobreseimiento que dictó el juzgado segundo de distrito con sede en Colima, sobre una resolución de la comisión reguladora de energía en materia de almacenamiento de gas.

Ello permitirá fijar criterios relevantes sobre la distribución de gas LP y la fijación de tarifas, que fomenten la sana competencia, entre los prestadores de este servicio.

José Luis Guerra García

En los últimos tres años la SCJN liberó a 40 personas por violaciones al debido proceso

En los últimos tres años la Suprema Corte liberó a 40 personas por violaciones al debido proceso.

Pruebas ilícitas, testimonios falsos, la puesta sin demora ante el ministerio público y derecho a tener un traductor.
Derechos que pasó por alto la autoridad cuando las detuvo y las consignó.

Al resolver diversos juicios de amparo y de reconocimiento de inocencia, el Tribunal Constitucional ha construido una larga cadena de precedentes garantistas y de respeto a derechos fundamentales como el debido proceso.

Juan Pérez Herández es uno de los 40 casos en que se revocó una sentencia de 35 años de prisión.

“Pasé 14 años, un poco más, privado de mi libertad injustamente…Pensé mucho cuando estuve detenido… ¿Por qué no hay justicia Dios?”.

A Juan lo acusaron de haber participado en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas en diciembre de 1997.

“Cuando me detuvieron tenía yo 22 años, a penas estoy formando mi hogar, mi familia mi esposa, cuando me detuvieron, tenía mi hija de 6 años y otro de 4 años, mi hijo y después tuve otro hijo pasando tres años en la cárcel un varoncito y cuándo tenía 6 meses mi hijo, murió mi esposa por una enfermedad natural”.

Pasó los primeros nueve años de su condena sin saber qué delito había cometido.

“No teníamos orden de aprehensión, sólo porque nos encontramos a gente que iba a enterrar los muertos y ahí se dieron cuenta que es un camión de la presidencia y ahí nos señalaron nada más de odio o de coraje”.

En el 2006 los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE decidieron llevar su defensa.

Bastaba con ver la averiguación previa para darse cuenta de las irregularidades del juicio.

“En las primeras 100 hojas se encuentra que hay listados de culpables y que la persona que había redactado los listados de culpables, había declarado que no hablaba castellano sino que solo hablaba el tzotzil, entonces la prueba la habían fabricado para hacer un listado de culpables”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Promovieron un juicio de amparo, pero lo perdieron.

“Algunos argumentos que el Juez retomaba los retomaba de Wikipedia… Dijo, bueno yo tengo a mi disposición tales armas a mi me dicen las periciales que los disparos que se encuentran en la ermita son de tal arma y entonces yo llegó a la conclusión de que estas armas son las que dispararon”.

El juez dio valor a testimonios falsos.

“Digo, esto es gravísimo porque eran testigos de oídas de tres oídas es decir, a mi Pedro me dijo Juan que Pablo que había estado ahí… Esto era muy gravoso porque estaba desacatando lo que ya había dicho la Corte, que un testigo declara realmente de lo que él ve, no puede declarar de lo que le cuentan”.

Los abogados armaron su defensa con base en los criterios que estableció la Corte en el 2009 sobre el derecho al debido proceso.

“Es ilícito que la policía judicial elabore y ponga en manos de un testigo una lista que contiene los nombres de las personas que después ese mismo testigo identificará como responsables”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

El uno de febrero de 2012 Juan obtuvo su libertad.

“Se instruye a la secretaria de esta 1ª Sala para que proceda a notificar de la forma más efectiva posible a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente 1ª Sala SCJN.

Juan y otros seis indígenas tzotziles salieron de la prisión del Amate, en Cintalapa Chiapas.

“No estoy esposado cada vez cuando salgo en la diligencia tengo que salir esposado con custodia… A los 14 años ya no, de emoción me sentí desmayado”, Juan Pérez Hernández.

Para los abogados la sentencia de la Corte va más allá del Caso Acteal, ya que estableció un criterio jurídico sin precedentes.

“Fallan con un punto esencial, que es la creación de la regla de la exclusión de prueba ilícita. Entonces dicen que toda prueba que vulnere derechos fundamentales o vulnere la propia ley no puede ser tomada en consideración”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Consideran que el respeto al debido proceso es fundamental para alcanzar un verdadero Estado de Derecho.

“Empieza a girar nuestro sistema hacía los principios constitucionales que protegen a las personas, los derechos fundamentales de los gobernados… Nuestra Suprema Corte está mandando los mensajes constitucionales hacía abajo de cómo debe ser nuestra justicia penal”.

Juan quiere que la resolución de la Corte trascienda aún más.

“Todavía hay 28 ahí en el Amate… Si supiera yo que ellos se quedaron y que son culpables pues ya no me intereso, pero viví con ellos sufrí con ellos… Son inocentes… Estoy abogando por ellos, lástima que no puedo presentar los incidentes, pero estoy pidiéndole a Dios, Señor dame otro abogado, yo se que la Suprema Corte lo está entendiendo que hay muchos inocentes todavía, eso es lo que me duele y me lastima en mi corazón que todavía siguen ahí”.

Juan ya está con sus tres hijos… El encuentro con su esposa ya no pudo ser… Ella murió cuando él estaba en prisión.

“Voy pidiéndole a Dios formar mi nueva vida, a los que me acusaron a mi no sé, que él fue, no les guardo rencor, sé que un día tenemos la Justicia, único que yo necesito es volver con mi familia a formarme una nueva vida”.

Verónica González

Liberaciones y debido proceso

En 2012 la Primera Sala de la Suprema Corte emitió diversas resoluciones sobre el respeto al debido proceso.

Por lo que ordenó la liberación inmediata de 11 indígenas que purgaban diferentes penas en prisiones del país.

Primero fue el caso de siete indígenas que estaban sentenciados a 35 años de cárcel por estar vinculados con la matanza de Acteal, Chiapas, en 1997.

La Corte ordenó las liberaciones porque se violaron sus derechos al debido proceso.

“Se instruye a la secretaria de esta 1ª Sala para que proceda a notificar de la forma más efectiva posible a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación de Bartolo Luna Pérez, Juan Sántiz Vázquez, Lorenzo Gómez Jiménez, Mariano Pérez Jiménez, Agustín Pérez Gómez y José Ruiz Tzucut”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente 1ª Sala SCJN.

“Tengo ganas de llorar de felicidad porque la verdad ya hemos sufrido muchos años. Gracias a Dios y a los Ministros de la Suprema Corte que votaron a favor y puede salir libre mi papá”, Estela Luna Pérez.

En otro caso, también relacionado con la matanza de Acteal, se reconoció la inocencia de Manuel Sántiz Pérez, porque fue juzgado con base en pruebas falsas y también se le violó su derecho a un debido proceso.

Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua condenado a 37 años de prisión por los delitos de secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, también fue liberado.

La Primera Sala revocó la sentencia en lo que se refiere al delito de secuestro, porque se violaron sus derechos al debido proceso, a una defensa adecuada y a la presunción de su inocencia.

Esta 1ª Sala ordena la inmediata liberación del Hugo Sánchez Ramírez únicamente por la presente causa penal, se instruye a la secretaria que notifique por los medios más expeditos a las autoridades correspondientes”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro Presidente 1ª Sala SCJN.

En otro caso, dos defensores del libre acceso al agua para la comunidad de Atla, fueron liberados, porque se violó su derecho al debido proceso al no contar con un intérprete y traductor que hablara su lengua natal, además no se acreditó la conducta delictiva que les imputaron.

“Se instruye a la secretaria de esta Sala para que notifique por los medios más expeditos a las autoridades correspondientes que pongan en inmediata libertad a los señores José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz por lo que respecta a la causa penal de origen”.
Una medida en beneficio de los derechos humanos de las comunidades indígenas en México, la impulsó el Consejo de la Judicatura Federal.

Para evitar las recurrentes fallas en el debido proceso y nulificar los juicios, ofreció garantías jurídicas a los indígenas que estén sujetos a un proceso.

Firmó un convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para formar intérpretes legales.

Emmanuel Saldaña

Las Salas de la Corte resolvieron 86 juicios

El caso del maestro tzotzil Alberto Patishtán, condenado a 60 años de prisión por la matanza de Acteal, Chiapas en 1997, podría llegar a la Primera Sala de la Suprema Corte.

Este miércoles la Ministra Olga Sánchez Cordero hizo suya la petición de sus abogados para que la corte revise este caso.

“El primer valladar que nosotros tenemos es remontar el tema de la procedencia, ese es nuestro reto, por decirlo de alguna manera, yo me hice cargo de esta reasunción de la competencia originaria y vamos a ver qué resulta, sobre todo porque tenemos el tema de la procedencia”.

Alberto Patishtán quiere que se reconozca su inocencia con base en los nuevos criterios que ha establecido esta Sala de la Corte en materia de derechos humanos.

El proyecto de dictamen que elaborará la Ministra Sánchez Cordero, se pondrá a consideración de los integrantes de la Primera Sala, para determinar, primero si este caso cumple los requisitos para ser atraído por el Máximo Tribunal.

En materia mercantil los ministros señalaron que los intereses usurarios deben ser penalizados ya que son desproporcionados.

Al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, se dijo que el cobro excesivo de intereses lesiona el patrimonio de las personas como lo señala la Convención Americana de Derechos Humanos.

En otro asunto se determinó que el competente para resolver casos relacionados con robo a tiendas del ISSSTE es un juez penal federal.

Aunque estas tiendas están descentralizadas o concesionadas, los servicios que ofrecen son para los trabajadores del estado por lo que se afectan bienes federales.

El criterio se estableció al resolver una contradicción de tesis con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Segunda Sala de la Corte estableció jurisprudencia relacionada con las pensiones para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados determinó que se puede disminuir el monto de una pensión por los siguientes conceptos:

Impuesto sobre productos de trabajo, fondo de jubilaciones y cuota sindical.

Cuando el pensionado o jubilado reclame en un juicio laboral una deducción indebida por el concepto de ajustes la autoridad está obligada a precisar las cantidades equivalentes a cada concepto y ofrecer las pruebas correspondientes.

Verónica González

En sus resoluciones la Primera Sala de la Corte se ha caracterizado por defender el derecho al debido proceso

Esa es la premisa, aseguró, en entrevista, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Presidente de esta Sala.

“Tenemos un sistema penal muy injusto, las cárceles están plagadas de gente inocente, de gente que está ahí por pruebas fabricadas o por  procesos mal encaminados y esto es algo que, creo que en nuestro país  ya no puede ser”.

En febrero de este año los ministros ordenaron la liberación  de 7 indígenas relacionados con la matanza de Acteal, Chiapas en 1997.

Ellos, igual que los 29 indígenas liberados en el 2009 fueron juzgados con base en pruebas ilícitas.

“Nos ha interesado en el debido proceso penal, en tratar de ir fijando los criterios que puedan permitir a nuestro país ir avanzando hacia un sistema de justicia penal que precisamente sea justo, que sea más adecuado en el que sin perjuicio de la efectividad de la persecución de los delitos, que es deseable que tenga la autoridad, se respeten los derechos humanos de todas las personas”.

En el primer semestre de este año la Primera Sala recibió más de cien solicitudes para ejercer su facultad de atracción.

“Básicamente, Los temas que más nos han llamado la atención o que más nos provocan atraer son primero aquellos que tienen que ver con el derecho familiar particularmente el derecho superior del niño todos los problemas de guarda y custodia de menores, de alimentos y de reconocimiento de la paternidad”.

En el mes de marzo, al resolver un juicio de amparo esta Sala determinó que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos para ejercer la guarda y custodia de sus hijos.

Así que el juez no debe resolver en automático que por ser menores de 10 años deben permanecer con su madre.

También se establecieron criterios en pro de los derechos de quienes durante el matrimonio se dedicaron al cuidado de los hijos.

“Buscar la equidad de género, está igualdad entre las partes,  entre las personas que se han dedicado a trabajar y aquellas que se han dedicado a trabajar en el hogar y que a veces este trabajo no es considerado como tal”.

El derecho a la igualdad también se ha defendido en el caso de los concubinatos.

“Hemos avanzado en dar un reconocimiento similar al de los matrimonios a las relaciones de concubinato, porque sucede que estas relaciones informales que no tienen la formalidad de un matrimonio, tienen que gozar de los mismos derechos, porque  la situación afectiva y de convivencia es muy similar”.

Esta Sala de la Corte también se ha pronunciado sobre  los límites al derecho al honor y la vida privada de funcionarios públicos; poniendo por encima de estos, el derecho a la libertad de expresión.

Verónica González

El Caso Acteal y la Ley de extinción de dominio en la Primera Sala de la Corte

En febrero la Primera Sala de la Corte ordenó la liberación inmediata de 7 indígenas relacionados con la matanza de Acteal, Chiapas en 1997.

Ellos, igual que los 29 indígenas liberados en el 2009 fueron juzgados con base en pruebas ilícitas.

“Porque sin esta prueba del álbum fotográfico, realmente todos los demás recursos carecen de validez ya que se iniciaron a partir de esta ilicitud”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente 1ª Sala SCJN.

En otro juicio se determinó que el proceso de extinción de dominio es autónomo al que se siga en materia penal.

Con este argumento el Gobierno del Distrito Federal asumió la titularidad del inmueble que ocupaba el Hospital Central de Oriente.

Donde tres médicos engañaron a una mujer y le robaron a su hija recién nacida.

Aunque aún no se ha dictado sentencia sobre la responsabilidad penal de los médicos.

Al resolver un juicio de amparo se determinó que Es válido castigar hasta con 16 años de prisión el delito de tráfico de indocumentados.

Ya que el bien jurídico tutelado no sólo es el control de flujos migratorios, sino también la salud pública, los derechos humanos de los migrantes y el respeto al orden jurídico y seguridad nacional.

Verónica González

Balance del primer semestre de la Primera Sala de la Corte

En sus resoluciones la Primera Sala de la Corte se ha caracterizado por defender el derecho al debido proceso.

Esa es la premisa, aseguró, en entrevista, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Presidente de esta Sala.

“Tenemos un sistema penal muy injusto, las cárceles están plagadas de gente inocente, de gente que está ahí por pruebas fabricadas o por  procesos mal encaminados y esto es algo que, creo que en nuestro país  ya no puede ser”.

En febrero de este año los ministros ordenaron la liberación  de 7 indígenas relacionados con la matanza de Acteal, Chiapas en 1997.

Ellos, igual que los 29 indígenas liberados en el 2009 fueron juzgados con base en pruebas ilícitas.

“Nos ha interesado en el debido proceso penal, en tratar de ir fijando los criterios que puedan permitir a nuestro país ir avanzando hacia un sistema de justicia penal que precisamente sea justo, que sea más adecuado en el que sin perjuicio de la efectividad de la persecución de los delitos, que es deseable que tenga la autoridad, se respeten los derechos humanos de todas las personas”.

En el primer semestre de este año la Primera Sala recibió más de cien solicitudes para ejercer su facultad de atracción.

“Básicamente, Los temas que más nos han llamado la atención o que más nos provocan atraer son primero aquellos que tienen que ver con el derecho familiar particularmente el derecho superior del niño todos los problemas de guarda y custodia de menores, de alimentos y de reconocimiento de la paternidad”.

En el mes de marzo, al resolver un juicio de amparo esta sala determinó que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos para ejercer la guarda y custodia de sus hijos.

Así que el juez no debe resolver en automático que por ser menores de 10 años deben permanecer con su madre.

También se establecieron criterios en pro de los derechos de quienes durante el matrimonio se dedicaron al cuidado de los hijos.

“Buscar la equidad de género, está igualdad entre las partes,  entre las personas que se han dedicado a trabajar y aquellas que se han dedicado a trabajar en el hogar y que a veces este trabajo no es considerado como tal”.

El derecho a la igualdad también se ha defendido en el caso de los concubinatos.

“Hemos avanzado en dar un reconocimiento similar al de los matrimonios a las relaciones de concubinato, porque sucede que estas relaciones informales que no tienen la formalidad de un matrimonio, tienen que gozar de los mismos derechos, porque  la situación afectiva y de convivencia es muy similar”.

Esta Sala de la Corte también ha emitido jurisprudencia con base en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos.

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea considera que los jueces deben asumir con mayor intensidad su compromiso a favor de los derechos fundamentales.

 “Y que este compromiso se refleje en las resoluciones. Creo que el país está ávido de que pasemos a un estadio donde tengamos paz, mayor seguridad y reiniciemos el desarrollo económico y social de nuestro país y esto no posible si no hay una vigencia plena de los derechos humanos”.

En opinión de quien preside la Primera Sala, las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos cambiaron radicalmente el sistema de justicia mexicano.

“Lo que nos ha exigido y en buena medida aplicar de manera cotidiana como referente de validez no sólo los derechos fundamentales establecidos en la Constitución sino los derechos humanos protegidos en tratados internacionales… En nuestras discusiones permea el tema de los derechos humanos y las sentencias de la CIDH”.

A un año de que se aprobaron las reformas constitucionales, señaló que es urgente contar con la nueva legislación en materia de amparo.

“Algunos de los principios de esta reforma ya se están aplicando, porque son derecho positivo mexicano, pero otras partes de la reforma están sujetas a que se expida la ley reglamentaria y además al no tener la ley de amparo no hay la suficiente claridad de los jueces y magistrados de cómo deben conducirse”.

Aún así, el trabajo de los jueces constitucionales continúa para garantizar el acceso a la justicia de los gobernados.

“Yo soy optimista de que la nueva legislatura del Congreso de la Unión va a aprobarla en un plazo breve…No obstante en la Primera Sala hemos venido estableciendo precedentes en algunos temas en los que la reforma está vigente, precisamente para dar claridad y certeza tanto a los justiciables, las personas que acuden al amparo, como a los jueces federales que aplican cotidianamente este juicio”.

En lo que va de este año ante la Primera Sala del Máximo Tribunal se promovieron 272 amparos directos en revisión, 163 amparos en revisión y 34 amparos directos.

Verónica González

El Caso Acteal volvió a ser tema del debate en la Primera Sala de la Suprema Corte

Se instruye a la secretaria de esta 1ª Sala para que  proceda a notificar de la forma más efectiva posible a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación de Bartolo Luna Pérez, Juan Sántiz Vázquez, Lorenzo Gómez Jiménez, Mariano Pérez Jiménez, Agustín Pérez Gómez y José Ruiz Tzucut”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Ministro Presidente 1ª Sala.

Ellos y Juan Pérez Hernández fueron sentenciados a 35 años de prisión por estar vinculados a la matanza de Acteal, Chiapas en diciembre de 1997.

Este miércoles obtuvieron el reconocimiento de su inocencia porque tres ministros de la Primera Sala de la Corte consideraron que se violó su derecho al debido proceso.

Igual que en el caso de 29 indígenas que fueron condenados con base en un álbum fotográfico que armó el ministerio público, y que en el 2009 fueron liberados por orden del Máximo Tribunal.

“Estimo que debe declararse fundada esta solicitud en virtud de que también opera en su beneficio la declaración de prueba ilícita pronunciada al resolver los amparos que he enunciado con anterioridad”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

“Yo coincido con lo que se acaba de manifestar, estoy parcialmente en contra de la propuesta del Ministro Ortiz Mayagoitia en lo que se refiere al primer punto resolutivo”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Uno de los ministros objeto el criterio de la mayoría en cuatro de estas solicitudes.

La declaración de prueba ilícita no opera respecto de supuestos particulares, en el testimonio que sustenta la responsabilidad de algunos solicitantes de reconocimiento de inocencia”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En su opinión, el criterio que sustentó la Corte de que no se puede condenar a una persona basándose en la declaración de un solo testigo, solo aplica en juicios de amparo, y no en procedimientos para reconocer la inocencia de una persona.

No obstante, la mayoría en la Primera Sala consideró que el precedente si aplica en estos casos.

Porque sin esta prueba del álbum fotográfico, realmente todos los demás recursos carecen de validez ya que se iniciaron a partir de esta ilicitud”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Ministro Presidente 1ª Sala.

Los familiares de los siete indígenas que fueron liberados presenciaron la sesión.

“Tengo ganas de llorar de felicidad porque la verdad ya hemos sufrido muchos años. Gracias a Dios y a los Ministros de la Suprema Corte que votaron a favor y puede salir libre mi papá”, Estela Luna Pérez.

El papá de Estela y los otros indígenas pasaron más de 14 años en prisión.

“Esto significa cerrar el círculo del Caso Acteal, sin duda la Suprema Corte ha hecho justicia… Estos nuevos principios de derechos humanos como la presunción de la inocencia y la exclusión de la prueba ilícita están irradiando fallos mucho más garantistas”, Javier Angulo, Abogado de Juan Pérez Hernández.

Verónica González