En los últimos tres años la Suprema Corte liberó a 40 personas por violaciones al debido proceso.
Pruebas ilícitas, testimonios falsos, la puesta sin demora ante el ministerio público y derecho a tener un traductor.
Derechos que pasó por alto la autoridad cuando las detuvo y las consignó.
Al resolver diversos juicios de amparo y de reconocimiento de inocencia, el Tribunal Constitucional ha construido una larga cadena de precedentes garantistas y de respeto a derechos fundamentales como el debido proceso.
Juan Pérez Herández es uno de los 40 casos en que se revocó una sentencia de 35 años de prisión.
“Pasé 14 años, un poco más, privado de mi libertad injustamente…Pensé mucho cuando estuve detenido… ¿Por qué no hay justicia Dios?”.
A Juan lo acusaron de haber participado en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas en diciembre de 1997.
“Cuando me detuvieron tenía yo 22 años, a penas estoy formando mi hogar, mi familia mi esposa, cuando me detuvieron, tenía mi hija de 6 años y otro de 4 años, mi hijo y después tuve otro hijo pasando tres años en la cárcel un varoncito y cuándo tenía 6 meses mi hijo, murió mi esposa por una enfermedad natural”.
Pasó los primeros nueve años de su condena sin saber qué delito había cometido.
“No teníamos orden de aprehensión, sólo porque nos encontramos a gente que iba a enterrar los muertos y ahí se dieron cuenta que es un camión de la presidencia y ahí nos señalaron nada más de odio o de coraje”.
En el 2006 los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE decidieron llevar su defensa.
Bastaba con ver la averiguación previa para darse cuenta de las irregularidades del juicio.
“En las primeras 100 hojas se encuentra que hay listados de culpables y que la persona que había redactado los listados de culpables, había declarado que no hablaba castellano sino que solo hablaba el tzotzil, entonces la prueba la habían fabricado para hacer un listado de culpables”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.
Promovieron un juicio de amparo, pero lo perdieron.
“Algunos argumentos que el Juez retomaba los retomaba de Wikipedia… Dijo, bueno yo tengo a mi disposición tales armas a mi me dicen las periciales que los disparos que se encuentran en la ermita son de tal arma y entonces yo llegó a la conclusión de que estas armas son las que dispararon”.
El juez dio valor a testimonios falsos.
“Digo, esto es gravísimo porque eran testigos de oídas de tres oídas es decir, a mi Pedro me dijo Juan que Pablo que había estado ahí… Esto era muy gravoso porque estaba desacatando lo que ya había dicho la Corte, que un testigo declara realmente de lo que él ve, no puede declarar de lo que le cuentan”.
Los abogados armaron su defensa con base en los criterios que estableció la Corte en el 2009 sobre el derecho al debido proceso.
“Es ilícito que la policía judicial elabore y ponga en manos de un testigo una lista que contiene los nombres de las personas que después ese mismo testigo identificará como responsables”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.
El uno de febrero de 2012 Juan obtuvo su libertad.
“Se instruye a la secretaria de esta 1ª Sala para que proceda a notificar de la forma más efectiva posible a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente 1ª Sala SCJN.
Juan y otros seis indígenas tzotziles salieron de la prisión del Amate, en Cintalapa Chiapas.
“No estoy esposado cada vez cuando salgo en la diligencia tengo que salir esposado con custodia… A los 14 años ya no, de emoción me sentí desmayado”, Juan Pérez Hernández.
Para los abogados la sentencia de la Corte va más allá del Caso Acteal, ya que estableció un criterio jurídico sin precedentes.
“Fallan con un punto esencial, que es la creación de la regla de la exclusión de prueba ilícita. Entonces dicen que toda prueba que vulnere derechos fundamentales o vulnere la propia ley no puede ser tomada en consideración”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.
Consideran que el respeto al debido proceso es fundamental para alcanzar un verdadero Estado de Derecho.
“Empieza a girar nuestro sistema hacía los principios constitucionales que protegen a las personas, los derechos fundamentales de los gobernados… Nuestra Suprema Corte está mandando los mensajes constitucionales hacía abajo de cómo debe ser nuestra justicia penal”.
Juan quiere que la resolución de la Corte trascienda aún más.
“Todavía hay 28 ahí en el Amate… Si supiera yo que ellos se quedaron y que son culpables pues ya no me intereso, pero viví con ellos sufrí con ellos… Son inocentes… Estoy abogando por ellos, lástima que no puedo presentar los incidentes, pero estoy pidiéndole a Dios, Señor dame otro abogado, yo se que la Suprema Corte lo está entendiendo que hay muchos inocentes todavía, eso es lo que me duele y me lastima en mi corazón que todavía siguen ahí”.
Juan ya está con sus tres hijos… El encuentro con su esposa ya no pudo ser… Ella murió cuando él estaba en prisión.
“Voy pidiéndole a Dios formar mi nueva vida, a los que me acusaron a mi no sé, que él fue, no les guardo rencor, sé que un día tenemos la Justicia, único que yo necesito es volver con mi familia a formarme una nueva vida”.
Verónica González
Canal Judicial 